Domingo Rodriguez Hilario
Expediente 1335/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1335/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Domingo Rodriguez Hilario
- Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el plazo legal de que disponían la parte quejosa a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 4. Incidente de suspensión. Toda vez que se negó la medida cautelar solicitada, de conformidad con el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de DESTRUCCIÓN. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción respectiva. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. 4.1 Duplicado del incidente de suspensión. Ahora, por lo que ve al duplicado del cuadernillo incidental, es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado acuerdo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción; ello, siempre y cuando exista el expediente original. 5. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a las autoridades responsables, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa; por tanto, no les depara perjuicio alguno a éstas. 6. Constancia. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. 7. Devolución de tomos de pruebas. Finalmente, en atención a que resulta innecesario conservar los dos tomos de pruebas que remitieron las autoridades responsables SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE MICHOACÁN y TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE UNIDAD "F" DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA, como complemento a su informe justificado, se ordena su devolución; sin que resulte necesario acusar de recibo, dado que el sello de recepción produce los mismos efectos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1335/2022, promovido por Domingo Rodriguez Hilario, por alegada violación de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán, y otras autoridades; este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama: La resolución definitiva emitida el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, dentro del procedimiento administrativo DRSP-PAR-435/2015, instruido en su contra; en la cual, se le impuso la sanción administrativa consistente en la inhabilitación por tres años para desempeñar cargo o comisión en el servicio público y la diversa sanción económica por la cantidad de $30,642.00 (treinta mil seiscientos cuarenta y dos pesos 00/100 moneda nacional); así como los acuerdos dictados en ejecución de la misma, tendientes a ejecutarla. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 57, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución y fue emitido por autoridad residente dentro de la circunscripción territorial de este juzgado. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama a las autoridades responsables, ya que al rendir el informe justificado lo reconocieron expresamente. Además, dicha certeza se corrobora con las constancias que acompañaron a su informe, consistentes en las copias certificadas del procedimiento administrativo de responsabilidades DRSP-PAR-435/2015, con las cuales se ordenó formar dos tomos de prueba, con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2o. Resultan aplicables los criterios establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia y el sobreseimiento del juicio de amparo constituyen presupuestos procesales que deben estudiarse aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Las autoridades responsables Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán, Titular del Órgano Interno de Control de la Unidad "F" y Director de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública de la Contraloría del Estado de Michoacán, representadas por María Elena Lozano Álvarez, Titular de la Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control, hicieron valer -entre otras-, la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues refieren que el acto que reclama el quejoso en la presente instancia constitucional ya fue materia de un diverso juicio de amparo del índice de este órgano jurisdiccional. Es fundada la causal de improcedencia, por las razones que enseguida se explican. La fracción XI del artículo 61, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]" De la lectura de la porción normativa transcrita se desprende que el juicio de garantías resulta improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia en otro juicio de amparo que causó ejecutoria; lo cual en términos del artículo 354 del Código Federal de Procedimientos Civiles, constituye cosa juzgada, de modo tal que no es factible realizar ningún examen relacionado con las cuestiones debatidas en el primer juicio de amparo promovido, pues ello atentaría no sólo contra la técnica que rige esta materia, sino contra el principio de seguridad jurídica establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. En este sentido, según el dispositivo de la Ley de Amparo en comento, para que exista cosa juzgada resulta necesario que con anterioridad a la presentación de la demanda en análisis se haya promovido otro juicio de garantías en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas pretensiones, el mismo acto reclamado, en que exista identidad de partes, de objetos materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer en ambos. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA." En ese tenor, es conveniente precisar que la finalidad de la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evitar la emisión de sentencias contradictorias y, especialmente, obtener el respeto de la cosa juzgada, que podría vulnerarse si se promovieran juicios de amparo al libre arbitrio del quejoso contra un mismo acto, merced a que ello resulta contrario al axioma de seguridad jurídica. Cabe precisar que la causa de improcedencia de la cosa juzgada no solo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de amparo, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan improcedente la acción de amparo de modo absoluto, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de derechos humanos. En este orden de ideas, puede concluirse que la finalidad de la institución es dar certeza y definitividad a las situaciones jurídicas sancionadas por la sentencia, lo cual es necesario para mantener la paz social, de otro modo, los litigios podrían replantearse indefinidamente. Lo anterior, encuentra sustento en las razones que integran la jurisprudencia P./J. 16/2020 (10a.), del siguiente tenor literal: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO EN TORNO AL INTERÉS JURÍDICO POR AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL A UN DERECHO SUBJETIVO. CASOS EN LOS QUE UNA RESOLUCIÓN DE SOBRESEIMIENTO NO HACE QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA MATERIA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes examinaron medios de impugnación en amparo indirecto que tenían como antecedente haberse decretado el sobreseimiento en un primer juicio de amparo por falta de interés jurídico, por no haberse acreditado un derecho subjetivo específico, y examinaron si en el segundo juicio se actualizaba o no la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Al respecto, llegaron a soluciones contrarias, puesto que para uno no procede un nuevo juicio promovido por el mismo quejoso contra la misma autoridad y respecto al mismo acto, por constituir dicho sobreseimiento cosa juzgada; mientras que para el otro sí procede, porque las razones o circunstancias que sustentaron la decisión de improcedencia en el juicio previo no provocaron la inejercitabilidad de la acción de amparo de modo absoluto. Criterio jurídico: La causa de improcedencia de cosa juzgada prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, puede operar excepcionalmente cuando en un juicio previo se haya desechado una demanda o decretado el sobreseimiento, en la inteligencia de que no basta que en el primer juicio se haya determinado que el quejoso carece de interés jurídico para llegar a la conclusión de que ello, por sí solo, implica la inatacabilidad del mismo acto a través de un diverso juicio constitucional, pues necesariamente se deben analizar las razones que llevaron al órgano jurisdiccional a esa conclusión, ya que no todas ellas conllevan un pronunciamiento que impide la impugnación del acto de autoridad en un juicio de amparo ulterior. Justificación: Por regla general, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una resolución de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general; asimismo, ha establecido que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, en tanto no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también con motivo del desechamiento de una demanda o el sobreseimiento en el juicio cuando se ha determinado la inatacabilidad de los actos a través de un diverso juicio constitucional, con la condición de que tal determinación obedezca a razones o circunstancias que hagan efectivamente inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado. Ahora bien, considerando que el interés jurídico, cuando se hace descansar en la afectación real y actual de un derecho subjetivo, es materia de prueba y, partiendo de la base de que el promovente del amparo debe demostrar los dos supuestos que lo integran, es decir, su titularidad respecto del derecho subjetivo reconocido por la ley y el perjuicio que le causa el acto de autoridad, la improcedencia por falta de dicho interés puede derivar de las siguientes hipótesis: I. Falta de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley; II. Ausencia de agravio personal y directo, esto es, inexistencia de un perjuicio, en virtud de que el acto de autoridad no incide en la esfera jurídica del promovente del juicio de amparo; III. Falta de idoneidad de pruebas concretas; y, IV. Omisión de aportar las pruebas conducentes para acreditar el interés jurídico. Si bien, respecto de los primeros dos supuestos, el sobreseimiento decretado en el primer juicio de amparo por falta de interés jurídico (con fundamento en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo) ocasionaría que en un segundo juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y acto reclamado, se actualizara la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XI del precepto citado, por existir un pronunciamiento sobre el tema específico; ello no ocurre con los últimos dos supuestos, porque la falta de interés jurídico se genera por la insuficiencia o ausencia de pruebas, lo que no implica un pronunciamiento en cuanto a la existencia del derecho subjetivo tutelado o el agravio en la esfera jurídica del quejoso, sino únicamente sobre la ausencia de medios probatorios idóneos que acrediten la titularidad del derecho subjetivo que estima afectado el peticionario del amparo. De ahí la importancia de atender a las razones o circunstancias que condujeron a que en un primer juicio de amparo el órgano jurisdiccional resolviera sobreseer por falta de interés jurídico, para determinar si éstas son insuperables o no. En este sentido, si las razones o circunstancias que llevaron a sobreseer no hacen inejercitable la acción de amparo, con independencia de que esa determinación adquiera firmeza, ya sea porque no haya sido recurrida o habiéndolo sido se confirme, ello no impedirá promover un nuevo juicio de amparo contra el mismo acto. De esta forma, si el sobreseimiento en el primer juicio se sustentó en la falta de demostración del interés jurídico del quejoso, bajo la hipótesis de insuficiencia o ausencia de pruebas para acreditar ser titular de un derecho subjetivo, ello no constituye una razón que predomine, impidiendo que se promueva un nuevo amparo. En suma, debe considerarse que no se produce la inejercitabilidad de la acción de modo absoluto cuando en el primer juicio se haya omitido allegar pruebas, ni cuando las que se hayan ofrecido resulten insuficientes, esto es, eventualmente las pruebas en un segundo juicio de amparo no tendrían que ser forzosamente todas "nuevas", considerando, por ejemplo, que una prueba que aisladamente no haya sido suficiente en un primer juicio para demostrar la titularidad de un derecho subjetivo puede, en cambio, ser suficiente si se le adminicula con otra novedosa, susceptible de generar la convicción necesaria; entonces, al segundo juicio (que podría examinarse, por no existir cosa juzgada) se podría aportar nuevamente una prueba inicialmente ofrecida, pero agregando otras que la robustezcan o perfeccionen, para que en su conjunto brinden certeza." En el caso, el quejoso Domingo Rodríguez Hilario, reclama en la presente instancia constitucional -como ya se dijo-, la resolución definitiva emitida el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, dentro del procedimiento administrativo DRSP-PAR-435/2015, instruido en su contra; en la cual, se le impuso la sanción administrativa consistente en la inhabilitación por tres años para desempeñar cargo o comisión en el servicio público y la diversa sanción económica por la cantidad de $30,642.00 (treinta mil seiscientos cuarenta y dos pesos 00/100 moneda nacional); así como los acuerdos dictados en ejecución de la misma, tendientes a ejecutarla. No obstante, con fundamento en el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, resulta un hecho notorio para quien esto resuelve, que en el diverso juicio de amparo indirecto 58/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, el quejoso Domingo Rodríguez Hilario, reclamó del Secretario y Director de Normatividad y Responsabilidad, ambos de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, tanto la falta de emplazamiento al procedimiento administrativo DRSP-PAR-435/2015, instruido en su contra, como la resolución definitiva emitida el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en la cual, se le impuso la sanción administrativa consistente en la inhabilitación por tres años para desempeñar cargo o comisión en el servicio público y la diversa sanción económica por la cantidad de $30,642.00 (treinta mil seiscientos cuarenta y dos pesos 00/100 moneda nacional). Sentencia en la cual se determinó sobreseer en el juicio en razón de que se le desvirtuó el carácter de tercero extraño al procedimiento y además porque consintió la resolución reclamada al no haber presentado la demanda de amparo dentro del plazo de quince días previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, misma que por auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, causó ejecutoria. Resolución que constituye un hecho notorio para este juzgado federal y para todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, al ser consultable en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE) de la red de intranet, del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, se afirma que se actualiza la cosa juzgada, porque de acuerdo a las constancias que integran el juicio de amparo indirecto 58/2022 de nuestro índice, se corrobora que el peticionario del amparo, con anterioridad al presente juicio de derechos, promovió el citado juicio constitucional contra el mismo acto y en contra de las mismas autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación 181-186, Tercera Parte, página 91, intitulada: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO." En tales condiciones al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XI, de la Ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Domingo Rodríguez Hilario, contra el acto reclamado que quedó precisado en el considerando primero y por las razones y fundamentos expuestos en el diverso considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y da fe la persona secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. 1. Se reciben alegatos. Incorpórese al sumario el pedimento suscrito por la fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado; en atención a su contenido, formula alegatos que a esa representación social corresponden, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. 2. Solicita copias. Asimismo, solicita se le expidan copias simples de la sentencia que se emita en este expediente; al respecto, dígasele que una vez que ello acontezca, se le hará la entrega de las copias solicitadas, previo pago que realice de las mismas. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Incidental
En consecuencia, SE NIEGA a la parte quejosa, la suspensión definitiva solicitada. Por tanto, con apoyo en el artículo 146 fracción IV, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva a Domingo Rodríguez Hilario, en términos del considerandos CUARTO de esta resolución. Notifíquese y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
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