Denilson Kobayashi Bracamontes

Expediente 803/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
803/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
05/01/2021

Partes del expediente

  • Denilson Kobayashi Bracamontes

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que la parte promovente fue debidamente notificada del auto de veintidós de diciembre de dos mil veinte; asimismo, que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja, en contra del auto antes mencionado, en el que se tuvo por desechada la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos décimo octavo, fracción I, inciso a), y vigésimo, fracción II, inciso a), ambos del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse desechado en el juicio de amparo, es susceptible de destrucción, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de diciembre de dos mil veinte. Visto el escrito de demanda de amparo presuntamente por Denilson Kobayashi Bracamontes, contra actos de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia, con residencia en Mexicali, Baja California; fórmese expediente, hágase las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 803/2020. Atento a lo anterior, se procede a examinar la demanda de amparo, ya que el artículo 113 de la ley de la materia confiere facultad a la autoridad constitucional que conozca de una demanda para desecharla si de su examen se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia. En efecto, el precepto en mención es del tenor literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del ordinal reproducido se observa que para desechar una demanda de amparo sólo deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia; y; b) Que ese motivo sea manifiesto e indudable. El Máximo Tribunal del País ha establecido en reiteradas ocasiones, que las características destacadas en el anotado inciso b) se actualizan cuando de la simple lectura de la demanda aparece comprendido alguno de los supuestos de improcedencia que señala el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien, la demanda misma no encuadra en las hipótesis de procedencia que el artículo 107 de dicha legislación prevé. En esa tesitura, es claro que a la decisión de desechar una demanda de amparo, debe antecederle un examen acucioso de todos sus componentes, que finalmente provoque plena convicción de que aún ordenando la substanciación del juicio, sería imposible arribar a una conclusión diversa. Ello, pues basta con tener en cuenta, que precisamente, en términos específicos, lo manifiesto radica en que la improcedencia se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo presentada vía electrónica que promueve la parte quejosa deriva, esencialmente, del hecho consistente en que la tramitación electrónica no implica soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 61, fracción XXIII y 3° de la ley de la materia. Al respecto, es pertinente traer a colación lo dispuesto en los artículos 3°, 6°, 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen lo siguiente: "Artículo 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley."; [.]". Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 107. Todas las controversias de que habla en artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determinen la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa [.]; De los preceptos reproducidos se advierte, en lo que interesa, que el artículo 3° de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información, siempre que se haga uso de la denomina firma electrónica avanzada (FIREL), cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal. En ese orden, el Consejo de la Judicatura Federal, actuando en conjunto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidieron los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013, 1/2015 y 12/2020, que se refieren a lo siguiente: a) El Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; y, b) El Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. c) El acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Ahora bien, del artículo 3º de la Ley de Amparo y los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013, 1/2015 y 12/2020, se desprende, en suma: 1. Que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. 2. Que a través de la Firma Electrónica Certificada es posible presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. 3. Que a través de la Firma Electrónica Certificada es posible la tramitación de los juicios en línea siempre y cuando no se requiera la práctica de notificaciones personales, conforme a la legislación aplicable y que la actualización de la hipótesis antes prevista o la exigencia de que las partes u otros intervinientes deban acudir físicamente al órgano jurisdiccional, suspenderá la tramitación del asunto, así como que para el resto de diligencias y actuaciones se utilizarán medios electrónicos, incluyendo, cuando resulte viable, el uso de videoconferencias. Asimismo, de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo se advierte que el juicio de amparo indirecto se sigue a instancia de parte agraviada; es decir, a solicitud de aquella persona física o moral que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; solicitud que podrá realizar por sí, por su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la citada ley. En efecto, para promover el juicio de amparo, el quejoso debe presentar por escrito su voluntad de excitar a los órganos jurisdiccionales encargados de llevar a cabo el control de constitucionalidad de los actos que señala como reclamados, bien por la vía ordinaría o por la vía electrónica, en cuyo caso deberá plasmar su voluntad a través de la firma autógrafa de la persona que suscriba el escrito de demanda de amparo (quejoso, representante legal, apoderado o cualquier persona en los casos especialmente previstos); o bien, a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), documento de identidad que produce los mismos efectos que la referida firma autógrafa. Todo lo anterior, conduce a este órgano jurisdiccional a concluir que el juicio de amparo es improcedente cuando no obra en el escrito de demanda -ordinario o electrónico- la manifestación expresa del quejoso que permita advertir que es su voluntad promover la acción constitucional, en términos de los artículos 3° y 6° de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la ley de la materia. Ahora, es menester precisar que la posibilidad de promover por vía electrónica el juicio de amparo no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 1073, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 64 de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL, con los mismos efectos jurídicos que las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando un quejoso presenta una demanda a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, pero ésta carece de su firma electrónica (FIREL), no se corrobora la voluntad del impetrante de promover; toda vez que la falta de su firma electrónica indica que no hay instancia de parte del quejoso y, por ende, el Juez está facultado para desecharla de plano. En el caso concreto, del escrito de cuenta -presentado electrónicamente-, se advierte que la parte quejosa es Denilson Kobayashi Bracamontes, y la demanda que nos ocupa se encuentra firmada de manera autógrafa al parecer por dicho quejoso, motivo por el cual no es posible constatar la voluntad de la parte promovente al instar en el presente juicio de amparo, ya que al haberse presentado a través del portal; es decir, buzón electrónico se advierte su intención de la tramitación del juicio en línea, sin embargo, su voluntad debe de ser externada a través de la firma electrónica. Cabe mencionar que, todavía en la hipótesis, de que alguno de los autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, hubiera insertado su firma electrónica avanzada, tal circunstancia tampoco revelaría la expresión de voluntad de la quejosa para instar la presente acción constitucional, ante lo cual es procedente su desechamiento. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, libro 62, enero de 2019, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. De esa manera, como se precisó en párrafos anteriores, debido a que en la especie la demanda de amparo presentada en línea, no contiene la firma electrónica avanzada (FIREL) del quejoso, es indudable que no existe evidencia de su expresión para promover el presente juicio de amparo. En consecuencia, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 3° y 6° del mismo ordenamiento legal y del diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la misma ley, lo procedente es desecharla de plano. Sirve de fundamento, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019715, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Sin que en el caso se advierta que la parte quejosa se encuentre imposibilitada para promover la demanda de amparo en términos de lo dispuesto en la parte final, primer párrafo, del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por ende, tampoco se ubica en el supuesto de excepción para asentar la firma electrónica que al efecto establece el artículo 45, párrafo primero en relación con el 42 del Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos Jurisdiccionales a cargo del propio consejo, pues atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados los mismos no pueden ser ubicados como de lo prohibidos en el artículo 22 Constitucional; en virtud de que la parte promovente reclama lo siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO.- [.] A) ACUERDO APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUD DEL TERCER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMERO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DEL H. XXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2020. ACUERDO QUE FUE PRESENTADO POR LA DIPUTADA MONSERRAT CABALLERO RAMÍREZ, COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, EN EL CUAL SE DESPRENDE LA APROBACIÓN DEL PUNTO DE LOS SIGUIENTES PUNTOS DE ACUERDO: ÚNICO.- ESTA XXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EXHORTA A LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, LIC. MARINA DEL PILAR AVILA OLMEDA, AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, LUIS ARTURO GONZÁLEZ CRUZ, A LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, LIC. HILDA ARACELI BROWN FIGUEROA, A LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, LIC OLGA ZULEMA ADMS PEREYRA, Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, LIC. ARMANDO AYALA ROBLES. A EFECTO DE TRABAJAR DE MANERA CONJUNTA EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: I.- ARMONIZAR LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES DE ZONIFICACIÓN DE USOS DE SUELO, LA LEY DE DESARROLLO URBANO DE BAJA CALIFORNIA, EN LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE ESTACIONES DE CARBURACIÓN Y PLANTAS DE ALMACENAJE DE GAS NATURAL Y GAS LP, GARANTIZANDO LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS, ASI COMO LOS CENTROS DE POBLACIÓN, ESCUELAS, GUARDERÍAS Y HOSPITALES. II.- LA CELEBRACIÓN DE UN ACUERDO DE COORDINACIÓN ENTRE GOBIERNO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, A EFECTO DE LLEVAR A CABO ACTOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA LA VERIFICACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LA MATERIA U ESTACIONES DE CARBURACIÓN, PLANTAS DE ALMACENAJE EN OPERACIÓN DE NUEVAS INVERSIONES. [Sic]. Señalamientos de autorizados y domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; además, se tiene autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Oscar Francisco Aguirre Rubio y Eduardo García Aguirre. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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