DENNISSE ABURTO MONTALVO y Otros.

Expediente 836/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 43 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
836/2022
Año
2022
Actuaciones
43
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Dennisse Aburto Montalvo
  • Martha Rita Castañeda Garcia
  • Juan Antonio Vazquez Rodriguez
  • DENNISSE ABURTO MONTALVO y Otros.
  • Lorenza Ramirez Cano
  • JUAN ANTONIO VAZQUEZ RODRIGUEZ y Otros.
  • MARTHA RITA CASTAÑEDA GARCIA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 43.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por Yadira Edeza Morales, autorizada de la parte quejosa, por medio del cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta y uno de octubre del año en curso, dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81, 86, 88 y 89, todos de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con el escrito exhibido. En ese tenor, dentro del término de tres días, contado a partir de que se integre debidamente el expediente, dese nueva cuenta para proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente, la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por el licenciado José Alejandro Ortiz Monroy, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por ********************autorizado de la tercero interesada ******************** en su carácter de adjudicataria y heredera universal a bienes de la ********************, por medio del cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta y uno de octubre del año en curso, dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81, 86, 88 y 89, todos de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con el escrito exhibido. En ese tenor, dentro del término de tres días, contado a partir de que se integre debidamente el expediente, dese nueva cuenta para proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente, la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por el licenciado José Alejandro Ortiz Monroy, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia Vistos para resolver los autos del juicio de amparo promovido por 836/2022-E, promovido por ********************, ********************, Juan Antonio Vázquez Rodríguez y ********************, contra actos del Juez de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Tecate, Baja California, y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: Primero. Mediante escrito de demanda presentado el veinte de octubre de dos mil veintidós, en la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y virtud del escrito de ampliación de demanda presentado el treinta de noviembre de dos mil veintidós, ********************, ********************, ******************** y ********************, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades responsables y actos que a continuación se precisan: Autoridades responsables: Juez de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Tecate, Baja California. Actuario adscrito al Juzgado de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Tecate, Baja California. Acto reclamado "[.] se reclama la falta de emplazamiento dentro del juicio radicado bajo expediente número 406/2021, así como las consecuencias jurídicas que del mismo emanen." Segundo. La demanda se turnó al entonces Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; el cual, a partir del día dieciséis de enero del presente año, cambió su denominación a Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Tercero. En el auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; y al continuar con la secuela procesal, una vez emplazado la tercera interesada ********************, en su carácter de adjudicataria y heredera universal a bienes de la Sucesión de Ignacia Ávila Serrano y previos diferimientos, se llevó a cabo la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes, que inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución; 1, 2, 37, 107, y demás relativos de la Ley de Amparo, así como 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdos Generales 3/2013 y 13/2019 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse además, de actos que tiene ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. Segundo. Incidente de objeción de documento. Del artículo 122 de la Ley de Amparo se desprende, en esencia, que en el juicio de amparo puede objetarse de falso un documento, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 122. Si al presentarse un documento por una de las partes otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de los diez días siguientes; en la reanudación de la audiencia se presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del documento. En este caso, si se trata de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial se estará a lo dispuesto por el artículo 119 de esta Ley, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de tres días contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia". Precisado lo anterior, debe decirse que mediante escrito presentado el veinticuatro de enero del año en curso, la tercera interesada ********************, en su carácter de adjudicataria y heredera universal a bienes de la Sucesión de Ignacia Ávila Serrano, promovió incidente de falsedad de documentos respecto de las firmas estampadas en el escrito de demanda de amparo y de su ampliación. Ante ello, en el inicio de la audiencia constitucional celebrada el trece de febrero siguiente (fojas 381 a 383), se admitió a trámite el indicado incidente, por lo que se ordenó preparar como medios de prueba de su intención la pericial en materia de grafoscopía, además de que se ordenó dar vista a la parte quejosa para que ampliaran las preguntas del cuestionario respectivo y designaran perito de su parte. Para efecto de desahogar dicha prueba pericial, se señaló como firmas sujetas a estudio, las que obran en: 1). Escrito inicial de demanda; 2). Escrito de ampliación de demanda recibido el treinta de noviembre de dos mil veintidós (fojas 279 a 290). Con motivo de lo anterior, los quejosos presentaron escrito el veinte de febrero de dos mil veintitrés, (fojas 410 a 417), en el que ofrecieron como pruebas de su parte, entre otras, también la pericial en grafoscopía, y designaron para ello perito de su parte. La tercera interesada designó como perito de su intención al que se designara como perito oficial por parte del juzgado, nombramiento que recayó a Hugo Arturo Rangel Núñez, y por la parte quejosa, se designó a Marco Antonio Hermosillo García, los cuales comparecieron a aceptar y protestar el cargo que se les confirió. En ese sentido, por acuerdo de doce de mayo de dos mil veintitrés, para perfeccionar dicho medio de convicción se desahogó la diligencia relativa a la toma de muestras de firma de los quejosos, en la cual, los expertos designados tomaron imágenes fotográficas de los documentos necesarios para emitir su dictamen respectivo. De igual forma, en esa misma diligencia, se llevó a cabo la ratificación de firmas de la demanda y su ampliación ofrecida por las partes. Una vez recibidos los dictámenes (fojas 519-a 628 y 652 a 677), y obtenida la ratificación correspondiente por dichos expertos, se advierte que ambos fueron acordes en establecer que las firmas que calzan la demanda de amparo y el escrito de ampliación, son coincidentes en cuanto a su origen gráfico; es decir, son coincidentes las firmas que calzan el escrito de demanda y su ampliación, con las indubitadas, por lo que se determinó que sí corresponden en su autoría, a cada una de las personas a quienes se les atribuyen. Dictámenes que merecen valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y que resultan eficaces para crear convicción en esta juzgadora de la conclusión que plasman. Por lo anterior, dado que no se demostró que las firmas dubitadas son falsas, sino que se probó que sí corresponden a las personas a quienes se atribuye, procede declarar infundada la incidencia de falsedad de firma opuesta por la tercera interesada. Tercero. Precisión de los actos reclamados. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados es necesario precisar cuáles son estos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. En el caso concreto y específico, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: El emplazamiento efectuado dentro de los autos del Juicio sumario civil, interdicto para recuperar la posesión, con número de expediente 406/2021, promovido por ********************, en su carácter de adjudicataria y heredera universal a bienes de la Sucesión de Ignacia Ávila Serrano, en contra de ********************, ********************, ******************** y ********************, del índice del Juzgado de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Tecate, Baja California. Cuarto. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Tecate, Baja California, y Actuario de su adscripción, ya que así lo manifestó el primero de los mencionados al rendir su informe justificado, en tanto que el segundo se adhirió al que emitió su superior (foja 357). Tiene aplicación la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. - Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se encuentra corroborada con las copias certificadas del juicio sumario civil 406/2021, enviadas por el Juez señalado como responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno al ser un documento público, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinto. Procedencia del juicio de amparo. Previo al análisis de las cuestiones de fondo planteadas por la inconforme, en cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, se debe abordar el estudio de la procedencia del presente juicio de protección de derechos humanos, cuyo examen es de carácter previo y preferente, pues de resultar fundada alguna de las causales que se establecen en el numeral 61 de la legislación en consulta, haría imposible el examen de la litis constitucional. Inicialmente cabe señalar que la tercera interesada propone establecer que el juicio de amparo deviene improcedente por cuanto hace a los quejosos ********************, ******************** y ********************, dado que no acreditan su interés jurídico para acudir al juicio de amparo, ya que a su consideración, no coinciden los nombres de las personas que fungen como demandadas en el juicio de origen, con el nombre de los hoy quejosos. Al respecto, cabe señalar que respecto de ******************** y ********************, no se actualiza la causa de improcedencia invocada con base en los argumentos que expone. Ello porque si bien es verdad que en el juicio de origen, el nombre proporcionado de los demandados, incluye el nombre y el primer apellido, en tanto que en la presente demanda de amparo, los quejosos promueven con nombre y apellido paterno y materno, no es razón suficiente para considerar que se trata de distintas personas, máxime que en el caso aportaron copia certificada de su respectiva acta de nacimiento y credencial para votar; documentales que al ser valoradas en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo permiten establecer que se trata de las mismas personas, aunado a que indiciariamente se acredita la vecindad del domicilio del inmueble donde se realizó la diligencia de emplazamiento identificado como Predio Rústico denominado El Capiri, Manzana Sin número, colonia Rancho Capiri. Por cuanto hace a la diversa quejosa ********************, el juicio de amparo sí deviene improcedente, aunque por razones diversas a las expresadas por la tercera interesada. Efectivamente, conforme al numeral 61, fracción XII, en relación con los preceptos 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo y lo conducente al artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el juicio constitucional no procede contra los actos de autoridad que de ninguna manera vulneren el interés jurídico del gobernado, de lo que se deduce que el interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado, otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. El acto de autoridad debe incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular. De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el interés jurídico debe acreditarse plenamente en el juicio y no puede inferirse en base a presunciones, toda vez que en atención a la naturaleza del juicio constitucional -que constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que conculquen los derechos fundamentales del quejoso-, la protección de la justicia federal sólo puede concederse respecto a personas determinadas y en forma particularizada por su interés, lo que no podría suceder cuando el acto reclamado no le cause algún perjuicio. Precisado lo anterior, quien aquí resuelve estima que la quejosa ********************, no acredita tener un interés jurídico para instar el juicio de amparo. Efectivamente, la quejosa acude a esta instancia constitucional ostentándose como persona extraña con interés al juicio sumario civil 406/2021, instado en contra de ********************, ********************, ******************** y Lorenzo Ramírez, del índice del Juez de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Tecate, Baja California, (en su correcta denominación), pues aseveró que el siete de octubre de dos mil veintidós tuvo conocimiento de que en el juzgado señalado como responsable, se seguía un juicio en su contra, entre otros demandados. Y que por ese hecho se le afecta el derecho de ser oída y vencida en juicio. Ahora, al realizar un análisis de las manifestaciones de la quejosa, en congruencia con las probanzas que ofertó en este juicio, que se hacen consistir en: Copia certificada de acta de nacimiento de fecha dos de julio de mil novecientos noventa y siete, en la que se advierte el registro de una niña de nombre Lorenza Ramírez, en la Oficialía 01 del Registro Civil de Ascensión, Chihuahua. Copia certificada de la credencial para votar, a nombre de ********************, en la que aparece como domicilio "C. BUGAMBILIAS MZA. 4 LT. 8 PASEO DEL ÁGUILA, TECATE BAJA CALIFORNIA". Pruebas documentales que al ser valoradas en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no acreditan fehacientemente la afectación a un derecho sustantivo de la parte quejosa con motivo del juicio civil de origen. Pues con la copia certificada del acta de Nacimiento, se acredita que el seis de noviembre de mil novecientos cincuenta y tres, se registró ante la Oficialía 01 del Registro Civil de Ascensión, Chihuahua, el nacimiento de una niña de nombre Lorenza Ramírez. Por otra parte, la credencial de elector con fotografía también es insuficiente para acreditar su interés para promover el presente juicio de amparo, pues no demuestra su vecindad del inmueble identificado como Rancho Eucalipto, del Fraccionamiento "El Capiro", predio que pretende defender, y que le generaría un interés jurídico en el presente asunto, pues el domicilio indicado en su credencial para votar no guarda relación con el que dice habitar ni con aquél que es materia del juicio de origen. Y en su caso, debió acreditar la existencia del derecho de posesión que detenta sobre el inmueble que defiende, a través de un título obtenido de forma anterior al acto reclamado y sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal que generara el derecho respecto del inmueble materia de la controversia; además de corroborar que ella es la persona en contra de la cual se enderezó la demanda en el juicio de origen, lo cual no se advierte, ya que los demandados son diversos. Por lo que es evidente que no tiene interés jurídico para reclamar las violaciones que señala y en consecuencia, se surte la causal de improcedencia examinada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con número de registro 227498, pronunciada por Tribunales Colegiado de Circuito, del tenor literal siguiente: TERCERO EXTRAÑO AL PROCEDIMIENTO, FALTA DE INTERES JURIDICO DEL. Cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio origen del acto reclamado, pero no demuestra tener derechos sobre el inmueble materia de la controversia, resulta evidente que el acto impugnado no le causa un agravio personal y directo; por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consecuentemente, debe decretarse el sobreseimiento, conforme al precepto 74, fracción III, de la ley de la materia. No se inadvierte que la quejosa indicó que su derecho proviene de un procedimiento civil y que, al parecer, las constancias conducentes las solicitó al Juez Primero de lo Civil, de esta ciudad; sin embargo, no fueron exhibidas y tampoco se solicitó que este juzgado las requiriera conforme lo establece el numeral 121 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del dispositivo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción I, de la legislación en cita, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo promovido ********************, con fundamento en el ordinal 63, fracción V de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales. Luego, al no advertirse alguna otra causal de improcedencia que se haga valer por las partes, o que este Juzgado Federal advierta de oficio, se procede al estudio de los conceptos de violación expuestos por los restantes quejosos, sin que resulte necesario realizar su transcripción, además de no haber disposición que obligue a ello. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". Sexto. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Son fundados los conceptos de violación, expresados por ********************, ********************, Juan Antonio Vázquez Rodríguez, suplidos en su deficiencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 79 fracción VI de la Ley de Amparo, al existir una violación manifiesta a la ley que dejó sin defensa a la parte quejosa. Precisado lo anterior, para el presente estudio, conviene destacar los antecedentes relevantes que derivan del juicio sumario civil 406/2021 del índice del Juez de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Tecate, Baja California, de donde derivan los actos reclamados: Mediante un escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, ********************, en su carácter de adjudicataria y heredera universal a bienes de la Sucesión de Ignacia Ávila Serrano, promovió en la vía sumaria civil, en ejercicio de la acción de recuperar la posesión, en contra de ********************, ********************, ******************** Luis Alberto León Angulo y Lorenzo Ramírez, demandando el cumplimiento de diversas prestaciones. En el acuerdo de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la demanda y se admitió a trámite; asimismo, se ordenó emplazar a los demandados en el domicilio proporcionado al respecto. El veintinueve de septiembre de ese año, el fedatario adscrito al juzgado responsable, dejó sendos citatorios dirigidos a los hoy quejosos, en poder de Eduardo Rentería Sánchez, para efecto de que lo esperaran el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en los horarios indicados en dichos documentos. Llegada esa fecha y horas, el fedatario señalado como responsable, realizó el emplazamiento de los ahora quejosos. Posteriormente, en el acuerdo de quince de octubre de dos mil veintiuno, se declaró rebelde a los demandados. En uno de abril de dos mi veintidós, se dictó sentencia definitiva en la que se decretó la procedencia de la vía sumaria civil intentada en rebeldía de la parte de demandada y se les condenó a restituir y entregar a la actora el bien inmueble, objeto de litigio. El trece de mayo siguiente, se declaró ejecutoriada la sentencia. Ahora bien, los promoventes del amparo argumentan que con el acto reclamado, se violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la diligencia de emplazamiento se llevó a cabo en contravención a las formalidades que establecen los artículos 114 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, los cuales se consideran fundados. En particular, alegan los inconformes que en las razones de emplazamiento de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se hizo constar por el fedatario, haber sido atendido por Eduardo Rentería Sánchez, quien firmó de recibido y se expuso que era cuidador del predio y que tenía contacto con las personas buscadas porque ahí trabaja, y que el actuario no se cercioró debidamente que era el domicilio señalado por la actora, ya que solo indicó que se constituyó en el camino vecinal frente al predio señalado en autos, sin que además hiciera constar si en el predio había viviendas construidas, y si los buscados vivían en una sola casa habitación o por separado. Que la diligencia de emplazamiento es inconstitucional, pues el fedatario responsable, se apoyó en el dicho de la abogada procuradora de la parte actora, para la corroboración del domicilio de los demandados. También exponen que, aun cuando el fedatario responsable señaló que les corría traslado con las copias simples de ley, no se describieron cuáles fueron los documentos que se adjuntaron y con los que se les corrió traslado. En principio es conveniente destacar lo establecido por el segundo párrafo del artículo 14 de la Carta Magna que dispone: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho [.]" Las formalidades esenciales del procedimiento son aquéllas que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de autoridad y que de manera genérica se traducen en los siguientes requisitos: Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; Oportunidad de alegar; y Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. El respeto al derecho fundamental de audiencia impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que el juicio que pueda culminar con un acto privativo, se siga ante tribunales previamente establecidos, conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho y que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; ello, para otorgar al posible afectado, oportunidad de defensa. De no cumplirse esas condiciones fundamentales, haría nugatoria la garantía de audiencia, cuya finalidad es evitar la indefensión del afectado. La primera y más importante de esas formalidades esenciales del procedimiento y además requisito indispensable para que se puedan dar las otras, es la notificación de su inicio y sus consecuencias; formalidad que se denomina generalmente emplazamiento; su importancia y trascendencia ha sido reiteradamente reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ha señalado que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades del juicio. Para la validez del emplazamiento en los juicios civiles, los requisitos para el emplazamiento, son los que se desprenden de los artículos 114, fracción I, 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, los cuales establecen los lineamientos que deben invariablemente observarse al momento de llevarse a cabo el llamamiento a juicio de la parte demandada, mismos que a continuación se transcriben para su análisis. "[.] ARTÍCULO 114. Será notificado personalmente en el domicilio de los litigantes: I.- El emplazamiento del demandado, y siempre que se trate de la primera notificación en el juicio, aunque sean diligencias preparatorias [...]" "[.] ARTÍCULO 116. La primera notificación se hará personalmente al interesado, o a su representante o procurador en la casa designada; y no encontrándolo el notificador, le dejará cédula en la que hará constar la fecha y hora en que la entregue, el nombre y apellido del promovente, el Juez o tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega, recogiéndole la firma en la razón que se asentará del acto. [.]" "[.] ARTÍCULO 117. En las notificaciones de emplazamiento, deberán cumplirse las siguientes reglas: I. El emplazamiento debe hacerse según los casos, a las personas que a continuación se indica: a) Si se tratare de personas físicas directamente a la parte a quien se va a emplazar, a menos de que carezcan de capacidad procesal, pues en este caso se hará el emplazamiento a su representante legal [.]. II.- El emplazamiento deberá hacerse en el domicilio que señale la parte que lo pide, que deberá ser precisamente el lugar en que habita el emplazado, si es persona física. El notificador deberá cerciorarse de que el señalamiento reúne estas circunstancias antes de hacerlo, pudiendo ser autorizado para notificarlo personalmente en el lugar donde habitualmente trabaje o en cualquier lugar en que se encuentre la persona física o representante emplazado dentro de la jurisdicción; pero en este caso, deberá entenderse directamente con la persona de que se trate, y el notificador hará constar específicamente en la diligencia los medios de que se valió para identificarla, comprobar su personalidad en caso de representación y demás particulares; III. El emplazamiento se entenderá directamente con el interesado si estuviere presente, entregándosele copia de la demanda y demás documentos y del auto o proveído que deba notificarse. Si la persona a quien se hace el emplazamiento no fuere encontrada en su domicilio se le dejará citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente, y se fijara atendiendo a las reglas de la lógica, tomando en consideración las circunstancias que se hayan manifestado para garantizar que el interesado tenga conocimiento real y efectivo del citatorio, además en el citatorio se fijará la persona a quien va dirigido, la diligencia a practicar, órgano judicial que lo emite, y los términos precisos del apercibimiento, para el caso que el interesado no atienda el citatorio, debiendo integrar la copia del mismo y levantar la razón del citatorio al momento de la diligencia. En caso de que no espere, se le hará notificación por cédula. La cédula en estos casos se entregará a parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después de que el notificador se haya cerciorado de que allí tiene su domicilio la persona que debe de ser citada, de todo lo cual asentará razón en las diligencias. . La cédula contendrá mención del juicio de que se trate y la inserción del auto o proveído que deba notificarse, y se entregará junto con las copias del traslado. La persona que se le recoja deberá firmar por su recibo, y si se rehusare a hacerlo, se pondrá razón de la diligencia, debiendo expresarse el nombre de ella o la manifestación de que se negó a darlo. Si se informare al notificador que el emplazado está ausente del lugar del juicio se hará constar esta circunstancia a efecto de que el juez determine lo que proceda. Sólo podrá hacerse el emplazamiento por cédula cuando se realice en el domicilio del emplazado y éste no esté presente; en los demás casos deberá hacerse personal y directamente." (Énfasis añadido) Hecha la descripción normativa que regula el emplazamiento, conforme a las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, se procede a realizar su confronta con las diligencias de emplazamiento ordenados en el juicio de origen. Ahora bien, la comparación de los requisitos establecidos en los artículos 114, 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, en relación con lo descrito en las actuaciones referidas, permite concluir que el diligenciario señalado como responsable no se ajustó a las reglas establecidas en la ley, para llevar a cabo las diligencias de emplazamiento reclamadas. Lo anterior se afirma, ya que de las cédulas de emplazamiento se puede advertir que éste incumplió con lo dispuesto en el artículo 117, fracciones II y III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. Se considera lo anterior en virtud de que, de las constancias reseñadas con antelación, particularmente de las razones de los citatorios de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, realizadas por el fedatario responsable con el fin de lograr el emplazamiento de los quejosos, no se cercioró que el domicilio en el que se constituyó, es precisamente el domicilio de los buscados. Lo anterior, en virtud de que en las razones actuariales de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se advierte que el actuario adscrito al juzgado responsable indicó que se constituyó en el Predio rústico denominado El Capiri, manzana S/N, colona Rancho El Capiri, en Tecate, Baja California, en el camino vecinal, frente al predio indicado, lo que supo por así indicarlo un señalamiento de madera dentro de los linderos de ese prado con la leyenda "Rancho El Capiri", y por el señalamiento de la profesionista que lo acompañó. Además, asentó que al no encontrar a las personas requeridas en su primera búsqueda, les dejó un citatorio dirigido a cada una de ellas, en poder de Eduardo Rentería Sánchez, para que el treinta de septiembre siguiente, lo esperaran en el domicilio citado, para la práctica de unas diligencias de carácter judicial, específicamente de emplazamiento; apercibiéndoles que en caso de no hacerlo se entenderían con la persona que se encontrara presente, por lo que dicha persona le recibió los citatorios y sí firmó la copia del mismo. Así, al constituirse nuevamente el Actuario responsable en el domicilio señalado por la actora para realizar la encomienda judicial, practicó el emplazamiento de los aquí quejosos ********************, ******************** y ********************, mediante cédula de notificación y levantó al efecto el acta circunstanciada, de la que se advierte, entre otras cosas, que al constituirse el notificador de nueva cuenta en el domicilio que indicó, fue atendido por Eduardo Rentería Sánchez, quien le refirió que los buscados no se encontraban en el domicilio donde actuaba, por el momento; por lo anterior, procedió a emplazarlos por su conducto; y para lo cual refirió haberle entregado "copias simples de ley", asentado que sí firmó la cédula de notificación. De lo anterior se obtiene, que no se cumplieron con las formalidades legales, ya que si bien, en los citatorios de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se estableció la persona a quien estaban dirigidos, que en el contenido de los mismos se asentó haberse señalado la hora y fecha en que debían esperar al Actuario adscrito al Juzgado responsable, con base en la información proporcionada por la persona que la atendió, ya que le dijo que a la hora indicada normalmente se encontraba el quejoso en ese domicilio, lo cierto es que se advierte que en las actas de emplazamiento de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en la parte que interesa el actuario asentó que notificó a ********************, ********************, y ********************, por conducto de Eduardo Rentería Sánchez, sobre la demanda interpuesta en su contra por ********************, en su carácter de adjudicataria y heredera universal a bienes de la Sucesión de Ignacia Ávila Serrano, en la vía sumaria civil, la cual se radicó en el juzgado señalado como responsable con número de expediente 406/2021. Posteriormente, asentó haberle entregado copias "simples de ley" y más adelante precisa que entrega "copias debidamente selladas y cotejadas del escrito inicial de demanda y documentos anexos", y emplazarlos para que dentro del término de CINCO DIAS HÁBILES, comparecieran ante la autoridad judicial a contestar la demanda instaurada en su contra, y se les apercibió que de no hacerlo se les tendría por confesos de los hechos que como propios se les atribuyeron. De lo anterior se obtiene que el diligenciario responsable únicamente precisó que hizo entrega de copia de la demanda y anexos debidamente sellados y cotejados, sin precisar cuáles, ni cuántos eran éstos, no obstante que se encontraba jurídicamente obligado a certificar y describir cada uno de los documentos que entregó para así cumplir con la exigencia que establece el artículo 14 Constitucional, ya que era necesario que precisara qué tipo de documentos entregó para que la parte demandada estuviera en aptitud de hacer valer su defensa y oponer las excepciones que estimaran procedentes, lo que en el caso no aconteció, máxime que de la cédula entregada tampoco se advierte manifestación alguna de la que se desprenda la recepción de los documentos entregados. Lo que se considera indispensable, a fin de acreditar que el emplazamiento a juicio cumplió con su finalidad constitucional de garantizar a la parte demandada el pleno ejercicio a la defensa y esté en posibilidad real de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que estime necesarias para su defensa. Por ende, si los preceptos del Código aplicable transcritos con anterioridad, contemplan la obligación y formalidad del emplazamiento de entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, debe considerarse que dicha diligencia será válida, sólo cuando, al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, precisa o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Se asevera lo anterior, dado que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que esa formalidad en el emplazamiento (consistente en que el actuario certifique en el acta que entregó copias de traslado de los documentos que se adjuntaron a la demanda y describa, precise o indique cuáles son tales documentos) no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues dicho funcionario sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado. Por tanto, si en la diligencia de emplazamiento, el diligenciario responsable no realizó la certificación correspondiente en la que se indicara cuáles eran los documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado, es evidente que el emplazamiento es ilegal y con ello, se vulneran los derechos fundamentales de la quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.), de registro digital 2022118, de la Primera Sala, de la Décima Época, Materia Civil, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 204; de rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO." Por ende, al no cumplir el emplazamiento con el grado de certeza y seguridad que dicho acto debe contener, genera que esta diligencia se torne ilegal, vulnerándose el artículo 14 de la Carta Fundamental, en concreto, la garantía de audiencia que debe prevalecer previamente a los actos privativos. En estas condiciones, procede conceder a ********************, ******************** y ********************, la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa al encontrarse afectado el emplazamiento en el juicio de origen de un vicio de validez que lo nulifica. Séptimo. Efectos de la concesión: Con vista en lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción V, de la Ley de amparo, la concesión del amparo decretada, tiene como efectos, los siguientes: - El Juez de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Tecate, Baja California, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio sumario civil 406/2021 de su índice, a partir del emplazamiento de los demandados ********************, ******************** y ********************, con todas sus consecuencias, es decir, las actuaciones practicadas, incluida la sentencia y actos posteriores. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 287, del Libro 49, diciembre de 2017, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2015693, que dispone: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." En el entendido de que como excepción al principio de relatividad de las sentencias, en forma refleja también beneficia el sentido de esta determinación al codemandado Lorenzo Ramírez por existir entre él y los hoy quejosos ********************, ******************** y ********************, un litisconsorcio pasivo necesario, al encontrarse en igualdad de circunstancias que los propios quejosos. Sin que proceda dejar insubsistente el llamamiento a juicio de Lorenzo Ramírez, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que acerca de ese tema ha de atenderse al principio de relatividad que rige al juicio de garantías, en que se ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado. Lo anterior encuentra sustento en las siguientes jurisprudencias: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ESTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. Los efectos de la sentencia de amparo que concede la Protección Federal solicitada, deben extenderse a los codemandados del quejoso, quienes no ejercitaron la acción constitucional correspondiente, cuando se encuentre acreditado en autos que entre dichos codemandados existe litisconsorcio pasivo necesario o que la situación de los litisconsortes sea idéntica, afín o común a la de quien sí promovió el juicio de garantías, pues los efectos del citado litisconsorcio pasivo sólo se producen dentro del proceso correspondiente, por lo que sí pueden trasladarse al procedimiento constitucional. Por lo tanto, si se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se deje insubsistente todo lo actuado en un juicio ejecutivo mercantil, a partir de su ilegal emplazamiento, las consecuencias de dicha resolución sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, ya que en el caso contrario, se haría nugatoria la concesión de la Protección Constitucional, sin que esto implique infracción al principio de relatividad de las sentencias de amparo previsto en los artículos 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo, habida cuenta de que no se está en la hipótesis de que una sentencia de amparo se hubiese ocupado de individuos particulares o de personas morales diversas a quienes hubieren solicitado la Protección Federal.". "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO. El principio de relatividad que rige al juicio de garantías ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto reclamado. Tal principio admite como excepción el supuesto en que exista litisconsorcio necesario, en cuyo caso, el beneficio de la concesión se extiende al resto de los litisconsortes, pues por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida. Sin embargo, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad explicado.". Octavo. Captura de la sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de enero de dos mil quince, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, procédase a realizar la captura del presente fallo y a recabar la constancia correspondiente, para que se agregue al presente expediente. Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 61, 63, 74, 75, 76, 77, fracción II, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Primero. Es infundado el incidente de objeción de firma promovido por la tercera interesada ********************, en los términos precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Se sobresee en el juicio promovido por ********************, en los términos establecidos en el considerando quinto del presente fallo. Tercero. La Justicia Federal ampara y protege a ********************, ******************** y ********************, contra actos del Juez de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Tecate, Baja California y Actuario de su adscripción, por los motivos expuestos en el considerando sexto y para los efectos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia. Cuarto. En cumplimiento a lo establecido en el último punto considerativo de esta resolución, procédase a la captura de la misma en el módulo "Sentencias" contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como a recabar la constancia correspondiente. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida por el Secretario José Alejandro Ortiz Monroy, quien autoriza y da fe, hoy treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a diez de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito (con anexo) de cuenta, presentado por ******************** (perito oficial), mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en auto de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, exhibe comprobante fiscal digital con folio********************, con fecha de certificación seis de julio de dos mil veintitrés. Asimismo, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que derivado de los inconvenientes que tuvo para generar el certificado de referencia en el portal del Servicio de Administración Tributaria, es que dicho comprobante fue emitido hasta el seis del mes y año en curso; de lo que se toma conocimiento. Por tanto, con los insertos necesarios, gírese atento oficio a la Administración Regional en Tijuana, a fin de que proceda a realizar el pago de los honorarios al perito oficial ********************, toda vez que en catorce de junio de dos mil veintitrés, se le tuvo por rendido el dictamen pericial encomendado. Finalmente, en atención a lo anterior, se estima procedente dejar sin efecto el requerimiento efectuado a dicho profesionista mediante proveído de seis de julio de dos mil veintitrés, en relación a que exhiba el comprobante fiscal digital y la documentación que compruebe sus gastos, dado que tal como se anticipó, se dio cumplimiento al mismo. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente, la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por Lidia Medrano Meza, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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