Deyanira Garibay Rodríguez
Expediente 372/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 372/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 07/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Deyanira Garibay Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de junio de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración del cuaderno incidental En cuanto al incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva el incidente de suspensión original es destruible, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con el inciso c) del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica a las partes, por oficio a las autoridades responsables y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo *******, y; Resultando Primero. Presentación de la demanda. En el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Juárez, el cuatro de abril de dos mil veintitrés, se recibió la demanda promovida por *******, la que fue enviada por razón de turno a este juzgado, el mismo día. En el escrito inicial la parte quejosa ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero Civil Tradicional de este distrito judicial Bravos, y otras autoridades, a quienes reclama la falta de emplazamiento, así como el cumplimiento y la ejecución. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de diez de abril de dos mil veintitrés, la demanda de amparo se registró con el número 372/2023-I-1, posteriormente por proveído de dieciocho de abril de la presente anualidad, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que es un asunto en materia civil en el que se reclamó un acto que tiene ejecución material en el lugar sobre el cual ejerce jurisdicción esta juzgadora. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107 fracción VI de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclamó de las responsables la falta de emplazamiento, así como el cumplimiento y la ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes, los que serán estudiados enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Son inexistentes los actos reclamados, por lo que, debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Las autoridades responsables Juez Décimo Civil por Audiencias del distrito judicial Bravos (foja 94), Juez Segundo Civil por Audiencias del distrito judicial Bravos (foja 99), Juez del Juzgado Noveno Civil por Audiencias del distrito judicial Bravos (foja 102), Juez Quinto Civil por Audiencias del distrito judicial Bravos (foja 105), Juez Primero Civil por Audiencias del distrito judicial Bravos (foja 108), Juez Primero de lo Civil del distrito judicial Bravos (foja 113), por sí y por los Juzgados Tercero, Cuarto, Sexto y Séptimo de lo Civil del distrito judicial Bravos (foja 113) (por asumir la competencia de los expedientes que originalmente se tramitaron en dichos juzgados), Juez Octavo Civil por Audiencias del distrito judicial Bravos (foja 115), Secretaria Judicial del Juzgado Sexto Civil por Audiencias distrito judicial Bravos, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley (foja 118), Juez Tercero Civil por Audiencias del distrito judicial Bravos (foja 123), Juez Provisional del Juzgado Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos (foja 126), Jueza Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos (foja 129), Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución del distrito judicial Bravos (fojas 132 y 133), Juez Segundo de lo Civil del distrito judicial Bravos (foja 138), por sí y por los Juzgados Quinto y Octavo de lo Civil del distrito judicial Bravos (foja 140 a 164 y 165) (por asumir la competencia de los expedientes que originalmente se tramitaron en dichos juzgados), todas residente en esta ciudad y en su denominación correcta, negaron la existencia de los actos reclamados. Por su parte, el Encargada de la Unidad de Notificación y Ejecución del distrito judicial Bravos (denominación correcta de Jefa de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del distrito judicial Bravos), residente en esta ciudad, fue omiso en rendir el informe justificado que se le solicitó, no obstante haber sido debidamente requerida para ello, como se desprende de la constancia de notificación que obra agregada a foja noventa y uno (91) de autos. Ahora, el artículo 117, de la Ley de Amparo, establece que cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado. No obstante, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, es un hecho notorio que en los autos de este juicio de amparo las autoridades ordenadoras al rendir su informe negaron los actos que se les atribuyeron. Además, que, dada su calidad de autoridad ejecutora, se infiere que, si las autoridades ordenadoras negaron haber emitido la orden de detención, así como su ejecución, reclamadas por la quejosa, por ende, no es factible que la autoridad omisa ejecute una orden inexistente, por tanto, tampoco es cierta la ejecución. En es aplicable en lo conducente, la tesis que emitió la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Séptima Época, consultable en el del Semanario Judicial de la Federación, volumen 6, séptima parte, página 19, con registro 246423, del tenor literal siguiente: AUTORIDADES EJECUTORAS. FALTA DE INFORME DE LAS, CUANDO LAS ORDENADORAS NIEGAN LOS ACTOS. Si las autoridades ejecutoras no rinden informe, pero las ordenadoras niegan los actos a ellas atribuidos, es incuestionable que la autoridad ejecutora no puede cumplimentar una orden inexistente, y no es susceptible de presumirse el acto conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo. La demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas idóneas, de ahí que, si las autoridades negaron los actos, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba tendentes a demostrar tal certeza. En sustento a lo anterior, es aplicable en lo conducente, el criterio que emitió el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se contiene en la tesis número 553, de la Octava Época, consultable en la página 368, Tomo VI, Apéndice de 1995, con registro 394509, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En el caso, la parte accionante del amparo no exhibió prueba alguna que demuestre prueba en contrario a lo precisado en sus informes por las responsables. Debido a lo anterior, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo 372/2023-I-1 promovido por *******, en relación con los actos reclamados a las autoridades responsables y por las razones expresadas en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de mayo de dos mil veintitrés. Informes justificados Agréguense a los autos los informes justificados, rendidos por el Juez Segundo de lo Civil del distrito judicial Bravos, por sí y por los Juzgados Quinto y Octavo de lo Civil del distrito judicial Bravos (por asumir la competencia de los expedientes que originalmente se tramitaron en dichos juzgados), todas en su denominación correcta y con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Prueba Ahora, respecto a las pruebas documentales que anexó a su informe, las mismas se tienen por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de estas en la audiencia constitucional, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Anotación denominación correcta Finalmente, se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice la anotación correspondiente en el referido sistema en relación con la denominación correcta de las autoridades que así se asentó en el presente acuerdo. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Informes justificados Agréguense a los autos los informes justificados, rendidos por el Juez Tercero Civil del distrito judicial Bravos, Juez Provisional del Juzgado Séptimo Civil por Audiencias distrito judicial Bravos, Jueza Cuarto Civil por Audiencias distrito judicial Bravos y Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución del distrito judicial Bravos, todas en su denominación correcta y con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Valor probatorio de los informes Lo anterior, en el entendido de que el valor probatorio del informe justificado de cuenta, recibido en el correo electrónico oficial del juzgado, es pleno, por las razones que informa la tesis I.3o.P.41 P (10a.), publicada en el Seminario de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dieciséis, del rubro siguiente: CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. Anotación denominación correcta Se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice la anotación correspondiente en el referido sistema en relación con la denominación correcta de las autoridades que así se asentó en el presente acuerdo. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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