Diego De la Cruz Martínez
Expediente 269/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 269/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 25/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Diego De la Cruz Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE FECHA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: SENTENCIA Juárez, Chihuahua; treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 269/2018-I-2, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veinte de abril de dos mil dieciocho, se recibió en el Buzón de la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, la demanda dio origen al juicio, la cual se validó el veintitrés de abril siguiente y fue turnada a este Juzgado de Distrito en esta última data.En el escrito inicial ** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado de la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta localidad, a quien reclamó el auto de vinculación a proceso de seis de abril de dos mil dieciocho, emitido en el toca N-8/2018.SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó emplazar a juicio a los terceros interesados y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional.Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud de que es un asunto en materia penal en el que se reclama una resolución que tiene ejecución en el territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esa forma se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Magistrado de la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con morada en esta localidad, la resolución de seis de abril de dos mil dieciocho, por la cual, revocó el auto de no vinculación a proceso dictado el diez de enero de este año, en la causa penal 3011/2017 y dictó auto de vinculación a proceso en el toca N-8/2018, por los hechos que la ley señala como el delito de violación contenido en la fracción I del numeral 172, agravado por la fracción II del ordinal 175 todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de la víctima de iniciales ** hechos ocurridos en el mes de agosto del año próximo pasado y el diecisiete de septiembre de dos mil diecisiete, en el interior del domicilio ubicado en la calle **, en esta ciudad. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente, del que se procederá a su estudio.Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA E LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Magistrado de la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir informe con justificación indicó que es cierto que mediante resolución de seis de abril de dos mil dieciocho, revocó el auto de no vinculación a proceso dictado en la causa penal 3011/2017 y dictó auto de vinculación a proceso en el toca N-8/2018. Para corroborar lo anterior, el magistrado responsable anexó como apoyo a su informe copia certificada de los discos versátiles digitales que contienen la audiencia inicial de seis de enero de dos mil dieciocho, en que se formuló imputación, se dio oportunidad de rendir declaración preparatoria y se efectuó el control de medidas cautelares, la de ocho de enero de este año en que declararon testigos, la de nueve de enero del año que transcurre en la que se fijó fecha para la verificación de la audiencia, así como, la de diez de enero de este año relativa a la determinación de la situación jurídica del imputado, todas levantadas en la causa penal 3011/2017, y la audiencia de apelación llevada a cabo el seis de abril de dos mil dieciocho en el toca N-8/2018, así como transcripción autorizada del auto de vinculación que se combate (fojas 34 a 96 y 105); probanzas a la cuales se les reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La valoración asignada a las documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Mientras que las videograbaciones tienen validez, al ser la herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, ello según lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 46, septiembre de dos mil diecisiete, Tomo I, Materia Constitucional, que se visualiza en la página 125, con registro 2015127, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel.De manera que, se tiene como cierto el acto de que se duele la parte accionante para los efectos de este juicio de amparo consistente en el auto de vinculación a proceso de seis de abril de dos mil dieciocho, emitido en el toca penal N-8/2017, por los hechos que la ley señala como el delito de violación contenido en la fracción I del numeral 172, agravado por la fracción II del ordinal 175 todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de la víctima de iniciales ** por hechos ocurridos en el mes de agosto del año próximo pasado y el diecisiete de septiembre de dos mil diecisiete, en el interior del domicilio ubicado en la calle*** en esta ciudad. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.CUARTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de garantías no alegan alguna causa de improcedencia ni el suscrito juzgador advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Análisis del auto de vinculación a proceso. Los conceptos de violación son infundados, sin que se advierta queja deficiente que deba ser suplida en favor del accionante, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. El quejoso adujo que la autoridad responsable con el dictado del auto de vinculación a proceso que reclama vulneró en su perjuicio los derechos que se consagran en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello por las razones siguientes. El accionante del amparo indicó que la autoridad responsable equivocadamente otorgó valor indiciario a la declaración primigenia de la menor víctima y no a la realizada ante el juez de control ante quien se retractó de la acusación inicial; cuando, bajo su consideración, fue ante el juzgador que la menor se expresó sin presión de ningún tipo, a diferencia de la narración efectuada ante las autoridades en el periodo de investigación, etapa en la que aseguró la víctima sufrió presión, amenazas y por ello presentó alteración emocional al ser evaluada por las especialistas. El quejoso también señaló que tanto la víctima como la progenitora de ella fueron claras en declarar ante el juzgador de control que fue la autoridad investigadora quien junto con la madre de la menor arreglaron y acomodaron las fechas de los hechos denunciados para que concordaran. Insistió, que fue cuando la menor declaró ante el juez que se sintió libre y segura para hablar sin ningún tipo de presión, ni amenaza, además, contrario a lo que expresó el magistrado, estimó que el juzgador no sólo tomó en consideración la declaración de la víctima, sino también la de su madre, de las que destacó que ambas fueron contestes en declarar la forma en qué en la investigación arreglaron sus declaraciones. Asimismo, indicó que tanto la víctima como su madre se retractaron de los hechos materia de la acusación desde la etapa de investigación y no hasta la audiencia inicial. Así, el solicitante del amparo consideró que no es que el juez haya dejado de atender el resto de los antecedentes de prueba expuestos por el Ministerio Público, sino que, se percató de la indebida investigación efectuada, precisamente por ser contrarias a la declaración de la menor, así como a la omisión de la agente del Ministerio Público al formular imputación por todos los hechos que supuestamente narró la víctima, de tal forma que, bajo su perspectiva, el cambio de postura es razonable dado que fue presionada para declarar, además, de que indicó que nunca le dejaron ver qué fue lo que firmaba. El accionante por cuanto hace a su probable responsabilidad en el hecho que se le imputa adujo que existe insuficiencia de indicios para acreditarla. Finalmente, el promovente del amparo señaló que las resoluciones no deben inferirse con base en simples apreciaciones subjetivas, sino tienen que estar debidamente fundadas y motivadas, para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del imputado, es por lo que, estimó la resolución que combate no cumple a cabalidad con su legalidad y resulta inconstitucional. Como se adelantó, los motivos de inconformidad hechos valer por el quejoso resultan infundados, pues contrario a lo que afirma, el magistrado responsable al momento de dictar el auto de vinculación a proceso no vulneró sus derechos consagrados en la Constitución Federal ni en los Tratados Internacionales de los que el Estado es parte, tal como en esta determinación se evidenciará. La resolución de segunda instancia dictada el seis de abril de dos mil dieciocho, en el toca de apelación N 08/2018, del índice de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, en primer lugar, se analizará a la luz de lo dispuesto por los artículos 467, fracción VII, 475, 476, 477, 478 y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra disponen:467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control:VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; 475. Trámite del Tribunal de alzada Recibidos los registros correspondientes del recurso de apelación, el Tribunal de alzada se pronunciará de plano sobre la admisión del recurso. 476. Emplazamiento a las otras partes Si al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, alguno de los interesados manifiesta en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios, o bien cuando el Tribunal de alzada lo estime pertinente, decretará lugar y fecha para la celebración de la audiencia, la que deberá tener lugar dentro de los cinco y quince días después de que fenezca el término para la adhesión. El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios, la que deberá tener lugar dentro de los cinco días después de admitido el recurso. 477. Audiencia Una vez abierta la audiencia, se concederá la palabra a la parte recurrente para que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios manifestados por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de agravio. En la audiencia, el Tribunal de alzada podrá solicitar aclaraciones a las partes sobre las cuestiones planteadas en sus escritos. 478. Conclusión de la audiencia La sentencia que resuelva el recurso al que se refiere esta sección, podrá ser dictada de plano, en audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma. 479. Sentencia La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma. En caso de que la apelación verse sobre exclusiones probatorias, el Tribunal de alzada requerirá el auto de apertura al Juez de control, para que en su caso se incluya el medio o medios de prueba indebidamente excluidos, y hecho lo anterior lo remita al Tribunal de enjuiciamiento competente. De la lectura de los preceptos transcritos se advierte que, el trámite del recurso de apelación en materia penal estará sujeto a las siguientes pautas: 1. Una vez recibida la resolución apelada, el ad quem resolverá de plano sobre la admisión del recurso y citará a audiencia dentro de los cinco días siguientes, a fin de resolver la cuestión planteada. 2. En audiencia, se concederá la palabra a la parte recurrente para que exponga sus alegatos aclaratorios únicamente sobre los agravios manifestados. 4. El magistrado resolutor puede solicitar aclaraciones a las partes sobre las cuestiones planteadas en el recurso. 5. Concluido el debate se dictará la resolución de plano, en audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma. 6. La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma. Además, el estudio del auto de vinculación a proceso que se discute también debe efectuarse conforme al marco constitucional que se establece en artículo 19 de Constitucional, que en su parte conducente dispone: 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La lectura del fragmento antes transcrito pone de manifiesto que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la detención con un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa: 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. De este dispositivo se advierten como requisitos, los siguientes: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya tomado declaración preparatoria o se encuentre asentado el deseo del imputado de negarse a declarar; c) De los antecedentes de investigación se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y, finalmente d) Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente del delito. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.) que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, febrero de dos mil doce, visible en la página 1940, Materia Penal, con registro 160331, de rubro y texto:AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos.Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse derechos distintos a los consagrados en el magno 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, pues el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los principios de seguridad jurídica que consagra la Ley Suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un sólo cardinal, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada XIII.P.A.30 P, que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de dos mil uno, Materia Constitucional, que se consulta en la página 1228, con registro 162421, del tenor siguiente:AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso, y que ya se mencionaron con antelación, se establece lo siguiente: En la especie, la agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género interpuso recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso de diez de enero de dos mil dieciocho, dictado por el Juez de Control del distrito judicial Bravos, en la causa penal 3011/2017. Una vez que en segunda instancia se recibió el registro audiovisual, la transcripción de la audiencia de vinculación y el escrito de expresión de agravios de la parte recurrente, el medio de impugnación fue registrado y admitido el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho; en términos de lo previsto por los artículos 467, fracción VII, 475 y 476 de la ley adjetiva penal nacional, y se fijaron las diez horas del seis de abril de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia relativa. En la data de referencia, el magistrado individualizó a las partes involucradas, a saber, al agente del ministerio público, a la madre de la menor víctima, al abogado y asesor jurídico de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar para niñas, niños y adolescentes para el distrito judicial Bravos; así como, al defensor penal privado del imputado. El resolutor aclaró que, el tercero de los mencionados fue llamado para brindar asesoría jurídica a la pasivo del injusto por la incompatibilidad entre los intereses de la menor y su madre, dado que esta última presentó su inconformidad con el recurso de apelación y no se adhirió al mismo.Acto seguido, el ad quem declaró abierto el debate, especificó que la audiencia se celebraba a petición de las partes e hizo una breve exposición de la resolución recurrida, de los agravios, la contestación a los mismos y de la postura de la madre de la menor víctima, a fin de que las partes en su intervención se ciñeran a la materia del recurso.Enseguida, la autoridad responsable concedió el uso de la voz a las partes que asistieron a la diligencia; primeramente, al Ministerio Público quien ratificó los agravios presentados por esa representación y reiteró las peticiones del mismo; enseguida, dio la palabra al defensor quien se limitó a ratificar el escrito de agravios que presentó; después, escuchó al representante de la menor víctima, asesor que indicó debía velarse por el interés superior de la menor, de conformidad con lo establecido en los artículos 1º y 4º párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás Tratados Internacionales celebrados por el Estado e invocados por la representación social; finalmente, permitió hablar a la madre de la víctima, quien no tuvo nada que manifestar. El magistrado responsable cerró el debate y en ese momento, procedió al dictado de la resolución, para lo cual aclaró que la apelación al haberse interpuesto por el fiscal, generalmente se rige por el principio de estricto derecho, empero, el estudio del auto de vinculación combatido lo efectuaría de oficio, por estar involucrada una mujer menor de edad.Así, el ad quem atendió a las circunstancias que rodean a la víctima las que también especificó, en razón a lo establecido en el artículo 4º párrafo noveno de la Constitución Federal que sanciona el principio de interés superior de la niñez, también indicó que resolvería con perspectiva de género precisamente en la forma en que el a quo se ocupó de la valoración de los datos y medios de prueba, ello, para cumplir con lo establecido en el ordinal 1º de la Carta Magna que impone como obligación a toda autoridad el proteger y respetar los derechos humanos.El magistrado penal indicó que, de lo dicho por la víctima en etapa de investigación, se infieren cuatro eventos en los que le fue impuesta la cópula por parte del imputado, aunque la representación social sólo se ocupó de dos de ellos, esto es, únicamente formuló imputación por los hechos acaecidos en agosto de dos mil diecisiete y diecisiete de septiembre del mismo año, estimó que, en ambos sucesos aprovechándose de la relación de confianza el activo impuso copula por la vía vaginal a la pasivo de trece años, en el interior del domicilio que compartían sito, calle *** de esta ciudad. Por tanto, únicamente los hechos por los que se ejercitó acción penal serían materia de la apelación. Así, el resolutor de segunda instancia consideró fundados los agravios expresados por la representación social y desacertadas las razones que condujeron al juez de control a no tener por demostrado el hecho típico constitutivo del delito de violación, contenido en la fracción I del numeral 172, del Código Penal del Estado de Chihuahua, que lo comete quien realice cópula con persona menor de catorce años; agravado por la fracción II del cardinal 175 del mismo ordenamiento, quebrantando la fe que expresa o tácitamente nace de cualquier relación que inspire confianza y respeto; así como la probable intervención del imputado en el hecho atribuido, como autor material, conforme a la fracción I del artículo 21, de la legislación citada. Luego, el magistrado destacó que de las manifestaciones de la víctima se obtienen dos versiones opuestas. La primera versión implica la acusación y señalamiento directo contra el imputado, pues ante la agente del Ministerio Público, expresó la forma en que fue atacada sexualmente en las dos ocasiones por las que se ejercitó acción penal. Mientras, que en la segunda versión, la víctima se retractó del señalamiento que hizo contra su agresor, tanto ante la representante social, como ante el juez de control.El resolutor de segunda instancia del análisis de ambas versiones consideró que aquella en la que exime de responsabilidad al imputado carece de sustento y es contraria a otros antecedentes de investigación que fueron expuestos al natural por las partes.Al magistrado le pareció irrazonable el cambio de postura de la menor e inverosímil lo que expuso ante el juzgador de control, pues para justificar su retractación la víctima narró que había sostenido relaciones sexuales con Andrés Alanís, quien dijo que era su novio de la escuela, de quien no recordó su nombre completo, no sabía dónde vivía, ni el año que cursó en la escuela o si permanecía ahí (pese a que argumentó haber sostenido una relación sentimental con él de un año), además, omitió explicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las cópulas que dijo haber sostenido con el referido compañero. Así, la autoridad responsable estimó que es la versión inicial de la víctima la que merecía crédito, ya que la misma se ve robustecida con el análisis realizado por las expertas en medicina y psicología quienes precisaron que la afectada presentó datos de penetración vía vaginal y alteración emocional como consecuencia de la agresión sexual que padeció.En razón a ello, el resolutor de apelación indicó que el dicho de la víctima merecía especial atención debido al principio del interés superior del niño, pues, como se contiene en la norma internacional y constitucional, cuando los menores de edad son víctimas de un delito, el Juez está obligado a valorar la existencia de riesgos, la necesidad de intervención de especialistas y que se tomen medidas específicas de protección y sobre todo, ponderar como excepción, la figura del perdón o desistimiento de la víctima. El ad quem consideró incorrecta la determinación del juez en el sentido de otorgar valor al dicho de la víctima, rendido ante él, por el simple hecho de haber declarado en su presencia (principio de inmediación), pues consideró que no lo contrapuso con los otros datos de prueba que se le expusieron y únicamente se limitó a señalar la preponderancia probatoria del dicho en audiencia de la menor.En consideración del magistrado todos los datos y medios de prueba debían ser valorados en la audiencia de vinculación a proceso, de una forma libre y lógica, prevaleciendo los que generen eficacia crediticia conforme al numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y no sólo la declaración de la menor víctima relativa a su retractación. El ad quem aclaró que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sólo es necesario atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, con un estándar probatorio mínimo, esto es, con datos de prueba, pues esa fase inicial es desformalizada.Así, el magistrado consideró que la primera versión de la víctima se corroboró con el informe de agresión sexual que efectuó ** a la menor de iniciales **, en el que determinó que la paciente presentó himen tipo coroliforme, con desgarros antiguos completos, que llegan hasta la base de inserción, en radios de las cuatro y siete, según las manecillas del reloj, esto es, presentó signos de penetración vaginal antigua. Además, la autoridad responsable sumó el dictamen de la psicóloga ** quien estableció que la menor víctima le indicó que la madrugada del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete fue violada por su padrastro. Y, al practicarle una serie de estudios, concluyó que presentaba alteración emocional moderada al momento del examen, que cuenta con moderados índices de inquietud, que ocasionan problemas en su desempeño por el hecho de violación que refiere. También el resolutor de segundo grado tomó en consideración para corroborar el dicho de la pasivo, el examen de doce de diciembre de dos mil diecisiete, que practicó la psicóloga ** a la menor con permiso de su madre, en el que concluyó que la menor proviene de un hogar disfuncional, su padrastro ejerce violencia física y emocional contra su madre, también ejerció violencia sexual en su contra, la madre está inmersa en el ciclo de la violencia y la menor asume la responsabilidad de la estabilidad emocional de su progenitora, por lo que, presentó un nivel elevado de riesgo a sufrir revictimización y recomendó que se retirara inmediatamente al agresor de la víctima, se supervisara su entorno familiar y, en caso que constituyera un riesgo para su integridad, debían reubicarla. De igual forma, el ad quem valoró el dictamen de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, elaborado por la psicóloga **, quien al evaluar a la menor para verificar si estaba en posibilidad de retractarse de los hechos denunciados o había sido coaccionada; advirtió que la menor tiene parentesco por afinidad con su agresor, que en el estado emocional presentó baja de autopercepción, detectó la presencia de indicadores de significativa importancia para determinar que debido a que no fue atendida adecuadamente de la violencia sexual que resintió, existen elementos de distorsión, consistentes con disimulación, que no se encuentra superada la afectación y existe vínculo con la violencia sexual sufrida, que ello incide en su dificultad para tomar decisiones de manera asertiva, espontánea y libre de limitaciones en el aspecto psicosocial, emocional y en lo particular. La autoridad responsable estimó que los dictámenes de referencia al ser practicados por profesionistas en las materias de medicina y psicología, confirmaron el dicho de la afectada respecto a la actualización de las cópulas y reiteró que con tales datos se demuestra la primera versión relatada por la víctima. Así, pudo concluir que la menor víctima con su retractación intentaba asumir un rol de protección para con su madre, por encontrarse inmersa en un círculo de violencia; por lo que, estimó que su retractación fue con el fin de beneficiar al inculpado quien es el cónyuge de su progenitora. En efecto, el magistrado consideró que la versión inicial de la menor adquiría especial relevancia al ser ponderada en conjunto con las opiniones de las expertas en medicina y psicología, pues aun cuando la menor declaró ante el Juez de origen y advirtió que el hecho no ocurrió tal y como inicialmente señaló, su dicho, bajo su consideración, no podía ser valorado como prueba -tal como lo señaló el natural- y desechar los demás datos expuestos, pues afirmó que se llegaría al absurdo de desestimar información con mayor confiabilidad respecto al suceso en estudio. De manera que, estimó que en esa etapa desformalizada, cuando un medio es verosímil y está soportado con otros -de la misma naturaleza procesal- debía prevalecer sobre la retractación, tal como ocurre en el particular pues la deponente no justificó su cambio de postura. Sobre lo dicho por **, madre de la menor precisó que la deponente no presenció el hecho, empero, al considerarse válida la primera versión de la afectada también estimó así lo relatado por ella inicialmente, al relacionarse con las circunstancias de tiempo, modo y lugar del supuesto fáctico que expuso la menor, a saber, para el resolutor adquirió valor la declaración en la que indicó que su hija fue atacada sexualmente por su cónyuge y que ello la llevó a denunciar el hecho ante la Fiscalía. El resolutor de segunda instancia también estimó que se acreditaba la calidad específica de la víctima, ya que tanto ella, como su madre y las profesionistas que dictaminaron, coincidieron en indicar que tenía trece años en los meses de agosto y septiembre de dos mil diecisiete, cuando ocurrieron los hechos, es decir, la afectada era menor de catorce años tal como lo requiere la ley para la configuración del ilícito que se atribuye. El magistrado tuvo por demostrada la agravante contenida en la fracción II del ordinal 175 del Código Penal del Estado de Chihuahua, en razón del quebranto a la fe expresa que existe entre la víctima y el imputado, ya que éste sostuvo una relación de once años con la ascendiente de la menor, periodo en el cual vivieron en el mismo domicilio, lo que generó un trato de padre e hija, incluso la afectada lo nombró como su padrastro, como se obtiene de los medios vertidos en audiencia. Luego, la autoridad responsable se ocupó del escrito de contestación de agravios que presentó el imputado, al respecto, indicó que el ejercicio valorativo del a quo no cumplió con los parámetros procesales, dado que no se ajustó a las reglas de la lógica y omitió efectuar la suplencia de la queja deficiente a favor de la menor conforme al interés superior de la niñez, consagrado en el párrafo noveno del artículo 4° de la Constitución General de la República. Y, por cuanto hace al escrito de la ascendiente de la víctima, el resolutor estableció que existía un evidente conflicto de interés entre ella y la víctima, y los derechos y principios sujetos de protección de esta última, dado que, la madre no se adhirió al recurso de apelación interpuesto por la representación social, sino que se inconformó con él mismo, de tal forma que, consideró necesario como encargado de la procuración y administración de justicia, velar y hacer cumplir el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena todos y cada uno de los derechos de la menor. Enseguida, en relación con la probable responsabilidad del imputado aquí quejoso en la comisión del injusto en comento lo tuvo por acreditado con los medios de investigación expuestos, de los que destacó el dicho de la víctima quien señaló a su padrastro como autor de las cópulas que le fueron impuestas; además, sumó lo expuesto por la ascendiente de la afectada, así como las opiniones de la doctora **, y las psicólogas **, ** y **. Con tales datos de prueba el magistrado concluyó que el actuar del imputado fue doloso, en términos de la fracción I del artículo 18 del Código Penal del Estado de Chihuahua, pues tuvo conocimiento de su antijurídico proceder, capacidad para comprender el carácter ilícito de su actuar y le era racionalmente exigible un proceder diverso; y estimó que actuó como autor material conforme a la fracción I del numeral 21 del mismo ordenamiento, por haber ejecutado el hecho por sí mismo. En mérito de lo expuesto, el magistrado concluyó que de conformidad con los artículos 19 de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el material demostrativo era adecuado para establecer que ** es probable responsable de la comisión del delito de violación, que se prevé en el numeral 172, Fracción I, agravado por la fracción VII del cardinal 175 del Código Penal del Estado de Chihuahua, dado que en el mes de agosto de dos mil diecisiete y diecisiete de septiembre del mismo año, aprovechando la confianza por la relación con la pasivo, impuso cópula vía vaginal a la víctima de iniciales ** el interior del domicilio ubicado en calle **, en esta ciudad. En ese mismo orden, el resolutor de segunda instancia indicó que la madre de la víctima presentó un escrito de inconformidad contra la apelación de la representante social para proteger a su cónyuge, lo que, para él evidenció que la víctima quedó desprotegida ante el evidente conflicto de intereses entre la pretensión de madre por querer beneficiar a su cónyuge y los derechos de la afectada en el sentido de no ser revictimizada y obtener la reparación integral de daño. Por lo anterior, dio vista a la titular de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niños, Niñas y Adolescentes del distrito Bravos, para que asistiera como representante legal de ** así como a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, a fin de que le nombrara un asesor jurídico que represente el interés legal de la menor víctima; además, ordenó elaborar un dictamen de riesgo para efecto verificar el entorno en que se desenvuelve la víctima, con el fin de establecer las medidas de protección necesarias, conforme al artículo 106, tercer párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahora contra el auto de vinculación que se reclama el quejoso hizo valer distintos conceptos de violación, los cuales se proceden a analizar. El accionante del amparo, esencialmente, hizo valer como motivos de disenso que la autoridad responsable con el dictado del auto de vinculación a proceso en su contra violentó sus derechos, en la medida que es infundado e inmotivado. No asiste la razón al solicitante del amparo como enseguida quedará evidenciado. Del acto reclamado que se reseñó en párrafos precedentes este juzgador advierte que el magistrado señaló las razones por las cuales consideró que la conducta atribuida al imputado se subsume en el hecho típico constitutivo del delito de violación, contenido en el numeral 172, fracción I, agravado por la fracción II del cardinal 175 del Código Penal, cometidos en perjuicio de la víctima de iniciales **. Asimismo, estableció puntualmente cuáles son los hechos que se imputan y que éstos se consideran como delito de violación, con pena privativa de libertad, a saber, que en agosto del año dos mil diecisiete, el imputado, aquí quejoso, copuló vía vaginal a la menor de iniciales **, quien tenía menos de catorce años al momento de los hechos, aprovechándose de la relación de la confianza que existe entre ellos ya que el activo es la pareja sentimental de la madre de la menor, hechos ocurridos en el interior del domicilio ubicado en la calle ** de esta ciudad. Tal circunstancia, es en específico acorde con la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, agosto de dos mil diecisiete, Tomo I, Materia Penal, que se puede consultar en la página 360, con registro 2014800, de rubro y texto siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones comprobar por establecer y cuerpo del delito por hecho que la ley señala como delito, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado cuerpo del delito, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley.Además, la autoridad responsable estimó que en la comisión de los hechos se acreditó la agravante que se contiene en el artículo agravado por la fracción II del cardinal 175 del Código Penal del Estado de Chihuahua, relativa al quebranto de la fe que expresa o tácitamente nace de cualquier relación que inspire confianza y respeto, ello al considerar la relación que existía entre el imputado y la víctima, dado que el primero tiene una relación marital con la madre de la pasivo desde hace once años y habitaban la misma casa. Ello, es acorde, por la identidad en la idea que sustenta, con la jurisprudencia 13/2003, expuesta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de dos mil tres, Materia Penal, localizable en la página 9, con registro 184531, de rubro y texto siguiente: AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN ÉL DEBEN INCLUIRSE LAS MODALIDADES O CALIFICATIVAS DEL DELITO, SIN PERJUICIO DE QUE TAMBIÉN SE EXAMINEN EN LA SENTENCIA QUE AL EFECTO SE DICTE. El primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, establece que: Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. Ahora bien, del análisis de tal precepto constitucional se concluye que para que el inculpado tenga certeza jurídica del proceso que se le habrá de seguir, la autoridad judicial, al dictar un auto de formal prisión, no debe limitar su actividad al estudio de los aspectos relacionados con el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, sino que debe analizar las modalidades o circunstancias modificativas o calificativas, con independencia de que estas últimas deban ser objeto de prueba durante el proceso criminal correspondiente, en cuya sentencia se defina, en su caso, el grado de responsabilidad del procesado, en virtud de que es justamente en dicho proceso donde se brinda al inculpado el legítimo derecho de defensa, es decir, de ofrecer las pruebas y formular las manifestaciones que estime pertinentes. Lo anterior no es obstáculo para que el Juez de la causa, al dictar su sentencia, efectúe el análisis del grado o calificativas del delito e, incluso, por virtud de ello, la misma pueda diferir del que fue materia en el proceso, al encontrar material probatorio que lo lleve a esa conclusión. Aunado a lo anterior, en el auto de vinculación a proceso se precisó que la hipótesis de autoría que se actualizaba respecto del aquí quejoso es la prevista en el numeral 21 fracción I de la legislación sustantiva de la entidad; también se plasmaron los razonamientos que permiten determinar cuál fue la intervención concreta del accionante en la comisión de los hechos que le imputa el representante social (al protagonizar las cópulas vía vaginal con la víctima de iniciales **, quien tenía trece años, en el mes de agosto de dos mil diecisiete y diecisiete de septiembre de esa anualidad, hechos acaecidos en el interior del domicilio ubicado en calle ** en esta Ciudad). Ello, pues es la labor de los juzgadores determinar sobre la autoría o participación del infractor, con el objeto de que el imputado conozca a ciencia cierta cuál es la forma de ejecución de la conducta que se le atribuye. Por tanto, resulta evidente que la autoridad responsable sí se condujo con estricto apego al derecho de fundamentación y motivación tutelado por el artículo 16 de la Constitución Federal, que en su parte conducente establece lo siguiente: 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Este mandato constitucional debe entenderse en el sentido de que, en toda resolución, la autoridad judicial debe señalar de manera precisa el o los preceptos legales aplicables al caso concreto y expresar claramente las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en cuenta para emitir su determinación. A su vez, debe realizar una operación de subsunción que permita determinar que existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren las hipótesis normativas previstas en la ley. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 204, consultable en el apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 166, con registro 917738, que a la letra dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Por lo expuesto, es válido concluir que en la resolución que se combate sí se cumplió con la fundamentación y motivación aludida. Luego, en cuanto a la valoración de las pruebas efectuadas por el juzgador el quejoso argumenta que fue incorrecta la otorgada al valor de la víctima en su declaración primigenia. En efecto, el accionante del amparo indicó que la autoridad responsable equivocadamente otorgó valor indiciario a la declaración primigenia de la menor víctima y no a la realizada ante el juez de control ante quien se retractó de la acusación inicial; cuando, bajo su consideración, fue ante el juzgador que la menor se expresó sin presión de ningún tipo, a diferencia de la narración efectuada ante las autoridades en el periodo de investigación, etapa en la que aseguró la víctima sufrió presión, amenazas y por ello presentó alteración emocional al ser evaluada por las especialistas. El quejoso también señaló que tanto la víctima como la progenitora de ella fueron claras en declarar ante el juzgador de control que fue la autoridad investigadora quien junto con la madre de la menor arreglaron y acomodaron las fechas de los hechos denunciados para que concordaran. Insistió, que fue cuando la menor declaró ante el juez que se sintió libre y segura para hablar sin ningún tipo de presión, ni amenaza, además, contrario a lo que expresó el magistrado, estimó que el juzgador no sólo tomó en consideración la declaración de la víctima, sino también la de su madre, de las que destacó que ambas fueron contestes en declarar la forma en que en la investigación arreglaron sus declaraciones. Asimismo, indicó que tanto la víctima como su madre se retractaron de los hechos materia de la acusación desde la etapa de investigación y no hasta la audiencia inicial. Así, el solicitante del amparo consideró que no es que el juez haya dejado de atender el resto de los antecedentes de prueba expuestos por el Ministerio Público, sino que, se percató de la indebida investigación efectuada, precisamente por ser contrarias a la declaración de la menor, así como a la omisión de la agente del Ministerio Público al formular imputación por todos los hechos que supuestamente narró la víctima, de tal forma que, bajo su perspectiva, el cambio de postura es razonable dado que fue presionada para declarar, además, de que indicó que nunca le dejaron ver qué fue lo que firmaba. Por cuanto hace al reseñado motivo de disenso, debe recordarse que, como bien lo expuso el ad quem, dado que los actos criminosos como los que se analizan son de realización oculta es la víctima quien primordialmente puede narrar la forma en que acontecieron los hechos, pero, además, la veracidad de su dicho se ve corroborado con el dicho de la otra testigo (su madre) quien declaró situaciones periféricas del delito y con los análisis que especialistas le efectuaron, de los que se reveló el estado psíquico de la víctima por los hechos vividos y los síntomas físicos que revelaban que la menor había sido penetrada en la vagina. Además, en el sistema de justicia penal acusatorio que privilegia los juicios orales, la declaración de las personas, en su calidad de víctimas o testigos, es una de las pruebas de mayor relevancia con base en la cual las autoridades judiciales toman decisiones y dictan sentencia. Lo anterior resulta más relevante cuando son niños, niñas o adolescentes las personas que deben dar su testimonio, debido a que por ser víctimas de delitos penales la mayor parte de las veces aquéllos son los únicos testigos de los hechos y en muchos casos no suele existir evidencia física. Ello hace de su testimonio una prueba de enorme valor para evitar que los hechos se repitan. Adicionalmente, cuando se aborda la participación de un niño en un proceso judicial no puede pasarse por alto las diferencias que existe entre el niño y el adulto. En efecto, toda valoración de una declaración infantil deberá ser hecha tomando en cuenta sus derechos y considerar su grado de desarrollo, particularmente al momento de estudiar aparentes contradicciones en el mismo. La valoración del dicho de un niño, niña o adolescente deberá hacerse considerando los criterios de credibilidad establecidos. Dichos criterios deben orientar la valoración judicial, quien en el uso de su buen criterio deberá fundar y motivar su valoración en consideración de los mismos. Con base en lo dicho, podemos inferir que es infundado el concepto de violación hecho valer por la defensa del accionante. El magistrado responsable fue acertado al valorar el dicho de la menor víctima del delito y dar valor primigenio a la primera versión en la que realiza el señalamiento directo contra el imputado como la persona que la agredió sexualmente, en la medida que consideró su desarrollo cognitivo y emocional, atendió a la circunstancia de vulnerabilidad de la víctima, su condición de mujer y de menor de edad Además, conviene indicar que era un derecho de la menor ofendida participar en un proceso judicial, una obligación de cara a su derecho a ser oída, así como un medio para coadyuvar en la labor del impartidor judicial, al aportar mayores elementos para considerar en la toma de su decisión. El hecho de ser menor no impide la posibilidad de contar con su relato ni existe razón para restarle valor a su dicho. Lo anterior, es acorde con la jurisprudencia VI.2o. J/149, que emitió el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, octubre de mil novecientos noventa y ocho, Materia Penal, visible en la página 1082, con registro 195364, del tenor siguiente: TESTIGO MENOR DE EDAD. VALOR DE SU DECLARACIÓN. La minoría de edad del declarante no invalida por sí misma el valor probatorio que a su testimonio le corresponda según las circunstancias del caso, pues a lo que debe atenderse es si el menor de edad tiene capacidad para comprender los hechos sobre los cuales versa su declaración y si éstos fueron susceptibles de ser apreciados por sus sentidos, tomando en cuenta además que los mismos hayan sido narrados de una manera clara y precisa. También resulta aplicable al caso, por las razones que la sustentan la tesis aislada XXVII.1o.(VIII Región) 23 P (10a.), que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Materia Penal, que se consulta en la página 2584, con registro 2005699, que a la letra dispone lo siguiente: PRUEBA TESTIMONIAL DE UN MENOR DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PENAL. LA MINORÍA DE EDAD, POR SÍ MISMA, NO IMPIDE QUE EL JUEZ RECIBA SU DECLARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, EN ABROGACIÓN PAULATINA). Conforme a los artículos 407, 412 y 413 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, en abrogación paulatina, el juzgador no puede dejar de examinar durante la instrucción a los testigos presentes cuya declaración soliciten las partes; además, toda persona puede ser examinada como testigo cualquiera que sea su edad, pero los menores de dieciséis años no serán intimados, sino exhortados a declarar verazmente. Preceptos de los que se colige que la minoría de edad de un testigo, por sí misma, no impide que el Juez reciba su declaración dentro del procedimiento penal. Lo anterior, toda vez que el artículo 20, apartado B, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, sólo prohíbe los careos entre el acusado y la víctima u ofendido menor de edad en los delitos de violación o secuestro. No obstante, tal precepto establece que las demás declaraciones del menor (que no constituyan careos) se desahogarán en las condiciones que establezca la ley. Por su parte, tampoco en los tratados suscritos por el Estado Mexicano existe alguna disposición que prohíba recibir en un juicio penal el testimonio de una persona menor de edad. Ciertamente, el Estado debe velar por el interés superior de la niñez, de conformidad con el artículo 4o., párrafo octavo, de la Constitución Federal; sin embargo, está obligado a respetar el derecho a una debida defensa de toda persona acusada de la comisión de un delito, de acuerdo con la fracción IX, apartado A, del citado artículo 20 constitucional. Por tanto, en atención a los principios hermenéuticos de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, previstos en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Carta Magna, el Juez debe armonizar ambos derechos fundamentales, es decir, debe respetar el derecho del procesado de allegar al juicio las pruebas que estime pertinentes para su defensa y garantizar su desahogo, de manera que no afecte injustificada o excesivamente a los menores involucrados con el proceso; para ello, el juzgador debe adoptar las previsiones necesarias para garantizar que el desahogo del testimonio no sea una experiencia traumatizante para el niño, como las enunciadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. LXXIX/2013 (10a.), de rubro: DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO.En relación con el valor probatorio que refiere le concedió a las declaraciones de la víctima, atestes y periciales, debe decirse que el resolutor de apelación fue acertado en la ponderación que de tales datos hizo, pues estableció qué fue lo que obtuvo de las mismas, indicó las razones por las que debía y no conferírseles valor, también las relacionó con los elementos del delito que probaban y la manera en que se sumaban para acreditar el hecho delictivo. Con lo anterior, el magistrado estableció con claridad las razones por las cuales no le otorgaba validez a la retractación de la víctima por no estar corroborada con algún otro dato de prueba y ser inverosímil en la medida que para justificar las huellas de penetración que presentaba informó que copuló con **, su novio de la escuela, del cual no sabía su otro apellido, ni su domicilio, nunca supo que año cursó aquél, y desconocía si continuaba en la escuela, pues simplemente ya no lo había visto, en suma, indicó que carecía de sustento y es contraria a otros antecedentes de investigación que le fueron expuestos al Juez por las partes.Además, respecto de la apreciación de las pruebas por regla general queda al prudente arbitrio del juzgador, razón por la cual el resolutor de segunda instancia podía apreciarlas libremente mediante una deducción racional, siempre y cuando se motivara el valor otorgado, sin que ello implique violación a los derechos humanos, máxime cuando expresa las razones que le condujeron a tal conclusión, caso en el que esta autoridad federal no puede sustituirse en el criterio de la autoridad responsable, salvo, que en la valoración del testimonio de manera flagrante el juez se aparte de los criterios de valoración de la prueba. De ahí que se considere que, si el valor otorgado por el ad quem al material probatorio no es favorable a los intereses del quejoso, tal situación no vulnera derechos, siempre y cuando se hayan expresado las consideraciones jurídicas que tomó en cuenta para ello, lo que en la especie así ocurrió como ha quedado plasmado en párrafos precedentes. Sobre el particular, cabe invocar la jurisprudencia II.2o.P.A. J/3 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, octubre de mil novecientos noventa y seis, página 441, Novena Época, de rubro y texto siguientes: PRUEBAS, SU CORRECTA APRECIACION NO IMPLICA EL QUE SE LES OTORGUE LA EFICACIA PRETENDIDA POR LOS OFERENTES. Si la autoridad responsable no hizo alusión específica a alguna de las pruebas consideradas por la defensa como de descargo, pero que en realidad son irrelevantes por no desvirtuar a aquellas que sirvieron para la configuración del hecho típico y de la culpabilidad del agente, tal omisión no representa una violación de garantías, pues los medios de prueba aportados al proceso pueden ser analizados ya sea en forma individualizada o en su conjunto; razonando en cada caso los motivos que justifiquen el otorgamiento del valor convictivo que les corresponda, no obstante que ese estudio sólo incida sobre aquellas constancias esenciales o fundamentales en función de su irrefutabilidad, ya que si el juzgador no asigna a determinadas pruebas el valor demostrativo pretendido por su oferente, esto no significa que se dejaran de tomar en cuenta por parte de la autoridad al momento de emitir su juicio. También, el criterio expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia VIII.4o. J/1 del Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, mayo de dos mil tres, página 1181, Novena Época, con registro 184255, que a la letra dice: TRIBUNALES DE AMPARO. LÍMITES EN EL ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Cuando en el juicio de garantías no se advierte que la autoridad responsable en el ejercicio de sus atribuciones se haya apartado de la razón y la sana lógica, ni infringió la ley al interpretarla, valorar la prueba o apreciar los hechos, los tribunales federales no deben invadir el arbitrio que les corresponde, pues su tarea no es la de sustituirse en la esfera de competencia que a ellas atribuye la Carta Magna, sino precisamente vigilar que se ajusten a sus mandamientos, es decir, aunque en un momento dado no se coincida del todo con el criterio sostenido en el acto reclamado, si no existe desvío de poder, debe respetarse tal actuación. Aunado a lo anterior, debe recordarse que el magistrado en segunda instancia tiene la facultad de ponderar, a su arbitrio, el alcance de lo relatado por la víctima, testigos y especialistas, conforme al caso concreto, pues la calificación de lo dicho no es respecto a la persona que lo emite, sino en cuanto al relato de hechos que proporciona. Luego, en cuanto a lo alegado por el quejoso en el sentido que el magistrado omitió relacionar los antecedentes de prueba con cada uno de los elementos del cuerpo del delito que servían para verificar, ello resultaba innecesario, pues para el dictado de un auto de vinculación a proceso en el sistema penal acusatorio no se exige tal extremo, sino que basta, como lo estatuye el artículo 19 Constitucional que se exprese el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De tal suerte que, en la especie, no se puede exigir al juzgador de la causa que haga un estudio de los elementos del cuerpo del delito para la emisión del auto de vinculación, basta que cumpla con el mandato constitucional para su dictado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 35/2017 (10a.), que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Materia Penal, visible en la página 360, con registro 2014800, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones comprobar por establecer y cuerpo del delito por hecho que la ley señala como delito, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado cuerpo del delito, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Con base en lo antes expuesto, se obtiene que el auto de vinculación a proceso que se reclama, satisface las exigencias contempladas en los artículos 14, 16 y 19 constitucional, por lo que su dictado no resulta violatorio de derechos humanos. Máxime que para motivar un auto de vinculación, la ley no exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del reo, sino únicamente que los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión Sobre el particular, sirve de apoyo por identidad de razón, la jurisprudencia VI.1o. J/49, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 76, Tomo VII, mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 222763, que expresa: AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD. Al disponer el artículo 19 constitucional, que todo auto de formal prisión debe contener el delito que se imputa al acusado, los elementos que lo constituyen, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los datos arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer en esa etapa procesal, probable la responsabilidad del acusado. En ese orden de ideas, al resultar jurídicamente ineficaces los conceptos de violación estudiados y no advertirse queja deficiente que suplir, se impone negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ** respecto del auto de vinculación a proceso dictado en su contra el seis de abril de dos mil dieciocho, en el toca penal N-08/2018, que reclama del Magistrado de la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente al quejoso, a la parte tercera interesada y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **, hasta el día de hoy, treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA REAZALIDA POR LA ACTUARIA JUDICIAL, SE HACE EFCTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNION NO AMPARA NI PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA, POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS EN EL ULTIMO CONSIDERANDO DE LA PRESENTE RESOLUCION.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación secretarial de cuenta se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la audiencia constitucional. Sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, en virtud de que no se saldan los extremos del arábigo 117 de la citada legislación, conforme al cual, el informe justificado y las constancias en las que se apoye, deben ser rendidos por lo menos con ocho días de anticipación a la audiencia constitucional, con el objeto de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de preparar una adecuada defensa de sus intereses. Esto es así, puesto que, como se advierte de proveído de catorce de mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en el referido numeral, se ordenó dar vista a las partes con los discos versátiles digitales que remitió el Magistrado de la Primera Sala Penal Regional del distrito judicial Bravos, con relación al término concedido en el citado auto, hoy es el segundo día de los ocho concedidos para los efectos referidos en las líneas que anteceden. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.21/2008, sustentada por el Máximo Tribunal del País, visible en la página 151, tomo XXVII, marzo de dos mil ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro establece: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la celebración de la aludida audiencia, y se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del once de junio de dos mil dieciocho. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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