Dolores García Valdez
Expediente 462/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 462/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Dolores García Valdez
- Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán.
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de junio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE DICE. Morelia, Michoacán, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 462/2018. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama: El requerimiento de cumplimiento de la sentencia dictada dentro del juicio administrativo JA-0021/2016-II, sin que se haya pronunciado con solicitud de prórroga de pago; y, La aplicación de la multa como medida de apremio, por la cantidad de $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve 00/100 moneda nacional). En el caso, por lo que ve al acto reclamado referido en primer término, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ambas contrario sensu y la segunda además de manera analógica en virtud de jurisprudencia que más adelante se citara. De los numerales de referencia se desprende que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo procede cuando se trate de la última resolución dictada en dicha etapa. Lo cual implica que las decisiones intermedias pronunciadas en la etapa de ejecución, no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la aludida última determinación que se dicte en ella. Conforme a lo que establece el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; en el entendido de que en caso de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnar los actos por las partes exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Lo anterior, con la condición de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, la regla genérica establece que la procedencia del amparo será hasta el momento en que se dicte la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, el gobernado podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que ello lo haya dejado sin defensa. Mientras que, la excepción a la regla de procedencia del amparo contra actos dictados en el periodo de ejecución, será que no obstante que están relacionados con la ejecución, su fin primordial no sea la ejecución, supuesto en el que si será procedente el amparo indirecto sin esperar al dictado de la última resolución del procedimiento de ejecución. Aplica a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 163152, de rubro: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE., establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sin embargo, cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En la especie, el acto reclamado no constituye la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, ni se trata de una actuación autónoma que haga procedente el juicio de amparo. Por tanto, se concluye que con respecto a la resolución que se reclama no se satisfacen los supuestos condicionantes definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Esto es así, tomando en cuenta que si un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra la última resolución emitida en esa etapa; entonces, resulta improcedente este juicio de amparo, ya que la resolución atacada es un acto intermedio dentro de esa etapa y no la última. En este orden de ideas, se obtiene que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada, como lo es el requerimiento de cumplimiento de la sentencia, sin que se haya pronunciado con solicitud de prórroga de pago. De esta forma, en el caso no se actualizan las hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo porque lo que la parte quejosa manifiesta la autoridad responsable, dictó resolución definitiva dentro del juicio administrativo JA-0021/2016-II, condenando el pago de diversas prestaciones a favor de la parte actora dentro del juicio de origen, tras causar ejecutoria dicha sentencia, la autoridad responsable ha requerido el pago de todas y cada una de las prestaciones a que fue condenada la institución de la cual es titular la aquí quejosa. Por consiguiente, con el dictado del acto reclamado es inconcuso que no se afecta derecho sustantivo ajeno a los que se puedan vulnerar por la propia ejecución de la sentencia de que se duele, lo que constituye un requisito sine qua non para la procedencia extraordinaria o de excepción del juicio de amparo indirecto respecto de actos en la etapa de ejecución. Así la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción V, contrario sensu de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, se insiste, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, por lo que resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ambas contrario sensu. Al respecto, es de citarse la tesis que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1721 del Tomo XVII enero de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última". Ahora bien, por lo que respecta al segundo acto consistente en la aplicación de la multa como medida de apremio, por la cantidad de $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve 00/100 moneda nacional), se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por las consideraciones que a continuación se expondrán. Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. El citado principio, tiene su razón de ser en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto, antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la demanda de garantías, los recursos o medios de defensa ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar, modificar o anular el acto reclamado. Ahora bien, a efecto de evidenciar la causal de improcedencia en estudio, resulta necesario traer a contexto el contenido del artículo 298, fracción V, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo (publicado en el Periódico Oficial el veintiséis de febrero de dos mil quince, en razón de que era el vigente en el momento del dictado del auto reclamado), el cual establece: "Artículo 298. Procede el recurso de reconsideración en contra de: [.] V. Las determinaciones que impongan los medios de apremio y medidas disciplinarias previstas en este Código." Del artículo citado, en lo que interesa, se obtiene que: * Todos las determinaciones dictadas en el juicio administrativo y que impongan los medios de apremio y medidas disciplinarias a las partes podrán ser revocables a través del recurso de reconsideración. Así, es inconcuso que de conformidad con el artículo 298, fracción V, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, procede el recurso de reconsideración contra el acto reclamado. Esto es así, pues la multa que se impuso a la quejosa fue como medida de apremio, impuesta por la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, en cumplimiento a la sentencia dictada dentro del juicio JA-0021/2016-II. De ahí, que el acto reclamado puede ser recurrido mediante el recurso de reconsideración por la parte que le cause agravio, dado que el citado numeral establece la procedencia de dicho recurso en contra de las determinaciones dictadas en el juicio administrativo que impongan los medios de apremio y medidas disciplinarias a las partes. Por ello, la parte quejosa previo a acudir a esta instancia de control constitucional a fin de impugnar el acto reclamado, debió agotar el recurso de reconsideración, pues a través de ese medio de impugnación puede revocarse, modificarse o anularse el acto reclamado y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no haber agotado el medio de defensa ordinario previsto por el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, y que resulta ser el idóneo para revocar, modificar o nulificar el acto tildado de inconstitucional (auto que impuso una multa al quejoso), trae como consecuencia que el mismo no tenga el carácter de definitivo, a efecto de hacer procedente el juicio de amparo biinstancial. En ese orden de ideas, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizados a las personas que alude, únicamente para recibir notificaciones, e imponerse de los autos, hasta en tanto acrediten estar facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por licencia del Titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 462/2018. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama: El requerimiento de cumplimiento de la sentencia dictada dentro del juicio administrativo JA-0021/2016-II, sin que se haya pronunciado con solicitud de prórroga de pago; y, La aplicación de la multa como medida de apremio, por la cantidad de $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve 00/100 moneda nacional). En el caso, por lo que ve al acto reclamado referido en primer término, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ambas contrario sensu y la segunda además de manera analógica en virtud de jurisprudencia que más adelante se citara. De los numerales de referencia se desprende que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo procede cuando se trate de la última resolución dictada en dicha etapa. Lo cual implica que las decisiones intermedias pronunciadas en la etapa de ejecución, no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la aludida última determinación que se dicte en ella. Conforme a lo que establece el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; en el entendido de que en caso de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnar los actos por las partes exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Lo anterior, con la condición de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, la regla genérica establece que la procedencia del amparo será hasta el momento en que se dicte la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, el gobernado podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que ello lo haya dejado sin defensa. Mientras que, la excepción a la regla de procedencia del amparo contra actos dictados en el periodo de ejecución, será que no obstante que están relacionados con la ejecución, su fin primordial no sea la ejecución, supuesto en el que si será procedente el amparo indirecto sin esperar al dictado de la última resolución del procedimiento de ejecución. Aplica a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 163152, de rubro: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE., establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sin embargo, cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En la especie, el acto reclamado no constituye la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, ni se trata de una actuación autónoma que haga procedente el juicio de amparo. Por tanto, se concluye que con respecto a la resolución que se reclama no se satisfacen los supuestos condicionantes definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Esto es así, tomando en cuenta que si un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra la última resolución emitida en esa etapa; entonces, resulta improcedente este juicio de amparo, ya que la resolución atacada es un acto intermedio dentro de esa etapa y no la última. En este orden de ideas, se obtiene que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada, como lo es el requerimiento de cumplimiento de la sentencia, sin que se haya pronunciado con solicitud de prórroga de pago. De esta forma, en el caso no se actualizan las hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo porque lo que la parte quejosa manifiesta la autoridad responsable, dictó resolución definitiva dentro del juicio administrativo JA-0021/2016-II, condenando el pago de diversas prestaciones a favor de la parte actora dentro del juicio de origen, tras causar ejecutoria dicha sentencia, la autoridad responsable ha requerido el pago de todas y cada una de las prestaciones a que fue condenada la institución de la cual es titular la aquí quejosa. Por consiguiente, con el dictado del acto reclamado es inconcuso que no se afecta derecho sustantivo ajeno a los que se puedan vulnerar por la propia ejecución de la sentencia de que se duele, lo que constituye un requisito sine qua non para la procedencia extraordinaria o de excepción del juicio de amparo indirecto respecto de actos en la etapa de ejecución. Así la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción V, contrario sensu de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, se insiste, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, por lo que resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ambas contrario sensu. Al respecto, es de citarse la tesis que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1721 del Tomo XVII enero de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última". Ahora bien, por lo que respecta al segundo acto consistente en la aplicación de la multa como medida de apremio, por la cantidad de $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve 00/100 moneda nacional), se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por las consideraciones que a continuación se expondrán. Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. El citado principio, tiene su razón de ser en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto, antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la demanda de garantías, los recursos o medios de defensa ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar, modificar o anular el acto reclamado. Ahora bien, a efecto de evidenciar la causal de improcedencia en estudio, resulta necesario traer a contexto el contenido del artículo 298, fracción V, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo (publicado en el Periódico Oficial el veintiséis de febrero de dos mil quince, en razón de que era el vigente en el momento del dictado del auto reclamado), el cual establece: "Artículo 298. Procede el recurso de reconsideración en contra de: [.] V. Las determinaciones que impongan los medios de apremio y medidas disciplinarias previstas en este Código." Del artículo citado, en lo que interesa, se obtiene que: * Todos las determinaciones dictadas en el juicio administrativo y que impongan los medios de apremio y medidas disciplinarias a las partes podrán ser revocables a través del recurso de reconsideración. Así, es inconcuso que de conformidad con el artículo 298, fracción V, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, procede el recurso de reconsideración contra el acto reclamado. Esto es así, pues la multa que se impuso a la quejosa fue como medida de apremio, impuesta por la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, en cumplimiento a la sentencia dictada dentro del juicio JA-0021/2016-II. De ahí, que el acto reclamado puede ser recurrido mediante el recurso de reconsideración por la parte que le cause agravio, dado que el citado numeral establece la procedencia de dicho recurso en contra de las determinaciones dictadas en el juicio administrativo que impongan los medios de apremio y medidas disciplinarias a las partes. Por ello, la parte quejosa previo a acudir a esta instancia de control constitucional a fin de impugnar el acto reclamado, debió agotar el recurso de reconsideración, pues a través de ese medio de impugnación puede revocarse, modificarse o anularse el acto reclamado y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no haber agotado el medio de defensa ordinario previsto por el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, y que resulta ser el idóneo para revocar, modificar o nulificar el acto tildado de inconstitucional (auto que impuso una multa al quejoso), trae como consecuencia que el mismo no tenga el carácter de definitivo, a efecto de hacer procedente el juicio de amparo biinstancial. En ese orden de ideas, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizados a las personas que alude, únicamente para recibir notificaciones, e imponerse de los autos, hasta en tanto acrediten estar facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por licencia del Titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
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