Dehiby Jhonattan Achury Gamez

Expediente 324/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
324/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
22/06/2023

Partes del expediente

  • DEHIBY JHONATTAN ACHURY GAMEZ y Otros.
  • Dehiby Jhonattan Achury Gamez
  • Sabino Adalberto Basto Chanaga
  • Luz Amparo Basto Chanaga
  • SABINO ADALBERTO BASTO CHANAGA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintidós de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que establece artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte legitimada interpusiera el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), sin que lo realizara; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal es conservable, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso b), del indicado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "conservable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Acuerdo General antes mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación por Ramón Mario Valdes Ovies, por el cual se desiste de la tramitación del presente juicio de amparo. Bajo esas premisas, es inconcuso que en la especie se actualiza la hipótesis normativa prevista por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, la cual dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. [.].". A fin de acreditar la causal de sobreseimiento de referencia, es importante destacar que la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que en la especie acontece, en virtud que mediante escrito registrado con el folio 5382, recibido el veintiocho de abril del año en curso, dicho promovente manifestó desconocer donde puedan ser localizados los quejosos Dehiby Jhonattan Achurry Gámez, Sabino Adalberto******************** y Luz Amparo********************, ya que los mismos fueron localizados y después puestos en libertad por la responsable, y en el ocurso de cuenta, decidió desistirse de la prosecución del presente juicio. Lo anterior es así, ya que el escrito de desistimiento presentado mediante el uso de la Firma Electrónica debe valorarse como si se tratara de aquellos signados ante la presencia judicial, toda vez que su forma de generación tiene como presupuesto el uso de los archivos y la llave pública que se han proporcionado al promovente, a través de un procedimiento de verificación de identidad sustanciado ante la autoridad certificadora, que lo hace altamente confiable para tener suficiente certeza de que el documento ha sido efectivamente generado y firmado por quien aparece como su autor; máxime que cada documento que se recibe electrónicamente contiene en su parte final una evidencia criptográfica de la Firma Electrónica que muestra tanto el nombre de su titular, como si el certificado es reconocido por la autoridad correspondiente y si éste se encuentra vigente, lo cual debe tomarse en consideración por los órganos jurisdiccionales de amparo para acordar lo conducente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 31/2021 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1533, Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con registro digital 2023937 del rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL. Conforme al artículo 63, fracción I, en relación con el 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, es necesaria la ratificación del escrito de desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos para que éste opere, lo cual tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su intención de dar por concluido el juicio que inició o el recurso que intentó. En este sentido, si lo pretendido con la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo es generar suficiente certeza en el órgano jurisdiccional sobre la identidad y voluntad del interesado, dicha certeza se da precisamente con la forma en la que se asigna la firma electrónica y la manera en que ésta se plasma en los documentos que son enviados electrónicamente, pues difícilmente podría ser suplantada, ya que es el propio Consejo de la Judicatura Federal quien está encargado de tomar las medidas necesarias para otorgar su seguridad y, además, el titular de los documentos con base en los cuales se genera es el responsable de su correcto uso, teniendo en todo momento la posibilidad de revocarla, en caso de sospecha de que pudiera utilizarse sin su consentimiento. Por tanto, la firma electrónica contenida en el escrito de ratificación del desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, con su respectiva evidencia criptográfica, permite apreciar el nombre de su autor y su intención para realizar dicha actuación procesal, con lo cual el órgano jurisdiccional válidamente podrá cerciorarse que no se trate de un escrito en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad y, en función de ello, produce los mismos efectos que el signado ante autoridad judicial." Atento a lo anterior, se estima procedente desechar de plano la demanda promovida a favor de los directamente agraviados. Lo anterior guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se considera de mayor beneficio para los directamente agraviados que tengan conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo (no obstante de que ésta no haya sido ratificada por éstos) pues aun cuando se lograra su ratificación en nada variaría el sentido del fallo ante las actuaciones realizadas por las responsables y, a su vez, se evita la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que los directamente agraviados estén en posibilidad de promover oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos en caso de considerarlo necesario. Sustenta dicha determinación, la tesis I.16o.T.7 K (10a.), visible en la página 2646, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Décima Época, Materia Común, emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." En consecuencia, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto respecto de los directos agraviados Dehiby Jhonattan Achurry Gámez, Sabino Adalberto******************** y Luz Amparo********************. Comuníquese lo anterior a las partes, y háganse las anotaciones en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente al promovente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a dos de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por el promovente Ramón M********************, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en autos manifiesta que desconoce donde puedan ser localizados los quejosos Dehiby Jhonattan Achurry Gámez, Sabino Adalberto Basto Chanaga y Luz Amparo Basto Chanaga, toda vez que los mismos fueron localizados y después puestos en libertad por la responsable y posteriormente perdió comunicación que los mismos, motivo por el cual refiere se actualiza la causal de sobreseimiento previsto en la fracción III del artículo 63 de la Ley de Amparo. En consecuencia, de lo anterior se toma conocimiento y con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente Ramón M********************, para que dentro del término de cuarenta y ocho hora horas, legalmente computados, bajo formal protesta de decir verdad, informe si es su interés continuar con la tramitación del presente juicio de amparo. En el entendido que de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en el artículo 237 fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa consistente en cincuenta veces la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $ 5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintitrés. Además, se apercibe al directo promovente que conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, implica la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,192 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Notifíquese personalmente al promovente. Así, lo acordó y firmó electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Subdirectora de Juicios de Amparo en suplencia por ausencia del Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración en representación del Director General de Control y Verificación Migratoria de dicho Instituto, con sede en la Ciudad de México, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, informa que derivado de la búsqueda en el Sistema de Control de Aseguramientos y Traslados de Estaciones Migratorias (SITACEM), del Instituto Nacional de Migración, no encontró información de las directas agraviadas Dehiby Jhonattan Achurry Gámez, Sabino Adalberto Basto Chanaga y Luz Amparo Basto Chanaga. De lo anterior se toma conocimiento; no obstante, se reserva a proveer lo conducente, hasta en tanto transcurra el plazo de cuarenta y ocho horas, otorgado al promovente Ramón Mario Valdes Ovies, en proveído de veinte de abril del año en curso. Notifíquese. Así lo acordó y firmó electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.

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