Dolores Edith Herrera Abarca

Expediente 1/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 27 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1/2022
Año
2022
Actuaciones
27
Última actuación
19/04/2023

Partes del expediente

  • Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán
  • Dolores Edith Herrera Abarca
  • Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)
  • Carlos ponce Piña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. 1. Parte quejosa solicita. Agréguese el escrito firmado por la autorizada de la parte quejosa; atento a su contenido, reitérese lo aseverado en proveído de veintiuno de febrero de este año, por el que se ordenó la devolución de los documentos originales que obran en el juicio en que se actúa. Asimismo, se autoriza para recogerlos a la persona que menciona en el ocurso de cuenta. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.UBB

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia terminada de engrosar el treinta de marzo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Dolores Edith Herrera Abarca, para los siguientes efectos: "a). Se deberá desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa Dolores Edith Herrera Abarca, el artículo quinto transitorio del Decreto Legislativo 542, en sus versiones que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el veinticinco de agosto de dos mil quince; así como su modificación mediante diverso decreto 638, publicado el cinco de octubre de dos mil dieciocho. b). Deberán respetar el derecho adquirido que la quejosa posee, en términos del texto original aprobado por el Congreso del Estado mediante sesión extraordinaria de once de agosto de dos mil quince. c). El Director de Prestaciones y Subdirectora de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, en el ámbito de sus atribuciones, deberán dejar insubsistente el oficio 336/2021, de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, y en su lugar emitir uno nuevo, respetando el derecho adquirido de la quejosa de acceder a su pensión conforme a las condiciones anteriores, de acuerdo al texto original del artículo quince transitorio de proyecto de reformas a la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, que fue aprobado por el Congreso del Estado mediante sesión extraordinaria de once de agosto de dos mil quince." Misma que en ejecutoria dictada el veinte de octubre de ese año, en el amparo en revisión administrativo 113/2022, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, fue modificada, sobreseyendo el amparo únicamente por lo que respecta a las autoridades Secretario de Gobierno y del Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo; y concediendo el amparo de la Justicia Federal contra los actos atribuido a las demás autoridades responsables, dejando a salvo los efectos señalados en la resolución dictada por este Juzgado Federal. 2. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. El apoderado legal de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, informó por oficio recibido el diez de noviembre de dos mil veintidós, que dicho cumplimiento sería incluido en la sesión ordinaria que celebre la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, toda vez que es la única que cuenta con las atribuciones para revocar y conceder las pensiones, conforme a los artículos 10 y 12 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado. Posteriormente, por misiva recibida el siete de diciembre de este año, adjuntó el oficio N°439/2022 remitido por el Subdirector de Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado, por el que se desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa, el artículo quinto transitorio del Decreto Legislativo 542, en sus versiones que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el veinticinco de agosto de dos mil quince; así como su modificación mediante diverso decreto 638, publicado el cinco de octubre de dos mil dieciocho. Asimismo, en esa data informó que en sesión celebrada el pasado veinticuatro de noviembre, la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado aprobó la jubilación solicitada, conforme a los numerales 53 y 54 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, dejando sin efectos la misiva 336/2021 de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno; de igual forma, el seis de diciembre de este año, se le notificó a la parte quejosa que a partir de la primera quince de diciembre de dos mil veintidós, recibirá el cien por ciento del sueldo íntegro que percibía a la fecha que causó baja al servicio del Gobierno del Estado, mismo que asciende a la cantidad de $31,662.92 (treinta y un mil seiscientos sesenta y dos pesos 92/100 M.N.), mismo que le fue notificado al Titular del Enlace Jurídico de Pensiones Civiles del Estado, como se advierte del oficio 185/2022. De igual forma, por misiva recibida el dieciséis de diciembre de este año, la responsable adjuntó los recibidos de pago de la primera y segunda quincena del mes de diciembre de dos mil veintidós, con los que se acredita que la quejosa recibió, por concepto de jubilación, la cantidad de $15,831.46 (quince mil ochocientos treinta y un pesos 46/100 M.N.) de manera quincenal, arrojando en total de 31,662.92 (treinta y un mil seiscientos sesenta y dos pesos 92/100 M.N.), razón por la que el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se otorgó vista por el término de tres días a las partes con dicho cumplimiento. Transcurrido dicho lapso, en proveído de treinta de diciembre de dos mil veintidós, éste órgano determinó existir defecto en el cumplimiento con la ejecutoria del amparo; por ello, la responsable adjuntó por oficio recibido el pasado once de enero de dos mil veintitrés, la impresión de transferencia otorgada a la parte quejosa, por la cantidad de $55,063.60 (cincuenta y cinco mil sesenta y seis pesos 60/100 M.N.) con motivo de las diferencias entre la pensión concedida inicialmente y la otorgada vía cumplimiento a la ejecutoria dictada por este juzgado, misma que contempla el periodo que comprende de la segunda quincena del mes de diciembre de dos mil veintiuno a la segunda quincena de noviembre de dos mil veintidós, cantidad que dijo resultar después de realizar las retenciones, establecidas en los artículos 93 fracción IV, 95 y 96 primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como el artículo 147 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigentes. Tal como refirió acreditarlo con la hoja de cálculo que adjuntó. De dicha hoja -dijo- se desprende que para el año dos mil veintiuno, la diferencia entre la pensión concedida y la establecida mediante ejecutoria asciende a la cantidad de $2,054.60 quincenales, puesto que dicha diferencia fue calculada conforme al año en que debió ser pagada, acorde a la sentencia. Y, respecto al año dos mil veintidós y de conformidad a lo establecido en el artículo 59 Bis de la Ley de Pensiones Civiles del Estado, la jubilación otorgada a la quejosa fue incrementada un 9% nueve por ciento, por lo que, la diferencia entre la pensión concedida por esta institución y la establecida mediante ejecutoria dictada por este juzgado (22 quincenas), asciende a la cantidad de $3,361.79 quincenales, dando así un total de $73,959.32; dando así por ambos periodos la cantidad total de $76,013.92. Ante ello, el pasado doce de enero de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a las partes por el término de tres días, a fin de que manifestara respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria del amparo. Transcurrido dicho plazo, éste órgano determinó nuevamente que existía defecto en el cumplimiento con la ejecutoria del amparo, en los siguientes términos: ".Primeramente, resulta pertinente destacar que si bien es cierto este órgano jurisdiccional en auto de treinta de diciembre de dos mil veintidós, determinó que: de una simple operación aritmética se obtiene que al multiplicar $8,782.98 (ocho mil setecientos ochenta y dos pesos 98/100 moneda nacional) - diferencia de la pensión que debió recibir la quejosa- por el periodo comprendido del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno al treinta de noviembre de dos mil veintidós-, se obtiene una cantidad de $96,612.78 (noventa y seis mil seiscientos doce pesos 78/100 moneda nacional), como diferencia de la pensión que debió recibir la quejosa por el periodo comprendido del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno al treinta de noviembre de dos mil veintidós, tal como lo refiere la parte quejosa; también lo es que ello lo sostuvo bajo la premisa de existir error aritmético. Esa condición así determinada en el auto de treinta de diciembre de dos mil veintidós, permite a este órgano jurisdiccional analizar los nuevos datos aportados por la responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria, pues es obligación de la autoridad realizar las operaciones matemáticas correspondientes, con base en los elementos de prueba que tiene a su disposición. De ahí que deba estarse a lo expuesto en la hoja de cálculo que adjuntó a su oficio recibido el pasado once de enero de dos mil veintitrés, de la que se obtiene el monto señalado por la autoridad a cubrir como diferencia de la pensión que debió recibir la quejosa, es de $76,013.92 -se insiste- por ser aquélla quien cuenta con la información que le permitió llegar a esa conclusión. Sentado lo anterior, se determina que existe defecto en el cumplimiento de la ejecutoria, porque si bien es cierto la responsable en su oficio aduce que la cantidad resultante a cubrir como diferencia de la pensión que debió recibir la quejosa, es de $76,013.92, a la que luego de restarle $20,950.33 por concepto de impuesto sobre la renta, da como resultado $55,063.60 (cincuenta y cinco mil sesenta y seis pesos 60/100 M.N.) -que es la que se advierte pagó, tal como se advierte de la impresión de transferencia otorgada a la parte quejosa-; también lo es que esa deducción del impuesto refirió ser consecuencia de realizar las retenciones establecidas en los artículos 93 fracción IV, 95 y 96 primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como el artículo 147 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigentes, afirmaciones plasmadas de manera dogmática y categórica, si se considera que de la hoja de cálculo no se aprecia la suficiente motivación ni las operaciones que permitan concluir legalmente que ese monto retenido corresponde al impuesto referido. De ahí que para estar en condiciones de analizar ese aspecto, la responsable deberá exponer de manera fundada y motivada -haciendo las operaciones matemáticas correspondientes- las razones que dan sustento a su determinación, pues sólo así este órgano jurisdiccional estará en condiciones de analizar si en el caso concreto se actualiza la hipótesis de retención que aduce la responsable. Más aún, si se considera que la quejosa expresamente refiere que el monto de la pensión por jubilación que se le otorgó, no excede de quince veces el salario mínimo general que establece el numeral 93, fracción IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. En consecuencia, debe tenerse por no cumplido en su totalidad el fallo protector, pues para ello es necesario que las responsables cumplan con lo anteriormente descrito. 5. Requerimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumplan cabalmente con la ejecutoria de amparo; esto es, deberán exponer de manera fundada y motivada -haciendo las operaciones matemáticas correspondientes- las razones que dan sustento a su determinación, para concluir que la cantidad de $55,063.60 (cincuenta y cinco mil sesenta y seis pesos 60/100 M.N.) -que es la que se advierte se pagó a la parte quejosa mediante transferencia-, es la que realmente le corresponde, luego de restarle el impuesto sobre la renta. Dicho de otra manera, para que éste órgano jurisdiccional esté en condiciones de analizar si esa cantidad de $55,063.60 (cincuenta y cinco mil sesenta y seis pesos 60/100 M.N.) es correcta, deberá justificar de manera fehaciente que en la especie se actualiza la hipótesis de retención del impuesto sobre la renta que aduce la responsable. Considerando que la quejosa expresamente refiere que el monto de la pensión por jubilación que se le otorgó, no excede de quince veces el salario mínimo general que establece el numeral 93, fracción IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. " En cumplimiento a ello, la responsable adjuntó al oficio recibido el pasado ocho de febrero, el pago mediante póliza realizado a la quejosa el diez de enero de este año, por la cantidad de $55,063.60 (cincuenta y cinco mil sesenta y tres pesos 60/100 M.N.), cantidad que arroja al restarle el ISR -$20,950.33 - a la cantidad total adeudada -$76,013.92-, pues éste procedimiento de deducción se encuentra estipulado en los artículos 93 fracción IV y 96 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. 3. Conclusión. En tales circunstancias, por todo lo anteriormente señalado, queda evidenciado que las autoridades responsables restituyeron a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental violado, toda vez que se le desincorporó de su esfera jurídica lo solicitado; se dejó sin efectos la misiva 336/2021 de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, para ahora, concederle la pensión por concepto de jubilación y pagándole la cantidad adeudada. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 4. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 5. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 6. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 7. Incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que no se dio apertura al mismo. 8. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 9. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, quien da fe. UBB

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de febrero de dos mil veintitrés. 1. Informa vías de cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director de Asuntos Constitucionales y legales, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán, en representación de la autoridad responsable Gobernador del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en atención a lo requerido el veinticuatro de enero del año en curso, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que envió oficio a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, para que en el ámbito de su competencia, se avoque a cumplir con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, o bien, requiera su cumplimiento a quien corresponda o considere necesario; lo que acredita con la constancia que anexa. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. 2. Diversa autoridad cumple requerimiento. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito signado por el delegado de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención a lo requerido en auto de veinticuatro de enero del año en curso, reitera que ya se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo por las razones que expone en su ocurso; lo que acredita con las constancias que anexa. 2.1. Vista con cumplimiento de ejecutoria. Por tanto, dese vista a las partes con lo anterior, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Josué Romero Mena.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia terminada de engrosar el treinta de marzo de dos mil veintidós, que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, para los siguientes efectos: "a). Se deberá desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa ********************, el artículo quinto transitorio del Decreto Legislativo 542, en sus versiones que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el veinticinco de agosto de dos mil quince; así como su modificación mediante diverso decreto 638, publicado el cinco de octubre de dos mil dieciocho. b). Deberán respetar el derecho adquirido que la quejosa posee, en términos del texto original aprobado por el Congreso del Estado mediante sesión extraordinaria de once de agosto de dos mil quince. c). El Director de Prestaciones y Subdirectora de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, en el ámbito de sus atribuciones, deberán dejar insubsistente el oficio ********************, de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, y en su lugar emitir uno nuevo, respetando el derecho adquirido de la quejosa de acceder a su pensión conforme a las condiciones anteriores, de acuerdo al texto original del artículo quince transitorio de proyecto de reformas a la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, que fue aprobado por el Congreso del Estado mediante sesión extraordinaria de once de agosto de dos mil quince." Misma que en ejecutoria dictada el veinte de octubre de ese año, en el amparo en revisión administrativo ********************, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, fue modificada, sobreseyendo el amparo únicamente por lo que respecta a las autoridades Secretario de Gobierno y del Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo; y concediendo el amparo de la Justicia Federal contra los actos atribuido a las demás autoridades responsables, dejando a salvo los efectos señalados en la resolución dictada por este Juzgado Federal. 2. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. El apoderado legal de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, informó por oficio recibido el diez de noviembre de dos mil veintidós, que dicho cumplimiento sería incluido en la sesión ordinaria que celebre la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, toda vez que es la única que cuenta con las atribuciones para revocar y conceder las pensiones, conforme a los artículos 10 y 12 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado. Posteriormente, por misiva recibida el siete de diciembre de este año, adjuntó el oficio ******************** remitido por el Subdirector de Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado, por el que se desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa, el artículo quinto transitorio del Decreto Legislativo 542, en sus versiones que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el veinticinco de agosto de dos mil quince; así como su modificación mediante diverso decreto 638, publicado el cinco de octubre de dos mil dieciocho. Asimismo, en esa data informó que en sesión celebrada el pasado veinticuatro de noviembre, la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado aprobó la jubilación solicitada, conforme a los numerales 53 y 54 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, dejando sin efectos la misiva ******************** de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno; de igual forma, el seis de diciembre de este año, se le notificó a la parte quejosa que a partir de la primera quince de diciembre de dos mil veintidós, recibirá el cien por ciento del sueldo íntegro que percibía a la fecha que causó baja al servicio del Gobierno del Estado, mismo que asciende a la cantidad de $********************, mismo que le fue notificado al Titular del Enlace Jurídico de Pensiones Civiles del Estado, como se advierte del oficio ********************. De igual forma, por misiva recibida el dieciséis de diciembre de este año, la responsable adjuntó los recibidos de pago de la primera y segunda quincena del mes de diciembre de dos mil veintidós, con los que se acredita que la quejosa recibió, por concepto de jubilación, la cantidad de $******************** de manera quincenal, arrojando en total de ********************, razón por la que el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se otorgó vista por el término de tres días a las partes con dicho cumplimiento. Transcurrido dicho lapso, en proveído de treinta de diciembre de dos mil veintidós, éste órgano determinó existir defecto en el cumplimiento con la ejecutoria del amparo, en los siguientes términos: ".En ese sentido, si la pensión correcta y reconocida a través del oficio ******************** de cinco de diciembre del año en curso, en favor de la quejosa fue de $********************, mensuales; y desde el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se le ha estado cubriendo el pago por la cantidad de $******************** mensuales, entonces, es claro que la diferencia que deben cubrir las autoridades responsables asciende a $********************, esto, durante los meses de diciembre de dos mil veintiuno al mes de noviembre de dos mil veintidós. En ese sentido, debe señalarse que de una simple operación aritmética se obtiene que al multiplicar $******************** - diferencia de la pensión que debió recibir la quejosa- por el periodo comprendido del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno al treinta de noviembre de dos mil veintidós-, se obtiene una cantidad de $********************, salvo error aritmético. En consecuencia, por lo anterior debe tenerse por no cumplido en su totalidad el fallo protector, pues para ello es necesario que las responsables realicen el pago de la diferencia desde el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno al treinta de noviembre de dos mil veintidós; por ello es que se estima un cumplimiento defectuoso por parte de la autoridad responsable. 5. Requerimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumplan cabalmente con la ejecutoria de amparo, esto es deberán acreditar que restituyeron a la quejosa el pago de la diferencia que equivale a $********************, durante los meses de diciembre de dos mil veintiuno al mes de noviembre de dos mil veintidós." Atento a ello, al oficio recibido el pasado once de enero de dos mil veintitrés, la responsable adjuntó la impresión de transferencia otorgada a la parte quejosa, por la cantidad de $******************** con motivo de las diferencias entre la pensión concedida inicialmente y la otorgada vía cumplimiento a la ejecutoria dictada por este juzgado, misma que contempla el periodo que comprende de la segunda quincena del mes de diciembre de dos mil veintiuno a la segunda quincena de noviembre de dos mil veintidós, cantidad que dijo resultar después de realizar las retenciones, establecidas en los artículos 93 fracción IV, 95 y 96 primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como el artículo 147 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigentes. Tal como refirió acreditarlo con la hoja de cálculo que adjuntó. De dicha hoja -dijo- se desprende que para el año dos mil veintiuno, la diferencia entre la pensión concedida y la establecida mediante ejecutoria asciende a la cantidad de $******************** quincenales, puesto que dicha diferencia fue calculada conforme al año en que debió ser pagada, acorde a la sentencia. Y, respecto al año dos mil veintidós y de conformidad a lo establecido en el artículo 59 Bis de la Ley de Pensiones Civiles del Estado, la jubilación otorgada a la quejosa fue incrementada un 9% nueve por ciento, por lo que, la diferencia entre la pensión concedida por esta institución y la establecida mediante ejecutoria dictada por este juzgado (22 quincenas), asciende a la cantidad de $******************** quincenales, dando así un total de $********************; dando así por ambos periodos la cantidad total de $********************. Con lo anterior, la responsable aduce cumplir con la totalidad del adeudo a la parte quejosa. 3. Manifestaciones. Ahora bien, del escrito de cuenta, se desprende que la parte quejosa manifestó su inconformidad con el cumplimiento de la sentencia de amparo. Ello es así, toda vez que el pasado diez de enero le fue depositada la cantidad de $********************, a que alude la responsable, relativa a la diferencia faltante a la pensión otorgada; sin embargo -refiere- la misma no corresponde a la totalidad del adeudo por concepto de jubilación, que lo es de $********************, que fue determinada por este juzgado de distrito mediante auto de treinta de diciembre de dos mil veintidós, suma que se obtiene como así se estableció en el auto de referencia de una simple operación aritmética al multiplicar $******************** - diferencia de la pensión que debió recibir la quejosa- por el periodo comprendido del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno al treinta de noviembre de dos mil veintidós-. Aunado a lo anterior, manifiesta su inconformidad porque refiere estar exenta del pago del impuesto sobre la renta, ya que el monto de la pensión por jubilación que se le otorgó no excede de quince veces el salario mínimo general que establece el numeral 93, fracción IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Por lo que la quejosa consideró que, con la emisión del nuevo oficio de referencia y la cantidad depositada, no se está respetando su derecho adquirido en su totalidad, pues no se realizó el depósito total de la parte proporcional que dejó de percibir desde la fecha en que se le reconoció su jubilación -dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno-, hasta la última quincena del mes de noviembre de dos mil veintidós; aunado a que se le está descontando de dicho total, el impuesto sobre la renta. 4. Defecto en el cumplimiento de ejecutoria. Con base en las consideraciones y manifestaciones antes apuntadas, este órgano jurisdiccional, determina que existe defecto en el cumplimiento de ejecutoria. Primeramente, resulta pertinente destacar que si bien es cierto este órgano jurisdiccional en auto de treinta de diciembre de dos mil veintidós, determinó que: de una simple operación aritmética se obtiene que al multiplicar $******************** - diferencia de la pensión que debió recibir la quejosa- por el periodo comprendido del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno al treinta de noviembre de dos mil veintidós-, se obtiene una cantidad de $********************, como diferencia de la pensión que debió recibir la quejosa por el periodo comprendido del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno al treinta de noviembre de dos mil veintidós, tal como lo refiere la parte quejosa; también lo es que ello lo sostuvo bajo la premisa de existir error aritmético. Esa condición así determinada en el auto de treinta de diciembre de dos mil veintidós, permite a este órgano jurisdiccional analizar los nuevos datos aportados por la responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria, pues es obligación de la autoridad realizar las operaciones matemáticas correspondientes, con base en los elementos de prueba que tiene a su disposición. De ahí que deba estarse a lo expuesto en la hoja de cálculo que adjuntó a su oficio recibido el pasado once de enero de dos mil veintitrés, de la que se obtiene el monto señalado por la autoridad a cubrir como diferencia de la pensión que debió recibir la quejosa, es de $******************** -se insiste- por ser aquélla quien cuenta con la información que le permitió llegar a esa conclusión. Sentado lo anterior, se determina que existe defecto en el cumplimiento de la ejecutoria, porque si bien es cierto la responsable en su oficio aduce que la cantidad resultante a cubrir como diferencia de la pensión que debió recibir la quejosa, es de $********************, a la que luego de restarle $********************por concepto de impuesto sobre la renta, da como resultado $******************** -que es la que se advierte pagó, tal como se advierte de la impresión de transferencia otorgada a la parte quejosa-; también lo es que esa deducción del impuesto refirió ser consecuencia de realizar las retenciones establecidas en los artículos 93 fracción IV, 95 y 96 primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como el artículo 147 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigentes, afirmaciones plasmadas de manera dogmática y categórica, si se considera que de la hoja de cálculo no se aprecia la suficiente motivación ni las operaciones que permitan concluir legalmente que ese monto retenido corresponde al impuesto referido. De ahí que para estar en condiciones de analizar ese aspecto, la responsable deberá exponer de manera fundada y motivada -haciendo las operaciones matemáticas correspondientes- las razones que dan sustento a su determinación, pues sólo así este órgano jurisdiccional estará en condiciones de analizar si en el caso concreto se actualiza la hipótesis de retención que aduce la responsable. Más aún, si se considera que la quejosa expresamente refiere que el monto de la pensión por jubilación que se le otorgó, no excede de quince veces el salario mínimo general que establece el numeral 93, fracción IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. En consecuencia, debe tenerse por no cumplido en su totalidad el fallo protector, pues para ello es necesario que las responsables cumplan con lo anteriormente descrito. 5. Requerimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumplan cabalmente con la ejecutoria de amparo; esto es, deberán exponer de manera fundada y motivada -haciendo las operaciones matemáticas correspondientes- las razones que dan sustento a su determinación, para concluir que la cantidad de $******************** -que es la que se advierte se pagó a la parte quejosa mediante transferencia-, es la que realmente le corresponde, luego de restarle el impuesto sobre la renta. Dicho de otra manera, para que éste órgano jurisdiccional esté en condiciones de analizar si esa cantidad de $******************** es correcta, deberá justificar de manera fehaciente que en la especie se actualiza la hipótesis de retención del impuesto sobre la renta que aduce la responsable. Considerando que la quejosa expresamente refiere que el monto de la pensión por jubilación que se le otorgó, no excede de quince veces el salario mínimo general que establece el numeral 93, fracción IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 6. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, se les impondrá una multa a cada una por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el citado numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. En el entendido de que si retrasan el cumplimiento por medio de evasivas o realizan comportamientos procesales inocuos o que no trasciendan al núcleo de las obligaciones impuestas, se considerará incumplimiento con fundamento en el artículo 193 de Ley de Amparo. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, quien da fe. UBB

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