Denisse Guadalupe García Chávez
Expediente 372/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 39 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 372/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 23/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Denisse Guadalupe García Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes a quienes les pudiera causar perjuicio la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de quince de noviembre del año en curso, en la que por una parte se decretó el sobreseimiento del presente juicio, y por la otra se concedió el amparo solicitado por la *************, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por lo anterior, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por otra parte, de autos se advierte que en la ejecutoria de referencia, se otorgó la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la responsable Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: Deje sin efectos todo lo actuado en el juicio especial hipotecario ****/2011, de su índice, a partir de la orden de correr traslado a la demandada con el escrito de demanda y el emplazamiento, esto es, los actos procesales realizados durante el proceso, incluyendo los efectuados en la etapa de ejecución. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez responsable para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, cumpla con la sentencia de amparo y lo informe a este juzgador, lo que deberá acreditar con las constancias respectivas. En acatamiento a lo anterior, deberá informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento dado a dicha ejecutoria de amparo, o bien, sobre los actos que haya realizado para ese efecto. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá como sanción el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Apoya lo anterior, la tesis I.13o.T.3 K (10a.), aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, de Octubre de 2013, Tomo 3, materia común, página 1767, del siguiente tenor: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. AL MOMENTO DE REQUERIR SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE INDIVIDUALIZAR EL MONTO DE LA MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 192, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN UN ACUERDO POSTERIOR (INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO "DESDE LUEGO"). La base toral de las facultades que la ley otorga a las autoridades para actuar con el propósito de lograr la finalidad que la misma les señala, implica la posibilidad de optar entre dos o más decisiones, y se encuentra subordinado a que se respeten los presupuestos procesales para hacer cumplir sus determinaciones. En este sentido, el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la notificación que se haga a la responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego. Ahora bien, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, define el vocablo "luego" como el adverbio de tiempo que tiene por significado "prontamente, sin dilación"; a partir de lo anterior, el propio instrumento en consulta define la locución adverbial "desde luego" como aquello que debe ocurrir "inmediatamente, sin tardanza". De esta manera, el presupuesto procesal que estableció el legislador para la imposición de esa multa, consiste en que ésta se determine "desde luego", esto es, inmediatamente, sin tardanza; por tanto, al requerir el cumplimiento de la sentencia en que se concedió el amparo, el juzgador debe individualizar su monto y no en un acuerdo posterior. No es inadvertido para el que suscribe, que del contenido del artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que al requerir el cumplimiento de la sentencia, se debe girar oficio y requerir al superior jerárquico de las autoridades responsables, a fin de que obliguen a éstas a cumplir el fallo protector, aplicándole los mismos apercibimientos que al inferior; sin embargo, en la especie, el cumplimiento está encomendado a un Juez, el cual para efectos del juicio de amparo no tiene superior, pues en términos de lo dispuesto por los artículos 17, párrafo sexto y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, gozan de independencia, por lo que no se encuentran sometidos o subordinados a la potestad de autoridad alguna, esto es, que en el ejercicio de sus funciones conservan integras las facultades propias de interpretación y decisión al emitir sus fallos. Apoya a la anterior consideración, por identidad de razón, la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1378, del Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2007295, de rubro y texto siguiente: JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma el licenciado *************, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada ************, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEIDO DE FECHA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el cuadernillo de antecedentes en el cual obra agregado el escrito signado por el tercero interesado *******, mediante el cual se apersona al presente juicio de amparo. Téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *******, de esta ciudad. Asimismo, téngasele autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones al licenciado *******, toda vez que no se encuentra registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a proveer sobre los alegatos que formula, toda vez que los mismos fueron recibidos con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, dado que la parte tercero interesada señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *******, de esta ciudad y la notificación de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo fue realizada a dicho tercero interesado en diverso domicilio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2o de la citada ley, se regulariza el procedimiento en el presente juicio de amparo y se ordena al Actuario adscrito a este juzgado, que realice la notificación correspondiente en el domicilio señalado. Cúmplase. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe. ASI MISMO LA SENTENCIA DE FECHA QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por *******, respecto de los actos reclamados al NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ******* y del JEFE DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, ambos del Distrito Judicial Bravos, por lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ******* respecto a los actos reclamados al JUEZ TERCERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, por los motivos expuestos en el considerando último de esta determinación. Notifíquese personalmente a la quejosa, a la parte tercero interesada y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hoy quince de noviembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA DE QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: SENTENCIA VISTO para resolver el juicio de amparo 372/2019-III, promovido por *******, por propio derecho. RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el quince de mayo de dos mil diecinueve, turnado ese mismo día a este juzgado, *******, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del JUEZ TERCERO DE LO CIVIL DEL SISTEMA TRADICIONAL; NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TREINTA Y ENCARGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, TODOS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en (fojas 3 a 6): IV. ACTO RECLAMADO. [.] SEGUNDO. DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMARON VIOLADOS. La parte quejosa señaló como derechos humanos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, se registró la demanda bajo el consecutivo 372/2019-III y se requirió a la quejosa a fin de que manifestara bajo protesta de decir verdad la ubicación del bien inmueble materia de este juicio de amparo. CUARTO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. El diecisiete de mayo pasado se recibió el escrito de la quejosa, en el que cumplió la prevención referida en el resultando que antecede, y el veinte de mayo siguiente se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitaron los informes justificados, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; se reservó el llamamiento a juicio de los terceros interesados y una vez que se recibió el informe justificado se reconoció el carácter de tercero interesado a ******* y se emplazó legalmente a juicio, por último, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se verificó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA LEGAL. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos ejecutados por autoridades, que realizan sus funciones dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgador. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA LITIS. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, del escrito de aclaración de demanda, así como de las constancias que integran el presente juicio, se deduce que la parte quejosa reclama: 1. Del JUEZ TERCERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, residente en esta ciudad, lo siguiente: Todas y cada una de las actuaciones practicadas en el juicio especial hipotecario *******, de su índice, en especial la falta de emplazamiento; De forma destacada, los proveídos de diecinueve de abril de dos mil once, en el que se admitió el juicio especial hipotecario, de tres de mayo del mismo año en el que se aprobó y elevó a cosa juzgada el convenio presentado por la moral actora, de diecisiete de agosto de dos mil once, en el que se ordenó requerir personalmente a la aquí quejosa que acredite el cumplimiento del citado convenio, de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, en el que se ordenan las notificaciones por estrados a la aquí quejosa y, finalmente, el de tres de mayo del año en curso, en el que se ordenó remitir los autos a la Notaría Pública número Treinta a fin de protocolizar y escriturar la propiedad a nombre de *******. 2. Del NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TREINTA, DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, residente en esta ciudad: El cumplimiento a la orden de otorgar la escritura a favor de *******. 3. Del JEFE DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: La realización de los movimientos marginales correspondientes. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El JEFE DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, del Distrito Judicial Bravos, negó el acto que se le reclamó, consistente en la anotación marginal correspondiente a la escritura otorgada en favor de la moral actora en el juicio de origen. Por su parte, el NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TREINTA, del Distrito Judicial Bravos al rendir su informe justificado manifestó que era cierto el acto reclamado, relativo a la escrituración ordenada en el juicio especial hipotecario ******* del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos; sin embargo, también precisó que no se realizó la protocolización de la escritura, en virtud de la falta de documentos para llevarla a cabo, razón por la cual es inexistente el acto que se le atribuye. En tales condiciones, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo respecto los actos consistentes en la ejecución de la orden de otorgar escritura a favor de la moral adjudicataria y las anotaciones marginales que en consecuencia se realizaran, de conformidad con lo que se dispone en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando. [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número VI. 2o. J/20, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, Materia Común, página 627, con número de registro 227634, que dice: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El JUEZ TERCERO DE LO CIVIL, del Distrito Judicial Bravos, al rendir el informe justificado que se le solicitó con motivo del escrito de demanda, aceptó su existencia y a fin de apoyarlo remitió copia certificada de todo lo actuado en el juicio especial hipotecario ******* de su índice, cuyo original posteriormente le fue requerido de oficio por este juzgado. Tales constancias, poseen valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues constituyen actuaciones judiciales realizadas por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es el JUEZ TERCERO DE LO CIVIL, del Distrito Judicial Bravos. En apoyo a lo que antecede, se cita la Jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. QUINTO. ANÁLISIS DE LA PRUEBA PERICIAL EN GRAFOSCOPÍA OFRECIDA POR LA PARTE QUEJOSA. En primer término por razón de método jurídico, se analizará la prueba pericial en grafoscopía ofrecida por la quejosa *******, para determinar si es o no su firma la plasmada en el convenio judicial presentado el veintinueve de abril de dos mil once, ante la autoridad responsable JUEZ TERCERO DE LO CIVIL, del Distrito Judicial Bravos en el expediente ******* de su índice, a fin de evidenciar si en el presente asunto se actualiza o no alguna causal de improcedencia. Ahora, con la finalidad de lograr una mejor comprensión de lo que en la especie aconteció en el juicio de origen, en relación con la materia de la prueba pericial en grafoscopía, se procede a sintetizar algunos antecedentes relevantes que servirán de base para el presente estudio, los cuales se advierten directamente del expediente ******* del índice del Juez responsable, que este juzgado recabó de oficio, relativo al juicio hipotecario promovido por ******* en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de *******, previamente valorado: 1. Mediante escrito presentado el quince de abril de dos mil once, en la Oficialía de Turnos del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en esta localidad, *******, por conducto de su apoderado, licenciado *******, demandó en la vía especial hipotecaria, a la aquí quejosa, el pago de diversas prestaciones (fojas 1 a 87 de aquí en adelante del tomo II de pruebas relativo al expediente *******). 2. En proveído de diecinueve de abril de dos mil once, fue admitida dicha demanda, en la vía propuesta (foja 88). 3. El veintinueve de abril siguiente, se recibió en el Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos un convenio presuntamente firmado por ******* como apoderado general de la moral actora y ******* (fojas 90 a 97). 4. El tres de mayo del mismo año, dicho convenio, se aprobó en todas sus partes y se elevó a cosa juzgada, acuerdo que se notificó a las partes por medio de la lista de cuatro del mismo mes y año (foja 98). 5. El quince de agosto de dos mil once, se recibió en el citado órgano jurisdiccional un escrito de ******* en el que solicitó que se previniera a la demandada a fin de que justificara el cumplimiento dado al aludido convenio (foja 99). 6. El diecisiete de agosto de dos mil once, se ordenó notificar personalmente a la demandada en su domicilio procesal a efecto de requerirle que acreditara el cumplimiento a las obligaciones derivadas del convenio judicial, apercibida que de no hacerlo, se procedería a la ejecución forzosa del citado convenio (foja 100). 7. A foja 107 obra la constancia del actuario judicial de tres de noviembre de dos mil once, en la que asentó que no encontró a persona alguna en el domicilio de la demandada manifestado por la moral actora, por lo que se retiró. 8. Luego, a foja 108 obra la constancia de ocho de noviembre de dos mil doce, del Oficial Notificador y Ministro Ejecutor, adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos en la que hizo constar que no pudo llevar a cabo la diligencia programada para ese día y hora, en virtud de que la parte interesada no acudió a dar cumplimento, sin establecer a qué diligencia o parte se refiere. 9. Seguido que fue el trámite, mediante proveído de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, se ordenó que las notificaciones que debieron hacerse de manera personal a la aquí quejosa, se practicarían también por medio de cédula que se publique en los estrados del juzgado responsable, en virtud de lo estipulado en la cláusula decimosegunda del convenio aprobado en dicho contradictorio (foja 400). 10. El catorce de noviembre de dos mil diecisiete, a petición de ******* se ordena substanciar el incidente de liquidación y se ordena correr traslado a la parte contraria para que dentro de tres días manifestara lo que a sus intereses conviniera (foja 427). 11. Seguido el juicio, el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, se ordena a la parte demandada a fin de que dentro del término de tres días otorgue la escritura correspondiente al bien inmueble dado en pago en la cláusula octava del convenio aprobado en el juicio especial hipotecario ******* del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, apercibida que de no hacerlo así, el juzgado lo haría en su rebeldía (foja 522). 12. Finalmente, el tres de mayo del año en curso, se ordena otorgar la escritura en rebeldía de la parte demandada y se ordena remitir los autos a la Notaría Pública Número Tres, para tales efectos (foja 524). Una vez sentado lo anterior, es necesario establecer que la quejosa en su escrito inicial de demanda manifestó que la firma que aparece en el convenio aprobado y elevado a categoría de sentencia por el juez responsable, en proveído de tres de mayo de dos mil once (folio 98), no fue plasmada por ella, por lo que ofreció la pericial en grafoscopía a fin de demostrar tal circunstancia, la que fue admitida de conformidad con lo establecido en el artículo 120 de la Ley de Amparo. El catorce de agosto de este año, comparecieron a este juzgado la quejosa y su autorizado, la licenciada *******, perito ofrecida por la quejosa y el licenciado *******, perito oficial designado por el órgano jurisdiccional; se procedió a la toma de muestras caligráficas por parte de la quejosa y se ordenó a los peritos que acudieran a imponerse del expediente ******* del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos y cotejaran las muestras con la objetada de falsa (foja 195 del cuaderno de amparo). Cabe señalar que la prueba pericial es un medio de convicción con que cuentan los juzgadores para orientar su criterio, de donde se sigue que de modo alguno puede sostenerse que dichos funcionarios se vean necesariamente obligados a resolver determinado asunto sometido a su consideración, conforme a la conclusión vertida en el dictamen que emita alguno de los especialistas que periten en el mismo, pues tales opiniones deberá valorarlas y en uso de su arbitrio determinar si les concede o niega eficacia convictiva. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia emitida por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 904235, visible a foja 187, tomo II del Apéndice dos mil del Semanario Judicial de la Federación, en que se lee: PERITOS, NATURALEZA DE LOS DICTÁMENES DE. Los dictámenes periciales son meras opiniones de técnicos en alguna especialidad, orientadores del arbitrio judicial, que de ninguna manera constituyen imperativos para el órgano jurisdiccional. En términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente según lo estipulado por el párrafo segundo del numeral 2, de la Ley de Amparo, este juzgador goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas y para determinar su valor. Dicho lo anterior, se procede a analizar los dictámenes en materia de grafoscopía para concederles o negarles eficacia convictiva. La especialista *******, propuesta por la quejosa, al emitir su dictamen realizó el planteamiento de estudio. Seguido, hizo una relación de antecedentes históricos de la grafoscopía, manifestó los principios y fundamentos de la grafoscopía, reseñó la metodología aplicada. Enseguida, plasmó las firmas objetadas localizadas en el expediente ******* del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, así como las indubitables obtenidas en la diligencia de catorce de agosto pasado para describir los elementos constitutivos y estructurales, realizar un análisis morfológico e individualizador de las citadas firmas. Finalmente, concluyó que las firmas dubitadas de ******* no corresponden con las firmas indubitables asentadas por ella; que la plasmada supuestamente por la quejosa en el convenio de catorce de abril de dos mil once, es falsa, es decir, no existen similitudes, ni correspondencias de origen entre esas y las indubitables, por no haber sido plasmadas por la misma persona. Por su parte, el perito oficial en materia de grafoscopía al emitir su opinión primeramente expresó el planteamiento del problema, describió los documentos cuestionados, el documento base de cotejo y el método de estudio. Después, el especialista señaló en tablas las características de gestos gráficos tomada como base de cotejo, así como confronta de orden general y de gestos gráficos de *******; para enseguida concluir que las firmas estampadas en el convenio del juicio de origen por ******* no fueron puestas de su puño y letra, ello pues señaló que no corresponde por su ejecución la firma que como de dicha persona aparece en el convenio judicial, y para sustentar su dicho anexó la muestra de escrituras y firmas que utilizó y los documentos base de cotejo. Se reitera, para lograr el fin de orientar el criterio judicial se requiere la opinión experta sobre la autenticidad de firmas, al existir jurisprudencia firme en el sentido de que la sola apreciación del juzgador es insuficiente para ello, por lo que, desde luego, no basta un fugaz examen. En relación con lo expuesto, se invoca la Jurisprudencia III.2o.C. J/17, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la foja 1269, tomo XVI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su edición de septiembre de dos mil dos, con registro 186011, que a letra dice: FIRMA, PARA DETERMINAR SU AUTENTICIDAD SE REQUIERE PRUEBA PERICIAL GRAFOSCÓPICA. Para determinar en un procedimiento judicial si la firma impugnada de falsa es o no original de una persona (autógrafa), no basta la simple comparación con otra atribuida a la misma mano que realice el juzgador, sino que es necesario llevar a cabo la verificación de su falsedad o autenticidad mediante prueba pericial grafoscópica que se aporte al sumario, ya que aunque la diferencia en la forma pudiera resaltarse con una mera observación superficial, mediante la prueba señalada se puede determinar si fue estampada por la persona a quien se considera autora, o bien, por otra distinta. También al respecto sirve de apoyo el criterio expresado por la entonces Tercera Sala de Nuestro Máximo Tribunal, visible en la página 2192, tomo XLVI, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 359251, que reza: PERITOS, VALOR PROBATORIO DE LOS DICTÁMENES DE LOS. Los peritos son personas llamadas a exponer a los Jueces sus observaciones materiales y las inducciones objetivas que derivan de los hechos comprobados o que deben tenerse como existentes; la pericia comprende particularmente el juicio técnico del perito, pero en ocasiones se concreta a la exposición que hace el mismo, sobre la manera de observar los hechos, y jamás se sustituye el juicio pericial al del juzgador, quien puede estudiar el dictamen, y en caso de que no forma una convicción, no está obligado a aceptarlo. Dado, que las opiniones de los expertos antes relatadas pueden ser valoradas por el que suscribe según la prudente apreciación. Los dictámenes allegados por el perito oficial y la perito designada por la parte quejosa, merecen valor probatorio pleno en términos del numeral 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, pues, expusieron la metodología empleada como lo es la apreciación comparativa de los trazos, el estudio de sus características particulares y morfológicas, de los elementos técnicos de apoyo empleados para la emisión de su opinión, como lupas de aumento, lentillas graduadas, equipo profesional de cómputo; la atención del método científico para la comprobación de las hipótesis, del de comparación formal a través del careo directo entre las firmas dubitadas e indubitadas para apreciar sus afinidades o discrepancias; la exposición detallada del análisis de las características de orden general de las signaturas así como de sus detalles de estructuración morfológicas. Todo lo cual implica el cuidadoso análisis y estudio realizado por los expertos para concluir en la forma que lo hicieron; luego, las probanzas indicadas ilustran y orientan a este resolutor para concluir que ciertamente el convenio de catorce de abril de dos mil once, no fue signado por la quejosa *******. En esa tesitura, como la firma que aparece en el convenio presentado el veintinueve de abril de dos mil once, en el juzgado de origen como de la quejosa, no fue plasmada por la quejosa, luego, no puede tomarse en cuenta para establecer que *******, tuvo conocimiento del juicio especial hipotecario ******* y, por ende, le asiste el carácter de tercera extraña a juicio por equiparación. SEXTO. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, dado que el que suscribe no encuentra actualizada la existencia de alguna causa de improcedencia, ni diversa que las partes hubieran alegado, es procedente el análisis del fondo del asunto. SÉPTIMO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se contienen en la demanda de amparo, los cuales se dan por reproducidos en este apartado, en obvio de repeticiones, pues en la Ley de Amparo no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, se estudian y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis, lo cual no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente contenido: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. OCTAVO. EXAMEN CONSTITUCIONAL DEL ACTO RECLAMADO. La quejosa asegura que se violan en su perjuicio los derechos establecidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 constitucionales, pues se le privó de la propiedad, sin haberse seguido procedimiento en el cual se cumplan las formalidades esenciales del mismo, al no habérsele notificado el inicio del juicio especial hipotecario instaurado en su contra, ni el embargo, remate y adjudicación de su vivienda. La agraviada aduce que dado que no fue notificada personalmente no tuvo posibilidad de ser oída y vencida en el juicio con las formalidades del procedimiento. Argumenta que la falta de llamamiento al juicio la dejó en total estado de indefensión. El primer motivo de disenso es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal, debido a que el juez responsable violó el contenido del artículo 14 de la Carta Magna, ya que la quejosa no fue emplazada al juicio especial hipotecario de origen y, por ello, no fue respetado su derecho de audiencia. Entre los diversos derechos de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca, por su primordial importancia, el de audiencia previa. Tal mandamiento superior impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales necesarias para oír en defensa a los afectados. Dichas formalidades y su observancia, a la que se une la relativa al derecho de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del precepto 16 de la invocada Carta Magna, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicte de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Con arreglo en tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran el derecho formal de audiencia a favor de los gobernados, a saber: a) que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, lo que tiene como finalidad que conozca el gobernado la existencia del procedimiento mismo y dejarlo en aptitud de preparar su defensa; b) que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa la demuestre, y quien estime lo contrario cuente a su vez con el derecho de demostrar sus afirmaciones; c) que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes; y finalmente, d) que el procedimiento iniciado se concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Lo narrado, según la jurisprudencia número 218, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 260, del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación al dos mil, registro 200234, que dispone: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traduce en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Como se indicó en párrafos precedentes, el emplazamiento es una de las formalidades esenciales del procedimiento; de ahí que con el objeto de no vulnerar el derecho de audiencia se deben respetar las disposiciones legales que regulan dicho acto procesal. Ahora, conviene citar el contenido del artículo 446 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, vigente durante la emisión del acto reclamado, que dispone: 446. Presentado el escrito de demanda acompañado del título respectivo, el juez, si encuentra que se reúnen los requisitos fijados en el artículo 444, admitirá la demanda y dispondrá que ésta se inscriba, en lo conducente, en el Registro Público de la Propiedad, en los términos del artículo 2906 del Código Civil. Igualmente mandará correr traslado de la demanda al demandado para que la conteste y oponga excepciones si tuviere en el plazo de cinco días, aplicándose en lo conducente lo que este Código dispone respecto a la audiencia de conciliación y depuración del proceso. Tenemos pues, que por disposición del numeral transcrito, con la admisión de la demanda del juicio especial hipotecario se correrá traslado a la parte demandada para que la conteste y oponga excepciones en el plazo de cinco días. Sobre esas bases legales, se estima que en el juicio de origen se contravino el artículo 14 constitucional en perjuicio de la parte agraviada, en la medida en que, primeramente, no existe constancia de notificación a la demandada del proveído de diecinueve de abril de dos mil once en el que se admitió a trámite la demanda entablada por *******, ni de la constancia en la que se corrió traslado con la demanda a la quejosa. A fin de evidenciar lo anterior, es conveniente indicar los hechos que derivan del juicio de origen, que interesan en este considerando: Mediante escrito presentado el quince de abril de dos mil once, en la Oficialía de Turnos del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en esta localidad, *******, por conducto de su apoderado, licenciado *******, demandó en la vía especial hipotecaria, a la aquí quejosa, el pago de diversas prestaciones (fojas 1 a 87 de aquí en adelante del expediente *******, tomo II de pruebas). En proveído de diecinueve de abril de dos mil once, fue admitida dicha demanda, en la vía propuesta (foja 88). El veintinueve de abril siguiente, se recibió en el Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos un convenio presuntamente firmado por ******* como apoderado general de la moral actora y ******* (fojas 90 a 97). El tres de mayo del mismo año se recibió dicho convenio, se aprobó en todas sus partes y se elevó a cosa juzgada, acuerdo que se notificó a las partes por medio de la lista de cuatro de mismo mes y año (foja 98). De lo anterior, no se advierte que se haya realizado el llamamiento a la quejosa, ni se advierte la imposibilidad que se tuvo para notificarla, pues no existe dentro del juicio de origen alguna constancia de la que así se infiera. Efectivamente, de las constancias que se remitieron no se advierte notificación alguna respecto de la admisión de la demanda promovida por *******, por conducto de su apoderado, licenciado *******. Por el contrario, se desprende que inmediatamente después del proveído de diecinueve de abril de dos mil once, se recibió el convenio celebrado entre las partes, sin que tampoco se advierta la notificación personal ni la orden de ratificarlo. Incluso, en el considerando quinto de esta resolución, se evidenció que dicho convenio no fue signado por la demandada, pues la ejecución de la firma no corresponde a la de la ahora quejosa. Tenemos pues, que no obra en el procedimiento de origen constancia fehaciente con la cual se acredite que efectivamente se llevó a cabo el emplazamiento de la quejosa o que la quejosa compareció al juicio. Sobre esas bases legales, se estima que en el juicio de origen se contravino el artículo 14 constitucional en perjuicio de la parte accionante, en la medida en que no obra constancia de emplazamiento, ni la imposibilidad que se tuvo para llevarlo a cabo, ni constancia que acredite que se corrió traslado a la quejosa con la demanda, y quedó demostrada que la única actuación por la que supuestamente compareció la quejosa consta de una firma no plasmada por ella, por lo que, no es válido decir que la demandada conoció del juicio instaurado en su contra. Ante lo fundado del concepto de violación analizado, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, a *******, para que el JUEZ TERCERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, realice lo siguiente: Deje sin efectos todo lo actuado en el juicio especial hipotecario *******, de su índice, a partir de la orden de correr traslado a la demandada con el escrito de demanda y el emplazamiento, esto es, los actos procesales realizados durante el proceso, incluyendo los efectuados en la etapa de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VII.2o.C. J/21, visible en la página 1305, Tomo XXII, Julio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Novena Época, con registro 177771, que dice: TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de 'persona extraña' es opuesta a la de 'parte' procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación. Dado el sentido del presente fallo, resulta innecesario analizar los restantes motivos de inconformidad planteados, pues el efecto de la concesión del amparo trae como consecuencia que las responsables obren en el sentido de respetar el derecho de que se trata y a cumplir, por su parte, lo que la misma le exige. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 107 sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo VI, Materia Común, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación al dos mil, con registro 917641, de rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 79 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por *******, respecto de los actos reclamados al NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ******* y del JEFE DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, ambos del Distrito Judicial Bravos, por lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ******* respecto a los actos reclamados al JUEZ TERCERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, por los motivos expuestos en el considerando último de esta determinación. Notifíquese
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; once de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se desprende que el día de hoy se encuentra previsto para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, también de autos se advierte que mediante proveído de dos de octubre de este año, se dio vista a las partes por el término de tres días con el dictamen emitido por el perito oficial *******, experto en materia de grafoscopía designado por este juzgado, para que manifestaran lo que a su derecho convenga, el cual le fue notificado al tercero interesado *******, por lista el ocho de octubre de este año, por lo que hasta esta data solo han transcurrido dos días. Por lo tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; en consecuencia, se señalan las diez horas con cuarenta minutos del veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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