Delia Nohemí De la Rosa Rivera
Expediente 509/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 44 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 509/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 44
- Última actuación
- 27/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Delia Nohemí De la Rosa Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 44.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de tres de abril de dos mil dieciséis, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y sí obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, teniendo en cuenta que en el presente expediente existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa; con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del punto DÉCIMO PRIMERO del acuerdo General citado en supra líneas, notifíquese personalmente este proveído, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos dicha notificación, acuda la parte quejosa a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos originales exhibidos en el presente expediente, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, dará lugar a la destrucción del mismo, cuando se realice la del cuaderno en que se actúa Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio remitido vía correo electrónico por la autoridad responsable, Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los Agentes del Ministerio Público y Peritos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, mediante el cual remite copia de la resolución de catorce de marzo del año en curso, dictada en el expediente CSPCHJ/156/2015, instruida en contra de **, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: PRIMERO.- Es el caso que no se encontraron elementos suficientes para dictar sanción definitiva en contra de la ciudadana **, Agente del Ministerio Público; por las razones expuestas en el cuerpo de la presente resolución; es decir que esta Comisión se encuentra impedida para determinar la responsabilidad administrativa al quebranto al Procedimiento de Separación. SEGUNDO.- Gírense atento oficio al Fiscal Especializado en Atención a Mujeres y Víctimas del Delito por Razones de Genero, como superior jerárquico de la ciudadana ***, Agente del Ministerio Público, a fin de que en cumplimiento de la presente resolución la reanuden en el servicio, debiendo entregarle su identificación, documentación, armamento, municiones, equipo, valores, vehículos y demás bienes y recursos que se le hubieren ministrado o puestos bajo su resguardo para el cumplimiento de sus funciones. TERCERO.- Con fundamento en el artículo 218 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera para los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y sus Municipios, remítase copia certificada de la presente Resolución al Director de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado, a efecto de realice las gestiones tendientes a reincorporar en el servicio, cargo o comisión; en el entendido que la integrante se encuentra gozando del pago de su salario diario ordinario, así como para los efectos administrativos y legales a los que haya lugar, las anotaciones correspondientes en el expediente personal de la ciudadana **, Agente del Ministerio Público. CUARTO.- Con fundamento en el artículo 218 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera para los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y sus Municipios, remítase la presente Resolución al Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con el fin de que haga las anotaciones correspondientes en el Registro Nacional de Personal, así como al Registro Estatal de Personal y para los efectos legales a los que haya lugar. QUINTO.- Con fundamento en el artículo 218 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera para los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y sus Municipios, remítase en original la presente resolución al Director de Control Interno, de la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación, para su conocimiento. SEXTO.- La presente resolución es recurrible a través de los medios de impugnación establecidos en la Ley reguladora del presente procedimiento. Así lo acordaron y firman la Presidenta de acuerdo a la delegación de facultades conferidas por el Fiscal General del Estado, mediante acuerdo publicado en periódico oficial del Estado en fecha siete de octubre de dos mil quince, acompañada de los Vocales que integran la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los Agentes del Ministerio Público y Peritos, que se encuentran presentes en sesión extraordinaria, dando fe y legalidad de lo actuado, la Secretaria Técnica Provisional de dicha Comisión designada mediante acuerdo de fecha ocho de octubre del año dos mil quince. NOTIFÍQUESE. Con relación a la validez de la comunicación oficial recibida en el correo oficial armando.guadarrama.bautista@correo.cjf.gob.mx, cuyo envío fue cotejado debidamente con el personal remitente, licenciado **, al número telefónico 01 (614) 429 3300 extensión 10083, resulta aplicable al respecto por analogía, la tesis con registro 216635, de la Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, Abril de 1993, página 245, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que dice: DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX, VALOR PROBATORIO DE LOS. Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si éstos son certificados por el funcionario competente. La resolución remitida por la autoridad responsable actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, relativa al cambio de situación jurídica que opera en el presente juicio. Dicho precepto estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. El precepto transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, por haber operado un cambio de situación jurídica. Dicha porción normativa contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. La intelección del precepto normativo en estudio, permite determinar que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula, son los siguientes: a. Un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio;b. Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c. Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y, d. Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Mediante la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia aludida, de modo que, al actualizarse dichos principios, es inevitable que el juicio resulte improcedente. Robustece lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 51, en la página 39, tomo VI, común, sección precedentes relevantes S.C.J.N., del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso, el acto reclamado se hizo consistir, en lo esencial, en la orden de descuento del salario que percibía la quejosa como agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres y Víctimas del Delito por Razones de Género, que derivaron de la suspensión del empleo decretada con motivo del procedimiento de separación que se le instruía ante la Comisión oficiante. De las constancias remitidas por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los Agentes del Ministerio Público y Peritos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, relativas al procedimiento de remoción CSPCHJ/156/2015, instruida en contra de **, se advierte que el catorce de marzo del año en curso se dictó resolución definitiva, en la que se declaró que no existieron elementos suficientes para dictar sanción definitiva en contra de **, lo que motivó que esa Comisión se encontrara impedida para determinar la responsabilidad administrativa al quebranto al procedimiento de separación. Lo anterior conduce a estimar que las órdenes de descuento que fueron reclamadas en este asunto han quedado consumadas para los efectos del presente juicio de amparo, ya que no se puede decidir en el presente procedimiento de amparo sin afectar la nueva situación jurídica que se creó con motivo del dictado de la sentencia que remitió la Comisión responsable, pues es la que ahora rige la situación jurídica de la impetrante del amparo frente a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, como Agente del Ministerio Público. En ese tenor, el cambio de situación jurídica al que se hace referencia, constituye un motivo de improcedencia que conduce a sobreseer en el juicio, pues existe una imposibilidad jurídica para emprender el examen constitucional de las órdenes de descuento de los salarios y demás prestaciones que percibía la quejosa con motivo de su empleo, que la parte quejosa intentó defender en esta instancia constitucional, pues con el dictado de la sentencia definitiva que resuelve el procedimiento administrativo del que derivó la suspensión del pago de su salario, implica que en este juicio de amparo opere un cambio de situación jurídica, de modo que las violaciones que en todo caso hubieran sido cometidas, se consideran consumadas para los efectos del presente asunto, y precisamente por tal motivo, se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer fuera de audiencia constitucional en este asunto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la propia Ley. En apoyo a lo anterior, se cita en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de Marzo de 2003, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las diez horas con cuarenta minutos del seis de abril de dos mil diecisiete. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese como corresponda el oficio enviado por el Titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua; atento a su contenido, téngase dando cumplimiento al proveído de catorce de marzo de dos mil diecisiete, y remitiendo las constancias con las que acredita el cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada a la quejosa en el presente asunto; de lo cual toma conocimiento este juzgado, para los efectos de los artículos 136, primer párrafo, 144 y 147 de la Ley de Amparo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.rmi
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte que el veinte de febrero del año en curso la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los Agentes del Ministerio Público y Peritos de la Fiscalía General del Estado, informó que no se llevó a cabo la sesión extraordinaria fijada para el trece de febrero de este año, en virtud de que no se reunió el quorum que establece el articulo 227, fracción II, del Reglamento de Servicio Profesional y fijó como nueva fecha, las once horas del catorce de marzo del presente año, sin que hasta este día haya informado si emitió la resolución respectiva. En consecuencia, con fundamento en los artículos 62, 64 y 75 de la Ley de Amparo, requiérase la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los Agentes del Ministerio Público y Peritos de la Fiscalía General del Estado, que informe si dictó la resolución definitiva en el expediente *******, instaurado en contra de ******* y, en su caso, remita copia certificada respectiva, ya que dichas constancias son necesarias para resolver el presente asunto; asimismo, en caso de existir alguna imposibilidad para ello deberá comunicarlo a este órgano jurisdiccional. Apercibido que de no hacerlo, se le impondrá como sanción el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el diverso artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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