David Hugo Vara Quiroz

Expediente 1753/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1753/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
02/02/2017

Partes del expediente

  • David Hugo Vara Quiroz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; dos de febrero de dos mil diecisiete. La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra la sentencia de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 56 a 63), en el que se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. El original y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo primero, inciso III, del citado Acuerdo), pues se negó la suspensión del acto reclamado. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1753/2016-V; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, David Hugo Vara Quiroz por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES. "Señalo como autoridades responsables Ordenadoras y Ejecutoras en concurso de estas: 1. Agente de Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género (A.M.P.O.E.V.F.S. y G.), en Metepec, México. 2. Juez de Control y Juicio Oral en Turno, del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México." ACTOS RECLAMADOS. La omisión de celebrar la audiencia de conciliación, así como negarse a recibir su declaración en la carpeta de investigación 565320580015816 y número económico 59/2016, por parte del agente del ministerio público adscrito a la subprocuraduría para la atención de delitos vinculados a la violencia de género. El señalar fecha para la audiencia de formulación de imputación y/o orden de aprehensión en su contra, por parte del Juez de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. SEGUNDO. Derechos humanos violados. La parte quejosa señaló como derechos humanos violados, los contenidos en los artículos 8º, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del amparo. Recibida la demanda en este Juzgado de Distrito, se registró con el juicio de amparo indirecto 1753/2016-V; y previa prevención, por auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, se desechó la demanda de amparo por los motivos ahí expuesto, en cuanto al acto reclamado: La omisión de celebrar la audiencia de conciliación, así como negarse a recibir su declaración en la carpeta de investigación 565320580015816 y número económico 59/2016, por parte del agente del ministerio público adscrito a la subprocuraduría para la atención de delitos vinculados a la violencia de género. Y en la misma fecha se admitió la demanda por el diverso acto; asimismo, se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y se señaló hora y día para la audiencia constitucional; la cual, previo diferimiento se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Jugado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado tiene vinculación con la libertad de los quejosos, el cual pudiera ser de imposible reparación, emitido por una autoridad con residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos, tal como lo prevé el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo; realizando para tal efecto, un análisis conjunto de la demanda de garantías que atienda a lo que materialmente se pretende, tal y como lo ha dispuesto nuestro máximo Tribunal de la República. Es aplicable en este sentido, la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004 consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epílogo y sinopsis son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura integral de la demanda de amparo se deduce que el quejoso reclama: el señalar fecha para la audiencia de formulación de imputación y/o orden de aprehensión en su contra, por parte del Juez de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México (foja 27) al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le recama. Existencia que se hace extensiva al Agente de Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género (A.M.P.O.E.V.F.S. y G.), en Metepec, México, quien además de no haber rendido su informe justificado, a pesar de estar legalmente notificado como se advierte a fojas cuarenta, y que por ende, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen presuntivamente ciertos los actos que se le reclaman, al tener la calidad de autoridad ejecutora en cualquier momento puede llevar la ejecución del acto que se le reclama. CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, antes que cualquier otra cuestión, en conformidad con lo dispuesto artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese tenor, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone la actualización del sobreseimiento si durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contendidas en el artículo 61 del cuerpo legal mencionado. No obstante la certeza del acto impugnado, el suscrito juzgador advierte que en la especie opera una causa de improcedencia de estudio oficioso y preferente al fondo del asunto, como es la prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. . .) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (. . .)" La cesación de efectos del acto reclamado, de manera abstracta, consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, realizada de forma general por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Por ende, la razón justificatoria de la improcedencia de mérito, no es la paralización simple del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, el cual tampoco dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En este sentido se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1999, Tomo IX, Materia Común, número de registro 193758, cuyos texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Si la autoridad responsable deja sin efectos el acto reclamado, de forma principal, al revocarlo, anularlo o declararlo sin materia, aunque puede ser también por cualquier determinación semejante. b) Al interponerse recurso ordinario contra el acto reclamado, pues la resolución nueva, substituye al acto impugnado en el juicio constitucional. Por su aplicación al caso se cita, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, publicada en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 1998, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 196820, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Precisado lo anterior, el acto reclamado materia del presente considerando encuadra en el supuesto señalado en el inciso a), pues el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, emitió una resolución diversa, que substituyó al acto impugnado en este juicio constitucional. Efectivamente, el acto reclamado en el presente asunto es: el señalar fecha para la audiencia de formulación de imputación y/o orden de aprehensión en su contra, por parte del Juez de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; lo cual está inmerso en el acta mínima de audiencia para formulación de imputación sin detenido y/o para solicitar orden de aprehensión, de fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en la carpeta administrativa 782/2016, mediante la cual se ordenó su citación para el veintinueve de noviembre de la misma anualidad, con el fin de llevar a cabo la formulación de imputación, y en su caso, solicitar orden de aprehensión en su contra. En ese tenor, las constancias remitidas por dicha responsable como complemento a su informe justificado, se advierte que si bien, en la fecha de presentación de la demanda (dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis), se había emitido la orden para presentarse el veintinueve de noviembre de la misma anualidad, a la audiencia relativa. Sin embargo, el veintinueve de noviembre de la misma anualidad, durante la celebración de la audiencia de formulación de imputación, y en su caso, solicitar orden de aprehensión, ante la inasistencia del imputado, el juez del proceso dejó sin materia dicha audiencia. Por consiguiente, es válido señalar que con motivo del acto impugnado en esta vía, el quejoso David Hugo Vara Quiroz no fue restringido de los derechos que le pudieron haber sido privados, porque la audiencia correspondiente no fue llevada a cabo, derivado de su incomparecencia justificada a la misma. Incluso, el desarrollo de la diversa audiencia de diez de noviembre anterior, la que desde luego no constituye el acto reclamado, revela que no obstante la incomparecencia justificada del quejoso, tampoco fue llevada a cabo la formulación de imputación correspondiente ni se libró la orden de captura citada. Lo detallado tiene relevancia singular, al considerar de forma primordial lo establecido en el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, pues para el caso de haberse concedido la protección constitucional, los efectos serían, dejar insubsistentes la formulación de imputación correspondiente y la orden de captura respectiva, empero, como esas circunstancias no llegaron a materializarse, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado, en modo alguno agravia al impetrante de amparo, pues las violaciones que en determinado momento pudieron cometerse contra sus derechos fundamentales, fueron reparadas de forma tácita por la propia responsable, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. A lo anterior sirve de apoyo, la tesis P.CL/97, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 197367, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En esas condiciones, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo instado por David Hugo Vara Quiroz, contra el acto atribuido al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El sobreseimiento decretado respecto de la autoridad responsable ordenadora se hace extensivo al acto de ejecución reclamado al representante social responsable, pues en el caso, no se combatió por vicios propios. Al respecto es aplicable la jurisprudencia publicada en la página 286 del Semanario Judicial de la Federación, tomo 91-96 Sexta Parte, Materia Común, Séptima Época, del contenido siguiente: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución.". Asimismo, no procede ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por el quejoso, en razón de que dicho aspecto corresponde al estudio del fondo, lo que no es dable verificar si se resuelve sobreseer en el juicio de amparo, como en la especie aconteció. Lo anterior se encuentra contemplado en la jurisprudencia 1027, visible en la página 707, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Es aplicable la tesis publicada en la página 1641, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, Décima Época, cuyo rubro es: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA." Y la diversa publicada en la página 2274, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, cuyo rubro es: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO." No pasa desapercibido que en el presente asunto no se haya emplazado a la parte agraviada en la carpeta de origen, es decir menor de edad de identidad reservada de iniciales L. D. V. E., toda vez que el sentido de la presente resolución no le ocasiona perjuicio alguno. Es aplicable en lo conducente la tesis XIX.1o.P.T.20 P, publicada en la página 2428, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, febrero de 2011, Novena Época, con registro 162685, cuyo rubro y texto son: "TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL REVISOR LLAME CON DICHO CARÁCTER A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO SI LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL NO LE OCASIONA PERJUICIO ALGUNO. Si bien es verdad que en el contexto constitucional y jurisprudencial vigente debe reconocerse el carácter de tercero perjudicado a la víctima u ofendido en los juicios de amparo en materia penal y, por regla general, en caso de que el Juez de Distrito no lo hubiera llamado, el tribunal revisor debe ordenar la reposición del procedimiento para darle la intervención que debió tener con base en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto no siempre será necesario, pues dicha reposición deberá ordenarse en función de los resultados del fallo, pues si la sentencia le favorecerá por negarse o sobreseerse el amparo al quejoso, en realidad no existirá perjuicio alguno, y una reposición en tales condiciones no le produciría beneficio, sino, por el contrario, se le ocasionaría un daño, al menos en cuanto al tiempo que se sume por la postergación del fallo del asunto; lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531, publicada en la página 349 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 119, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por David Hugo Vara Quiroz, contra el acto y autoridades precisadas en el resultando primero, y por las razones expuestas en el último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintidós de diciembre de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta y el estado procesal de autos evidencian que la audiencia constitucional se encuentra señalada para celebrarse a las diez horas con cincuenta y cinco minutos, tal como se determinó en auto de veintitrés de noviembre de este año (foja 14 a 19); sin embargo, mediante auto de uno de diciembre del año en curso, la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, rindió su informe justificado, al cual adjuntó copia certificada de la carpeta administrativa 1098/2016, de la cual se advierte que para el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, señaló fecha para llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o para solicitar orden de aprehensión, sin que obre constancia de haberse llevado a cabo. Por tanto, a efecto de que este juzgador cuente con los elementos necesarios para determinar lo que en derecho corresponda, requiérase a la autoridad referida en párrafo precedente, informe a este órgano jurisdiccional si se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación, y en su caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acredite;debiendo remitir dicha información, en un plazo de tres días, establecido en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley en cita. Con el apercibimiento que en caso de ser omiso se le impondrá una multa hasta por la cantidad de cincuenta veces la unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos 238 y 259 de la Ley de Amparo Por tanto, a fin de que se cumplimente lo anterior, la audiencia constitucional prevista para este día se difiere y para su celebración, se fijan las doce horas con treinta minutos del veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Finalmente, para el caso de que la autoridad destinataria del oficio por el que se dé a conocer el presente proveído, se encuentre gozando del período vacacional correspondiente al segundo semestre del año y por tal motivo haya suspendido sus labores; comisiónese al actuario adscrito a este Juzgado para que precisamente en el día en que las reanuden, entregue el oficio notificatorio sin necesidad de ulterior acuerdo; mismo que deberá quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad hasta en tanto sea entregado a su receptor. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario, José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; uno de diciembre de dos mil dieciséis. En términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes manifiesten lo que a su derecho e interés convenga, agréguese el oficio enviado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, a través del cual rinde informe justificado y remite copia certificada de la carpeta administrativa 1098/2016 y un disco óptico. Atento a lo anterior, con el informe rendido y las constancias de referencia, hágase nueva relación en la audiencia constitucional. Para un mejor manejo de los presentes autos, manténgase por separado el disco óptico con su carátula respectiva. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario, José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe.

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