David Emmanuel Ogaz Paz
Expediente 754/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 754/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- David Emmanuel Ogaz Paz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Informa transición a expediente electrónico Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Se agrega oficio de cuenta Agréguese a los autos el oficio que remite la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Devolución de constancias Se tiene a dicha autoridad solicitando la devolución de constancias del juicio natural 310/2020, de su índice, recibidas en este Juzgado en auto de dieciocho de septiembre del año en curso, a fin de cumplir con el fallo protector. En consecuencia, se ordena devolver de inmediato los autos originales del juicio laboral 310/2020 del índice de la autoridad oficiante. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia emitida el dos de octubre de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada por la parte quejosa. En consecuencia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, de conformidad con la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2º. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento de cumplimiento de la ejecutoria En la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal, al quejoso********************, para los efectos siguientes: En consecuencia, lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Junta Especial número cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta localidad, de acuerdo a sus facultades: 1. Ordene que se formule el proyecto de laudo respectivo y, 2. Ajustándose a lo establecido por los artículos 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, emita el laudo que corresponda en el juicio laboral ********************, de su índice. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial número cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que, dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificado de este proveído, dé cumplimiento a la sentencia de amparo y lo informe a este juzgador, lo que deberá acreditar con las constancias respectivas. Apercibimiento Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así o de informar la imposibilidad que tiene para acatar el fallo, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 192, en relación con los diversos 238 y 258, ambos de la Ley de Amparo, esto es: se le impondrá como sanción multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10, 374. 00) previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Sirve de apoyo al procedimiento de ejecución, la jurisprudencia 54/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I, Materia Común, visible en la página 19, con registro 2007918, del rubro: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Se precisa que según lo dispuesto por los artículos 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, debería de requerirse al superior jerárquico de la autoridad responsable para que ordene a la referida autoridad el cumplimiento de la ejecutoria; sin embargo, para efectos de dicho cumplimiento la citada autoridad no tiene superior jerárquico. En razón de lo anterior, se conmina a la Junta Especial número cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, para que, dentro del término concedido, dé cumplimiento a la sentencia emitida en este amparo. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.
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Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de octubre de dos mil veintitrés. Visto para resolver, el juicio de amparo 754/2023-IV, promovido por ********************. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el tres de agosto de dos mil veintitrés, turnado y recibido en este Juzgado el mismo día, ********************, promovió juicio de amparo, contra el acto y autoridades señalados en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Derechos que el quejoso estimó vulnerados. El quejoso estimó vulnerados en su contra los derechos previstos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 123 Constitucionales. Tercero. Tramitación y admisión de la demanda. En auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, se admitió la demanda a trámite, se requirió su informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como, el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se reclama una omisión que tiene efectos dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, se precisa que el quejoso reclamó de la Junta Especial número cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, la omisión de dictar laudo definitivo en el juicio laboral ********************/2020 en el cual el quejoso es parte trabajadora. Tercero. Existencia del acto reclamado. La Junta Especial número cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta localidad, en su informe justificado, manifestó que es cierta la omisión reclamada, pues en el juicio natural, el ocho de junio de dos mil veintidós, se declaró cerrada la instrucción y los autos quedaron en estado de resolución, para efectos de la elaboración del dictamen de Ley, sin que a la fecha se haya dictado el laudo correspondiente. Al respecto, la Junta responsable remitió los autos originales del expediente ********************/2020, de donde se advierte el citado proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, pero no, que a la fecha, se haya dictado laudo; constancias que cuenta con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Penales, supletorio de la Ley de Amparo. Así pues, se tiene como cierta la omisión reclamada. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, si bien la Junta responsable no aduce, propiamente, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario y en relación con el numeral 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento legal, relativa a la improcedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyo efecto sea de imposible reparación, entendiéndose por estos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; sino que únicamente "hace del conocimiento" de este Juzgado de Distrito, la tesis de jurisprudencia 48/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. Sin embargo, como se verá en el considerando correspondiente, la omisión de dictar laudo en un juicio laboral, cuando ya feneció el plazo que la Junta responsable tenía para ello, constituye una violación a derechos fundamentales, por lo que, la tesis de jurisprudencia que invoca la Junta responsable no es aplicable en este caso. Al no advertirse la actualización de ninguna causa de improcedencia, se continúa con esta sentencia y se estudia el acto reclamado, el cual no se transcribirá en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad, máxime que al quejosos le asiste la suplencia de la queja de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Quinto. Examen constitucional del acto reclamado. La parte quejosa argumenta que con la omisión reclamada, la Junta Especial número cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, vulnera en su perjuicio el derecho a la pronta impartición de justicia, previsto en el artículo 17 Constitucional. Dicho numeral establece que: 17. (.). Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Del texto trascrito, se desprende que el derecho humano de administración de justicia que consagra el artículo 17 Constitucional, contiene varios principios de derecho subjetivo, a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, a saber: Justicia Pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y además, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Es decir, tal derecho de administración de justicia, está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, de manera que, es claro que todas aquellas autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los principios que la integran, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales, como sucede en el caso que interesa. Sirve de sustento, a lo anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XV, mayo de dos mil dos, página 299, del rubro y texto siguiente: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Bajo ese contexto, la autoridad responsable transgredió en perjuicio de la parte quejosa el derecho previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no acatar lo dispuesto por los numerales 685, 686, 771, 885, 886, 887 y 889, todos de la Ley Federal del Trabajo aplicable, mismos que, en su orden y en la parte que interesa, disponen: 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. (.). 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos para procesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente Ley. (.). 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. El subrayado es nuestro. Del análisis de los dispositivos antes transcritos, queda de manifiesto que los Tribunales del Trabajo están regidos estrictamente por la ley de la materia, la cual los constriñe a actuar y pronunciarse dentro de los términos y plazos que establece y su desacato indudablemente conlleva a una violación constitucional al derecho fundamental de pronta impartición de justicia prevista por el referido artículo 17 de nuestra Ley Suprema; así pues, se colige lo siguiente: Que una vez declarada cerrada la instrucción por el Auxiliar responsable, cuenta únicamente con diez días para la emisión del proyecto de laudo correspondiente. Emitido tal proyecto, se entregará copia a todos los miembros de la Junta, quienes cuentan con un periodo de cinco días para ordenar el desahogo de las pruebas que hubieren quedado pendientes, lo que se verificará en un término máximo de ocho días después de concluido el primer periodo aludido en este párrafo. Hecho lo anterior, el Presidente de la Junta citará a los miembros para la discusión y votación del proyecto de laudo, lo que se deberá realizar en un término de diez días. Por ende, el periodo total con que cuenta la Junta para la emisión del laudo es de treinta y tres días, todos ellos hábiles. Ahora bien, en el caso, desde el ocho de junio de dos mil veintidós, se declaró cerrada la instrucción en el juicio natural, turnándose los autos para la elaboración del proyecto de laudo correspondiente, el cual no se ha realizado, y obvio es, tampoco se han verificado el resto de las etapas indicadas líneas arriba, para lo cual, como se precisó, se cuenta con un término total de treinta y tres días hábiles, los cuales transcurrieron con evidente exceso al momento de la promoción de este juicio de amparo, el tres de agosto de dos mil veintitrés, fecha en la cual se presentó la demanda relativa en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad. Por lo tanto, resultan ineficaces los argumentos que esgrimió la Junta responsable en su informe justificado, en el sentido de contar con una carga excesiva de trabajo, pues lo cierto es que ya transcurrió con evidente exceso el término con que cuenta para dictar el laudo correspondiente, sin que lo hubiere hecho al día de hoy. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia IV.3o.T. J/57, Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, visible a página 1283, del texto siguiente: JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional. En las relatadas circunstancias, no cabe duda que la autoridad responsable, ha incurrido en la omisión que les atribuye la parte quejosa, vulnerando con tal proceder lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los citados numerales 685, 686, 771, 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, ya que no ha actuado con el debido imperio que tiene en su encargo y es manifiesta la omisión de dictar el laudo que reclama la promovente de amparo, la cual es imputable, en principio, a la autoridad responsable, en atención a lo previsto por la ley laboral. Apoya lo anterior, por contener el principio jurídico apuntado, la Jurisprudencia 2a./J. 8/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, febrero de dos mil cuatro, visible a foja 226, cuyo rubro y texto establecen: LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo. En consecuencia, lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Junta Especial número cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta localidad, de acuerdo a sus facultades: 1. Ordene que se formule el proyecto de laudo respectivo y, 2. Ajustándose a lo establecido por los artículos 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, emita el laudo que corresponda en el juicio laboral ********************/2020 de su índice. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, para el efecto precisado en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese en lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *** quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Tomo I de pruebas Con las constancias del juicio natural que remite la autoridad de cuenta, toda vez que son autos originales remitidos con carácter devolutivo y para mejor manejo del expediente, fórmese el tomo I de pruebas. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ********************, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********************. Doy fe.
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