Diego De la Cruz Martínez

Expediente 294/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
294/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
19/09/2018

Partes del expediente

  • Diego De la Cruz Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez Chihuahua; diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación secretarial de cuenta se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la audiencia constitucional. Sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, en virtud de que no se saldan los extremos del arábigo 117 de la citada legislación, conforme al cual, el informe justificado y las constancias en las que se apoye, deben ser rendidos por lo menos con ocho días de anticipación a la audiencia constitucional, con el objeto de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de preparar una adecuada defensa de sus intereses. Esto es así, puesto que, como se advierte de proveído de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en el referido numeral, se ordenó dar vista a las partes con los discos versátiles digitales que remitió el Juez de Control del distrito judicial Bravos, con relación al término concedido en el citado auto, hoy es el cuarto día de los ocho concedidos para los efectos referidos en las líneas que anteceden. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.21/2008, sustentada por el Máximo Tribunal del País, visible en la página 151, tomo XXVII, marzo de dos mil ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro establece: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la celebración de la aludida audiencia, y se fijan las nueve horas con veinte minutos del cuatro de julio de dos mil dieciocho. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el informe justificado signado por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad; tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Asimismo, se ordena dar vista a las partes con el disco versátil digital remitido por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Por último, agréguense a los autos las notificaciones a los terceros interesados que en copia certificada remite el juez responsable, de conformidad con el artículo 27 fracción I inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda promovida por *******, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda bajo el consecutivo 294/2018-I-2. Sin que se ordene tramitar el incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa no lo solicitó. Con fundamento en el artículo 115 de la ley en cita, se señalan las nueve horas con veinte minutos del cinco de junio de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a las autoridades responsables sus informes con justificación el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio. Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir el oficio que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si dejan de rendirlo o bien lo hacen sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, se les sancionará con una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización antes citadas, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá como sanción una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización mencionadas en líneas precedentes, en términos del referido artículo 251 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. El quejoso señala como terceros interesados a ******* y a la titular de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de niños, niñas y adolescentes del distrito judicial Bravos. Al respecto, debe decirse que corresponde al juez constitucional determinar quién tiene o no ese carácter, así de la demanda se infiere que tal calidad recae en la menor de iniciales ******* por conducto de su madre *******, quien es la víctima u ofendida del delito de violación agravada que se le imputa al aquí quejoso, y al agente del Ministerio Público que haya intervenido en la causa penal de la que deriva este amparo, en términos del artículo 5 fracción III incisos c) y e);. por lo que, se faculta al Juez de control del distrito judicial Bravos, para que en términos de la Ley de Amparo los emplace a juicio, y levante constancia de ello a fin de que las remita a este Juzgado; por lo que hace al titular de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de niños, niñas y adolescentes del distrito judicial Bravos este órgano jurisdiccional considera que hasta este momento no le reviste ese carácter. Se requiere al juez responsable, para que en caso de que dentro de la causa penal ******* exista otro tercero interesado lo haga del conocimiento de este tribunal para estar en aptitud de emplazarlo a juicio. Además, tomando en consideración que este juicio de amparo se relaciona con actos que afectan a una menor, de conformidad con los artículos 1°, 4° párrafo décimo y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de este momento cuando sea necesario hacer referencia a su nombre únicamente se hará mención de las iniciales al tratarse de una persona menor de edad. Por otra parte, del escrito de cuenta, se advierte que el quejoso pide a este juzgador requerir del Juez de Control del distrito judicial Bravos la carpeta de investigación, administrativa y todos los registros de audio y video, no obstante, se resalta que el artículo 121, párrafo primero, de la Ley de Amparo dispone: 121. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquellos les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que se envíen directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días. De la interpretación natural de dicho precepto se colige que la parte interesada debe demostrar ante el juez de distrito en forma fehaciente, mediante la promoción respectiva que debió efectuar ante el funcionario o autoridad que correspondía, que le solicitó la copia o documento que ofreció como prueba en la instancia constitucional, a fin de que el juzgador federal acceda a requerir a la autoridad omisa esa copia o documento. En tal virtud, si en el presente caso el promovente fue omiso en acreditar haber solicitado las copias certificadas que refiere al juzgado de mérito; resulta indudable que este órgano jurisdiccional no está en condiciones de requerirlo como lo pide la quejosa; pues debió anexar a su escrito de demanda, copia sellada del ocurso relativo a dicha petición, y al no haberlo hecho no puede tenerse por admitida tal probanza, de conformidad con lo establecido por el artículo 121 de la Ley de Amparo. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con fundamento en los numerales 24 y 27, fracción I, de la ley de la materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y autorizando únicamente para tales efectos a ******* por no encontrarse inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa ante la secretaria que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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