Doroteo Díaz Pérez

Expediente 1334/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1334/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
14/03/2023

Partes del expediente

  • Doroteo Díaz Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). .NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil veintitrés. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que hoy se dictó un acuerdo en el juicio de amparo de donde deriva este incidente, en el cual se ordenó su archivo como definitivo. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que en este asunto se negaron la suspensión provisional y la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma, se indica que conforme a la certificación de cuenta, en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. En consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1334/2022, promovido por ***, por propio derecho, contra actos del titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Zacatepec, Mixe, Oaxaca y otra autoridad. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Doroteo Díaz Pérez, por propio derecho, presentó demanda de amparo el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisará. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca; se registró bajo el número 1334/2022; por auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se otorgó intervención conducente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitido por autoridades residentes en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del actuario del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Zacatepec, Mixe, Oaxaca. La falta de emplazamiento a la controversia familiar 68/2022. Del titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Zacatepec, Mixe, Oaxaca. Todo lo actuado en la controversia familiar 769/2014, como consecuencia de la falta emplazamiento atribuido al ejecutor de su adscripción. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Hecha esta precisión, procede ahora analizar el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables. El titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Zacatepec, Mixe, Oaxaca, al rendir su informe de ley, aceptó la existencia de la controversia de origen; de ahí, que esa afirmación es suficiente e idónea para tener por demostrada la existencia de los actos controvertidos. La determinación anterior tiene respaldo en la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." El actuario judicial adscrito al juzgado responsable omitió rendir su informe de ley, a pesar de estar notificado; por ende, con apoyo en el cuarto párrafo del numeral 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto controvertido. Además, dicha certeza se corrobora con la documental que remitió la responsable como apoyo a su informe justificado, consistente en copia certificada de diversas constancias que integran la controversia familiar 68/2022, las cuales se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su numeral 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación , de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." PROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1°.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En el presente asunto, de oficio, se advierte que contra el acto que controvierte la parte quejosa, consistente en el emplazamiento y todo lo actuado con posterioridad en la controversia familiar 68/2022, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, al tenor de las siguientes consideraciones. Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." Ahora bien, con relación al concepto de persona extraña a juicio, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.". Del contenido de los preceptos transcritos se advierte, que el juicio de amparo biinstancial es procedente cuando se promueve por personas extrañas al juicio, que son distintas de los sujetos de la controversia que en el procedimiento se ventila. En el caso específico, precisa destacar que el quejoso en el presente juicio de amparo se ostenta con el carácter de tercero extraño por equiparación, en tanto es parte en el procedimiento de origen. Ahora, debe decirse que para efectos del juicio de derechos fundamentales, el tercero extraño a juicio es, en principio, aquella persona que no ha figurado en la controversia o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto; asimismo, la parte que no fue emplazada o llamada en éste, que fue emplazada de manera ilegal. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 56, tomo VII, enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 196932, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente" Esto es, la procedencia del juicio constitucional fundada en la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo, comprende tanto a la persona extraña al procedimiento que no tiene la calidad de parte material, como a quien sí figura en el juicio y/o procedimiento, pero que fue ilegalmente emplazado; por ende, ya no está en aptitud de plantear incidente de nulidad de notificación o de hacer valer esa cuestión en vía de agravio contra la sentencia que resolvió el fondo de la controversia; de modo que lo trascendente en ambos casos es que tienen un desconocimiento total del procedimiento de donde surge el acto reclamado y consecuentemente, no están en posibilidad de promover los medios ordinarios de defensa en dicho proceso. Lo característico de ambos supuestos es que no existe una real vinculación al juicio y/o procedimiento de origen de los actos que les afectan, porque en el primer caso como persona extraña que no es parte material, los actos no están dirigidos a su persona, pero su ejecución sí afecta a su esfera de derechos; mientras que en el segundo, aunque es parte material y están dirigidos en su contra, el planteamiento de ilegalidad, defecto o inexistencia del emplazamiento, genera la posibilidad de que la vinculación que surge del emplazamiento no exista, puesto que ante la falta de llamamiento a juicio no se habrá integrado la relación procesal. En ese contexto, resulta que el juicio de amparo es procedente cuando se promueve por terceros extraños al procedimiento, sin que previamente se agoten los recursos ordinarios y, en el caso de que se trate de actos de ejecución, también resulta procedente aunque no se combata la última resolución, atendiendo al concepto de persona extraña; es decir, cuando el quejoso no figure como parte en el procedimiento de origen, precisamente ante el desconocimiento del procedimiento que aquél tiene. Sin embargo, no solamente hay que atender a si el quejoso que se ostenta como tercero extraño, es o no parte material del procedimiento, sino que, en el caso de que así sea, habrá que tener en cuenta si ha comparecido al procedimiento haciéndose sabedor del procedimiento, o incluso si ha intervenido haciendo valer recursos o medios de defensa ordinarios, porque en este supuesto será improcedente el juicio de amparo, dado que el quejoso pierde el carácter de tercero extraño y al tener conocimiento del procedimiento antes de que se dicte sentencia que cause ejecutoria, estaría en aptitud de acudir a defender sus derechos. De las documentales aportadas al sumario se advierte que el aquí quejoso se apersonó al juicio el veintiséis de enero de dos mil veintitrés y llegó a un convenio con la parte accionante. Por ende, se estima que la controversia de origen se encuentra en trámite. Sobre el tópico que nos ocupa, la Primera Sala del Alto Tribunal Constitucional del país, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 4/2013, estableció que la parte quejosa no tiene la calidad de persona extraña a juicio por equiparación cuando conoce de manera completa y exacta la existencia del juicio al que pretende ser llamado, aunque no haya comparecido a aquel. En ese criterio sostuvo -en lo conducente-, que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen no solo se pierde si tiene conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues - asentó- basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio. De igual forma, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del juicio, para que pierda ese carácter. En ambos la Sala estableció que el peticionario de amparo está en aptitud de integrarse a la relación procesal para interponer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su derecho de audiencia. Dicho criterio se encuentra en la Jurisprudencia localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 729; registro 2004274; Décima Época, de rubro y texto siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Énfasis propio De lo expuesto se concluye que, si la parte quejosa reclama su falta de emplazamiento y se ostenta como tercera extraña por equiparación, en su carácter de parte formal demandada en el juicio de origen, en el que aún no se dicta sentencia, y tiene conocimiento de aquel mediante este controvertido constitucional o ante la comparecencia al sumario de origen, entonces pierde tal calidad y el amparo deviene improcedente. Ahora, es evidente que si la parte quejosa estimó que la diligencia de emplazamiento contaba con irregularidades, bastaba con que se apersonara al juzgado responsable e hiciera valer su garantía de audiencia interponiendo los medios de impugnación correspondientes, ya que aún no se ha dictado resolución definitiva que resuelva la controversia. En el supuesto en el cual ya se hubiera resuelto la controversia familiar, este juzgado federal se avocaría al estudio de la violación a la garantía de audiencia que hace valer la parte quejosa; empero, se insiste, dicho supuesto no acontece. Máxime que el aquí solicitante del amparo, compareció a la controversia de origen. Por ende, se reitera que la parte promovente del amparo actualmente está en aptitud de integrarse a la relación procesal para interponer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su derecho de audiencia durante la contienda. Es aplicable la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página 1627; registro 20002936; Décima Época, de rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." DECISIÓN En ese contexto, al carecer la parte promovente de ese carácter, pues en su calidad de parte formal demandada está en aptitud de apersonarse al procedimiento de origen, en el que aún no se dicta resolución definitiva, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la legislación invocada, se procede a sobreseer en el juicio de amparo. Cabe indicar que si bien el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución; no menos cierto es que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual, de manera alguna implica que por esa circunstancia se le esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, pues el análisis de la causal de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia, habida cuenta de que no deben soslayarse las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo, ya que el control aludido opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto. Dada la conclusión alcanzada, es innecesario abordar el examen de los argumentos que se esgrimen en los conceptos de violación expresados por la parte agraviada, tal como lo establece la Jurisprudencia número 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, resulta importante destacar, que el suscrito juzgador de Distrito, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por la parte tercero interesada, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** por propio derecho, contra actos del titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Zacatepec, Mixe, Oaxaca y otra autoridad, por los argumentos que se esgrimen en el apartado VI de este fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de cuenta y como prueba la documental que anexa, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional; dese vista a las partes Notifíquese.

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