David Israel Garcia Chavez

Expediente 1389/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1389/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
16/01/2017

Partes del expediente

  • David Israel Garcia Chavez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    I. Toluca, Estado de México; dieciséis de enero de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio remitido por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual acusa recibo del oficio 649/2017, por el que se le devolvieron las constancias que remitió como anexo a su informe justificado para substanciar el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes y déjese sin efectos el apercibimiento inserto en el auto de nueve de enero de dos mil diecisiete. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    I. Toluca, Estado de México; nueve de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que el quejoso David Israel García Chávez, a quien se considera podría perjudicarle la sentencia dictada el veinte de diciembre de dos mil dieciséis, mediante la cual se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso; misma que no fue recurrida dentro del plazo de diez días señalado en el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que ha causado estado, por lo que háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, devuélvase el cuaderno original del juicio laboral 1302/2005 (cuatro tomos), constancias que remitió como complemento a su informe justificado. Atento a lo anterior, se solicita a la responsable, para que dentro del plazo de tres días inserto en la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acuse recibo de las constancias referidas, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá multa de cincuenta a ciencia veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que es susceptible de depuración la totalidad de las constancias que integran el expediente con excepción de la demanda y sentencia respectiva, porque se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. Es decir, en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso IV, del Acuerdo General Conjunto de referencia Asimismo, es menester referir que en los cuadernos aludidos no existen documentos originales que encuadren en las hipótesis descritas en el punto segundo de las disposiciones generales del inciso XVIII del Acuerdo citado; por lo que, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo multicitado. Por último, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia y relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García, que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Toluca, Estado de México, a las diez horas con cincuenta minutos del veinte de diciembre de dos mil dieciséis, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1389/2016-I, promovido por David Israel García Chávez, en audiencia pública, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; ante María Isabel López Mondragón, Secretaria quien da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin asistencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria da lectura de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el presente expediente. Al caso es aplicable la tesis publicada en la página 185, del Semanario Judicial de la Federación, Julio a Diciembre de 1998, Tomo IV, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la vigente Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por hecha la relación de constancias. A continuación, se abre el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las ofrecidas por las autoridades responsables y el quejoso. El Juez acuerda: Se tiene por admitidas las pruebas de las autoridades responsables y el quejoso. Sin más pruebas que acordar se da por concluida la presente etapa. Enseguida, se apertura el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que el tercero interesado formuló alegatos correspondientes. El Juez acuerda: Se tienen por formulados los alegatos presentados por el tercero interesado. Al no haber más alegatos que acordar se da por concluida la presente etapa. Con lo expuesto, se tienen por realizadas las etapas precedentes de la audiencia constitucional, en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda. Visto, para resolver, el juicio de amparo indirecto 1389/2016-I, promovido por David Israel García Chávez contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de demanda. Mediante escrito presentado el doce de septiembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, remitida en la misma fecha a este órgano jurisdiccional, David Israel García Chávez solicitó el amparo contra la autoridad y acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE "PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MÉXICO." ACTO RECLAMADO "El acuerdo de fecha 10 de agosto de 2016, el cual me fue notificado en fecha 19 de agosto de 2016 por medio de Boletín Laboral que emite la autoridad responsable, mediante el cual la responsable, no acuerda de forma congruente ni fundada ni mucho menos motivada la petición realizada por la parte actora mediante escrito presentado en fecha 03 de junio de 2016, como todo acto de autoridad debe ser, vulnerando con ello mis garantías constitucionales consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. Datos de la demanda. El trece de septiembre de dos mil dieciséis se admitió a trámite la demanda; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional (foja 11). TERCERO. Derechos humanos invocados. La quejosa señaló como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 en relación con el 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, por reclamarse un acto dictado por autoridad del orden laboral cuya residencia se localiza dentro del territorio donde se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, deben precisarse los actos reclamados, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, al fijar los actos reclamados debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el quejoso reclama el auto de diez de agosto de dos mil dieciséis, emitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en el expediente laboral 1302/2005, en el cual no se acordó favorable su petición respecto a la expedición de una resolución por cada vehículo para que hagan las veces de factura. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado (foja 19). Resulta aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 246389, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con las copias certificadas del expediente 1302/2005, a las cuales se les concede pleno valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Causas de Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes, por constituir una cuestión de orden público y de estudio preferente en este asunto, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, no se actualiza alguna causa de improcedencia, por lo cual se procede al análisis de fondo de los actos reclamados. QUINTO. Estudio de fondo. En mérito de lo anterior, se procede al estudio del fondo del asunto, tomando en cuenta tanto las consideraciones que sustentan el acto reclamado, como los argumentos vertidos a manera de conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado como si a la letra se insertaran, pues no existe precepto alguno en la Ley de Amparo, que establezca la obligación de transcribirlos. A lo anterior, sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.58/2010, publicada en la página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2010, Tomo XXXI, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164618, cuyos rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante lo anterior, en atención al principio de congruencia y exhaustividad que toda sentencia debe reunir, se estima sintetizar los conceptos de violación. La responsable no fundó ni motivó adecuadamente al acto reclamado, porque no existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, ya que debía expedirse una factura para cada uno de los vehículos y no como lo hizo ésta una resolución para ambos. El concepto de violación reseñado, resulta infundado por las consideraciones siguientes: En primer orden se destaca el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." El precepto constitucional citado consagra el derecho a la legalidad, consistente en la fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos. Para cumplir con el imperativo constitucional de la fundamentación y motivación, los actos de la autoridad deben cumplir los siguientes requisitos: - Expresar con exactitud el precepto legal aplicable al caso (fundamentación). - Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto (motivación). - Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables (relación entre la fundamentación y la motivación). El derecho a la legalidad consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los elementos esenciales, que todo acto de molestia dirigido a los gobernados esté fundado y motivado debidamente. En ese contexto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado adecuada y suficientemente. Lo primero se cumple al expresar con exactitud el precepto legal aplicable al caso y lo segundo al señalar, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas consideradas para la emisión del acto; pero, además, para que se cumpla con los requisitos constitucionales de la debida fundamentación y motivación debe existir adecuación entre los motivos aducidos en el acto de autoridad y las normas aplicadas, es decir, que en el caso concreto se configuran las hipótesis normativas en los cuales se apoya el acto de autoridad. Lo que tiene apoyo en la jurisprudencia 260 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 175, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Común, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Materia Común, Séptima Época, del registro 394216, la cual establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Así como la tesis I.3o.C.52 K, publicada en la página 1050, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XVII, abril de 2003, Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del registro 184546, cuyos rubro y texto son: "ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES. De lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal se desprende que la emisión de todo acto de molestia precisa de la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y, 3) que en los documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe señalar que la primera de estas exigencias tiene como propósito evidente que pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y para que el afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de autoridad provenga de una autoridad competente significa que la emisora esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento." Asimismo, debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación. Por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma donde se apoye la resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares tomadas en cuenta para la emisión del acto reclamado. Ahora, la diversa hipótesis se actualiza, cuando en el acto reclamado sí se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y sí se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar el acto, pero no corresponden al caso concreto objeto de decisión, o bien, al no existir adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicadas en el propio acto. A la consideración precedente es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/52, publicada en la página 2127, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XXV, enero de 2007, Novena Época, con el registro 173565, del contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste." Así como la diversa jurisprudencia l.3o.C. J/47 publicada en la página 1964, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XXVII, febrero de 2008, Novena Época, del registro 170307, que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo." En efecto, se considera que la resolución reclamada no transgredió el artículo 16 de la Carta Magna, pues el Tribunal responsable, al emitir el auto reclamado, expuso lo siguiente: "l. Con el escrito de cuenta se tiene por presentado al LIC. DANIEL ORTEGA GUERRA, en su carácter de apoderado legal del actor, por hechas las manifestaciones que hace valer, agréguese a los autos el escrito de referencia para que surta los efectos legales correspondientes, en atención al mismo se hace de su conocimiento de las constancias procesales que engrosan el presente asunto, se advierte que mediante resolución emitida por este H. Tribunal en fecha catorce de mayo de dos mil quince precisamente en su resolutivo segundo como es de verse a foja 676 y 677 de los autos se determina que la resolución de referencia hará las veces de factura por ser expedida por un órgano jurisdiccional dada la rebeldía mostrada de la parte demandada H. Ayuntamiento Constitucional de Nicolás Romero, Estado de México como se advierte de autos, por lo tanto, únicamente podrá expedírsele copia certificada de la misma tantas veces así lo solicite, misma que hará las veces de factura para los efectos legales a que haya lugar lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19 y 193 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios y artículo 2.167 fracción III del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México de la ejecución de las sentencias. Si la sentencia condena hacer alguna cosa, el Juez señalara al que fue condenado, un plazo prudente para el cumplimiento, atendiendo a las circunstancias del hecho y de las personas. Si fenecido el plazo, el obligado no cumple, se observaran las reglas siguientes: III. Si el hecho consiste en el otorgamiento de algún instrumento o celebración de algún acto jurídico, el Juez lo ejecutara por el obligado, expresándose en el documento que se otorgó en rebeldía." Como se advierte, el Tribunal responsable señaló de manera pormenorizada los motivos que lo llevaron a determinar que no era posible acordar de conformidad la solicitud del ahora quejoso en el sentido de que se expidieran dos resoluciones que hicieran las veces de factura, una para cada uno de los vehículos adjudicados, puesto que ya se había determinado dicho aspecto en la resolución emitida el catorce de mayo de dos mil quince, precisamente en su resolutivo segundo, la que haría las veces de factura al haber sido expedida por un órgano jurisdiccional dada la rebeldía mostrada por la parte demandada, y por tanto, se le otorgarían cuantas copias necesitara para tales efecto; y de igual forma, fundó su actuación en términos de los artículos 19 y 193 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios así como en el artículo 2.167 fracción III del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, de ahí que sí se encuentra fundada dicha actuación. Por tanto, no es dable considerar que el acto reclamado no se encuentre fundado ni motivado debidamente, pues éste órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable sí se ocupó de las cuestiones planteadas y señaló en principio, las razones, motivos y fundamentos legales que amparan el sentido de su determinación, por ello, al haberlo establecido de esa manera, es claro, que el acto impugnado no controvierte el contenido del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; máxime que si el ahora quejoso no se encontraba de acuerdo con dicha situación debió haber recurrido tal determinación en su momento procesal oportuno. Lo anterior, se robustece con la jurisprudencia con registro número 394216, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 260, publicada en la página 175 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, primera parte, Novena Época, del título y contenido siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Máxime que, a pesar de que en la resolución relativa se haya estipulado que ésta haría las veces de factura, lo cierto es que sólo constituye un título de propiedad de los bienes ejecutados ya que las facturas tienen una naturaleza jurídica distinta, habida cuenta que son títulos de crédito que se rigen por disposiciones legales especiales, de ahí que, con independencia de lo dicho por la responsable, su petición resultaba improcedente. Así, al resultar infundado el concepto de violación planteado procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 74, 75, 76, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a David Israel García Chávez contra la autoridad y respecto del acto precisado en el segundo considerando, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de la Secretaria que da fe, María Isabel López Mondragón. Doy fe. .

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal del presente sumario, del cual se advierte que está transcurriendo el término de ocho días que debe mediar entre la fecha de notificación a las partes del informe justificado, en relación con el señalado para la audiencia de ley, según lo estipula el artículo 117 de la Ley de Amparo, ya que el veinticuatro de noviembre del año en curso, fue acordado el complemento al informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, notificándose a las partes el veintidós siguiente; por tanto, a fin de dar oportunidad a que trascurra el plazo citado y no violar las reglas fundamentales que rigen al juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se señalan las diez horas con cincuenta minutos del veinte de diciembre de dos mil dieciséis, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.

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