Dirección de Catastro del Estado de Michoacán
Expediente 1129/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1129/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Dirección de Catastro del Estado de Michoacán
- Ricardo Sánchez Tejeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1129/2021. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, Ricardo Sánchez Tejeda, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de autoridad. En la misma demanda, narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 8º, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número 1129/2021. Previo los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Del Director de Catastro del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. La falta de contestación al escrito presentado por el quejoso ante dicha autoridad, el doce de julio de dos mil veintiuno. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, del contenido de su informe se advierte la existencia del mismo, pues al respecto refirió que sí dio respuesta a la petición formulada por el quejoso. Lo anterior queda corroborado con las constancias remitidas por dicha autoridad, al rendir su informe, las cuales adquieren pleno valor en términos del artículo 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según se advierte de su numeral 2º. Cabe señalar que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, adujo que el presente juicio de amparo debe sobreseerse debido a que la autoridad responsable negó la existencia dela acto reclamado, sin embargo, tal manifestación se desestima en virtud de que quedó acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Análisis de las causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se impone analizar las causales de improcedencia y/o sobreseimiento, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En su demanda de amparo, el quejoso refirió que desde el doce de julio de dos mil veintiuno, presentó un escrito ante la autoridad responsable de manera pacífica, respetuosa y por escrito, en la cual solicitó la devolución de diversos documentos que indebidamente había presentado ante la Dirección de Catastro del Estado, no obstante, la responsable ha sido omisa en emitir una respuesta, violando así su derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional. Por su parte, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, adujo que mediante oficio DIR-2079/2021 de seis de diciembre de dos mil veintiuno, dio contestación a la petición del quejoso, mismo que le fue notificado el siete siguiente; y que incluso el autorizado del quejoso acudió a recoger los documentos, mismos que se le devolvieron el nueve de diciembre de ese mismo año. Para corroborar lo anterior, exhibió e oficio DIR-2079/2021 de seis de diciembre de dios mil veintiuno, con una firma de recibido de siete de diciembre de esa anualidad y una certificación de devolución de documentos levantada el nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Precisado lo anterior, se tiene que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, con relación a la conducta omisiva que se atribuye a la responsable. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". El Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la existente antes de su nacimiento. También, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación del acto reclamado significa que la autoridad deja de afectar al quejoso, lo cual debe entenderse como su detención definitiva, la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia de aquél; por tanto, la razón justificante de la improcedencia de mérito de ninguna manera es su simple paralización, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que no surtió sus consecuencias, ni las surtirá y en modo alguno dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, tal motivo de improcedencia está orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, a saber, lograr la reparación constitucional referida en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, para restablecer las cosas al estado existente antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, de ser negativo, obligar a la responsable a respetar la prerrogativa correspondiente. Así, dicho motivo de inviabilidad se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo que las cosas han vuelto al estado guardado antes de la violación impugnada, como si se hubiera otorgado el amparo y el acto no invadiera la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación ninguna huella dejara. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, lo hasta aquí expuesto, permite establecer que la actualización de la causa de improcedencia en mención requiere la coincidencia de dos presupuestos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ahora, en el caso concreto, la parte quejosa señaló como acto reclamado, la omisión de dar respuesta al escrito presentado en fecha doce de julio de dos mil veintiuno. Sin embargo, -como es puso de manifiesto- la autoridad responsable, mediante oficio DIR-2079/2021 de seis de diciembre de dos mil veintiuno, contestó el escrito formulado por la parte quejosa, lo cual quedó corroborado con la constancia respectiva de la que se advierte que efectivamente en la fecha indicada dio contestación a la petición de la parte quejosa De tal forma, es evidente que el acto reclamado -omisivo- quedó insubsistente con motivo de la respuesta de la autoridad responsable y, además, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". Ahora bien, sólo resta señalar que con el informe justificado, esta Juzgadora Federal dio vista a la parte quejosa para efecto de que ampliara la demanda de amparo; sin embargo, tal y como se advierte del acta que antecede la parte quejosa fue omisa en desahogar la vista que se le otorgó, por lo que se determinó que el juicio se seguiría únicamente por el acto reclamado en el escrito inicial de demanda. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto al acto reclamado consistente en la omisión de contestar el escrito formulado ante la autoridad responsable, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley citada. QUINTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SEXTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales (aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de doce de noviembre de dos mil catorce); se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ricardo Sánchez Tejeda, contra el acto precisado en el considerando segundo y por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando quinto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales, con quien actúa y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Vista la certificación de cuenta, se advierte que de la consulta al expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) -herramienta que permite cumplir con el esquema estricto de distanciamiento social y trabajo a distancia como elementos centrales-, específicamente del apartado de notificaciones judiciales, se advierte que se encuentra transcurriendo el termino de quince días concedido a la parte quejosa mediante proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, a efecto de que manifieste si desea ampliar su demanda de amparo respecto a la contestación que dio a las peticiones reclamadas. El plazo le transcurrirá del veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, al dieciocho de enero de dos mil veintidós, pues fue notificada de aquella determinación el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. En tales condiciones, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. En el entendido que se fija esa fecha en atención a las cargas de trabajo y a la organización interna del presente órgano jurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones de la Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/5024/2021, de seis de diciembre de dos mil veintiuno, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Alegato Ministerio Público. Téngase por recibido el pedimento de cuenta, suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, por medio del cual formula alegatos, los que se ordena tomar en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese a las partes en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones de la Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/5024/2021, de seis de diciembre de dos mil veintiuno, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable Director de Catastro del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; dése vista a las partes con él para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Delegados y domicilio. Por otra parte, ténganse a la autoridad responsable designando delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo a las personas que precisa, así como domicilio para recibir notificaciones. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales exhibidas por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional. Requerimiento a la parte quejosa. Ahora bien, de las constancias y manifestaciones vertidas por la responsable al rendir su informe justificado, se advierte que ya dio contestación a las peticiones reclamadas por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 17 y 111, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que en el término de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, y con las copias simples necesarias para correr traslado a la autoridad responsable y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, bajo protesta de decir verdad, manifieste si desea ampliar su demanda de amparo respecto a la contestación que refiere la autoridad responsable. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, únicamente se tendrá por presentada la demanda por el acto y autoridad puntualizado en su escrito inicial de demanda. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla." Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.
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