Diego Alejandro Berumen Morales
Expediente 586/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 586/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 22/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Diego Alejandro Berumen Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, en el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2°, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II, del numeral vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 586/2020-III, promovido por el apoderado legal de *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El uno de diciembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, residentes en esta ciudad, se recibió la demanda de amparo promovida por el apoderado legal de *******, la cual fue turnada a este juzgado ese mismo día. En ese aspecto, la parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto del Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, a quien reclamó lo siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO: Se reclama la resolución interlocutoria que resuelve un recurso de revocación interpuesto por mi representado de fecha cinco de noviembre del dos mil veinte, publicado en la lista de acuerdos del día seis de ese mismo mes y año con el número dos, en los autos del juicio ordinario mercantil expediente ******* del índice del juzgado Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Chihuahua. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de dos de diciembre de dos mil veinte, la demanda de amparo se registró bajo el consecutivo 586/2020-III y se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados, y; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diversos diferimientos, se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto cuya ejecución se efectuó en el lugar en el que este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que el quejoso reclamó al Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, la resolución dictada el cinco de noviembre de dos mil veinte, dentro del juicio ordinario mercantil *******, mediante la cual resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo de veintisiete de octubre de ese mismo año, emitido dentro del citado expediente, en el que se rechazó notificar al demandado *******, a través de su albacea provisional, licenciado *******. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, manifestó que era cierto el acto que se le reclamaba, en virtud de que, el cinco de noviembre de dos mil veinte, dentro del juicio ordinario mercantil *******, desechó el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso toda vez que el auto impugnado de veintisiete de octubre de dos mil veinte, fue emitido con apego a derecho, a través del cual se rechazó notificar al demandado *******, a través de su albacea provisional, licenciado *******, y para acreditar su dicho remitió diversas constancias que obran en el proceso penal en cita. Constancia que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fue certificada respecto de sus originales, por un funcionario dotado de fe pública, como lo es el Secretario adscrito a la Junta responsable. CUARTO. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, quien resuelve estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, con relación al diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que establecen: [.] 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.] Sobre el tema que se analiza el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial que más adelante se reproduce, sostuvo, entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer en la fracción V del artículo 107, que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con esa aclaración, el Alto Tribunal determinó que por actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que debían recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Acorde con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: » La primera, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. » La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Estas consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, del rubro: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En la especie, de las constancia de autos se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, la resolución dictada el cinco de noviembre de dos mil veinte, dentro del juicio ordinario mercantil *******, mediante la cual resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo de veintisiete de octubre de ese mismo año, emitido dentro del citado expediente, en el que se rechazó notificar al demandado *******, a través de su albacea provisional, licenciado *******. Atento a ello, se considera que dicho acto reclamado no produce violaciones irreparables a los derechos del quejoso. Se afirma lo anterior, pues el acto reclamado tiene efectos meramente procesales ya que es de naturaleza adjetiva, pues no constituye acto que vulnere derechos sustantivos del quejoso, es decir, no se trata de un acto que impida el ejercicio de algún derecho fundamental. Ello, considerando que la determinación del Juez responsable, relativa a la negativa de notificar al demandado *******, a través de su albacea provisional, licenciado *******, por considerar que este último no contaba con autorización para intentar las acciones que tenga por objeto recobrar bienes, hacer efectivos créditos o derechos pertenecientes a aquella, así como contestar demandas que contra la propia sucesión se entablen, de conformidad con lo estipulado en el artículo 448 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por regla general, constituyen actos de naturaleza intraprocesal que no son susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto. Su justificación se sustenta en el hecho de que con esa actuación normalmente no se violan derechos sustantivos contenidos en la Constitución General, sino sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, los cuales no generan la afectación extrema que obligue a efectuar un inmediato análisis de la constitucionalidad del acto procesal en cuestión; por tanto, no se ubican dentro de los actos de imposible reparación que como categoría excepcional del juicio de amparo prevén los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Esto es así, porque la violación procesal que aduce el directo agraviado, consistente en la resolución dictada el cinco de noviembre de dos mil veinte, dentro del juicio ordinario mercantil *******, mediante la cual resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo de veintisiete de octubre de ese mismo año, emitido dentro del citado expediente, en el que se rechazó notificar al demandado *******, a través de su albacea provisional, licenciado *******, no es un acto de imposible reparación, ya que el único efecto que produce es el de seguir con la secuela procesal, sin embargo, dicho acto, no afecta algún derecho de carácter sustantivo de la parte inconforme, pues simplemente se limita a declarar aspectos de carácter adjetivo o procesal, cuyos efectos netamente formales o intraprocesales trascienden y actualizan sus consecuencias, favorables o desfavorables, hasta que se dicte el fallo definitivo, en cuyo caso, la parte actora en el juicio de origen estaría en posibilidad de reclamarlo en el juicio de amparo directo. Entonces, no se actualizan los supuestos del artículo 107, fracción V, de la ley en comento, y el acto que se reclama no tiene el carácter de definitivo ni causa un perjuicio irreparable al demandante de amparo. En efecto, las violaciones cometidas en juicio, que no sean de imposible reparación, deben impugnarse en el momento de promover amparo directo en contra de la resolución definitiva con que culmine, ya sea por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; a menos, claro, que sean actos de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De esta manera, se itera, de manera excepcional procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el procedimiento seguido en forma de juicio que tengan una ejecución de imposible reparación. Aunado a lo anterior, debe recordarse que los actos intraprocesales a que se refiere el artículo 107, fracción V, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan los requisitos para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Apoya a la anterior determinación, la tesis 2a. L/2015 (10a.), publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 19, junio de dos mil quince, cuyo rubro y texto, son los siguientes: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales. En las relacionadas condiciones, el amparo promovido resulta improcedente acorde con lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; consecuentemente, con fundamento en el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, 63, fracción V, 73, primer párrafo, 74, 75, 107, fracción V, y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *******, por los motivos expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; haciéndolo vía interconexión al quejoso, y; vía correo electrónico al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos se advierte que el dieciocho de febrero del presente año, se emplazó a juicio al tercero interesado, *******. Ahora, de la certificación que antecede se desprende que para el día de hoy se encuentra señalada la audiencia constitucional; sin embargo, no es posible su celebración, en virtud de que, entre el emplazamiento efectuado al tercero, ******* y esta fecha, no se cumple la temporalidad a que alude el 117, segundo párrafo, de la ley de amparo; por tanto, se difiere la citada audiencia y se fijan las once horas con diez minutos del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, para su desahogo, con la finalidad de que el tercero interesado de referencia se imponga del contenido de los presentes autos y esté en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estime pertinentes. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; uno de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta, suscrito por el apoderado legal de la parte quejosa, licenciado *******; en atención a su solicitud, toda vez que aparece registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con el nombre de usuario *******, dada la solicitud expresa del apoderado legal de la parte quejosa y toda vez que cuenta con certificado digital de firma electrónica, bajo el usuario que indica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo, así como ordinales 55 a 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se provee: Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. Se faculta al apoderado legal para que las promociones que presenten en este asunto, pueda formularlas mediante el uso de tecnologías de información, a través de su firma electrónica. Como consecuencia de lo anterior, se ordena practicar las notificaciones en este asunto vía electrónica, incluso las de carácter personal. Notifíquese por lista electrónica ala parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Diana Patricia Calvo Hernández264/2017
- Diana Vanessa del Villar Botello873/2021
- Diego Acosta Rodríguez y Otros.837/2021
- Diego Acosta Rodríguez478/2022
- Diego Alán del Castillo Freyre869/2022
- Diego Alberto Muñoz Varela105/2015
- Diego Anchondo Lopez362/2015
- Diego Armando Velázquez Contreras791/2018
- Diego Armín Trejo Tejada58/2019
- Diego Cantú Peraldi944/2017
- Diego De la Cruz Martínez294/2018
- Diego De la Cruz Martínez269/2018