Demetrio Magdaleno Marín

Expediente 394/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
394/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
29/11/2019

Partes del expediente

  • Demetrio Magdaleno Marín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Por último, glósese el cuadernillo de sigilo a este juicio, al estar completamente concluido. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte tercero interesada de la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve que dice: Sentencia Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 394/2019-IV, promovido por *******, y Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, turnado a este Juzgado el mismo día, *******, promovió demanda de amparo contra la autoridad y acto siguiente: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Señalo como Autoridad Ordenadora al Juez de Control, Licenciado ******* con domicilio ampliamente conocido en el edificio de Ciudad Judicial, ubicado en Calle Barranco Azul sin número de la Colonia Toribio Ortega, en esta ciudad. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: De la responsable, se reclama el inconstitucional auto de vinculación a proceso, dentro de la causa penal *******, dictado en contra del suscrito el día 04 de mayo de 2019, como probable responsable del delito, Violación Agravada. Segundo. Derechos que el quejoso estima vulnerados. El quejoso señaló como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve (foja 11), se admitió a trámite la demanda, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, debido a que en este asunto se reclama un acto cuya emisión tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I , de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación del acto reclamado, por lo que, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias del juicio, se desprende que el quejoso reclama del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: - El auto de vinculación a proceso que dictó en su contra, el cuatro de mayo de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal *******, por el delito de violación con penalidad agravada, cometido en perjuicio de la menor de edad de iniciales *******. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, en su informe justificado (foja 19), manifestó que es cierto el acto reclamado, pues el cuatro de mayo de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal *******, dictó en contra de *******, auto de vinculación a proceso, por el delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en el artículo 172, fracción II , en relación con el diverso 175, fracción VII , del Código Penal para el Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de la menor de edad de iniciales *******. En relación con lo anterior, el Juez de Control responsable, remitió copia certificada del registro escrito del auto de vinculación a proceso reclamado, así como de las videograbaciones de las audiencias relativas (fojas 20 a 31). Pruebas que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 , 202, primer párrafo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por el Juez de Control responsable, en ejercicio de sus funciones, quien cuenta con fe pública, de conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del auto de vinculación a proceso reclamado. Cobra aplicación la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 2000, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Cuarto. Procedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia en el presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Al no advertir la existencia de alguna causa de improcedencia del juicio de amparo, ni que las partes la hubieran alegado, se impone el análisis del fondo del asunto. Quinto. Análisis del acto reclamado. Tal como fue precisado en el considerando segundo, el quejoso reclama del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, el auto de vinculación a proceso que dictó en su contra, el cuatro de mayo de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal *******, por el delito de violación con penalidad agravada, cometido en perjuicio de la menor de edad de iniciales *******. Al respecto, debe puntualizarse que el estudio del acto reclamado se realizará a la luz de la suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) , de la Ley de Amparo, pues el quejoso es el imputado en la causa penal indicada. Indicado lo anterior, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará atendiendo en primer lugar a lo dispuesto en el artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que a la letra dice: 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.) La lectura del fragmento antes transcrito pone de manifiesto que los requisitos constitucionales que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son los siguientes: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. En relación con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisan: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. De estos dispositivos se advierten, además de los ya mencionados, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya otorgado oportunidad al imputado para declarar, c) Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación, y d) Que se mencionen los datos personales del imputado. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la tesis de jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/26 (9ª), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1940, del Libro V, Febrero 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, Décima Época y número de registro 160331, del rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse garantías individuales distintas a las consagradas en el artículo 19 Constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. En efecto, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también, los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo dispone: 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Es decir, que: a) Debe constar por escrito; b) Provenir de autoridad competente; y, c) En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. d) Si el mandamiento es emitido en un juicio o procedimiento, en el que se establezca como regla la oralidad, bastará con que obre registro, por cualquier medio, que dé certeza de que se cumplieron los puntos precisados con anterioridad. Establecido lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso consta por escrito y se encuentra videograbado, pues el Juez de Control responsable remitió copia certificada, ya valorada, del audio y video de la audiencia y de la versión escrita del mismo; fue dictado por autoridad competente, conforme a los artículos 15, fracción III, 77, 82 y 105, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua , pues lo dictó una Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, especializado en materia penal, respecto de hechos que ocurrieron dentro del ámbito de su jurisdicción. Lo anterior, previa formulación de imputación por parte del agente del Ministerio Público; además, el quejoso estuvo asistido en todo momento de su defensor particular; asimismo, se le dio la oportunidad de declarar respecto del hecho ilícito que se le imputó, haciéndole saber el derecho que le asistía a guardar silencio, quien optó por ejercer este derecho. En el caso, se tiene que el Juez de Control responsable, estimó que los hechos que se hicieron de su conocimiento, son constitutivos del delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 172, fracción II y 175, fracción VII, del Código Penal para el Estado de Chihuahua; asimismo, estimó que de los datos que, hasta este momento procesal arrojó la carpeta de investigación, se desprende la probabilidad de que el quejoso haya participado en la comisión del ilícito mencionado. Luego, previo a comenzar el análisis, propiamente, del auto de vinculación a proceso reclamado, es menester analizar el primer concepto de violación que la parte quejosa hizo valer, pues se refiere a la comisión de una violación procesal cometida en su perjuicio durante la audiencia inicial, y en caso de ser fundada, impedirá analizar la resolución en sí misma. Pues bien, el quejoso argumentó que el Juez responsable vulneró su derecho a contar con una defensa técnica adecuada, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción VIII de la Constitución Federal, pues refirió que pudo percibir que durante la audiencia inicial, así como en la continuación de la misma, su abogado no sabía de qué se trataba, dado que durante su desarrollo el Juez le estuvo indicando que sus manifestaciones no correspondían a lo que se le estaba preguntando o que sus alegatos debían ser expuestos en una etapa posterior. Asimismo, aseveró que su defensor debió actuar diligentemente con el fin de proteger sus garantías procesales y evitar que sus derechos se vieran lesionados, sin embargo, que ello no ocurrió, porque se dictó un auto de vinculación a proceso en su contra, por lo que el Juez responsable al advertir esa situación, previo al dictado de la resolución que se combate, debió declarar desierta su defensa y designarle un defensor de oficio. El concepto de violación descrito es infundado. Para evidenciar este acierto, conviene precisar que del disco óptico enviado por la autoridad responsable, se advierten los siguientes datos relevantes, sobre las intervenciones que realizó el defensor del quejoso durante la audiencia inicial y su continuación: 1. Solicitó que a su representado se le brindaran medidas de protección en el centro penitenciario en el que sería recluido, por el tiempo que durara la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta (1:03:41, disco 1). 2. Promovió un incidente de nulidad de actuaciones (minuto 1:51, disco 2). 3. Argumentó sobre los datos de prueba que la representación social relacionó lo siguiente: a) Respecto de la denuncia presentada por ******* (abuela paterna de la menor), adujo que resultaba ilegal puesto que ella no tiene facultades de representación sobre la menor de edad de iniciales ******* (minuto 16:29, disco 2). b) En relación con la declaración que la menor realizó ante la agente del Ministerio Público, aseveró que en razón de que sólo tiene tres años de edad, no tiene posibilidades cognitivas para declarar en el sentido en que lo hizo, por lo que, el dato de prueba era evidentemente fabricado (minuto 16:57, disco 2). c) Objetó el contenido del dictamen pericial practicado por la médico legista, pues adujo que al realizarlo no cumplió con el protocolo para la investigación de delitos sexuales cometidos contra menores, porque dicha menor de edad, no fue debidamente representada por sus padres, dado que no se les ha permitido intervenir en la investigación que se realiza, por lo que ese examen resulta ser ilícito (minuto 17:18). d) Asimismo, objetó el contenido del informe realizado por la agente de la Policía Estatal Investigadora, en razón de que se utilizó a la menor de edad como testigo material para señalar un domicilio donde aparentemente ocurrieron los hechos delictuosos, sin tener el consentimiento de los padres, asesor jurídico o tutor judicial (minuto 20:05). En resumen, lo anterior pone de relieve que el defensor del quejoso realizó diversas actuaciones a fin de salvaguardar los derechos de su defenso, al solicitar que le fueran brindadas medidas de protección sobre su persona durante el tiempo que durara la medida cautelar de prisión preventiva, que por tratarse de un delito de violación, es obligatoria su imposición; asimismo, al promover, de acuerdo a su estrategia de defensa, un incidente de nulidad de actuaciones; y esgrimir diversos argumentos contra los datos de prueba que la agente del Ministerio Público relacionó ante el juez. Lo anterior es así, a pesar de que efectivamente, de los discos que contienen la audiencia inicial y su continuación, se advierte que el Juez responsable en más de una ocasión indicó al defensor que se condujera de acuerdo a las etapas del procedimiento, sin embargo, ello no implica, por sí mismo, que el defensor sea deficiente en su desempeño, ni que no haya tenido una defensa técnica adecuada, y menos aún, que se evidencie una manifiesta y sistemática incapacidad del defensor, porque en primer lugar, el Juez es el director de la audiencia, y por tanto, debe cuidar que las etapas se sigan en el orden correcto. Se cita por analogía, la tesis XXII.P.A.31 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la Página 2970, del Tomo IV, del Libro 55, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2018, Décima Época, Materias Constitucional y Penal, con número de registro 2017301, del tenor literal siguiente: DERECHO A UNA DEFENSA TÉCNICA ADECUADA. EL HECHO DE QUE EL JUZGADOR CONMINE A LAS PARTES A SUJETARSE A LOS PRINCIPIOS Y REGLAS DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO, NO SE TRADUCE EN UNA DETERMINACIÓN TENDENTE A CUESTIONAR LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL DEFENSOR DEL IMPUTADO, NI REPRESENTA UNA DISPOSICIÓN QUE LO PREVENGA PARA DESIGNAR OTRO. De la interpretación literal de los artículos 121, párrafo primero, 17, párrafos primero, segundo y último, y 134, fracciones I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte el deber común de los Jueces de resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley, y con sujeción a los principios que rigen la función jurisdiccional; determinación que se traduce en la obligación del juzgador de respetar, garantizar y velar por la salvaguarda del derecho fundamental del imputado a una defensa técnica adecuada en el proceso penal acusatorio; deber que se extiende al grado de prevenir al imputado, cuando se advierta la manifiesta y sistemática incapacidad técnica de su defensor, para que designe uno diverso. Sin embargo, para cumplir con sus deberes, el juzgador, también cuenta con la facultad de conminar a las partes a sujetarse a los principios y reglas del proceso penal acusatorio, lo que no se traduce en una determinación tendente a cuestionar la capacidad técnica del defensor que representa al imputado, mucho menos en una disposición encaminada a prevenirlo para que designe otro pues, en este caso, es pertinente evidenciar que fue manifiesta y sistemática la incapacidad del defensor que había nombrado, conceptos que deben someterse a un ejercicio de razonabilidad. Lo subrayado es nuestro. Además, debe recordarse que la defensa adecuada dentro de un proceso penal se conforma con dos elementos, uno formal y uno material; en cuanto al formal, se colma cuando el defensor acredita que es perito en derecho y el material, cuando actúe diligentemente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evitar que sus derechos se vean lesionados; aspectos que se estiman satisfechos, pues respecto al formal, el defensor acreditó ante el Juez responsable que es licenciado en derecho (cuestión que, dicho sea de paso, no fue discutida en el concepto de violación en estudio) y respecto al material, acompañó al imputado desde la audiencia inicial hasta el momento en que se dictó la resolución que aquí se combate, es decir, el aquí quejoso tuvo asistencia jurídica en todo momento, puesto que su defensor no dejó de comparecer a las audiencias relativas, además, realizó todas las actuaciones que fueron referidas con antelación, no obstante que a la postre ellas resultaran ineficaces. Sin embargo, esta última cuestión no es de aquellas que el Juez deba ocuparse, puesto que la estrategia que utilice la defensa para los intereses del imputado, escapa de la función jurisdiccional, toda vez que el órgano jurisdiccional no puede, de ninguna manera, ser juez y parte en el proceso; dicho de otro modo, el Juez responsable no podía sustituirle la defensa al imputado al advertir que la técnica que estaba utilizando no prosperaría, sino, únicamente cuando fuera manifiesta y sistemática la incapacidad del defensor de llevar una defensa técnica adecuada, lo que no advirtió la autoridad responsable, así como tampoco el que suscribe. Al respecto, se cita la tesis P. XII/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 413, del Tomo I, del Libro 5, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 2014, Décima Época, Materia Constitucional, con número de registro 2006152, de rubro y texto siguientes: DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS. De la interpretación armónica y pro persona del artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en relación con los diversos 8, numeral 2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se concluye que la defensa adecuada dentro de un proceso penal se garantiza cuando la proporciona una persona con conocimientos técnicos en derecho, máxime que de la normativa internacional citada no deriva la posibilidad de que sea efectuada por un tercero que no sea perito en dicha materia y, por el contrario, permite inferir que la defensa que el Estado deba garantizar será lo más adecuada y efectiva posible, lo cual implica un elemento formal, consistente en que el defensor acredite ser perito en derecho, y uno material, relativo a que, además de dicha acreditación, actúe diligentemente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evitar que sus derechos se vean lesionados, lo que significa, inclusive, que la defensa proporcionada por persona de confianza debe cumplir con estas especificaciones para garantizar que el procesado pueda defenderse adecuadamente. Lo anterior, sin que se llegue al extremo de imponer al juzgador la carga de evaluar los métodos que el defensor emplea para lograr su cometido de representación, toda vez que escapa a la función jurisdiccional el examen sobre si éste efectivamente llevará a cabo la estrategia más afín a los intereses del inculpado, máxime que los órganos jurisdiccionales no pueden constituirse en Juez y parte para revisar la actividad o inactividad del defensor e impulsar el procedimiento, y más aún, para declarar la nulidad de lo actuado sin el debido impulso del defensor. Lo subrayado es propio. Además, como ya fue referido, el abogado con motivo incluso de salvaguardar la integridad de su representado, en la audiencia inicial solicitó al Juez de Control que fijara medidas cautelares en favor de *******, en el centro penitenciario en que se encuentra recluido, toda vez que indicó que por la naturaleza del delito que se le atribuye, podría sufrir afectaciones en su persona, a lo cual accedió el Juzgador responsable, ordenando girar el oficio correspondiente al Director del Centro de Reinserción Social Estatal número tres, residente en esta ciudad, lo cual denota que el defensor realizó gestiones adicionales, en favor del imputado, esto es, que no únicamente se constriñó a su defensa en las audiencias. No se soslaya el hecho de que el quejoso indicara que su abogado fue tan negligente que ello conllevó a que se dictara un auto de vinculación en su contra, sin embargo, una defensa técnica adecuada no implica que deban lograrse las pretensiones del imputado, esto es, que se desestimen los cargos, o bien, como en el caso, que no se dictara un auto de vinculación a proceso en su contra, sino únicamente que se colmaran los requisitos formales y materiales previamente referidos, los cuales se estiman satisfechos. Al respecto es aplicable la tesis XXII.P.A.22 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la Página 2967, del Libro 55, del Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2018, Décima Época, Materias Constitucional y Penal, con número de registro 2017158, del rubro y texto siguientes: DEFENSA TÉCNICA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. LA FALTA DE ÉXITO DE LA TEORÍA DEL CASO PLANTEADA POR EL DEFENSOR DEL IMPUTADO, DERIVADA DE SU ACTUACIÓN, NO IMPLICA UNA VULNERACIÓN A ESTE DERECHO FUNDAMENTAL. La tutela del derecho de defensa técnica adecuada del imputado en un proceso penal acusatorio, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado armónicamente con los artículos 8, numeral 2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, implica analizar su contenido formal y material, a la luz de los principios de interdependencia, indivisibilidad y progresividad, inmersos en el artículo 1o. de la Constitución Federal, lo que impone a las autoridades la obligación de verificar que toda sentencia condenatoria derive de un procedimiento justo, en igualdad de condiciones para el imputado, respecto del órgano acusador, por lo que el órgano de control debe estar al tanto de que no exista en el defensor una actitud pasiva del tal magnitud que sea tan evidente que prive de contenido material a este derecho fundamental, siendo que debe repararse esa violación, cuando ésta haya trascendido al sentido del fallo reclamado. Sin embargo, la falta de éxito de la teoría del caso planteada por su defensor, derivada de su actuación, no implica una vulneración a este derecho, ya que no puede llegarse al extremo de imponer al juzgador la carga de evaluar los métodos que el defensor emplea para lograr su cometido de representación, toda vez que el examen sobre si éste efectivamente llevará a cabo la estrategia más afín a los intereses del inculpado, escapa a la función jurisdiccional, pues eso rompería con el principio de libertad probatoria. Lo subrayado es nuestro. Por tanto, como se anunció, el concepto de violación en mención resulta infundado. Ahora bien, antes de comenzar el análisis de la configuración de dicho delito, conforme a los términos propuestos por el Juez de Control responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado, es menester precisar que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, esto con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Lo anterior implica que la comprobación de la configuración del hecho ilícito, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. Al respecto, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 35/2017 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Penal, Décima Época y número de registro 2014800, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Precisado lo anterior, se tiene que los artículos 172, fracción II y 175, fracción VII, del Código Penal del Estado de Chihuahua, disponen lo siguiente: Artículo 172. Se aplicarán de diez a treinta años de prisión a quien: (.) II. Introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto del pene en una persona menor de catorce años de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo. Si se ejerciera violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. Artículo 175. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual, se aumentarán en dos terceras partes, cuando fueren cometidos: (.) VII. Por personas con quien la víctima tenga un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; con quien tenga o haya tenido alguna relación afectiva o sentimental de hecho. Conforme a tales normas, para que los hechos materia de la imputación, configuren el delito que nos ocupa, es necesario que el sujeto activo, introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto del pene en una persona menor de catorce años de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo y además, las penas se aumentarán en dos terceras partes cuando tenga con la víctima un vínculo de parentesco por consanguinidad, entre otros. Al respecto, el Juez de Control responsable, estimó que los hechos materia de la imputación, sí configuran, en esa etapa procesal, el mencionado hecho ilícito, y para determinarlo, tomó en cuenta los datos de prueba que relacionó la agente del Ministerio Público, consistentes en la denuncia realizada el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve por la abuela materna de la víctima, *******; la comparecencia de la víctima ante la agente del Ministerio Público; el informe de agresiones sexuales practicado por la perito médico legista, adscrita a la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses dependiente de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte; el dictamen en materia de psicología realizado por la psicóloga adscrita a la Fiscalía General del Estado, Zona Norte; el acta de nacimiento de la víctima; el parte informativo de cuatro de abril de dos mil diecinueve, realizado por la agente de la Policía Estatal Investigadora, donde recabó una serie fotográfica del lugar que fue señalado directamente por la víctima, así como las entrevistas de la víctima, de *******, *******, ******* y *******. De los cuales, acertadamente concluyó, que en el mes de marzo de dos mil diecinueve, probablemente se cometió el hecho señalado en la ley como delito de violación sobre la menor de edad de iniciales *******, pues se desprendieron datos compatibles con penetración en el área vaginal y anal de la víctima. Luego, tal como lo apreció el Juez de Control responsable, existen datos de que la víctima, en el momento en que ocurrieron los hechos, era menor de catorce años, pues del acta de nacimiento, registrada con el número *******, en el libro *******, del Registro Civil para el Estado de Chihuahua, que hizo relación la representación social, se desprende que nació el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, de manera que, en marzo de dos mil diecinueve, la víctima tenía tres años de edad. Asimismo, tal como lo estableció el Juez de Control responsable, tomando en cuenta los datos que se desprenden del informe que rindió la agente de la Policía Estatal Única, División Investigación, se colige que aparentemente los hechos que nos ocupan, ocurrieron en el interior del domicilio ubicado en *******, en esta ciudad. Continuando, tal como lo estimó el Juez responsable, con los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, expuestos por la agente del Ministerio Público en la audiencia inicial, se demuestra, en grado de probabilidad que el imputado *******, aquí quejoso, fue quien ejecutó, en la persona de la víctima, el hecho que la ley establece como delito de violación. Para tener por demostrado lo anterior, el Juez de Control responsable, tomó en cuenta el dato consistente en el señalamiento que realizó *******, en contra de *******, al presentar su denuncia ante el Ministerio Público, donde refirió que la menor víctima le dijo que la tocaba "el zombie" y que por eso le tenía miedo, que "el zombie" es su abuelo, el que vive con su mamá. Asimismo, tomó en cuenta el dato consistente en el señalamiento directo que realizó ******* en contra de *******, pues ella indicó que al preguntarle a la menor víctima si alguien la tocaba, ésta le contestó que sí, que cuando la cuestionó si alguien aparte de su mamá la tocaba, ella contestó que "el zombie", que luego de insistirle quién era "el zombie", le dijo que era su abuelo el que vive con su mamá. De igual modo, tomó en cuenta el dato de prueba, consistente en la actuación que realizó la agente de la Policía Estatal Investigadora, quien refirió que al constituirse en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad, lugar donde tuvieron verificativo los hechos, a efecto de recabar serie fotográfica, la menor víctima le señaló que ahí vivía "el zombie", que era la casa de su mamá y en el rostro de la menor, según describió, se apreciaba que se encontraba asustada y señalaba con su mano que esa era la casa de "el zombie". Además, tomó en cuenta el dato de prueba que le fue expuesto, consistente en el peritaje que realizó la médico legista, donde aparentemente encontró datos de penetración de fecha reciente sobre la menor víctima y que según en entrevista practicada a la víctima, le manifestó que "el zombie" o "el fantasma" que es su abuelo, la toca, para lo cual señaló su región genital y que le duele. Por lo que, conforme a lo expuesto, el Juez de Control responsable, correctamente estimó que con los datos de prueba descritos son suficientes para determinar, que probablemente, fue el imputado *******, aquí quejoso, quien en el mes de marzo de dos mil diecinueve, en el interior del domicilio ubicado en *******, en esta ciudad, cometió el hecho señalado en la ley como delito de violación con penalidad agravada, en perjuicio de la menor víctima, de iniciales *******. Ahora bien, en cuanto a la calificativa del delito, prevista en el artículo 75, fracción VII, del Código Penal del Estado de Chihuahua, como lo consideró el Juez de Control responsable, también está demostrada, en grado de probabilidad, en esta etapa procesal, pues de los antecedentes que narró la agente del Ministerio Público, efectivamente se desprenden datos en el sentido de que el probable activo del delito es abuelo de la víctima, lo que supone un vínculo de parentesco por consanguinidad entre ambos. Lo que se pone de manifiesto, tal como lo advirtió el Juez de Control responsable, tomando en cuenta el dato de prueba, consistente en el acta de nacimiento de la víctima, donde ******* aparece como abuelo materno de la menor de edad de iniciales *******. Por lo anterior, el Juez de Control responsable, acertadamente concluyó que en ese momento procesal está demostrado que los hechos materia de la imputación configuran el delito previsto en los citados artículos 172, fracción II y 175, fracción VII, del Código Penal del Estado de Chihuahua, consistente en violación con penalidad agravada. Enseguida, el Juez de Control responsable se hizo cargo de los argumentos que esgrimió la defensa del imputado. Respecto al argumento que vertió la defensa en el sentido de que solicitaba la nulidad de las actuaciones realizadas y que no se otorgara eficacia probatoria a las diligencias de investigación que practicó el Ministerio Público, el Juez responsable le indicó que sólo se podría dejar de llevar a cabo la valoración en caso de que los datos de prueba se hubieran obtenido contra lo establecido en la Constitución Federal o en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual, hasta ese momento no era advertido. Lo previo, a pesar de que la defensa aseveró que resultaba ilegal la denuncia presentada por ******* (abuela paterna de la menor víctima), por no estar debidamente representada la víctima, dado que no se había dado intervención a sus padres, pues como atinadamente lo refirió la autoridad responsable, atendiendo al interés superior del menor, no era necesario que se esperara a que se le designara un asesor jurídico o un tutor especial a la víctima, por parte de un juez familiar, para que pudieran tener verificativo las diligencias de investigación, pues retardaría la tramitación de una investigación, lo que conllevaría a la impunidad en la comisión de un posible delito cometido en perjuicio de una menor de edad. Además, como lo adujo la autoridad responsable, la abuela de la menor de edad, *******, sí contaba con facultades para presentar la denuncia relativa, lo cual se corrobora con el contenido del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se establece que toda persona que tenga conocimiento de un hecho ilícito, salvo las excepciones ahí previstas, está obligada a denunciarlo, así pues, atendiendo a que después de que la doctora con la que llevó a revisión a su nieta, le indicó que debía valorarla un médico legista, pues el eritema que presentaba no era normal, estaba obligada a acudir ante el Ministerio Público a realizar la denuncia respectiva, tal como lo hizo. Luego, en cuanto a su argumento en el sentido de que la menor no tiene las facultades cognitivas para declarar en el sentido en que lo hizo y que por tanto la prueba es fabricada, el Juez responsable, acertadamente le indicó que no le asistía la razón, dado que la menor vertió sus manifestaciones ante *******, *******, el agente del Ministerio Público, la médico legista, la perito en psicología y la agente de la Policía Estatal Investigadora, conforme se lo permitieron su escasa edad y vocabulario, al sólo contar con tres años de edad, por tanto, no es de advertirse que de los datos de prueba que hacen referencia a sus declaraciones se desprenda que son fabricados, máxime que no aportó ningún elemento de prueba para acreditar o justificar su argumento. Después, en cuanto al dictamen pericial realizado por la perito médico forense que objetó la defensa, en virtud de que no cumplía con el protocolo para la investigación de delitos sexuales cometidos contra menores de edad, pues ******* no había sido debidamente representada ni se había permitido a los papás actuar o intervenir con motivo de la investigación que se realiza, atinadamente refirió el Juez de Control, que no le asistía la razón, dado que en este tipo de casos lo más importante no es que la menor de edad se encuentre debidamente representada, sino que se actúe atendiendo al mayor beneficio de ella, es decir, atendiendo al interés superior del menor, no es necesario que se tenga que esperar a la autorización de un juez familiar que designe un tutor o asesor jurídico para la víctima para que puedan tener verificativo las diligencias de investigación, pues ello retardaría la tramitación de una investigación y por ello, podría concluir con la impunidad de un delito cometido en perjuicio del propio menor víctima. Luego, en cuanto a su diverso alegato que vertió, en el sentido de que se estaba utilizando a la menor de edad como testigo material sin contar con el consentimiento del papá o de la mamá o de un asesor legal y que la menor de edad no puede o no sabe expresarse, el Juez responsable, acertadamente le indicó a la defensa que una menor de tan sólo tres años de edad, que precisamente no sabe expresarse, difícilmente podría estar contando mentiras o estar señalando a una persona diversa de la que cometió el hecho delictuoso de que se trata, aunado a que no resultaba ser exigible la atención de mayores formalidades al agente del Ministerio Público, ni a los peritos o agentes investigadores que intervienen con motivo de la investigación de un delito de esta naturaleza, atendiendo al protocolo de actuación para quienes imparten justicia, en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en él se establecen prácticas para el acceso a la justicia de las niñas, niños y adolescentes, fundadas en el respeto a los derechos de este grupo vulnerable, el cual persigue una doble finalidad, a saber, a) obtener un testimonio de calidad y conocer con un mayor grado de certeza lo que piensa o siente el menor y b) evitar en la manera de lo posible revictimizarlo; por tanto, si la representación social o demás autoridades intervinientes en la investigación hubieran esperado a que la menor fuera representada por sus padres, asesor jurídico o tutor judicial, para realizar las labores de investigación, evidentemente, ello podría haber conllevado a la revictimización de la menor de edad, y en esas condiciones, no se estaría actuando en cumplimiento a su mayor beneficio, en salvaguarda de sus propios derechos. Lo último, atendiendo a que, como lo señaló el Juez de Control responsable, su obligación es verificar si se violentó en perjuicio de la menor víctima el bien jurídico tutelado que en el caso es su libertad sexual y su correcto desarrollo, asimismo, que debe actuar en dirección a garantizar la protección de los derechos de la menor y a evitar cualquier peligro a la transgresión de sus derechos, así como evitar en la medida de lo posible la revictimización; lo cual se estima correcto, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, que es de observancia obligatoria para el juzgador, conforme al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , Convención que prevé como principio rector de la actuación de todas las autoridades, el interés superior del menor, principio que desde luego, el Juez de Control responsable, observó Concluido el análisis oficioso del auto de vinculación a proceso reclamado, corresponde ahora analizar el concepto de violación formulado por el quejoso, relativo propiamente a la resolución reclamada. El quejoso señaló como diverso concepto de violación que se vulneraron sus garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 1°, 14, 16 y 19 constitucionales, en relación con los diversos numerales 265 y 316, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que el Juez responsable hizo una incorrecta valoración de los datos de prueba, al no realizarla de manera conjunta, integral y armónica, pues al considerarlo probablemente responsable del delito que se le atribuye, tomó en cuenta el dictamen que realizó la perito médico legista, sin embargo asegura que ahí no quedó acreditada la penetración vaginal en la menor, sino que lo único que quedó acreditado es que la menor estaba "rosada" por lo menos desde el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, según las manifestaciones que realizó en ese sentido su hermana, así, dado que al veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, la menor todavía presentaba eritema en su zona genital, asevera que es indudable que el enrojecimiento que tenía, era debido a las "rozaduras extremas" que presentaba, aunado a que refiere que la víctima en ningún momento manifestó que le hubieran "picado" su área vaginal. Luego, aseveró que en cuanto a la penetración vía anal, la menor al momento de rendir su declaración, manifestó "el zombie no", es decir, si la víctima negó rotundamente la participación de "el zombie", resulta evidente que no se puede acreditar la participación de *******, en la penetración que según estableció la médico legista en su dictamen, se verificó en la menor de edad de iniciales *******. Asimismo, en cuanto a la penetración vía anal, continúa diciendo que el hallazgo de un desgarro encontrado en la región anal de la víctima, pudo deberse a alguna limpieza de esa zona en la menor, pues si presentaba "rozadura" desde varios días atrás, era evidente que el área se encontraba sensible, pero que de ninguna manera quiere decir que eso conlleve a concluir que el desgarro se debe a una penetración. Finalmente, refiere que no quedó acreditado que él sea "el zombie" o "el fantasma" o "el monstruo". Dicho concepto de violación también resulta infundado, pues el Juez de Control responsable, no le otorgó valor probatorio a los medios de convicción aportados, como tal, sino que, atendiendo al estándar probatorio que opera para la emisión de un auto de vinculación a proceso conforme al primer párrafo del artículo 19 Constitucional, tomó en cuenta únicamente los datos que consideró, constituyen indicios para demostrar, en grado de probabilidad, que los hechos denunciados configuran el delito ya precisado y la probabilidad de que fue el imputado quien lo cometió. Específicamente, tomó en cuenta los datos de prueba relacionados por la agente del Ministerio Público, consistentes en las manifestaciones que vertió la denunciante, donde indicó que el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, al percatarse de que su nieta estaba muy "rosada", la llevó con una doctora, pero que ésta le indicó que no podía darle tratamiento hasta que la llevara con un médico legista, puesto que el eritema no era normal; asimismo, las declaraciones que realizó en entrevista *******, tía de la menor, en el sentido de que al cuestionar a la víctima si alguien además de su mamá la tocaba en su zona íntima, ésta le refirió que sí, que "el zombie" y que luego de insistirle que le dijera quién era "el zombie", la menor le dijo que era su abuelo, el que vivía con su mamá; también los hallazgos encontrados por la médico legista *******, referentes a que la menor presentaba datos compatibles con penetración de data reciente; además, el dictamen que realizó la psicóloga *******, en el que asentó que la menor le indicó que "el abuelo me pica la cola, me dolió", "el abuelo es el fantasma, el zombie y el monstruo". Proceder del Juez responsable que se estima acertado, pues tal como él lo mencionó, conforme al artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo previo se puede concluir, que probablemente se cometió el hecho que la ley señala como delito de violación en perjuicio de la menor de edad de iniciales ******* y que probablemente quien lo cometió fue *******, abuelo de la víctima, lo que implica además una agravante al ilícito en comento. Se reitera, el Juez responsable, en esta etapa procesal no tenía que tener plenamente acreditado el delito y que fue el imputado quien lo cometió, sino, únicamente en grado de probabilidad, lo que el caso así aconteció. Al respecto, no se soslaya que el quejoso indicó que también estima que la autoridad responsable realizó una incorrecta valoración de los datos de prueba al no tomar en cuenta que cuando la menor de edad compareció ante el agente del Ministerio Público, manifestó "el zombie no", con lo cual aduce que ello demuestra que no tuvo participación en el ilícito que se le atribuyó, sin embargo, a pesar de que esa manifestación sí se advierte de la narrativa de los antecedentes que la representación social relató (minuto 23:14 a 23:42), ello no es suficiente para desvirtuar los diversos datos de prueba que fueron expuestos ante el Juez de Control, como lo fueron las declaraciones de los familiares de la menor de edad, de la agente de la Policía Investigadora y los dictámenes que la médico legista y la psicóloga realizaron, pues como ya se dijo en líneas precedentes, es entendible que la víctima, por tener tan sólo tres años de edad, carezca de un amplio vocabulario; por lo cual, se estima que la autoridad responsable actuó correctamente al estimar que los datos de prueba eran suficientes para tener por acreditado en grado de probabilidad, el hecho señalado en la ley como el delito de que se trata y que el aquí quejoso participó en su comisión. En cambio, si el juez hubiera tomado de forma aislada esa única manifestación, ahí sí se habría contravenido la forma en que se deben valorar los datos de prueba, pues estos deben tomarse en cuenta de forma conjunta y no parcialmente. Por lo tanto, al resultar debidamente fundado y motivado el auto de vinculación a proceso reclamado, pues se expusieron las razones y normas que demostraron, en grado de probabilidad, la comisión del hecho señalado en la ley como delito y la participación del aquí quejoso en su comisión, así como las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución, al no estar demostrada en su favor, hasta este momento, alguna excluyente de incriminación, ni la extinción de la pretensión punitiva y al resultar infundados los conceptos de violación formulados, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso *******, en relación al auto de vinculación a proceso dictado en su contra por el Juez de Control responsable el cuatro de mayo de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal *******, por su probable responsabilidad en el hecho señalado en la ley como delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 172, fracción II y 175, fracción VII, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Por lo expuesto y fundado, se: Resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, en relación al acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa de la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve que dice: Sentencia Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 394/2019-IV, promovido por *******, y Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, turnado a este Juzgado el mismo día, *******, promovió demanda de amparo contra la autoridad y acto siguiente: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Señalo como Autoridad Ordenadora al Juez de Control, Licenciado ******* con domicilio ampliamente conocido en el edificio de Ciudad Judicial, ubicado en Calle Barranco Azul sin número de la Colonia Toribio Ortega, en esta ciudad. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: De la responsable, se reclama el inconstitucional auto de vinculación a proceso, dentro de la causa penal *******, dictado en contra del suscrito el día 04 de mayo de 2019, como probable responsable del delito, Violación Agravada. Segundo. Derechos que el quejoso estima vulnerados. El quejoso señaló como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve (foja 11), se admitió a trámite la demanda, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, debido a que en este asunto se reclama un acto cuya emisión tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I , de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación del acto reclamado, por lo que, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias del juicio, se desprende que el quejoso reclama del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: - El auto de vinculación a proceso que dictó en su contra, el cuatro de mayo de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal *******, por el delito de violación con penalidad agravada, cometido en perjuicio de la menor de edad de iniciales *******. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, en su informe justificado (foja 19), manifestó que es cierto el acto reclamado, pues el cuatro de mayo de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal *******, dictó en contra de *******, auto de vinculación a proceso, por el delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en el artículo 172, fracción II , en relación con el diverso 175, fracción VII , del Código Penal para el Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de la menor de edad de iniciales *******. En relación con lo anterior, el Juez de Control responsable, remitió copia certificada del registro escrito del auto de vinculación a proceso reclamado, así como de las videograbaciones de las audiencias relativas (fojas 20 a 31). Pruebas que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 , 202, primer párrafo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por el Juez de Control responsable, en ejercicio de sus funciones, quien cuenta con fe pública, de conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del auto de vinculación a proceso reclamado. Cobra aplicación la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 2000, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Cuarto. Procedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia en el presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Al no advertir la existencia de alguna causa de improcedencia del juicio de amparo, ni que las partes la hubieran alegado, se impone el análisis del fondo del asunto. Quinto. Análisis del acto reclamado. Tal como fue precisado en el considerando segundo, el quejoso reclama del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, el auto de vinculación a proceso que dictó en su contra, el cuatro de mayo de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal *******, por el delito de violación con penalidad agravada, cometido en perjuicio de la menor de edad de iniciales *******. Al respecto, debe puntualizarse que el estudio del acto reclamado se realizará a la luz de la suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) , de la Ley de Amparo, pues el quejoso es el imputado en la causa penal indicada. Indicado lo anterior, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará atendiendo en primer lugar a lo dispuesto en el artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que a la letra dice: 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.) La lectura del fragmento antes transcrito pone de manifiesto que los requisitos constitucionales que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son los siguientes: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. En relación con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisan: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. De estos dispositivos se advierten, además de los ya mencionados, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya otorgado oportunidad al imputado para declarar, c) Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación, y d) Que se mencionen los datos personales del imputado. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la tesis de jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/26 (9ª), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1940, del Libro V, Febrero 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, Décima Época y número de registro 160331, del rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse garantías individuales distintas a las consagradas en el artículo 19 Constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. En efecto, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también, los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo dispone: 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Es decir, que: a) Debe constar por escrito; b) Provenir de autoridad competente; y, c) En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. d) Si el mandamiento es emitido en un juicio o procedimiento, en el que se establezca como regla la oralidad, bastará con que obre registro, por cualquier medio, que dé certeza de que se cumplieron los puntos precisados con anterioridad. Establecido lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso consta por escrito y se encuentra videograbado, pues el Juez de Control responsable remitió copia certificada, ya valorada, del audio y video de la audiencia y de la versión escrita del mismo; fue dictado por autoridad competente, conforme a los artículos 15, fracción III, 77, 82 y 105, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua , pues lo dictó una Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, especializado en materia penal, respecto de hechos que ocurrieron dentro del ámbito de su jurisdicción. Lo anterior, previa formulación de imputación por parte del agente del Ministerio Público; además, el quejoso estuvo asistido en todo momento de su defensor particular; asimismo, se le dio la oportunidad de declarar respecto del hecho ilícito que se le imputó, haciéndole saber el derecho que le asistía a guardar silencio, quien optó por ejercer este derecho. En el caso, se tiene que el Juez de Control responsable, estimó que los hechos que se hicieron de su conocimiento, son constitutivos del delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 172, fracción II y 175, fracción VII, del Código Penal para el Estado de Chihuahua; asimismo, estimó que de los datos que, hasta este momento procesal arrojó la carpeta de investigación, se desprende la probabilidad de que el quejoso haya participado en la comisión del ilícito mencionado. Luego, previo a comenzar el análisis, propiamente, del auto de vinculación a proceso reclamado, es menester analizar el primer concepto de violación que la parte quejosa hizo valer, pues se refiere a la comisión de una violación procesal cometida en su perjuicio durante la audiencia inicial, y en caso de ser fundada, impedirá analizar la resolución en sí misma. Pues bien, el quejoso argumentó que el Juez responsable vulneró su derecho a contar con una defensa técnica adecuada, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción VIII de la Constitución Federal, pues refirió que pudo percibir que durante la audiencia inicial, así como en la continuación de la misma, su abogado no sabía de qué se trataba, dado que durante su desarrollo el Juez le estuvo indicando que sus manifestaciones no correspondían a lo que se le estaba preguntando o que sus alegatos debían ser expuestos en una etapa posterior. Asimismo, aseveró que su defensor debió actuar diligentemente con el fin de proteger sus garantías procesales y evitar que sus derechos se vieran lesionados, sin embargo, que ello no ocurrió, porque se dictó un auto de vinculación a proceso en su contra, por lo que el Juez responsable al advertir esa situación, previo al dictado de la resolución que se combate, debió declarar desierta su defensa y designarle un defensor de oficio. El concepto de violación descrito es infundado. Para evidenciar este acierto, conviene precisar que del disco óptico enviado por la autoridad responsable, se advierten los siguientes datos relevantes, sobre las intervenciones que realizó el defensor del quejoso durante la audiencia inicial y su continuación: 1. Solicitó que a su representado se le brindaran medidas de protección en el centro penitenciario en el que sería recluido, por el tiempo que durara la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta (1:03:41, disco 1). 2. Promovió un incidente de nulidad de actuaciones (minuto 1:51, disco 2). 3. Argumentó sobre los datos de prueba que la representación social relacionó lo siguiente: a) Respecto de la denuncia presentada por ******* (abuela paterna de la menor), adujo que resultaba ilegal puesto que ella no tiene facultades de representación sobre la menor de edad de iniciales ******* (minuto 16:29, disco 2). b) En relación con la declaración que la menor realizó ante la agente del Ministerio Público, aseveró que en razón de que sólo tiene tres años de edad, no tiene posibilidades cognitivas para declarar en el sentido en que lo hizo, por lo que, el dato de prueba era evidentemente fabricado (minuto 16:57, disco 2). c) Objetó el contenido del dictamen pericial practicado por la médico legista, pues adujo que al realizarlo no cumplió con el protocolo para la investigación de delitos sexuales cometidos contra menores, porque dicha menor de edad, no fue debidamente representada por sus padres, dado que no se les ha permitido intervenir en la investigación que se realiza, por lo que ese examen resulta ser ilícito (minuto 17:18). d) Asimismo, objetó el contenido del informe realizado por la agente de la Policía Estatal Investigadora, en razón de que se utilizó a la menor de edad como testigo material para señalar un domicilio donde aparentemente ocurrieron los hechos delictuosos, sin tener el consentimiento de los padres, asesor jurídico o tutor judicial (minuto 20:05). En resumen, lo anterior pone de relieve que el defensor del quejoso realizó diversas actuaciones a fin de salvaguardar los derechos de su defenso, al solicitar que le fueran brindadas medidas de protección sobre su persona durante el tiempo que durara la medida cautelar de prisión preventiva, que por tratarse de un delito de violación, es obligatoria su imposición; asimismo, al promover, de acuerdo a su estrategia de defensa, un incidente de nulidad de actuaciones; y esgrimir diversos argumentos contra los datos de prueba que la agente del Ministerio Público relacionó ante el juez. Lo anterior es así, a pesar de que efectivamente, de los discos que contienen la audiencia inicial y su continuación, se advierte que el Juez responsable en más de una ocasión indicó al defensor que se condujera de acuerdo a las etapas del procedimiento, sin embargo, ello no implica, por sí mismo, que el defensor sea deficiente en su desempeño, ni que no haya tenido una defensa técnica adecuada, y menos aún, que se evidencie una manifiesta y sistemática incapacidad del defensor, porque en primer lugar, el Juez es el director de la audiencia, y por tanto, debe cuidar que las etapas se sigan en el orden correcto. Se cita por analogía, la tesis XXII.P.A.31 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la Página 2970, del Tomo IV, del Libro 55, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2018, Décima Época, Materias Constitucional y Penal, con número de registro 2017301, del tenor literal siguiente: DERECHO A UNA DEFENSA TÉCNICA ADECUADA. EL HECHO DE QUE EL JUZGADOR CONMINE A LAS PARTES A SUJETARSE A LOS PRINCIPIOS Y REGLAS DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO, NO SE TRADUCE EN UNA DETERMINACIÓN TENDENTE A CUESTIONAR LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL DEFENSOR DEL IMPUTADO, NI REPRESENTA UNA DISPOSICIÓN QUE LO PREVENGA PARA DESIGNAR OTRO. De la interpretación literal de los artículos 121, párrafo primero, 17, párrafos primero, segundo y último, y 134, fracciones I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte el deber común de los Jueces de resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley, y con sujeción a los principios que rigen la función jurisdiccional; determinación que se traduce en la obligación del juzgador de respetar, garantizar y velar por la salvaguarda del derecho fundamental del imputado a una defensa técnica adecuada en el proceso penal acusatorio; deber que se extiende al grado de prevenir al imputado, cuando se advierta la manifiesta y sistemática incapacidad técnica de su defensor, para que designe uno diverso. Sin embargo, para cumplir con sus deberes, el juzgador, también cuenta con la facultad de conminar a las partes a sujetarse a los principios y reglas del proceso penal acusatorio, lo que no se traduce en una determinación tendente a cuestionar la capacidad técnica del defensor que representa al imputado, mucho menos en una disposición encaminada a prevenirlo para que designe otro pues, en este caso, es pertinente evidenciar que fue manifiesta y sistemática la incapacidad del defensor que había nombrado, conceptos que deben someterse a un ejercicio de razonabilidad. Lo subrayado es nuestro. Además, debe recordarse que la defensa adecuada dentro de un proceso penal se conforma con dos elementos, uno formal y uno material; en cuanto al formal, se colma cuando el defensor acredita que es perito en derecho y el material, cuando actúe diligentemente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evitar que sus derechos se vean lesionados; aspectos que se estiman satisfechos, pues respecto al formal, el defensor acreditó ante el Juez responsable que es licenciado en derecho (cuestión que, dicho sea de paso, no fue discutida en el concepto de violación en estudio) y respecto al material, acompañó al imputado desde la audiencia inicial hasta el momento en que se dictó la resolución que aquí se combate, es decir, el aquí quejoso tuvo asistencia jurídica en todo momento, puesto que su defensor no dejó de comparecer a las audiencias relativas, además, realizó todas las actuaciones que fueron referidas con antelación, no obstante que a la postre ellas resultaran ineficaces. Sin embargo, esta última cuestión no es de aquellas que el Juez deba ocuparse, puesto que la estrategia que utilice la defensa para los intereses del imputado, escapa de la función jurisdiccional, toda vez que el órgano jurisdiccional no puede, de ninguna manera, ser juez y parte en el proceso; dicho de otro modo, el Juez responsable no podía sustituirle la defensa al imputado al advertir que la técnica que estaba utilizando no prosperaría, sino, únicamente cuando fuera manifiesta y sistemática la incapacidad del defensor de llevar una defensa técnica adecuada, lo que no advirtió la autoridad responsable, así como tampoco el que suscribe. Al respecto, se cita la tesis P. XII/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 413, del Tomo I, del Libro 5, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 2014, Décima Época, Materia Constitucional, con número de registro 2006152, de rubro y texto siguientes: DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS. De la interpretación armónica y pro persona del artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en relación con los diversos 8, numeral 2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se concluye que la defensa adecuada dentro de un proceso penal se garantiza cuando la proporciona una persona con conocimientos técnicos en derecho, máxime que de la normativa internacional citada no deriva la posibilidad de que sea efectuada por un tercero que no sea perito en dicha materia y, por el contrario, permite inferir que la defensa que el Estado deba garantizar será lo más adecuada y efectiva posible, lo cual implica un elemento formal, consistente en que el defensor acredite ser perito en derecho, y uno material, relativo a que, además de dicha acreditación, actúe diligentemente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evitar que sus derechos se vean lesionados, lo que significa, inclusive, que la defensa proporcionada por persona de confianza debe cumplir con estas especificaciones para garantizar que el procesado pueda defenderse adecuadamente. Lo anterior, sin que se llegue al extremo de imponer al juzgador la carga de evaluar los métodos que el defensor emplea para lograr su cometido de representación, toda vez que escapa a la función jurisdiccional el examen sobre si éste efectivamente llevará a cabo la estrategia más afín a los intereses del inculpado, máxime que los órganos jurisdiccionales no pueden constituirse en Juez y parte para revisar la actividad o inactividad del defensor e impulsar el procedimiento, y más aún, para declarar la nulidad de lo actuado sin el debido impulso del defensor. Lo subrayado es propio. Además, como ya fue referido, el abogado con motivo incluso de salvaguardar la integridad de su representado, en la audiencia inicial solicitó al Juez de Control que fijara medidas cautelares en favor de *******, en el centro penitenciario en que se encuentra recluido, toda vez que indicó que por la naturaleza del delito que se le atribuye, podría sufrir afectaciones en su persona, a lo cual accedió el Juzgador responsable, ordenando girar el oficio correspondiente al Director del Centro de Reinserción Social Estatal número tres, residente en esta ciudad, lo cual denota que el defensor realizó gestiones adicionales, en favor del imputado, esto es, que no únicamente se constriñó a su defensa en las audiencias. No se soslaya el hecho de que el quejoso indicara que su abogado fue tan negligente que ello conllevó a que se dictara un auto de vinculación en su contra, sin embargo, una defensa técnica adecuada no implica que deban lograrse las pretensiones del imputado, esto es, que se desestimen los cargos, o bien, como en el caso, que no se dictara un auto de vinculación a proceso en su contra, sino únicamente que se colmaran los requisitos formales y materiales previamente referidos, los cuales se estiman satisfechos. Al respecto es aplicable la tesis XXII.P.A.22 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la Página 2967, del Libro 55, del Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2018, Décima Época, Materias Constitucional y Penal, con número de registro 2017158, del rubro y texto siguientes: DEFENSA TÉCNICA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. LA FALTA DE ÉXITO DE LA TEORÍA DEL CASO PLANTEADA POR EL DEFENSOR DEL IMPUTADO, DERIVADA DE SU ACTUACIÓN, NO IMPLICA UNA VULNERACIÓN A ESTE DERECHO FUNDAMENTAL. La tutela del derecho de defensa técnica adecuada del imputado en un proceso penal acusatorio, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado armónicamente con los artículos 8, numeral 2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, implica analizar su contenido formal y material, a la luz de los principios de interdependencia, indivisibilidad y progresividad, inmersos en el artículo 1o. de la Constitución Federal, lo que impone a las autoridades la obligación de verificar que toda sentencia condenatoria derive de un procedimiento justo, en igualdad de condiciones para el imputado, respecto del órgano acusador, por lo que el órgano de control debe estar al tanto de que no exista en el defensor una actitud pasiva del tal magnitud que sea tan evidente que prive de contenido material a este derecho fundamental, siendo que debe repararse esa violación, cuando ésta haya trascendido al sentido del fallo reclamado. Sin embargo, la falta de éxito de la teoría del caso planteada por su defensor, derivada de su actuación, no implica una vulneración a este derecho, ya que no puede llegarse al extremo de imponer al juzgador la carga de evaluar los métodos que el defensor emplea para lograr su cometido de representación, toda vez que el examen sobre si éste efectivamente llevará a cabo la estrategia más afín a los intereses del inculpado, escapa a la función jurisdiccional, pues eso rompería con el principio de libertad probatoria. Lo subrayado es nuestro. Por tanto, como se anunció, el concepto de violación en mención resulta infundado. Ahora bien, antes de comenzar el análisis de la configuración de dicho delito, conforme a los términos propuestos por el Juez de Control responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado, es menester precisar que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, esto con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Lo anterior implica que la comprobación de la configuración del hecho ilícito, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. Al respecto, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 35/2017 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Penal, Décima Época y número de registro 2014800, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Precisado lo anterior, se tiene que los artículos 172, fracción II y 175, fracción VII, del Código Penal del Estado de Chihuahua, disponen lo siguiente: Artículo 172. Se aplicarán de diez a treinta años de prisión a quien: (.) II. Introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto del pene en una persona menor de catorce años de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo. Si se ejerciera violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. Artículo 175. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual, se aumentarán en dos terceras partes, cuando fueren cometidos: (.) VII. Por personas con quien la víctima tenga un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; con quien tenga o haya tenido alguna relación afectiva o sentimental de hecho. Conforme a tales normas, para que los hechos materia de la imputación, configuren el delito que nos ocupa, es necesario que el sujeto activo, introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto del pene en una persona menor de catorce años de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo y además, las penas se aumentarán en dos terceras partes cuando tenga con la víctima un vínculo de parentesco por consanguinidad, entre otros. Al respecto, el Juez de Control responsable, estimó que los hechos materia de la imputación, sí configuran, en esa etapa procesal, el mencionado hecho ilícito, y para determinarlo, tomó en cuenta los datos de prueba que relacionó la agente del Ministerio Público, consistentes en la denuncia realizada el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve por la abuela materna de la víctima, *******; la comparecencia de la víctima ante la agente del Ministerio Público; el informe de agresiones sexuales practicado por la perito médico legista, adscrita a la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses dependiente de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte; el dictamen en materia de psicología realizado por la psicóloga adscrita a la Fiscalía General del Estado, Zona Norte; el acta de nacimiento de la víctima; el parte informativo de cuatro de abril de dos mil diecinueve, realizado por la agente de la Policía Estatal Investigadora, donde recabó una serie fotográfica del lugar que fue señalado directamente por la víctima, así como las entrevistas de la víctima, de *******, *******, ******* y *******. De los cuales, acertadamente concluyó, que en el mes de marzo de dos mil diecinueve, probablemente se cometió el hecho señalado en la ley como delito de violación sobre la menor de edad de iniciales *******, pues se desprendieron datos compatibles con penetración en el área vaginal y anal de la víctima. Luego, tal como lo apreció el Juez de Control responsable, existen datos de que la víctima, en el momento en que ocurrieron los hechos, era menor de catorce años, pues del acta de nacimiento, registrada con el número *******, en el libro *******, del Registro Civil para el Estado de Chihuahua, que hizo relación la representación social, se desprende que nació el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, de manera que, en marzo de dos mil diecinueve, la víctima tenía tres años de edad. Asimismo, tal como lo estableció el Juez de Control responsable, tomando en cuenta los datos que se desprenden del informe que rindió la agente de la Policía Estatal Única, División Investigación, se colige que aparentemente los hechos que nos ocupan, ocurrieron en el interior del domicilio ubicado en *******, en esta ciudad. Continuando, tal como lo estimó el Juez responsable, con los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, expuestos por la agente del Ministerio Público en la audiencia inicial, se demuestra, en grado de probabilidad que el imputado *******, aquí quejoso, fue quien ejecutó, en la persona de la víctima, el hecho que la ley establece como delito de violación. Para tener por demostrado lo anterior, el Juez de Control responsable, tomó en cuenta el dato consistente en el señalamiento que realizó *******, en contra de *******, al presentar su denuncia ante el Ministerio Público, donde refirió que la menor víctima le dijo que la tocaba "el zombie" y que por eso le tenía miedo, que "el zombie" es su abuelo, el que vive con su mamá. Asimismo, tomó en cuenta el dato consistente en el señalamiento directo que realizó ******* en contra de *******, pues ella indicó que al preguntarle a la menor víctima si alguien la tocaba, ésta le contestó que sí, que cuando la cuestionó si alguien aparte de su mamá la tocaba, ella contestó que "el zombie", que luego de insistirle quién era "el zombie", le dijo que era su abuelo el que vive con su mamá. De igual modo, tomó en cuenta el dato de prueba, consistente en la actuación que realizó la agente de la Policía Estatal Investigadora, quien refirió que al constituirse en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad, lugar donde tuvieron verificativo los hechos, a efecto de recabar serie fotográfica, la menor víctima le señaló que ahí vivía "el zombie", que era la casa de su mamá y en el rostro de la menor, según describió, se apreciaba que se encontraba asustada y señalaba con su mano que esa era la casa de "el zombie". Además, tomó en cuenta el dato de prueba que le fue expuesto, consistente en el peritaje que realizó la médico legista, donde aparentemente encontró datos de penetración de fecha reciente sobre la menor víctima y que según en entrevista practicada a la víctima, le manifestó que "el zombie" o "el fantasma" que es su abuelo, la toca, para lo cual señaló su región genital y que le duele. Por lo que, conforme a lo expuesto, el Juez de Control responsable, correctamente estimó que con los datos de prueba descritos son suficientes para determinar, que probablemente, fue el imputado *******, aquí quejoso, quien en el mes de marzo de dos mil diecinueve, en el interior del domicilio ubicado en *******, en esta ciudad, cometió el hecho señalado en la ley como delito de violación con penalidad agravada, en perjuicio de la menor víctima, de iniciales *******. Ahora bien, en cuanto a la calificativa del delito, prevista en el artículo 75, fracción VII, del Código Penal del Estado de Chihuahua, como lo consideró el Juez de Control responsable, también está demostrada, en grado de probabilidad, en esta etapa procesal, pues de los antecedentes que narró la agente del Ministerio Público, efectivamente se desprenden datos en el sentido de que el probable activo del delito es abuelo de la víctima, lo que supone un vínculo de parentesco por consanguinidad entre ambos. Lo que se pone de manifiesto, tal como lo advirtió el Juez de Control responsable, tomando en cuenta el dato de prueba, consistente en el acta de nacimiento de la víctima, donde ******* aparece como abuelo materno de la menor de edad de iniciales *******. Por lo anterior, el Juez de Control responsable, acertadamente concluyó que en ese momento procesal está demostrado que los hechos materia de la imputación configuran el delito previsto en los citados artículos 172, fracción II y 175, fracción VII, del Código Penal del Estado de Chihuahua, consistente en violación con penalidad agravada. Enseguida, el Juez de Control responsable se hizo cargo de los argumentos que esgrimió la defensa del imputado. Respecto al argumento que vertió la defensa en el sentido de que solicitaba la nulidad de las actuaciones realizadas y que no se otorgara eficacia probatoria a las diligencias de investigación que practicó el Ministerio Público, el Juez responsable le indicó que sólo se podría dejar de llevar a cabo la valoración en caso de que los datos de prueba se hubieran obtenido contra lo establecido en la Constitución Federal o en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual, hasta ese momento no era advertido. Lo previo, a pesar de que la defensa aseveró que resultaba ilegal la denuncia presentada por ******* (abuela paterna de la menor víctima), por no estar debidamente representada la víctima, dado que no se había dado intervención a sus padres, pues como atinadamente lo refirió la autoridad responsable, atendiendo al interés superior del menor, no era necesario que se esperara a que se le designara un asesor jurídico o un tutor especial a la víctima, por parte de un juez familiar, para que pudieran tener verificativo las diligencias de investigación, pues retardaría la tramitación de una investigación, lo que conllevaría a la impunidad en la comisión de un posible delito cometido en perjuicio de una menor de edad. Además, como lo adujo la autoridad responsable, la abuela de la menor de edad, *******, sí contaba con facultades para presentar la denuncia relativa, lo cual se corrobora con el contenido del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se establece que toda persona que tenga conocimiento de un hecho ilícito, salvo las excepciones ahí previstas, está obligada a denunciarlo, así pues, atendiendo a que después de que la doctora con la que llevó a revisión a su nieta, le indicó que debía valorarla un médico legista, pues el eritema que presentaba no era normal, estaba obligada a acudir ante el Ministerio Público a realizar la denuncia respectiva, tal como lo hizo. Luego, en cuanto a su argumento en el sentido de que la menor no tiene las facultades cognitivas para declarar en el sentido en que lo hizo y que por tanto la prueba es fabricada, el Juez responsable, acertadamente le indicó que no le asistía la razón, dado que la menor vertió sus manifestaciones ante *******, *******, el agente del Ministerio Público, la médico legista, la perito en psicología y la agente de la Policía Estatal Investigadora, conforme se lo permitieron su escasa edad y vocabulario, al sólo contar con tres años de edad, por tanto, no es de advertirse que de los datos de prueba que hacen referencia a sus declaraciones se desprenda que son fabricados, máxime que no aportó ningún elemento de prueba para acreditar o justificar su argumento. Después, en cuanto al dictamen pericial realizado por la perito médico forense que objetó la defensa, en virtud de que no cumplía con el protocolo para la investigación de delitos sexuales cometidos contra menores de edad, pues ******* no había sido debidamente representada ni se había permitido a los papás actuar o intervenir con motivo de la investigación que se realiza, atinadamente refirió el Juez de Control, que no le asistía la razón, dado que en este tipo de casos lo más importante no es que la menor de edad se encuentre debidamente representada, sino que se actúe atendiendo al mayor beneficio de ella, es decir, atendiendo al interés superior del menor, no es necesario que se tenga que esperar a la autorización de un juez familiar que designe un tutor o asesor jurídico para la víctima para que puedan tener verificativo las diligencias de investigación, pues ello retardaría la tramitación de una investigación y por ello, podría concluir con la impunidad de un delito cometido en perjuicio del propio menor víctima. Luego, en cuanto a su diverso alegato que vertió, en el sentido de que se estaba utilizando a la menor de edad como testigo material sin contar con el consentimiento del papá o de la mamá o de un asesor legal y que la menor de edad no puede o no sabe expresarse, el Juez responsable, acertadamente le indicó a la defensa que una menor de tan sólo tres años de edad, que precisamente no sabe expresarse, difícilmente podría estar contando mentiras o estar señalando a una persona diversa de la que cometió el hecho delictuoso de que se trata, aunado a que no resultaba ser exigible la atención de mayores formalidades al agente del Ministerio Público, ni a los peritos o agentes investigadores que intervienen con motivo de la investigación de un delito de esta naturaleza, atendiendo al protocolo de actuación para quienes imparten justicia, en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en él se establecen prácticas para el acceso a la justicia de las niñas, niños y adolescentes, fundadas en el respeto a los derechos de este grupo vulnerable, el cual persigue una doble finalidad, a saber, a) obtener un testimonio de calidad y conocer con un mayor grado de certeza lo que piensa o siente el menor y b) evitar en la manera de lo posible revictimizarlo; por tanto, si la representación social o demás autoridades intervinientes en la investigación hubieran esperado a que la menor fuera representada por sus padres, asesor jurídico o tutor judicial, para realizar las labores de investigación, evidentemente, ello podría haber conllevado a la revictimización de la menor de edad, y en esas condiciones, no se estaría actuando en cumplimiento a su mayor beneficio, en salvaguarda de sus propios derechos. Lo último, atendiendo a que, como lo señaló el Juez de Control responsable, su obligación es verificar si se violentó en perjuicio de la menor víctima el bien jurídico tutelado que en el caso es su libertad sexual y su correcto desarrollo, asimismo, que debe actuar en dirección a garantizar la protección de los derechos de la menor y a evitar cualquier peligro a la transgresión de sus derechos, así como evitar en la medida de lo posible la revictimización; lo cual se estima correcto, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, que es de observancia obligatoria para el juzgador, conforme al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , Convención que prevé como principio rector de la actuación de todas las autoridades, el interés superior del menor, principio que desde luego, el Juez de Control responsable, observó Concluido el análisis oficioso del auto de vinculación a proceso reclamado, corresponde ahora analizar el concepto de violación formulado por el quejoso, relativo propiamente a la resolución reclamada. El quejoso señaló como diverso concepto de violación que se vulneraron sus garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 1°, 14, 16 y 19 constitucionales, en relación con los diversos numerales 265 y 316, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que el Juez responsable hizo una incorrecta valoración de los datos de prueba, al no realizarla de manera conjunta, integral y armónica, pues al considerarlo probablemente responsable del delito que se le atribuye, tomó en cuenta el dictamen que realizó la perito médico legista, sin embargo asegura que ahí no quedó acreditada la penetración vaginal en la menor, sino que lo único que quedó acreditado es que la menor estaba "rosada" por lo menos desde el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, según las manifestaciones que realizó en ese sentido su hermana, así, dado que al veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, la menor todavía presentaba eritema en su zona genital, asevera que es indudable que el enrojecimiento que tenía, era debido a las "rozaduras extremas" que presentaba, aunado a que refiere que la víctima en ningún momento manifestó que le hubieran "picado" su área vaginal. Luego, aseveró que en cuanto a la penetración vía anal, la menor al momento de rendir su declaración, manifestó "el zombie no", es decir, si la víctima negó rotundamente la participación de "el zombie", resulta evidente que no se puede acreditar la participación de *******, en la penetración que según estableció la médico legista en su dictamen, se verificó en la menor de edad de iniciales *******. Asimismo, en cuanto a la penetración vía anal, continúa diciendo que el hallazgo de un desgarro encontrado en la región anal de la víctima, pudo deberse a alguna limpieza de esa zona en la menor, pues si presentaba "rozadura" desde varios días atrás, era evidente que el área se encontraba sensible, pero que de ninguna manera quiere decir que eso conlleve a concluir que el desgarro se debe a una penetración. Finalmente, refiere que no quedó acreditado que él sea "el zombie" o "el fantasma" o "el monstruo". Dicho concepto de violación también resulta infundado, pues el Juez de Control responsable, no le otorgó valor probatorio a los medios de convicción aportados, como tal, sino que, atendiendo al estándar probatorio que opera para la emisión de un auto de vinculación a proceso conforme al primer párrafo del artículo 19 Constitucional, tomó en cuenta únicamente los datos que consideró, constituyen indicios para demostrar, en grado de probabilidad, que los hechos denunciados configuran el delito ya precisado y la probabilidad de que fue el imputado quien lo cometió. Específicamente, tomó en cuenta los datos de prueba relacionados por la agente del Ministerio Público, consistentes en las manifestaciones que vertió la denunciante, donde indicó que el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, al percatarse de que su nieta estaba muy "rosada", la llevó con una doctora, pero que ésta le indicó que no podía darle tratamiento hasta que la llevara con un médico legista, puesto que el eritema no era normal; asimismo, las declaraciones que realizó en entrevista *******, tía de la menor, en el sentido de que al cuestionar a la víctima si alguien además de su mamá la tocaba en su zona íntima, ésta le refirió que sí, que "el zombie" y que luego de insistirle que le dijera quién era "el zombie", la menor le dijo que era su abuelo, el que vivía con su mamá; también los hallazgos encontrados por la médico legista *******, referentes a que la menor presentaba datos compatibles con penetración de data reciente; además, el dictamen que realizó la psicóloga *******, en el que asentó que la menor le indicó que "el abuelo me pica la cola, me dolió", "el abuelo es el fantasma, el zombie y el monstruo". Proceder del Juez responsable que se estima acertado, pues tal como él lo mencionó, conforme al artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo previo se puede concluir, que probablemente se cometió el hecho que la ley señala como delito de violación en perjuicio de la menor de edad de iniciales ******* y que probablemente quien lo cometió fue *******, abuelo de la víctima, lo que implica además una agravante al ilícito en comento. Se reitera, el Juez responsable, en esta etapa procesal no tenía que tener plenamente acreditado el delito y que fue el imputado quien lo cometió, sino, únicamente en grado de probabilidad, lo que el caso así aconteció. Al respecto, no se soslaya que el quejoso indicó que también estima que la autoridad responsable realizó una incorrecta valoración de los datos de prueba al no tomar en cuenta que cuando la menor de edad compareció ante el agente del Ministerio Público, manifestó "el zombie no", con lo cual aduce que ello demuestra que no tuvo participación en el ilícito que se le atribuyó, sin embargo, a pesar de que esa manifestación sí se advierte de la narrativa de los antecedentes que la representación social relató (minuto 23:14 a 23:42), ello no es suficiente para desvirtuar los diversos datos de prueba que fueron expuestos ante el Juez de Control, como lo fueron las declaraciones de los familiares de la menor de edad, de la agente de la Policía Investigadora y los dictámenes que la médico legista y la psicóloga realizaron, pues como ya se dijo en líneas precedentes, es entendible que la víctima, por tener tan sólo tres años de edad, carezca de un amplio vocabulario; por lo cual, se estima que la autoridad responsable actuó correctamente al estimar que los datos de prueba eran suficientes para tener por acreditado en grado de probabilidad, el hecho señalado en la ley como el delito de que se trata y que el aquí quejoso participó en su comisión. En cambio, si el juez hubiera tomado de forma aislada esa única manifestación, ahí sí se habría contravenido la forma en que se deben valorar los datos de prueba, pues estos deben tomarse en cuenta de forma conjunta y no parcialmente. Por lo tanto, al resultar debidamente fundado y motivado el auto de vinculación a proceso reclamado, pues se expusieron las razones y normas que demostraron, en grado de probabilidad, la comisión del hecho señalado en la ley como delito y la participación del aquí quejoso en su comisión, así como las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución, al no estar demostrada en su favor, hasta este momento, alguna excluyente de incriminación, ni la extinción de la pretensión punitiva y al resultar infundados los conceptos de violación formulados, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso *******, en relación al auto de vinculación a proceso dictado en su contra por el Juez de Control responsable el cuatro de mayo de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal *******, por su probable responsabilidad en el hecho señalado en la ley como delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 172, fracción II y 175, fracción VII, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Por lo expuesto y fundado, se: Resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, en relación al acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Vistos los autos, se desprende que en esta fecha se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de amparo. Sin embargo, se desprende que el agente del Ministerio Público de Delitos Sexuales por Razones de Género que intervino en la causa penal *******, no ha informado el nombre completo de la madre de la menor víctima de iniciales *******, aquí terceros interesadas, ni un domicilio para emplazarlas. Por ende, se requiere por segunda ocasión al agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal ******* de la que deriva el auto de vinculación a proceso reclamado, para que dentro del término de tres días a partir de que reciba el oficio relativo a este auto, informe a este juzgado el nombre completo de la madre de la menor de iniciales *******, así como un domicilio para emplazarlas a este asunto. Se le apercibe, que en caso de no hacerlo así, de conformidad con el artículo 237 de la Ley de Amparo, fracción I, en relación con los diversos artículos 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, se le impondrá multa por doscientas unidades de medida y actualización, equivalente a dieciséis mil ochocientos noventa y ocho pesos moneda nacional ($16,898.00). Por las razones referidas en las líneas precedentes, se difiere la audiencia determinada para el día de hoy, a fin de tener verificativo a las nueve horas con veinte minutos del veintiséis de julio de dos mil diecinueve. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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