David Herrera Reyes

Expediente 190/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
190/2016
Año
2016
Actuaciones
14
Última actuación
15/07/2016

Partes del expediente

  • David Herrera Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; quince de julio de dos mil dieciséis. La certificación que antecede, evidencia que las partes no recurrieron dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 81 de la Ley de Amparo, contra la sentencia dictada el veintisiete de junio de dos mil dieciséis, por la cual se negó la protección de la Justicia Federal en el presente asunto, en consecuencia con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otro lado, mediante oficio que para tal efecto se gire, devuélvanse al Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de la Fiscalía Regional de Valle de Bravo, y al Juez Civil de Primera Instancian del Distrito Judicial de Valle de Bravo, ambos en el Estado de México, las copias certificadas de la noticia criminal 574620201815 y del expediente 575/2015, respectivamente. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en términos del transitorio tercero de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, excepción hecha de la demanda y la sentencia dictada por este juzgado de distrito. Ello es así, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso IV, del Acuerdo General Conjunto de referencia, del contenido siguiente: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: (.) IV. Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional, de los cuales se conservará en todos los casos la demanda y la sentencia respectivas; (...)." Lo anterior, pues en sentencia de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, dictada en el presente juicio de amparo se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con María Isabel López Mondragón, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    En Toluca, México, a las once horas con cinco minutos del veintisiete de junio de dos mil dieciséis, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional, relativa al juicio de amparo indirecto 190/2016-I, promovido por David Herrera Reyes, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo turno de la Fiscalía Regional de Valle de Bravo y otras autoridades, en audiencia pública Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Nicolás de Luna González, que autoriza, firma y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procedió a celebrar la misma, sin asistencia de las partes. Abierta la audiencia por el Juez, el Secretario da lectura a las constancias que obran en autos, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas, en atención a las consideraciones contenidas en la tesis de la Octava Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, visible en la página 185, cuyo rubro es: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de las constancias para los efectos legales conducentes. Al no existir escrito pendiente que acordar, se abre el período probatorio y el secretario da cuenta con las ofertadas por la autoridad responsable, Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de la Fiscalía Regional de Valle de Bravo, consistente en copias certificadas de la noticia criminal 574620201815. Por otra parte, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo se recabó de oficio copia certificada del expediente 575/2015, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, relativas al juicio de Controversia Familiar de Guarda y Custodia, promovido por Lourdes Martínez Maldonado. El Secretario hace constar que las demás partes no ofrecieron pruebas. El Juez acuerda: De conformidad en los numerales 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas de mérito dada su propia y especial naturaleza, para los efectos legales conducentes y se tiene por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas. Se da apertura al periodo de alegatos, y en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, el Secretario da nueva cuenta con los formulados por la tercera interesada Lourdes Martínez Maldonado, en ocurso recibido el veinte de abril del presente año. Y, hace constar que las demás partes no hicieron uso del derecho de formularlos, ni el Agente del Ministerio Público Federal adscrito, presentó pedimento alguno. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos vertidos por la parte tercera interesada, sin perjuicio de tomarlos en consideración al emitir la sentencia respectiva. Sin más alegatos por reproducir, se cierra este período. Con lo expuesto, se tienen por realizadas las etapas precedentes de la audiencia constitucional, en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver en los autos del juicio de amparo indirecto 190/2016-I; y, R E S U L T A N D O . PRIMERO.- Presentación y datos de la demanda. David Herrera Reyes, mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, el quince de febrero de dos mil dieciséis, solicitó el Amparo y la Protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y de las autoridades que a continuación se mencionan: AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- COMISARÍA GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL. b).- AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL SEGUNDO TURNO DE LA FISCALÍA REGIONAL DE VALLE DE BRAVO NORMA GENERAL, ACTO Y OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. De la autoridad identificada con el inciso a) le reclamo: a).- La privación de la guarda y custodia de mi menor, sin orden de autoridad competente, bajo el argumento de trasladarla al AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL SEGUNDO TURNO DE LA FISCALÍA REGIONAL DE VALLE DE BRAVO De la identificada con el inciso b) le reclamo. La orden de privarme de la guarda y custodia de mi menor hija de iniciales D.C.H.G, sin ser autoridad competente para ello y sin que medie procedimiento en el que se me hubiese concedido la garantía de audiencia." SEGUNDO.- Admisión y trámite del juicio. Por determinación de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de garantías, se solicitó su informe justificado a las responsables, se ordenó mediante exhorto el emplazamiento de la parte tercera interesada Lourdes Martìnez Maldonado, la cual se realizó mediante diligencia de quince de abril de dos mil dieciséis (foja 48) y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos tuvo verificativo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente determinación. TERCERO.- Derechos humanos transgredidos. La parte quejosa señaló como garantías individuales violadas, las establecidas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 48 en relación con el 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ya que los actos que se reclaman son determinaciones emitidas por autoridades del orden administrativo, que se tratan de ejecutar dentro del territorio donde se ejerce jurisdicción. SEGUNDO.- Acto reclamado Ante todo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, conviene precisar que el acto reclamado es: La medida precautoria ordenada por el Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de la Fiscalía Regional de Valle de Bravo, consistente en poner en cuidado de Lourdes Martínez Maldonado de forma provisional a su nieta menor de edad, entre tanto se resuelve la situación jurídica de los imputados; determinación ordenada en la noticia criminal 574620201815, iniciada por la denuncia de hechos posiblemente constitutivos del tipo penal de violencia de género en agravio de la menor de iniciales D.C.H.G, en contra del padre David Herrera Reyes (aquí quejoso). Lo anterior es así, pues aun cuando no lo preciso el quejoso como tal, en su demanda refiere como acto reclamado la privación de la guarda y custodia de su menor hija ordenada por una autoridad que carece de competencia legal, lo cierto es, que atendiendo al contenido de las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de la Fiscalía Regional de Valle de Bravo, cuyo análisis ha efectuado este órgano jurisdiccional con objeto de clarificar la apreciación del acto reclamado, se advierte que el acto reclamado lo es, como se indicó, la medida precautoria ordenada por el Agente del Ministerio Público responsable, consistente en poner en cuidado de Lourdes Martínez Maldonado de forma provisional a su nieta menor de edad de iniciales D.C.H.G, entre tanto se resuelve la situación jurídica de los imputados, entre los que se encuentra el ahora quejoso, ordenada en la noticia criminal 574620201815, iniciada por la denuncia de hechos posiblemente constitutivos del tipo penal de violencia de género. Apoya lo anterior, lo dispuesto en la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 227, Tomo: VIII, Agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo.". De igual forma, la tesis de Jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo: XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". No constituye un obstáculo a lo anterior, el hecho de que la jurisprudencia antes invocada interprete la legislación de amparo abrogada, de diez de enero de mil novecientos treinta y seis, pues aquélla no es contraria, ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo -dos de abril de dos mil trece- así como tampoco lo son las demás tesis aisladas y jurisprudencias que serán citadas en esta sentencia, que atiendan o hagan referencia a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo establecido en el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. TERCERO.- Certeza del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de la Fiscalía Regional de Valle de Bravo, al rendir su informe justificado (foja 16) negó el acto que se le atribuye; sin embargo, del mismo, así como de las copia certificadas de la noticia criminal 574620201815, que remitió en apoyo a su informe, se advierte la existencia de la medida precautoria reclamada, por tanto, en la medida de lo anterior se tiene por cierto el acto destacado. Por su parte, el Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, pese a que negó el acto reclamado que se le atribuye; sin embargo, al depender su actuar de lo ordenado por la autoridad ordenadora, a quien se le tuvo por cierto el acto destacado; en consecuencia, se le hace extensiva la certeza del acto. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 553,del Tomo VI, del Apéndice 1917-1995, Parte TCC, materia común, Octava Época, con número de registro 394770, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sobre el particular, este Juzgado Federal considera que no se actualiza alguna causa de improcedencia, por lo que se procede al análisis de fondo de los actos reclamados. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. De un estudio integral de la demanda de amparo el quejoso manifiesta que con el acto reclamado se le vulneran los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16, pues la autoridad responsable para emitir el acto reclamado debió haber seguido un juicio previo otorgándole la garantía de audiencia, razón por la cual se violó en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento. Lo anterior resulta infundado, por las siguientes razones y se estudiará en suplencia de la queja, en términos de la fracción II, del artículo 79 de la Ley de Amparo. En efecto, el Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo turno de la Fiscalía Regional de Valle de Bravo, en acuerdo ministerial de veintiuno de mayo de dos mil dieciséis, dictado dentro de la noticia criminal 574620201815, determinó en la parte conducente: "ACUERDO DE PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DE DELITOS RELACIONADOS CON VIOLENCIA DE GÉNERO. ACUERDO: En la Ciudad de Toluca, Estado de México, en fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, siendo las veinte horas, la suscrito Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres sede Toluca, Estado de México. - - - - - - - - - - -ACORDÓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Visto el estado que guarda la presente carpeta de investigación, y toda vez que del estudio lógico y jurídico de las diligencias de la integran, se desprende que la misma se inició con el antecedente de que las menores de iniciales R.A.H.G, M.F.H.G y D.C.H.G eran violentadas por su padre DAVID HERRERA REYES, denuncia que realizó la abuela de las mismas de nombre LOURDES MARTÍNEZ MALDONADO, toda vez que la madre de las menores de nombre RENATA GARCÍA MARTÍNEZ, no hacía nada para salvaguardar la integridad de sus niñas e inclusive seguía viviendo con el agresor de las mismas, por lo que para efecto de salvaguardar la integridad de las menores referidas y una vez que la C. LOURDES MARTÍNEZ MALDONADO ha acreditado fehacientemente el parentesco que la une con las víctimas como es con las actas de nacimiento respectivas donde aparece en el apartada abuela materna el nombre de la denunciante referida, por lo que al existir una red de apoyo familiar ya que la denunciante ha manifestado su deseo y compromiso de hacerse cargo de sus menores nietas, no se hace necesario albergarlas, por lo que se le dejan bajo su cuidado y más estricta responsabilidad de manera provisional, en lo que se determina la situación jurídica de los imputados en al presente, lo anterior con fundamento en lo establecido por los artículos 1, 4 párrafo ocho, nueve y diez, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86 de la Constitución Política del Estado de México, 64, 150 del Código de procedimientos Penales vigente en la entidad, 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, demás relativos y aplicables incluyendo Tratados Internacionales." (foja 53 del tomo I anexo). De lo anterior, se aprecia que es correcta la actuación del Ministerio Público responsable al haber ordenado como medida precautoria que la menor víctima u ofendida de delito relacionado con violencia de género de iniciales D.C.H.G, quedara de manera provisional baja el cuidado y más estricta responsabilidad de su abuela Lourdes Martínez Maldonado, hasta en tanto se resolviera la situación jurídica del padre (quejoso en el presente juicio de amparo), imputado en dicha noticia criminal; dado que a fin de salvaguardar la integridad física y psíquica de la víctima determinó dicha medida precautoria dentro de sus facultades constitucionales y, si bien, no se transcribieron las disposiciones atinentes, a nada práctico traería conceder el amparo, dado que su actuar se encuentra apegado a la legalidad, pues el artículo 180.1 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México aplicable, establece: Artículo 180.1. Las medidas de protección tienen como finalidad la protección de la víctima o del ofendido y de todos los sujetos que intervengan en el proceso, las cuales no requieren autorización judicial. Corresponde al ministerio público y a la autoridad judicial ordenar las medidas de protección que establece este código y dictar las providencias necesarias para su debido cumplimiento y ejecución. Tratándose de delitos vinculados a la violencia de género, y en los casos en que las víctimas u ofendidos sean menores de edad, el ministerio público o la autoridad judicial, según corresponda, dictarán de inmediato, de oficio, las medidas de protección apropiadas para salvaguardar su seguridad e integridad física y psicológica. De la interpretación del artículo transcrito se advierte que el Ministerio Público puede ordenar medidas precautorias con la finalidad de proteger a la víctima u ofendido, las cuales no requieren autorización judicial y, tratándose de delitos vinculados a la violencia de género dictará de inmediato las medidas de protección a fin de salvaguardar su seguridad e integridad física y psicológica. Ahora bien, en el caso, el Agente del Ministerio Público responsable emitió el acto reclamado con base en el estudio lógico y jurídico de las diligencias que integran la noticia criminal, entre otras: 1.- Entrevista con la menor víctima del delito de violencia de género con iniciales D.C.H.G, en la que se observa que la menor manifestó ante la responsable que ".mi papá me maltrata ya que me humilla ya que me dice que no sirvo para nada, que no lo quiero que soy barbera, que soy una tonta, que soy una estúpida y constantemente cuando se enoja me golpea, dándome de cachetadas y golpes en la cabeza, me pica con sus dedos mi cabeza, a mi mamá también la maltrata, y a mis hermanas, y esto a mí me da confusión, desesperación, coraje solo quiero regresar a mi vida de antes y que todo regresara a su normalidad y solo quiero estar con mi abuelita porque ella si nos quiere y protege" 2.- Certificado médico elaborado el veintiuno de mayo de dos mil quince, relativo al estado psicofísico, lesiones, edad clínica, ginecológico, proctológico y síndrome de "Kempe"; del cual se observa que la médico indicó que la menor víctima del delito de violencia de género con iniciales D.C.H.G, presentó excoriaciones en región abdominal y sugirió valoración por psicología y seguimiento en trabajo social (foja 27 del tomo I). 3.- Estudio psicológico del veintiuno de mayo de dos mil dieciséis, del que se advierte que la psicologa adscrita a la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género determinó que la menor víctima del tipo penal de violencia de género con iniciales D.C.H.G, si bien "no presenta características comunes de menores que sufren violencia familiar, las reacciones que tiene frente a su entorno social y personal es respuesta a una inestabilidad relacionada entres sus padres, lo cual le impide un adecuado desenvolvimiento social, familiar y personal." También, de las constancias remitidas por el Ministerio Público responsable se advierte que se allegó constancias del juicio de controversia del derecho de familia sobre guardia y custodia y pensión alimenticia promovido por Lourdes Martínez Maldonado, por su propio derecho y en representación de sus menores nietas, contra David Herrera Reyes y otra, expediente 575/2015 del índice del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valle de Bravo, México, de las que se advierte actuaciones sobre la guarda y custodia de las menores nietas de la ahí parte actora. De lo que se colige que es correcta la consideración del Ministerio Público responsable en ordenar la medida precautoria de que menor víctima u ofendida de delito relacionado con violencia de género con iniciales D.C.H.G, quedara de manera provisional baja el cuidado y más estricta responsabilidad de su abuela Lourdes Martínez Maldonado, hasta en tanto se resuelva la situación jurídica del padre, imputado en dicha noticia criminal y quejoso en el presente juicio de amparo, dado que con el cúmulo probatorio que existía en el momento de la emisión del acto reclamado, el Ministerio Público responsable determinó dictar la medida provisional cuestionada para salvaguardar la integridad física y psíquica de la víctima, además de que aún está abierta la investigación respecto del tipo penal de violencia de género atribuido al peticionario de amparo en relación con su menor hija. De ahí que, el ministerio público responsable, no actuó ilegalmente, pues los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los ordinales 64, 150 y 180.1, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México aplicable, lo facultan a partir de que tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, para dictar los trámites y providencias necesarias para la pronta y eficaz procuración de justicia y, ante el delito de violencia de género, está facultado para que, a fin de velar por la integridad física y psíquica de la víctima, dicte las medidas precautorias que considere necesarias sin autorización judicial, ante la premura de velar por el bien jurídico tutelado que es el interés superior del menor. En atención a lo anterior, se considera que a fin de salvaguardar la integridad física y psíquica de la víctima del delito de violencia de género y el interés superior de la menor víctima, no se requiere de audiencia previa del inculpado a fin de dictar las medidas que estime necesarias, máxime que como lo estipula el artículo 180.1 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México aplicable, no es necesario autorización judicial para emitir las medidas precautorias indispensables para tal fin. En esas condiciones, al resultar infundados los motivos de disenso vertidos por el quejoso en suplencia de la queja deficiente, lo conducente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Tiene aplicación la tesis I.6o.P.18 P (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2024, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "VIOLENCIA FAMILIAR. DESDE LA AVERIGUACIÓN PREVIA EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ FACULTADO PARA DICTAR LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA DE LA VÍCTIMA, SIN QUE ESTÉ OBLIGADO A SOLICITARLO AL JUEZ COMPETENTE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).Tratándose de delitos de esta naturaleza, el Ministerio Público, en la integración de la averiguación previa, está facultado para decretar, bajo su más estricta responsabilidad, las medidas precautorias necesarias para salvaguardar la integridad física y psíquica de la víctima, conforme al artículo 202 del Código Penal para el Distrito Federal; por tanto, no está obligado a solicitar a un Juez las medidas cautelares necesarias, en términos del artículo 9 Bis, fracción XVIII, del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, para proporcionar seguridad y auxilio a la víctima de este ilícito." Negativa del amparo que debe hacerse extensiva por lo que hace a la autoridad ejecutora Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, pues su actuación no se reclama por vicios propios, sino que éstos se hacen depender de los reclamados a la ordenadora. Sirve de sustento a la anterior consideración la jurisprudencia número 654, publicada a foja 438, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías debe también negarse respecto de las señaladas solo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. - La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a David Herrara Reyes, contra los actos y autoridades indicados en el segundo y tercer considerando, por las razones expuestas en el quinto considerativo del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretario Nicolás de Luna Gonzàlez, que autoriza, firma y da fe. RTMA

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; nueve de junio de dos mil dieciséis. Visto el oficio signado por el Juez Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo, Estado de México, a través del cual en cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de veintiséis de mayo de año en curso, remite copia certificada del expediente 575/2015, de su índice estadístico; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en términos de su ordinal 2°, agréguese a los autos el oficio y anexo para los efectos legales conducentes. Por tanto, téngase por cumplido el requerimiento formulado en auto de referencia y sin efectos el apercibimiento ahí inserto. Ahora, dada la voluminosidad de las constancias remitidas y para evitar el deterioro de las mismas, fórmese anexo correspondiente y procédase hacer la carátula respectiva para su identificación. Notifíquese. Así lo acordó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis, con el licenciado Mario Jorge Melo Cardoso, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. El estado procesal del presente juicio de garantías evidencia que se fijaron las diez horas de hoy para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, hizo del conocimiento que la tercera interesada Lourdes Martínez Maldonado promovió juicio familiar ante el Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, radicado con el número de expediente 575/2015, del índice estadístico de dicha autoridad, en el cual se le concedió la guarda y custodia de la menor Danya Cristina Herrera García; por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase al Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, remita copia certificada, legible y completa del expediente 575/2015, de su índice estadístico. Con el apercibimiento que en caso de ser omiso al requerimiento precedente, se le impondrá una medida de apremio equivalente a una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Es aplicable, en lo conducente la jurisprudencia 363, visible en la página 309 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo contenido es: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Consecuentemente, a fin de que se cumplimente lo anterior la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere y, en su lugar, se fijan las once horas con cinco minutos del veintisiete de junio de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con el licenciado Mario Jorge Melo Cardoso, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano