David Israel Garcia Chavez
Expediente 1328/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1328/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/09/2018
Partes del expediente
- David Israel Garcia Chavez
Actuaciones
- Principal
III Toluca, Estado de México; veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió el proveído de seis de septiembre de dos mil dieciocho, donde se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del diverso 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito, por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante acuerdo de seis de septiembre de dos mil dieciocho, se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
III Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta enviado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual rinde informe justificado y remite copia certificada del escrito presentado por la parte quejosa el trece de julio de dos mil dieciocho, así como del acuerdo recaído a dicha promoción, un auto de veintiocho de agosto del año en curso, así como del boletín laboral de dicho tribunal en el cual consta la notificación a las partes de dicho acuerdo, en el que se acordó lo relativo a la promoción presentada por la parte quejosa en la oficialía de partes de ese órgano jurisdiccional. Ahora, en consideración a la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por su parte, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, señala que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. De igual manera el artículo 61, fracción XXI, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En relación con lo dispuesto en el referido precepto legal, es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía infringida y cumplir con lo que la misma exija. Así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. En el presente juicio el quejoso David Israel García Chávez, reclama la abstención por parte de la responsable de acordar la promoción ingresada en la oficialía de partes del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el trece de julio de dos mil dieciocho, en el expediente laboral 1302/2015; sin embargo, del informe de cuenta, se advierte que el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se acordó la promoción presentada por la parte quejosa por medio de la cual solicitó dictar el auto de requerimiento de pago y embargo, en contra de la demandada; asimismo, se dictó auto de requerimiento de pago y embargo en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Nicolás de Romero, Estado de México, por la cantidad de $1.046,750.00 (un millón cuarenta y seis mil setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) y se le hizo del conocimiento a la demandada que para el caso de que dentro de la diligencia se desprendan hechos que pudieran ser constitutivos de delito, se daría vista al Ministerio Público, de conformidad con el artículo 209 bis, segundo párrafo de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Así las cosas, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, registrada con el número 184572, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No se desatiende que en la demanda de amparo el quejoso, también haya señalado como acto reclamado el procedimiento de ejecución; sin embargo, no es dable tenerlo como acto reclamado, toda vez que la protección constitucional debe limitarse a la etapa procedimental en la que se encuentra el procedimiento laboral por lo que sí a la fecha de presentación de la demanda, la parte quejosa no conocía el contenido del auto de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, es incuestionable que no podía reclamar su ejecución, pues ni siquiera existía certeza de que el mismo fuere hacer impugnado por alguna de las partes. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con cincuenta minutos del veinticuatro de septiembre del año en curso, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente.
- Principal
ii)Toluca, Estado de México; treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que la audiencia constitucional se fijó para este día a las once horas con veinticinco minutos como se determinó en auto de dieciséis de agosto pasado; sin embargo, de autos se advierte que no existe el informe justificado relativo a la ampliación de demanda, pues a la fecha transcurre el plazo otorgado a la responsable para tal fin, toda vez que dicho requerimiento le fue notificado el veintinueve de agosto pasado. En tales condiciones, a fin de dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior, se difiere la audiencia de ley y en su lugar se fijan las diez horas con cuarenta minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo. Notifíquese.
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