Deivi Manuel Hernandez Aguilar
Expediente 1100/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1100/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/10/2023
Partes del expediente
- Deivi Manuel Hernandez Aguilar
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, a nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se obtiene que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiera recurrido el auto en el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal virtud, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En cumplimiento a lo ordenado en los artículos 14 y 15 del Acuerdo General, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el segundo de los numerales citados. Asimismo, se establece que el expediente principal, no obstante de haberse desechado, es clasificado como conservable, tomando en consideración que se decretó la suspensión de plano a favor de los quejosos; lo anterior conforme al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal1 , así como con el décimo considerando2 y el artículo noveno transitorio3 , ambos del citado Acuerdo General en vigor, los cuales establecen respectivamente que, al desaparecer la valoración respectiva a expedientes depurables, 1 "7.4 Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano Por lo que hace a la suspensión de oficio cuando se decreta de plano, se estima que dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución emitido en la sentencia. Consecuentemente, los expedientes en los que obre suspensión de plano se deberán valorar como "depurables". 2 ". DÉCIMO. Asimismo, después de analizar las obligaciones en materia de procesos archivísticos a cargo de los órganos jurisdiccionales, para efecto de coadyuvar en la simplificación de las actividades en esta materia, se suprime la categoría de valoración relativa a la depuración de expedientes, toda vez que aquellos que se encuentran en este supuesto, se clasificarán como conservables, a efecto de garantizar la preservación de este acervo;..." 3 ". NOVENO. La Dirección General de Archivo y Documentación elaborará el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo, con base en este Acuerdo, dentro de los noventa días hábiles posteriores a su entrada en vigor. En tanto, seguirá aplicándose, en lo conducente, lo dispuesto en el Manual vigente en la materia." aquellos que se encuentren en este supuesto, se clasificarán como conservables, y lo dispuesto en el Manual vigente será aplicable, hasta en tanto se emita un nuevo Manual conforme a las nuevas disposiciones. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "conservable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General antes mencionado. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por Lidia Medrano Meza, secretaria de juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a seis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Encargado del Despacho del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California de esta ciudad, mediante el cual, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, informa que queda enterado de la suspensión de plano decretada respecto al quejoso, de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes; asimismo, téngase a dicha autoridad adjuntando copia certificada del oficio de salida EM/BC/TIJ/9317/2023, del directo quejoso********, por los motivos ahí expuestos, de tres de septiembre del año en curso, emitido a favor del directo quejoso. Atento a ello, se toma conocimiento de lo informado por la autoridad oficiante para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, de conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la responsable oficiante autorizando para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, y señalando como domicilio para los mismos efectos el que indica. De igual manera, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se le tiene anunciando como prueba de su intención la documental que adjunta. Sobreseimiento fuera de audiencia. En otro orden, tomando en consideración que en el escrito inicial de demanda, el aquí quejoso señaló como actos reclamados en el presente juicio, los siguientes: La detención. La excesiva garantía. La presentación y privación de la libertad. Deportación, expulsión o repatración a su país de origen. Traslado a diversa estación migratoria. Y toda vez que de la constancia que remite la autoridad responsable, resulta evidente que el tres de septiembre de dos mil veintitrés, se autorizó al aquí quejoso el otorgamiento de la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. De lo anterior, es claro que ante tal circunstancia han cesado los efectos del acto reclamado; ya que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional, el acto reclamado existía, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio se dejó sin efecto el mismo, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica de los particulares; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; En efecto, el citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Así, se estima que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia invocado, al tener en consideración que los actos reclamados en este juicio de amparo han cesado sus efectos, toda vez que al oficio de cuenta se adjuntó copia certificada del oficio EM/BC/TIJ/9317/2023, de fecha tres de septiembre de dos mil veintitrés; es decir, el mismo día de la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, la autoridad señalada como responsable otorgó al quejoso la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas en este país. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo del amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a los quejosos en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclama el quejoso, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XXI, ambos de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por lo tanto, quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las doce horas con cuarenta minutos del cuatro de octubre de dos mil veintitrés comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida por Lidia Medrano Meza, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que en ocho de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio remitido por la Coordinadora de Asesoría y Servicios Legales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante el cual informó que la autoridad responsable que la parte quejosa denominó como "Unidad Médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Tijuana", no existe, por las razones que expone. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria de acuerdo al numeral 2, último párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, ya sea corrigiendo la denominación de la autoridad, o bien, acreditando su existencia; hasta en tanto suspéndase toda comunicación con ésta; en la inteligencia de que si no lo hace, se tendrá por inexistente la autoridad precisada. Finalmente, acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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