Diego Xocol Ixmata
Expediente 1099/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1099/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 21/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Diego Xocol Ixmata
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la resolución de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo, así como el original del incidente de suspensión, como susceptibles de depuración dentro del plazo de tres años, según lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, respectivamente. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************-VII, promovido por ********************, a favor del directamente quejoso ********************, de nacionalidad Guatemalteca, contra actos del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y otras autoridades responsables. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinte de noviembre de dos mil veintidós, en la oficialía de partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, ********************, promovió demanda de amparo a favor del directamente quejoso ********************, de nacionalidad Guatemalteca, contra actos del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y otras autoridades responsables, de quienes reclamó el acto especificado en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con el acto reclamado se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 1, 11, 14, 16, 22 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El veinte de noviembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda con el consecutivo ********************-VII, se concedió la suspensión de plano a efecto de que no se llevara a cabo la deportación del quejoso a su país de origen, y para que se dejaran en inmediata libertad y cesaran la incomunicación; en el entendido, que por lo que hace a la libertad, debería de observar las medidas de seguridad decretadas por esta Juzgadora. Luego, el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, al haber ratificado el escrito de demanda el directamente quejoso ********************, de nacionalidad Guatemalteca, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud que la conducta se atribuye a autoridad residente en esta ciudad, lugar sobre el que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de un análisis integral de la demanda de amparo, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y pruebas que obran en el juicio de amparo, se precisa que el quejoso reclamó de las autoridades responsables: La privación de la libertad, a través de su alojamiento en las instalaciones de la Estancia provisional del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad. La negativa de visa humanitaria. La orden de deportación emitida en su contra. Incomunicación y hacinamiento. Acta de rechazo en su contra. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. Las responsables Encargado de la Estancia Provisional Juárez y Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de representación en Chihuahua, con sede en esta ciudad, al rendir el informe justificados fueron omisas en precisar si resulta cierto o no el acto reclamado, de modo que, deberían presumirse ciertos la totalidad de los actos que le fueron reclamados, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Sin embargo, del propio informe que las responsables remitieron, se colige que el único acto existente, es el relativo a la privación de la libertad del quejoso, a través de su alojamiento en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad; no así los restantes, pues no se desprende de autos constancia alguna que ponga de manifiesto su certeza, por lo que se tienen por inexistentes. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto de los actos reclamados a las autoridades apuntadas en las líneas previas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) CUARTO. Existencia del acto reclamado. Como se indicó en el considerando que antecede, el Encargado de la Estancia Provisional Juárez y Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de representación en Chihuahua, aunque rindieron el informe justificado, fueron omisos en precisar si resultaba cierto o no los actos reclamados, no obstante de la constancias que se adjuntaron se aprecia que el aquí quejoso sí se encontraba privado de su libertad mediante alojamiento en la Estación Migratoria en esta ciudad, al momento de la presentación de la demanda de amparo y externó que obtuvo su libertad el veintiuno de noviembre de dos mil veintidós; lo que acreditó con las constancias respectivas, debidamente certificadas. Es así, dicha autoridad, envió copia certificada, entre otras, del acuerdo de salida de estancia provisional de veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, en el que se otorgó la libertad al aquí quejoso, con motivo de la suspensión de plano concedida por este juzgado; donde se le sujetó a no abandonar la demarcación geográfica de esta ciudad y a comparecer todos los martes y jueves de cada semana a firmar el libro de extranjeros; asimismo, se dejó sin efecto el acuerdo de presentación de diecinueve de noviembre de dos mil veintidós donde se determinó su alojamiento temporal en la citada estación migratoria. Resolución anterior que fue notificada de manera personal al quejoso ******************** en fecha veintidós de noviembre de dos mil veintidós, según se desprende de la constancia de notificación que anexó la responsable. Por lo tanto, dicho acto se tiene como cierto, respecto a la responsable en comento. Las constancias referidas en las líneas anteriores cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a tales documentos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto al acto consistente en la privación de la libertad del quejoso, a través de su alojamiento en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Conforme a dicha norma, el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos del acto reclamado, se hayan destruido de manera tal, que las cosas regresaron al estado que guardaban antes de que la situación que vulneraba los derechos de la parte quejosa, se presentara. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, materia Común, Novena Época, con registro digital 196820, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, se emitió en favor del aquí quejoso, acuerdo de salida, dejándolo en libertad deambulatoria con motivo de la suspensión de plano concedida por este juzgado; donde se le sujetó a no abandonar la demarcación geográfica de esta ciudad y a comparecer todos los martes y jueves de cada semana; asimismo, se dejó sin efecto el acuerdo de presentación de diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, donde se determinó su alojamiento temporal en la citada estación migratoria. Constancias que fueron remitidas en oficio recibido en este Juzgado el dos de marzo de dos mil veintitrés, signadas por el Encargado de la Estancia Provisional Juárez y Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de representación en Chihuahua, las cuales fueron valoradas con antelación. Bajo ese contexto, ha sido eliminada permanentemente la afectación generada por el alojamiento decretado en su favor, en las instalaciones de la Estación Migratoria, en esta ciudad, a la esfera jurídica del quejoso. De ahí que las cosas han regresado al estado que guardaban antes de la violación reclamada, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional, pues se restituyó al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental que estimó violado, consiguiéndose así la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la vulneración nunca se hubiera realizado; trayendo consigo la actualización de la hipótesis de improcedencia ya aludida. Resulta aplicable la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del contenido siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesados los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfrutara del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De igual modo, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Con esto no hay duda que se destruyó el acto reclamado en forma total e incondicional, desde luego, junto con sus efectos, porque a final de cuentas la autoridad responsable ya cesó en su actuar al haberse liberado a la parte quejosa. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio constitucional respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en el alojamiento decretado el diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, acorde a lo prescrito en el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61, del ordenamiento legal en cita. Resta decir que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; lo primero porque aun de resultar fundadas, el sentido de esta determinación en nada variaría; y, lo segundo, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, página 414, que dice: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Así como la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido en favor de ********************, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica, a las autoridades responsables vía electrónica por medio del usuario proporcionado. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de marzo de dos mil veintitrés. Visto el correo electrónico que contiene el informe justificado de cuenta, previo a acordar lo conducente, se especifica que dichas constancias tienen valor probatorio pleno, a pesar de que se recibieron al correo electrónico oficial del juzgado, pues se certificó la hora y fecha de la recepción, así como la autoridad que lo remitió; lo anterior, por identidad de las razones que informa la tesis I.3o.P.41 P (10a.), publicada en el Seminario de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dieciséis, del rubro: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO." Establecido lo anterior, agréguense a los autos el correo de cuenta, y respecto a su contenido se provee lo conducente: Se tiene a la autoridad responsable, Encargado de la Estancia Provisional Juárez y Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, con sede en esta ciudad, rindiendo el informe justificado; por ende, como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la audiencia constitucional de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Asimismo, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegado a la persona que indica en su informe y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto señala. En el mismo orden, dada la solicitud de la autoridad responsable, en el sentido de que se le practiquen las notificaciones vía electrónica, lo que conlleva el acceso a su expediente, a través de la consulta del portal en línea del Poder Judicial de la Federación, quien cuenta con el nombre de usuario "**********". Por tanto, en atención a que el usuario de mérito aparece registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y a la solicitud expresa de dicha parte procesal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo se provee: 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. 2. Se faculta a la autoridad responsable para que las promociones que presente en este asunto, pueda formularlas mediante el uso de tecnologías de información, a través de su firma electrónica. 3. Como consecuencia de lo anterior, se ordena practicarle las notificaciones en este asunto vía electrónica, incluso las de carácter personal. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo y se advierta una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este Juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, en atención a lo solicitado por la referida parte procesal, se le hace del conocimiento que en términos de lo previsto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones I y II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le ordenen practicar en el presente asunto, se tendrán por realizadas una vez que haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico, por sí o por conducto de cualquiera de las personas que hubiere autorizado para consultar ese expediente, al visualizar el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. Notifíquese por lista electrónica y al usuario "**********" Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de los autos, se advierte que el día de hoy se encuentra programada la audiencia constitucional en este asunto; sin embargo, no se está en aptitud de llevarse a cabo, pues no obran los informes requeridos a la autoridad responsable, Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración y actual Encargado de la Estancia provisional Juárez, con sede en esta ciudad, a pesar de que remitieron diversas constancias del expediente administrativo instaurado contra el migrante, aquí quejoso, ********************. Lo anterior es así, debido a que en proveído de seis de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo a las autoridades dando parcial cumplimiento al requerimiento formulado el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, pues únicamente remitió, por correo, digitalizaciones de algunas de las constancias relativas al expediente administrativo instaurado al aquí quejoso; constancias que únicamente tiene valor de copia simples, porque carecen de la firma electrónica (FIREL), al margen de que se omitió realizar la manifestación bajo protesta de decir verdad "que los documentos electrónicos relativos son copia íntegra e inalterada de los impresos", ya que de lo contrario, se reitera, solo tendrían valor indiciario de copia simple, tal como se dispone en el artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual es del tenor siguiente "Artículo 3. La integración y consulta de los expedientes electrónicos regulados en el presente Acuerdo General se regirán por las siguientes bases: (.) VI. Los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de Firma Electrónica conservarán el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, siempre y cuando al presentarse por vía electrónica se manifieste bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Al respecto, la juzgadora o juzgador que conozca del asunto podrá solicitar, de manera oficiosa o a petición de algunas de las partes legitimadas para tal efecto, el cotejo con el documento original, o su incorporación al expediente hasta el momento procesal oportuno. (Lo resaltado es de este juzgado federal) En las relatadas circunstancias, con apoyo en el artículo 75 de la ley en aplicación, requiérase a la autoridad de mérito, para que, dentro del plazo de tres días, computado legalmente, remita la totalidad de las constancias relativas al expediente administrativo instaurado contra el migrante, aquí quejoso, ********************, y manifieste lo siguiente: - De realizar el desahogo vía electrónica, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad "que el documento electrónico relativo es copia íntegra e inalterada del impreso"; o bien, - De realizarlo vía tradicional, es decir, de presentar físicamente los documentos mencionados deberán contar con su certificación correspondiente. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, o bien, de no manifestar el impedimento legal que tenga, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 260, fracciones II y IV, del referido cuerpo de leyes. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia 363, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos nueve, del Tomo VI Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos diecisiete a dos mil, que al rubro dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." Consecuentemente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para celebrarse el día de hoy y al efecto se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables (con excepción de la requerida), de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a la responsable requerida. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
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