Diegues Sarabia Peña
Expediente 144/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 144/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Diegues Sarabia Peña
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, de los que se desprende que no fue impugnado el auto que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por tanto, de conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de documentos. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de marzo de dos mil veintitrés. Se recibe despacho. Visto lo de cuenta, se tiene al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, devolviendo diligenciado el despacho 66/2023 (orden 91/2023), enviado a fin de notificar al quejoso Diegues Sarabia Peña el proveído de trece de febrero de la presente anualidad; por tanto, dese de baja la comunicación de cuenta y háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que haya lugar a enviar acuse de recibo dado que no se solicita. Cumple parcialmente prevención. Ahora bien, agréguese el escrito signado por el quejoso Diegues Sarabia Peña, por medio del cual cumple parcialmente con la prevención formulada mediante proveído de trece de febrero de dos mil veintitrés y, al efecto exhibe, en lo que interesa, copias simples del exhorto ********************-mismas que se encuentran incompletas-, en el que se transcribió el auto de quince de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio ********************, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, en el cual se admitió la demanda sobre pago de alimentos promovida por ********************en su contra, decretándose la medida de pensión alimenticia provisional en favor del menor de iniciales ********************, así como de un citatorio fechado el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Asimismo, transcribe el auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio de origen, del que se advierte que el juez responsable determinó que no era posible el sobreseimiento del juicio y por el cual indicó que resultaba extemporánea la contestación de demanda formulada por el peticionario de amparo. Por último, manifiesta bajo protesta de decir verdad que se ostentó sabedor de la tramitación del procedimiento aludido desde el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Ahora, de lo antes narrado se advierte que no cumple totalmente con la prevención que le fue formulada en autos; sin embargo, en el caso concreto, se estima que este órgano jurisdiccional ya cuenta con los elementos suficientes para proveer respecto de la procedencia de la demanda de amparo de que se trata. 2.1. Improcedencia. Al respecto, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano la demanda. Es de mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.". En la especie se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los normativos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (...)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." De conformidad con los dispositivos transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos, el cual se computará acorde con lo dispuesto en el numeral 18 del ordenamiento legal en cita, es decir: A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; O a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Salvo el caso de la fracción I del artículo 17 en el que el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor. Entonces, siguiendo el marco jurídico, el acto reclamado identificado, se ubica dentro de la segunda regla antes enunciada. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, el proveído de veinte de enero de dos mil veintitrés, emitido en el expediente ********************, en donde se dio contestación al escrito que presentó el día quince del mismo mes y año; determinación en la cual acordó continuar con el trámite del juicio de referencia, pese a haberle hecho del conocimiento el aquí quejoso de la existencia de otro juicio anterior de la misma causa. No obstante, de lo narrado en la demanda de amparo, concatenado con sus anexos, se obtiene que el quejoso se duele específicamente de la afectación siguiente: ".El acto consistente en, la orden de descontar de mi fuente de empleo el 20% de mis percepciones que tengo en la Comisión Federal de Electricidad, a sabiendas de que ya existe una anterior pensión alimenticia para el mismo menor ordenada por el Juez Segundo Civil de Primera instancia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro Michoacán." Lo anterior, encuentra sustento con los antecedentes que narra en su demanda, así como en las documentales que adjuntó a su escrito inicial de demanda y al de cumplimiento de prevención, consistentes en: Copias simples de diversos recibos de nómina, de los que se advierten las deducciones efectuadas a sus percepciones con motivo de su empleo en la Comisión Federal de Electricidad, por concepto de pensión alimenticia. Copias simples del exhorto ********************-mismas que se encuentran incompletas-, en el que se transcribió el auto de quince de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio ********************, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, en el cual se admitió la demanda sobre pago de alimentos promovida por ********************en su contra, decretándose la medida de pensión alimenticia provisional en favor del menor de iniciales ********************; determinación de la cual se ostenta sabedor desde el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Atento a lo anterior, resulta evidente que de las constancias que adjuntó el quejoso a su demanda de amparo, así como de las manifestaciones vertidas bajo protestad de decir verdad en el escrito que en este auto se atiende, se observa que con data veintiocho de octubre dos mil veintidós, tuvo conocimiento del contenido del auto admisorio de la demanda que dio origen al juicio ********************, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán y, por tanto, desde esa fecha se hizo sabedor del acto del que se duele en específico, consistente en la orden de descontar el 20% de las percepciones que obtiene con motivo del empleo que desempeña en la Comisión Federal de Electricidad, el cual pretende combatir a través de la promoción de presente acción constitucional. Sin que sea óbice para establecer lo anterior, el hecho de que en el apartado correspondiente al acto reclamado contenido en su escrito inicial de demanda haya hecho alusión también al acto consistente en el proveído de veinte de enero de dos mil veintitrés, emitido en el citado expediente -el cual también tilda de inconstitucional-, a través del cual se dio contestación al escrito que presentó el día quince del mismo mes y año, determinando, entre otras, la continuación del juicio de referencia, aunado a que se le dijo que no ha lugar a tenerle contestando la demanda instaurada en su contra, por haberlo realizado de manera extemporánea; lo anterior, en virtud de que éste último es una consecuencia directa del acto mencionado en el párrafo que antecede, pues es evidente que la pretensión del quejoso radica en que se nulifique la determinación en la que se le impuso la obligación de otorgar pensión provisional en favor del menor de iniciales ******************** que derivó del juicio familiar ********************. Así, resulta inconcuso que los actos reclamados no se ubican en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, al no producir ataques a la libertad personal fuera de procedimiento o cualquiera de los actos prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, de conformidad con lo establecido y alcances contenidos en el ordinal 17 de la Ley de la materia, la promoción de la demanda de amparo debió hacerse dentro de los quince días hábiles siguientes al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado consistente en la tramitación del juicio ********************, o bien, a aquel en que se hizo sabedor del mismo, esto es, a partir del veintiocho de octubre de dos mil veintidós. En las relatadas condiciones, resulta evidente que el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo en contra del acto combatido ha fenecido, pues la demanda fue presentada hasta el nueve de febrero del año en curso; por lo que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, al ser notoriamente extemporánea la demanda de que se trata. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la tesis del Pleno de la entonces Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 71, del volumen 193-198, primera parte, Séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiesta que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, se realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado." Igualmente, por similitud jurídica, el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 175, tomo IX- Marzo, Octava época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, CUANDO SE INICIA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN. De la lectura del artículo 21 de la Ley de Amparo, se advierte que para iniciar el computo del término previsto para la interposición de la demanda de garantías, deberá tomarse en consideración cuando surte efectos la notificación que se haga el quejoso, según la ley del acto. En el caso, la Ley que regula el acto reclamado, es el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; sin embargo en dicho ordenamiento legal no existe ningún artículo que establezca cuando deben surtir sus efectos las notificaciones de carácter personal lo que si ocurre en otras leyes que establecen un medio artificial o no natural para determinar cuando surte efectos una notificación, como es el caso de la Ley de Amparo (artículo 34, fracciones I y II). Ante la aludida admisión del Código adjetivo citado, es evidente que debe estarse a la manera lógica y natural en que surte sus efectos una notificación personal, es decir al momento que se haya tenido conocimiento del acto así notificado." Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista por la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, a la luz del precepto 113 de dicho ordenamiento legal, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto, se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la parte promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación; de ahí que, las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." 3. Autorización del expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Finalmente, atento a la solicitud del quejoso, con fundamento en el artículo 35, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se tiene como usuario "********************" que proporciona, a fin de que tenga acceso al expediente electrónico. Asimismo, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que las notificaciones de carácter personal se realicen por la vía electrónica. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Razón actuarial. Visto lo de cuenta, se aprecia la imposibilidad que tuvo la actuaria judicial de la adscripción para notificar al quejoso Diegues Sarabia Peña, el proveído de trece de febrero de dos mil veintitrés, emitido dentro del presente juicio de amparo, ya que, como lo asentó en su actuación levantada el quince de febrero pasado, éste no señaló domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones. Se gira despacho. En este tenor, toda vez que del escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Libramiento Ignacio Zaragoza, número 22-A, colonia Centro, de Pátzcuaro, Michoacán, Código Postal 61600, esto es, fuera de la residencia de este juzgado, con fundamento en los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado y en el ámbito de su jurisdicción, ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio mencionado con anterioridad, y una vez cerciorado de que es el correcto en el cual puede ser localizado el citado quejoso, le notifique el contenido del auto de trece de febrero pasado al promovente del amparo Diegues Sarabia Peña; asimismo, lo requiera para que al momento de la diligencia, o dentro del plazo de tres días, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; apercibido que, de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se le harán por medio de lista, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente, por medio de despacho; y, publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, este órgano jurisdiccional emite la siguiente determinación: 1. Recepción y registro. Vista la demanda de amparo promovida por Diegues Sarabia Peña, por propio derecho; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 144/2023. 2. Prevención. Ahora bien, previo a acordar lo que conforme a derecho proceda, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, fracción V, 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de proveer sobre la admisión de la demanda, se estima necesario requerir a la parte quejosa a efecto de que, en el plazo de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le haga, bajo protesta de decir verdad, manifieste lo siguiente: PRIMERO. Precise con claridad la fecha exacta en que fue notificado de la demanda presentada en su contra por María Rocío Domínguez García, misma que dio origen al expediente 459/2022, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, toda vez que no se advierte de su escrito inicial de demanda, pues únicamente refiere que lo fue en el mes de octubre de dos mil veintidós, debiendo anexar copia del auto en el que se radicó la demanda promovida en su contra, así como la notificación por la cual se hizo sabedor de dicha determinación. SEGUNDO. Proporcione copia de la determinación de veinte de enero de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente 459/2022, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, en la cual se dio contestación a su escrito fechado el quince de enero de la misma anualidad y se acordó continuar con el juicio de pensión alimenticia de referencia, o, en su defecto, transcriba literalmente el contenido de dicho auto, toda vez que de su demanda no se desprende en su integridad el sentido de lo acordado. Lo anterior, en virtud de que dichos elementos resultan indispensables para estar en condiciones de proveer respecto de la admisión de su demanda y fijar la litis constitucional. 3. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que, de no cumplir con lo requerido en los párrafos precedentes en el plazo concedido para hacerlo y de no exhibir copias suficientes para correr traslado a las partes con el escrito de cumplimiento de prevención relativo, se tendrá por no presentada la demanda. En el entendido que el requerimiento formulado deberá cumplirse en forma directa por el quejoso, pues los autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 1a. /J. 50/2014, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Libro 9, Tomo I, Agosto 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 4. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 5. Oposición a la publicación de datos personales. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que, ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.
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