David García Orozco y Otros.

Expediente 620/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
620/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
19/12/2019

Partes del expediente

  • David García Orozco
  • David García Orozco y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra debidamente integrado el recurso de revisión interpuesto por los quejosos, esto es, las partes fueron debidamente notificadas de la sentencia emitida el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, así como del auto de dieciséis del mes y año en curso, a través del cual se tuvo a la parte quejosa interponiendo el referido medio de impugnación. Por tanto, en cumplimiento al proveído de dieciséis de diciembre pasado, y con apego al artículo 89 de la Ley de Amparo, remítase el original del presente juicio, así como el original del escrito de expresión de agravios, al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en turno, para la sustanciación del recurso en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado ************, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada ************. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda el ocurso de cuenta signado por los directos quejosos ********* y **********; y en atención a su contenido téngaseles interponiendo recurso de revisión contra la sentencia emitida el veintinueve de noviembre del año en curso, en el presente juicio. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia, como del recurso de revisión, previa apertura del cuaderno de antecedentes, remítanse dentro del plazo de tres días al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente para la substanciación del recurso hecho valer. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado ***********, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada ************. Doy fe.

  3. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 620/2019-VI, promovido por **********. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veinte de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno el veintiuno siguiente, ***********, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad. SEGUNDO. Derechos constitucionales reclamados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado a la demanda de amparo. Mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada como 620/2019-VI; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete, se emplazó al tercero interesado; y previo diferimiento, se señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se trata de un acto en materia penal, que fue dictado por una autoridad que realiza sus funciones en el territorio en el que este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados. Así, del análisis de la demanda de así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que los promoventes reclaman al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, en la causa penal 3016/2019, el ocho de agosto de dos mil diecinueve, por los delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple de heroína y ejercicio ilegal del servicio público. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, al rendir informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama; y para corroborar lo anterior, la responsable remitió fotocopia autorizada del auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 3016/2018, así como los registros de audio y video de la audiencia inicial y vinculación a proceso; probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2. Por tanto, debe tenerse por cierto el acto reclamado. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Improcedencia. Del análisis a los autos no se advierte la actualización de alguno de los supuestos que obligan a sobreseer en el juicio de amparo respecto al acto que se tiene como cierto, conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Amparo vigente, ni de alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la propia legislación. QUINTO. Determinación que adopta este Juzgado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, y su estudio se realizará en orden diverso al propuesto. Por ello, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 constitucional, del que se deduce que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la emisión del auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa, además de los anteriores requisitos, los siguientes: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que: III.1. Se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; III.2. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden transgredirse derechos distintos a los consagrados en el artículo 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, pues el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los principios de seguridad jurídica que consagra la ley suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y, c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un sólo cardinal, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada XIII.P.A.30 P, que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIII, de abril de 2001, materia constitucional, página 1228, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: I. Formulación de la imputación. En audiencia de tres de agosto de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estando presentes David García Orozco y Jessica María Rodriguez Álvarez, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, el agente Ministerio Público formuló imputación en contra de los quejosos, por la probable comisión de los delitos siguientes: CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO EN SU VARIANTE DE POSESIÓN SIMPLE, previsto y sancionado por el artículo artículo 477 de la Ley General de Salud; DENEGACIÓN O RETARDO DE LA JUSTICIA Y PREVARICACIÓN, previsto y sancionado por el artículo 286 fracción III del Código Penal del Estado de Chihuahua; y EN EL ÁMBITO DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, previsto y sancionado por el artículo 288 fracción IX del Código Penal del Estado de Chihuahua. II. Rendición de la declaración del imputado o que se encuentre asentado su deseo de negarse a declarar. En la audiencia de ley, celebrada el tres de agosto de dos mil diecinueve, los imputados asistidos de su defensor particular se reservaron el derecho a emitir declaración en relación a los hechos que se le atribuyen. III. 1. Que de la investigación se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Con relación a este tópico, atendiendo al criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es oportuno destacar que el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Corrobora lo antes expuesto, la Jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página: 36, cuyo rubro es el siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Atento a lo anterior, este tribunal de amparo analizará si el Juez de Control encuadró la conducta a lo previsto y sancionado por el artículo 477 de la Ley General de Salud, en relación con el 479 de la citada legislación, el cual establece lo siguiente: Artículo 477.- Se aplicará pena de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla, sin la autorización a que se refiere esta Ley, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aún gratuitamente. Artículo 479.- Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente: Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato Narcótico Dosis máxima de consumo personal e inmediato Opio 2 gr. Diacetilmorfina o Heroína 50 mg. Cannabis Sativa, Indica o Mariguana 5 gr. Cocaína 500 mg. Lisergida (LSD) 0.015 mg. MDA, Metilendioxianfetamina Polvo, granulado o cristal Tabletas o cápsulas 40 mg. Una unidad con peso no mayor a 200 mg. MDMA, dl-34-metilendioxi-n-dimetilfeniletilamina 40 mg. Una unidad con peso no mayor a 200 mg. Metanfetamina 40 mg. Una unidad con peso no mayor a 200 mg. Artículo adicionado DOF 20-08-2009 En la especie, la responsable consideró que existían hechos constitutivos del delito de contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple, previsto y sancionado por el artículo 477 de la Ley General de Salud, toda vez que tuvo por acreditado que a las catorce horas con seis minutos del treinta y uno de julio de dos mil diecinueve en el cruce de la ***********, en esta ciudad, probablemente, **********, poseyó 72 (setenta y dos) envoltorios de diacetilmorfina o heroína, con peso neto de 6.569 gramos y **********, poseyó 121 (ciento veintiún) envoltorios de diacetilmorfina o heroína, con un peso neto de 10.982 gramos, respectivamente. Asimismo, el suscrito examinará si el Juez de Control encuadró la conducta a lo previsto y sancionado por el artículo 253, fracción V del Código Penal del Estado de Chihuahua, el cual establece lo siguiente: Artículo 253. Comete el delito de ejercicio ilegal del servicio público quien: V. Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las personas o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado; y En ese tenor, la responsable estimó que existían hechos constitutivos del delito de ejercicio ilegal del servicio público, previsto y sancionado en el artículo 253 fracción V del Código Penal del Estado de Chihuahua, toda vez que tuvo por acreditado que aproximadamente a las diez horas con ocho minutos del treinta de julio de dos mil diecinueve, en el cruce de las calles La Paz y Ramón Ortiz de la colonia Centro, en esta ciudad, probablemente, Jessica María Rodriguez Álvarez y David García Orozco, sustrajeron objetos (envoltorios con heroína) que se encontraban bajo su cuidado, con motivo de su cargo de Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Tal conclusión se estima apegada a derecho, porque desde el estándar que amerita el examen del auto de vinculación a proceso, se colige que el Juez de Control estableció acertadamente que los datos de investigación que se pusieron bajo su conocimiento permitían establecer que sí existían hechos que la Ley General de Salud, establece como delito contra la salud, en la modalidad de posesión simple; y el Código Penal del Estado de Chihuahua, considera como delito de ejercicio ilegal del servicio público, porque en el tamiz constitucional que debe practicarse en esa etapa del proceso penal, este Juzgado de Distrito comparte la determinación a la que arribó la responsable, debido a que existen datos que permiten advertir la existencia de hechos constitutivos del delito precisado. En esta tesitura, en cuanto a la configuración de los hechos constitutivos de los delitos atribuidos a los quejosos, este Juzgador no advierte lesión a los derechos de los imputados; por lo cual debe permanecer firme lo considerado por el Juez de Control en ese aspecto. III.2. Que de la investigación se desprendan los datos que establezcan la probabilidad de que el imputado participó en la comisión de los hechos. Con relación a este elemento, es decir, a la probabilidad de que el imputado participó en la comisión de los hechos que la ley reputa como delito, es necesario partir de que en el sistema de justicia penal vigente, uno de los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso es que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, esta determinación debe dictarse únicamente a partir de los datos de investigación que refirió el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahogaron en ella -salvo los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan-; por ende, basta que existan indicios de que el ahora quejoso haya intervenido en los hechos que la ley prevé como delito, para que sea legal la determinación de vincularlo a proceso. En el caso, el Juez responsable estimó que quedaba debidamente acreditada la existencia de un hecho que la ley penal señala como delito contra la salud, en la modalidad de posesión simple, al menos de manera probable, bajo las siguientes consideraciones: .en primer término debemos de establecer que el agente del Ministerio Público diverso formuló imputación a JESSICA MARÍA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ y DAVID OROZCO GARCÍA por el delito de CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO EN SU VARIANTE DE POSESIÓN SIMPLE contemplado en el artículo 477 de la Ley General de Salud, el cual establece; ¨Se aplicará pena de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días multa a quien posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidades inferiores a las que resulte multiplicar por mil, las previstas en dicha tabla sin la autorización a que refiere esta Ley, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarse o suministrarse aun gratuitamente, para sustentar esta solicitud, la agente del Ministerio Público reseñó en primer término; Acta realizada por los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ***********, los cuales en fecha treinta y uno de julio de dos mil diecinueve aproximadamente a las catorce horas, manifiestan ser agentes del distrito Centro, que reciben instrucción por su superior para dirigirse al Distrito Centro en calle Oro y 16 de Septiembre de la colonia Centro en esta ciudad, mediante el llamado de número de emergencias le comunicó que reportaban a dos compañeros relacionados con posesión de heroína, en relación a ésto se trasladaron al lugar a bordo de una unidad y arriban a las catorce horas con seis minutos donde le comunica el superior que momentos antes recibió un llamado al número comunicado donde una persona que se reserva su identidad manifestó que el día treinta de julio del año dos mil diecinueve dos policías una mujer y un hombre de los que caminan en el Centro, detuvieron a un conocido suyo de nombre ********** y mismo que les informó que le habían quitado 217 dosis de heroína, pero que al llevárselo a la Fiscalía los Policías que lo detuvieron solo le reportaron 24 dosis y después le colgó, manifestó el superior que al revisar la papelería que genera cada puesta de disposición se percató que los agentes que detuvieron a JOSÉ ÁNGEL fue un agente del sexo femenino y un agente del sexo masculino de los cuales presentaron precisamente 24 dosis de al parecer heroína a la Fiscalía General del Estado así como la persona detenida **********, los cuales iban arribando al lugar en relación a la agente ************ se aproximó a los agentes y se les comunicó que de haber dicho al número comunicado lo que había pasado, refiriendo que había sido un error al momento en que la compañera del sexo femenino sacó del lado izquierdo del pantalón táctico que viste setenta y dos envoltorios de plástico transparente que contiene sustancia pastosa de color café con características similares a la heroína, los cuales aportó indicios asegurados y de igual manera al agente del sexo masculino se sacó de la bolsa lateral izquierda del pantalón táctico 122 envoltorios de plástico transparentes que contienen una sustancia de color café con las características similares a la heroína, los cuales aportó y que fueron asegurados y se les informó que su actuar es un delito y que serían puestos ante un agente del Ministerio Público por el delito de CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO EN SU VARIANTE DE POSESIÓN SIMPLE, que de igual manera se les dio lectura a sus derechos los cuales decidieron no firmar, puesto que no firmaron ningún documento relacionado a esto, aunado a esto que se les realizó una inspección a su persona a ambos y no se encontró ningún elemento constitutivo del ilícito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - También reseñó el agente del ministerio el informe policial homologado de fecha treinta y uno de julio del año dos mil diecinueve realizado por los agentes ************, que contiene croquis del lugar de la intervención e inventario de los objetos asegurados de los 72 y 121 envoltorios de plástico asegurados a los hoy imputados con las características de la heroína, actas de cadena de custodia señalando como indicios uno y dos, las dos firmadas por la agente **********. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De igual manera se reseñó la testimonial de ************ ante el agente del Ministerio Público el día dos de agosto de dos mil diecinueve a las trece cuarenta y seis horas, ratifica su puesta de disposición del día treinta y uno de julio de dos mil diecinueve aproximadamente a las catorce horas con tres minutos, respecto a que hace referencia que a los compañeros uno de sexo femenino y uno del sexo masculino al haber realizado la detención, que se realizó un llamado al número comunitario de Distrito Centro y que informaron al superior jerárquico que un agente del sexo femenino y un agente del sexo masculino habían realizado la detención de un amigo de la persona que llamaba, que no dio generales, manifestando que los agentes le habían quitado droga a las cuales también le dicen tandas y que solo habían metido una tanda de 24 piezas de heroína, por lo que su comandante de apellido ********** les da órdenes de acercarse a las calles ************ de la Zona Centro dado a que los agentes son pedestres y no puedan acercarse a un lugar más cercano, al ser la única mujer supervisor le hablaron a ella y le ordeno a los agentes citados que llegaran al cruce, se les dijo la denuncia que había en su contra y solo dijeron que era un error la agente femenino saca de su bolsa izquierda del pantalón táctico 72 envoltorios de una sustancia pastosa color café y de igual manera el agente del sexo masculino del mismo lugar de su pantalón táctico saca 121 envoltorios de igual manera de una sustancia pastosa de color café, se les manifestó sus derechos mismos que no quisieron firmar ningún documento, por lo que otro agente firmó como testigo, después fueron trasladados al Distrito Sur a realizar la puesta de disposición de los agentes detenidos, por el delito contra la salud, puestos aproximadamente a las siete de la tarde, después fueron a disposición del agente del Ministerio Público terminando ahí su intervención. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Actas todas con valor indiciario ya que fueron reseñadas por servidores públicos ya que actuaron en ejercicio y con motivo de sus funciones de conformidad con lo que establece el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, máxime que son precisamente los agentes captores quien mediante orden de su superior jerárquico el día treinta y uno de julio del año dos mil diecinueve aproximadamente a las catorce horas, se trasladaron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal Distrito Zona Centro, ubicado en calle Oro y 16 de Septiembre de la colonia Centro, puesto que existe una llamada anónima en contra de los agentes de la corporación, esto de conformidad con lo que establece el artículo 221 tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales manifestaban que los agentes de la corporación el día anterior treinta de junio del año dos mil diecinueve habían realizado una detención de un conocido que denunció a través de la llamada telefónica, deteniéndolo en su radio de acción y dominio con 217 dosis de heroína, pero una vez que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado, solo hicieron entrega de 24 dosis quedándose los agentes uno del sexo femenino y otro del sexo masculino con los demás, una vez que se trasladaron los agentes aprehensores hasta las instalaciones de la Policía Municipal Zona Centro, se requiere la presencia de los policías que realizaron la detención de ***********, quienes al llegar a la misma estación fueron informados de la denuncia que obraba en su contra, quienes de manera voluntaria entregaron en el caso de la agente mujer 72 envoltorios con una sustancia pastosa color café, con las características de la heroína, mientras que el sujeto del sexo masculino el agente, entrega 121 dosis con una sustancia similar, por lo que previo a lectura de sus derechos se procedió a su formal detención. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aunado a esto debe establecerse que la información de los agentes no se aprecia inducida o que se condujera con mendacidad o con intención de perjudicar o favorecer a los ya detenidos, si no que por el contrario solo refiere las obligaciones que confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21 párrafo noveno en relación con lo que establece el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual manera como ya se refirió el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales en primer y tercer párrafo establece; ¨Que el agente del Ministerio Público y los agentes policiacos están en obligación de realizar cualquier investigación respecto a un ilícito que tengan conocimiento o que hayan sido referidos¨; mientras que en el tercer párrafo se establece; ¨Que se podrán recibir denuncias anónimas y los agentes policiacos tendrán la obligación de realizar todas las diligencias pertinentes para poder establecer la veracidad o falsedad de esta denuncia anónima¨. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -En cuanto a la comparecencia posterior de la agente de nombre ***********, esta fue congruente al referir de nueva cuenta las circunstancias que plasmó en su parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal siendo que los puntos torales de dicha información no se modificaron o alteraron de manera alguna y como ya se manifestó se da valor demostrativo por no desprenderse que la agente actúe con mendacidad con intención de perjudicar a los imputados, solo realizó las diligencias pertinentes al recibir la noticia criminal con base a las funciones como miembro de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y en conformidad con lo que establece el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales y para corroborar lo relativo con la aludida sustancia asegurada a los sujetos activos del ilícito, obra pericial en materia de identificación de sustancia realizada por *********, de fecha dos de agosto de dos mil diecinueve que identifica la sustancia y determina la metodología científica para poder establecer de que sustancia se trata los 72 envoltorios asegurados a la agente del sexo femenino así como los 121 envoltorios asegurados del sexo masculino, de igual manera establece que después realizar la metodología correspondiente determina que se trata de heroína todos los envoltorios, y el peso neto de los 72 envoltorios es de 6.569 gramos, mientras que el de los 121 envoltorios es de 10.982 gramos, junto a esto se cuenta con informe pericial de avaluó realizado por ************ en donde realiza serie fotográfica de los 72 y 121 envoltorios asegurados respectivamente a los hoy imputados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dictamen de cuyo contenido no se duda por provenir de profesionistas en la materia que dictaminan, máxime que son peritos oficiales de la Fiscalía General del Estado, lo que conduce que actuaron únicamente en ejercicio y con motivos de sus funciones de conformidad con lo que establece el artículo 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo con la pericial de identificación de sustancias se determinó que los envoltorios que se encontraban en el radio de acción y dominio tanto del agente del sexo femenino así como del agente del sexo masculino, corresponden a diacetilmorfina conocida como heroína y que de los 72 envoltorios de plástico asegurado al agente del sexo femenino tienen un peso neto de 6.569 gramos, mientras que de los 121 envoltorios asegurados al agente del sexo masculino tiene un peso neto 10.982 gramos, es así que se acredita la existencia de un narcótico previsto en la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal directo e inmediato, puesto que estas dosis superan las dosis autorizadas por la Ley General de Salud para su consumo directo e inmediato, sin embargo no superan la cantidad de multiplicar por mil las dosis aseguradas para hacer conocimiento de un Juez en materia Federal, aunado debe establecerse que este juzgador es competente para conocer del presente asunto, por la competencia concurrente que se desprende de las presentes indagatorias. De igual manera este juzgador es competente respecto al decreto local número 411/2011-III-PE de fecha nueve de agosto de dos mil once, mediante el cual se reformula el artículo 1° transitorio de diverso decreto 1047/2010-PO en el cual se manifiesta de manera general que este juzgador será competente para conocer del presente asunto, siempre y cuando las dosis que fueron reseñadas por el agente del agente del Ministerio Público no superen la cantidad de multiplicar por mil las dosis establecidas en el consumo directo e inmediato que establece la tabla del artículo 479 de la Ley General de Salud. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ahora bien, de igual manera debe establecerse que de las circunstancias particulares del caso en concreto no se desprende que los sujetos activos del ilícito tuvieran en su radio de acción y dominio las sustancias ya referidas con el ánimo de comercializarlos o suministrarlos aun gratuitamente, es decir, que no lo tuvieron en su radio de acción o dominio con la finalidad de venderlos o regalarlos a otras personas, puesto que no hay datos de prueba que así lo establezcan, finalmente no se desprende que exista una autorización por parte de la Secretaría de Salud correspondiente hasta este momento ya referido. Al respecto, la parte quejosa en su primer concepto de violación expuso lo siguiente: Que la autoridad valoró en exceso las declaraciones de Leticia Páez Neri, Salvador Santos Hernández y Nicolás Aguijo Sandoval, Agentes de Seguridad Pública; Que el acta de hechos no era el medio idóneo para demostrar la flagrancia, en virtud de que los aprehensores tuvieron conocimiento de los hechos por medio de su superior jerárquico; Que ante la ausencia de datos del denunciante dicho dato de prueba carecía de valor probatorio; Que no era lógico que la detención José Ángel Fortuna Celiz, ocurriera un día antes de la detención de los quejosos; Que la denuncia anónima no constituía una denuncia formal; y, Que no existía un dato de prueba que acreditara que **********, poseía doscientas diecisiete dosis de heroína. Por tanto, no asiste la razón al aquí quejoso, toda vez en términos de lo dispuesto por el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de origen, asignó el valor correspondiente a cada uno de los datos de prueba de manera libre y lógica, justificando adecuadamente el valor otorgado, explicó y justificó su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica del acta de aviso de treinta y uno de julio del año dos mil diecinueve realizada por los ***********, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal; informe policial homologado realizado por los agentes ***********, el cual contiene el croquis del lugar de la intervención y de objetos asegurados, y actas de cadena y custodia firmadas por la agente *********; testimoniales a cargo de ***********, vertidas ante el agente del Ministerio Público; pericial en materia de identificación de sustancia realizada por la experta ************; e informe pericial realizado por *********. Datos de prueba de los que debidamente el juez responsable, consideró que revelaban que se cometió un hecho que la ley señala como contra la salud en la modalidad de posesión simple de heroína, y que existía la probabilidad de que los imputados participaron en su comisión. Por otra parte, el Juez responsable realizó una clasificación jurídica distinta, estimando que quedaba debidamente acreditada la existencia de un hecho que la ley penal señala como delito de ejercicio ilegal del servicio público, al menos de manera probable bajo las siguientes consideraciones: "Ahora bien para acreditar el segundo de los hechos materia de formulación imputación por parte del agente del Ministerio Público es decir, la DENEGACIÓN O RETARDO DE LA JUSTICIA O PREVARICACIÓN tipificado en el artículo 286 fracción III de Código Penal Sustantivo, establece que se impondrá prisión de dos a seis años, inhabilitación para obtener o ejercer un cargo comisión pública hasta por 10 años y de 50 hasta 200 días de multa, el servidor público en su fracción III, ejecute un acto o incurra en una omisión que dañe jurídicamente a alguien o le conceda una ventaja indebida, por lo que corporeidad se integra de tres elementos; una calidad sujeta o activo que tiene que ser un servidor público, Quien deberá ser o ejecutar un acto o incurrir a una omisión y la finalidad de esta omisión o esta acción, sea dirigida para dañar jurídicamente a alguien o se le conceda una ventaja indebida.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En este tenor de ideas también obra agente del Ministerio Público reseñó, solicitó auto de vinculación por el delito en el ámbito de la PROCURACIÓN DE LA JUSTICIA tipificado en el artículo 288 fracción IX de Código Penal Sustantivo, que establece, se impondrá de dos a ocho años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa al servidor público con fracción IX fabrique, altere o simule elementos de prueba, para incriminar o exculpar a otros, por lo que su corporeidad de igual manera se integra por 3 elementos; que el sujeto activo tenga la calidad de servidor público, que dicho servidor público fabrique o altere elemento de prueba y finalmente para incriminar o inculpar, de falsificación, modificación, alteración o simulación de pruebas sea con la finalidad de incriminar o inculpar a otro.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En primer término para acreditar la calidad especifica del sujeto activo del ilícito, como lo es que sea un servidor público, el Agente del Ministerio Público señaló los siguientes datos de prueba; Primer termino informé medico mediante oficio 10862-2019 de fecha 2 de agosto del año 2019 signado por ***********, Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, remite copia simple del oficio signado *************, Coordinador General de la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, donde remite a su vez copia simple del oficio 16371-2019 signado por ************ Jefa de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, informando que los Agentes detenidos del sexo masculino y femenino respectivamente, se encontraban inactivos de dicha institución desde el día 31 de julio del 2019, por renuncia, respecto al oficio 6858-2019 *************, Coordinador General de la Policía, ************, el rol de actividades en que se encontraba laborando respetivamente el día 1 de julio al 31 de julio del año dos mil diecinueve en el Distrito Centro, que de igual manera informa que estos Agentes que fueron detenidos, tienen permiso para portar armas de fuego, así como copia de la portación de las armas de cargo y documentos relativos a los Agentes, donde se establece que los agentes del 01 de julio al día 30 y 31 de julio de dos mil diecinueve, se encontraba laborando en un horario de las 7:00 de la mañana las 15:00 horas, documentos a los cuales se da valor demostrativo de conformidad con lo que establece el artículo 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tratarse de documentales públicas, expedidas por personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, las cuales determinan que los posibles activos sujetos del ilícito laboraban para dicha secretaría como Agentes hasta el día 31 de julio de dos mil diecinueve donde se presentaron su renuncia, documental que está acompañada por anexos tales como los documentos que comparan su expediente laboral, así como portes de arma relativos, Agentes y los roles de laborales de los mismos, los cuales tienen todos los elementos, datos, necesarios para poder localizar y entrevistar a las personas que dichas documentales, mismas que no fueron controvertidas en su contenido ni en su autenticidad, con dicha situación se establecen los cargos con que contaban los Agentes detenidos, se encuentran contemplados en el artículo 250 del Código Penal del Estado de Chihuahua puesto que los Agentes desempeñaban un cargo de la Administración Pública Municipal, tal como lo establece para que tenga esa calidad especifica de Servidores Públicos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ahora bien, para establecer que los Agentes ejecutaron un acto que concedía una ventaja indebida, respecto al ilícito del artículo 286 fracción III y que los Agentes alteraron elementos de prueba para exculpar a otra persona respecto al artículo 288 fracción IX, la Agente del Ministerio Público recibió las actas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que fueron justipreciadas por este Juzgador, de las cuales se les da valor demostrativo del indicio mismas que están concatenadas con constancia de diversa Agente de Ministerio Público de delitos contra el NARCOMENUDEO, señala que el día 1 de agosto del 2019, la Ministerio Público Jesús de la Luz Ojeda levanta constancia informando que el día 30 de julio del 2019 aproximadamente a las 10:00 horas, los Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Distrito Centro, a los cuales se les formuló imputación, al realizar recorrido interceptan a José Ángel Fortuna Celis en el cruce de las calles Ramón Rayón y Ramón Ortiz, de la Colonia Centro de esta Ciudad, el cual por una actividad evasiva es abordado por los Agentes, al preguntarle ¿por qué se esconde?, dijo todo tranquilo, no traigo nada y por protocolo de seguridad se solicitó realizar una inspección corporal preventiva a la que accedió, llevando a cabo la misma el Agente del sexo masculino, mientras que el Agente del sexo femenino brindaba seguridad perimetral, localizándole en la bolsa frontal derecha del pantalón que viste 24 envoltorios de plástico transparente con una sustancia pastosa, color café, con características a la heroína y es puesto disposición ante el Agente del Ministerio Público, previa lectura de sus derechos, el día 30 de julio del año 2019, aproximadamente a las 10:08 minutos, se anexa copia de simple del acta de aviso y reporte incidente de las faltas administrativas, a las cuales aperturaron el numero único de carpeta 37-2019-26954, de igual manera reseñó acta de aviso de hechos delictuosos por parte de los multicitados agentes del sexo masculino y femenino que se les formuló imputación, quienes informaron que se refiere en el mismo sentido, en cuanto a circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto a la detención de **********, siendo esta conocida el día 30 de julio del año 2019, esto en el cruce de las calles en el sentido de oriente a poniente, llegando al cruce con calle ***********, de la Colonia Centro en esta Ciudad, que por la actitud evasiva del sujeto del sexo masculino, que ya se refirió ************, se procede a su intervención, se le intercepta, que de igual manera, se le solicita una inspección en su persona, a la cual accede, encontrándosele 24 envoltorios de plástico con una sustancia pastosa color café, motivo por el cual se pone a disposición del Agente del Ministerio Público y previa llenada de actas y lectura de sus derechos y diligencias necesarias, junto a esto se cuenta oficio 1023-08-2019 de fecha 02 de agosto del año 2019, signada por el Sub Oficial *********** Jefe de Distrito Centro, el cual establece, el rol de actividades y horarios de los imputados, el día 1 al 31 de julio del año en curso, del Distrito Centro y que en la fecha 30 de julio laboraban desde las 7:00 a las 15:00 horas, y el día 31 de julio por ambos imputados rol laboral desde las 7:00, hasta las 15:00 horas, siendo relevante para ese asunto, valor demostrativo de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo que establece el artículo 172 fracción I, IV, VII y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que entre sus funciones se encuentra realizar todas las actas, para establecer que la detención y puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado, sea realizada con apego a la ley, artículo 131 las obligaciones del Agente del Ministerio Público para que todas las acciones sean realizadas con apego a la ley de la cual establece que con la mecánica que fue detenido *********** por los Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal el día 30 de julio del año 2019, y que de igual manera se puso a disposición por el delito contemplado en el artículo 477 de la Ley General de Salud, CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENDUEO EN SU VARIANTE DE POSESIÓN SIMPLE siendo que igual manera los imputados, en momento que realizaron funciones inherentes a su labor pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público la cantidad de 24 dosis de heroína, lo que se ve robustecido por la parte realizada por los propios Agentes señalados como posibles responsables me permite determinar que realizaron una detención en flagrancia, en el puesto señalado en el artículo 146 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que aproximadamente las 10:00 horas del día 30 de julio del 2019, interceptaron a una persona del sexo masculino quien ya sabemos responde al nombre de **************, que tenía una actitud sospechosa puesto que al momento de verlo cambio de dirección trató de perderse éntrelas personas de igual manera oculto entre los puestos de la comida siendo que cuando es interceptado por los Agentes se cuestionó el motivo de su actuar sin tener respuesta de su comportamiento se le solicitó una inspección en su persona a la cual accedió y de cuya inspección se le encontró 24 dosis de heroína con un peso neto de 2.1166 gramos por lo que se procede a revisar su detención, previa lectura de derecho, en el cruce de las *********** de la Colonia Centro de esta Ciudad, finalmente con lo que establece el artículo 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le da valor demostrativo al oficio número 1023/08/2019, puesto que este documento no fue controvertido además, que sí tiene todos los elementos para poder establecer la persona que lo expidió y poder entrevistar a la persona que expidió este oficio, oficio que fue realizado en fecha 02 agosto del 2019, signado por el sub oficial Nicolás Aguijó Sandoval Jefe de Distrito Centro, se puede establecer que los Agentes que realizaron la detención el día 30 de julio del año 2019, se encontraban en funciones y en su horario laboral de igual manera el día que fueron detenidos en flagrancia se encontraba laborando para el Distrito Centro, de manera pedestre, información que concatenada con las demás actas permite determinar, circunstancias de modo, tiempo y lugar y ubicación en los posibles sujetos activos, ubicándolos en el lugar donde se realizó la detención de *********** y que pese a que el informe policial homologado establece que se detuvo, tenía en su radio de acción y dominio 24 envoltorios con un peso neto de 2.1176 gramos, no solo le fueron asegurados dichos envoltorios puesto que al día siguiente 31 de julio del año 2019, mediante la denuncia anónima las diligencias realizadas por los diversos Agentes que realizaron la detención se logró establecer y asegurarar a la femenina la cantidad de 72 envoltorios con diacetilmorfina, con un peso neto de 6.569 gramos, mientras que al sujeto activo del sexo masculino se logró asegurar 121 envoltorios con diacetilmorfina conocida como heroína, con un peso de 10.982 gramos y pudiendo establecerse que hay una congruencia en cuanto a la denuncia anónima que fue realizada al número comunitario del Distrito Centro, así como la detención en flagrancia de los Agentes Aprehensores el día anterior 30 de julio del año 2019, en cuanto a circunstancias de los envoltorios que fueron asegurados al sujeto de sexo masculino el día antes 30 de julio del año 2019, y en concordancia a que hace referencia que se fueron asegurados, más envoltorios de los que fueron reportados a la Fiscalía General Del Estado, en su suma total se establecen los 217 envoltorios que hace referencia la persona que realiza la llamada anónima, no se omite manifestar que este análisis en cuanto a la vinculación a proceso, debe cumplir con el test de proporcionalidad para poder determinar el hecho que la ley señala como delito, tal y como lo establece la jurisprudencia número 2017728 de la décima época, que al rubro establece auto de vinculación a proceso, test de racionalidad que procede aplicar para el estudio de datos de prueba, a partir de los cuales puede establecerse que se ha cometido dicho imputado como delito de la cual se determina que debe hacerse unos análisis de los elementos objetivos del ilícito para poder dictar un auto de vinculación a proceso, sin embargo a criterio del que resuelve la propia naturaleza de los ilícitos referidos por Agentes del Ministerio Público, requiere analizar de uno de los elementos objetivos necesarios para poder, establecer en esta etapa procesal encuadramiento preliminar de la conducta desplegada por los sujetos activos es decir que la conducta realizada fuera con el ánimo de conceder una ventaja indebida en el primer ilícito del estudio, de la parte de la resolución y con la finalidad de exculpar a otro por el segundo ilícito, sin embargo realizando un análisis conjunto de todos los datos de prueba se establece que los activos del ilícito, no perseguían esa finalidad dado que la intención era disponer de las dosis de heroína que no fueron entregadas con la puesta a disposición de la Agente del Ministerio Público y que los Agentes detenidos, no pusieron la totalidad de las dosis, no incide en nada para favorecer o perjudicar de manera alguna a ************, puesto que fuera, que se hubiera entregado 24 dosis con un peso de 2.1176 gramos o se hubieran integrados 217 dosis de estupefaciente, con un peso total de 19.6686 gramos, es decir la suma de las totalidades entre todas las dosis, el resultado hubiera sido el mismo, es decir seguiría configurado de la misma conducta desplegada por ************, el delito CONTRA LA SALUD cuyo peso lo continua poniendo dentro de los parámetros establecidos en el artículo 479 de la Ley General de Salud, para que tenga conocimiento un Juez estatal y la penalidad seguir siendo la misma una penalidad que va desde los 10 meses hasta 3 años de prisión, aunado a esto de igual manera si bien es cierto, se desprende una modificación las actas realizadas por los Agentes Aprehensores como se hace referencia, tampoco se desprende que esta modificación sea con la finalidad de perjudicar o favorecer indebidamente a ***********, la persona que fue puesta a disposición ante el Agente del Ministerio Público el día 30 de julio del 2019, determina que el actuar de los ex Agentes, no incidió en nada en la situación jurídica de *********** ************, por lo que no es posible establecer el hecho delictivo, como lo son los escritos de los ilícitos fundados en el artículo 286 fracción III y 288 fracción IV, sin embargo esto no quiere decir que la reprochable conducta de los activos, no tenga carente interés, para el derecho penal, puesto, que haciendo un análisis de manera conjunta con todos los datos de prueba y con relación a la facultad que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su segundo párrafo, estando facultado este Juzgador para dar una clasificación jurídica distinta, este resolutor, aprecia que los Agentes tenían la obligación por razones de su empleo, como Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de custodiar y vigilar los objetos que le fueron asegurados a *********** tal y como era 293 envoltorios con estupefaciente denominado diacetilmorfina, que no fueron reportados al Agente del Ministerio Público, esto en una calidad de garante que le establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo que establece el artículo 172 fracción VI, VII y IX del Código Nacional de Procedimientos Penales, entendiéndose como la calidad de garante la obligación que tiene los Agentes o Servidores Públicos en el ejercicio que con motivo de sus funciones al momento de estar conociendo un hecho delictivo de asegurar los objetos elementos indicios del ilícito para ponerlos en inmediata disposición, entrando en su radio de acción y dominio, la obligación que tienen estos de resguardar los mismos para darle camino necesario y entregarlos a la autoridad correspondiente, los cuales están obligados por pertenecer a los cuerpo de seguridad que hace y que ya hice referencia, que deben de practicar las inspecciones y actos de investigaciones necesarias para esclarecer los ilícitos, así como revisar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios y de igual manera recolectarlos y resguardar los objetos relacionados con la investigación de los mismos y sin embargo decidieron incumplir en su deber de cuidado de ser garante y sustrajeron los objetos que se encontraban bajo su cuidado y reguardo, tal y como fueron los 72 y 129 envoltorios de diacetilmorfina que fueron asegurados el día 30 de julio del año 2019, esto con la finalidad de disponer de los mismos sin establecer cual ese el ánimo de disponer de estos elementos, si con la finalidad de venderlos, comercializarlos, suminístralos o disponer de ellos de alguna otra manera, sin embargo elemento indispensable es la disposición de los envoltorios que fueron asegurados el día de los hechos, motivo por el cual de conformidad con lo que establece el artículo 259, 260 y 261 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, utilizando para ello los principio de la lógica y la máxima experiencia de los conocimientos científicos, considera que surge la vida, el siguiente hecho: que el día 31 de julio del año 2018, aproximadamente a las 14:06 minutos en las instalación de Seguridad Pública Municipal del distrito centro, ubicado en Calle Oro y 16 de septiembre de la Colonia Centro en esta Ciudad, dos Agentes uno del sexo femenino y uno del sexo masculino se desempeñaban como Servidores Públicos, de la Secretaría ya referida que fueron interceptados, por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes al realizar una inspección de la persona agente del sexo femenino, ésta de manera voluntaria entregó de la bolsa lateral izquierda del pantalón que vestía, 72 envoltorios de plástico transparente conteniendo el narcótico de diacetil morfina con un peso neto de 6.569 gramos y respecto al sujeto de sexo masculino el Agente al realizar una inspección de la persona encontró en la bolsa lateral izquierda del pantalón que viste 121 envoltorios de plástico transparente, haciendo una aclaración esto no fue una inspección en la persona, fue una entrega voluntaria de la sustancia que tenía en su bolsa lateral izquierda del pantalón que vestía, 121 envoltorios de plástico transparente conteniendo el narcótico de diacetilmorfina con un peso neto 10.982 gramos, estupefaciente localizado en posesión de ambos en su radio de acción y dominio, inmediata disposición, sin contar con la autorización de la Secretaría de Salud, dicho estupefaciente asegurado proveniente de una alteración que realizaron los Agentes ya referidos en los elementos de prueba, toda vez que dichos envoltorios correspondían un imputado de nombre ***********, quien había sido detenido el día 30 de julio del año 2019, en el cruce de la ************* de la Colonia Centro, de esta Ciudad a las 10:08 minutos, persona que se puso a disposición competente de la autoridad competente de la cantidad de 24 envoltorios que contenían el narcótico de diacetilmorfina con un peso de 2.1176 gramos ello sustrayendo los objetos que se encontraban bajo su cuidado con la calidad de garante que le confería ser Agente de la Seguridad Pública Municipal, para disponer de ellos.---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De igual, manera debe establecerse que la sustancia que fue asegurada en los envoltorios asegurados, fue un estupefaciente descrito en la Ley General de Salud en el artículo 479 dicho ordenamiento legal, hechos que son constitutivos delito CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENDUEO EN SU VARIANTE DE POSESIÓN SIMPLE, previsto y sancionado sin prejuzgar en el artículo 477 de la Ley General de Salud, cometido de manera permanente, de conformidad que establece el artículo 17 fracción II de dicho ordenamiento legal, de igual manera a juicio de este Juzgador se contempla EL ILÍCITO EJERCICIO ILEGAL DEL SERVICIO PÚBLICO, previsto y sancionado sin prejuzgar en el artículo 253 fracción V del código penal, consumado de manera instantánea de conformidad que establece el artículo 17 fracción I del dicho ordenamiento legal. Al respecto, la parte quejosa en el segundo concepto de violación expuso lo siguiente: Que no había quedado acreditado el elemento de delito de ejercicio ilegal del servicio público, consistente en la "sustracción de objetos", puesto que se ignoraban los datos de identificación del denunciante; y, Que no había quedado probado que José Ángel Fortuna Celis, poseyera doscientos diecisiete envoltorios. Por tanto, no asiste la razón al aquí quejoso, toda vez que, como se precisó, en términos de lo dispuesto por el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de origen, asignó el valor correspondiente a cada uno de los datos de prueba de manera libre y lógica, justificando adecuadamente el valor otorgado, explicó y justificó su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de la constancia levantada el uno de agosto de dos mil diecinueve por el Agente del Ministerio Público contra el Narcomenudeo; informe 10862-2019 de dos de agosto del año en curso, signado por *************, Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal; oficio 16371-2019 signado por ***********, Jefa de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal; oficio 6858-2019 signado por ***********, Coordinador General de la Policía; y oficio 1023-08-2019 de dos de agosto del año en curso signado por el Sub Oficial *********** Jefe de Distrito Centro; concatenado dichos datos de prueba con los justipreciados con antelación. Datos de prueba de los que debidamente el juez responsable, consideró que revelaban que se cometió un hecho que la ley señala como ejercicio ilegal del servicio público, previsto y sancionado sin prejuzgar en el artículo 253 fracción V del Código Penal del Estado de Chihuahua y que existía la probabilidad de que los imputados participaron en su comisión. Igualmente, contrario a lo argumentado por el quejoso, respecto a la denuncia anónima, el juez de origen consideró que de conformidad con el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ésta era preventiva, sin la necesidad de recabar mayores datos, a fin de dar seguridad y confianza al informante sobre los posibles hechos delictuosos, adicionando que si bien era cierto que ese hecho le causaba pequeñas suspicacias, era una circunstancia que podría ser investigada con posterioridad, tanto por la defensa como para Agente de Ministerio Público, para sustentar respectivas teorías del caso; empero que dicho elemento no incidía en la información vertida por el denunciante, ni en las diligencias realizadas por los agentes aprehensores, que contienen las circunstancias medulares que fueron materia de la denuncia anónima, y que concatenados unos con otros permitieron establecer que un día antes ************, había sido detenido en flagrancia con veinticuatro dosis de heroína y que efectivamente esta información concatenada con las diligencias de las actas que se encuentran en Seguridad Pública permitió establecer que una agente, detuvo a otros compañeros del sexo femenino y masculino, respectivamente, que también eran Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, mismos que realizaron la detención anterior, y los cuales al solicitarles su comparecencia a la oficinas de la corporación en zona centro, y cuestionarles sobre su actuar, entregaron de manera voluntaria los setenta y dos y ciento veintiún envoltorios con heroína, similares a los que le fueron asegurados a ***********; y que concatenado lo anterior, hasta ese momento, le permitía establecer que la denuncia anónima tenía elementos bastos y suficientes para la investigación. De igual forma, contrario a lo argumentado por el quejoso, acertadamente el juez responsable estimó que respecto a que no existía una denuncia formal interpuesta por el detenido *************, por los envoltorios que le fueron sustraídos, este elemento, no era necesario, puesto que no era posible que *************, compareciera ante el Agente del Ministerio alegando que Servidores Públicos o Agentes de la Secretaría Seguridad Pública Municipal, le habían robado dosis de heroína, puesto que el bien objeto, es decir la heroína, es un elemento que no está en el mercado, que no es susceptible de protecciones en la autoridad mexicana y el gobierno mexicano, motivo por el cual **************, estaría incapacitado para poder poner una denuncia en contra de los Agentes Aprehensores; considerando que la información relativa al ilícito cometido de manera de probable por los agentes, no fue encaminada en contra de ************, sino que fue vertida en contra del Servicio Público, al realizar una indebido ejercicio del mismo, al apoderarse de los envoltorios y disponer de estos de manera diversa. Asimismo, la responsable convenientemente consideró que la entrevista a *************, podría realizarse con posterioridad por el Agente del Ministerio Público o por la defensa, para robustecer sus respectivas teorías y permitiría establecer mayor luz respecto a los hechos referidos el treinta de julio de dos mil diecinueve; que resultaba inverosímil que los activos poseyeran la droga en su pantalón, puesto que los Agentes eran pedestres, es decir, que estaban asignados, a caminar en la zona centro; y que efectivamente le causaba suspicacia que los agentes trajeran en su radio de acción o dominio las dosis aseguradas un día anterior, pero que ello era insuficiente para establecer que los Agentes Aprehensores no tuvieran las dosis en su radio de acción y dominio, considerando que no contaban con unidades para poder dejar esa sustancia, o que los datos de pruebas aportados por el agente del Ministerio Público fueran falsos o ilícitos o dictados con la finalidad de perjudicar a los activos. Del mismo modo, el Juez de Control, convenientemente estableció que del cúmulo de constancias se advertía que los agentes que realizaron la detención el treinta de julio de dos mil diecinueve, se encontraban en funciones y en su horario laboral, que el día que fueron detenidos en flagrancia se encontraban laborando de manera pedestre en el Distrito Centro; y que esa información concatenada con las demás actas le permitía determinar, circunstancias de modo, tiempo y lugar y ubicación en los posibles sujetos activos, ubicándolos en el lugar donde fue la detención de *********** y que pese a que en el informe homologado se establecía que tenía en su radio de acción y dominio únicamente veinticuatro envoltorios con heroína con un peso neto de 2.1176 gramos, no solo le habían sido asegurados dichos envoltorios, puesto que había congruencia entre la denuncia anónima que fue realizada al número comunitario del Distrito Centro, y la detención en flagrancia realizada el treinta de julio de dos mil diecinueve, en cuanto al aseguramiento de los envoltorios; y concordancia en que fueron asegurados más envoltorios de los reportados a la Fiscalía General Del Estado. En ese tenor, el juez de origen, oportunamente precisó que los medios de prueba que fueron desahogados por la defensa, se tomarían en cuenta en base al principio de comunión de la prueba, y que por ello podrían servir tanto para sustentar la teoría de la defensa como sustentar la teoría del Agente del Ministerio Público, en ese tenor de ideas el Aguijo Sandoval Nicolás, fue congruente al establecer la mecánica en la cual se enteró de los hechos materia de la presente investigación, y de igual manera ***********, estableció las circunstancias en las cuales tuvo conocimiento del asunto, necesarias para poder establecer los hechos materia de imputación; considerando que los tres agentes aprehensores eran congruentes en circunstancias de tiempo modo y lugar de cómo se desarrolló la mecánica de los hechos, cómo se desarrolló la intervención de la agente Alma Leticia Neri y la manera en que voluntariamente se entregaron los setenta y dos envoltorios, en el caso de la agente del sexo femenino, y los ciento veintiún envoltorios, en el caso del agente del sexo masculino; determinando que los aprehensores no cayeron en contradicciones relevantes para poder establecer que los mismos se conducían con mendacidad o con la intención de perjudicar a los agentes detenidos, que había pequeñas variaciones respecto a quienes llegaron primero, vestimenta de los agentes, pero que esas circunstancias no eran relevantes para el hecho materia de la investigación, al no incidir en el fondo del asunto, toda vez que los temas torales habían quedado debidamente claros para poder dictar auto de vinculación a proceso, que si bien era cierto ********** no proporcionó demasiada información, ************** sí determinaron la mecánica clara, contundente de cómo se desarrollaron los hechos y que Salvador Santos estuvo a una distancia prudente, que si no escuchaba bien lo que se estaba debatiendo en esas oficinas, sí pudo percibir que de manera voluntaria la agente del sexo femenino y agente del sexo masculino entregaron los setenta y dos y ciento veintiún envoltorios, respectivamente, y que posteriormente lo que él hizo fue realizar una inspección en la persona del sexo masculino la cual establece en congruencia con las manifestaciones de *************; y que de las manifestaciones referidas no se desprendía mendacidad, falsedad o interés impuro por parte de los Servidores Públicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que por el contrario ubicaban a los dos activos del ilícito el treinta de julio de dos mil diecinueve, en la detención de **********, y en las instalaciones de la oficina zona centro de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el treinta y uno de julio del año dos mil diecinueve. IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Finalmente, en lo relativo a que para el libramiento del auto de vinculación a proceso es necesario que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, conviene precisar que las partes no adujeron la actualización de alguna hipótesis que se configurara en el presente caso, los quejosos tampoco la hicieron valer en sus conceptos de violación y este Juzgado Federal no advierte que se actualice en el presente caso; por tanto, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento sobre este aspecto. En tal orden de ideas, hasta ese estado procesal, con independencia de que durante la secuela del mismo se demuestre lo contrario, se encuentra acreditada la existencia de un hecho descrito por la Ley General de Salud como delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple de heroína, previsto y sancionado por el artículo 477 de la citada legislación; y por el Código Penal del Estado de Chihuahua como delito de ejercicio ilegal del servicio público, previsto y sancionado sin prejuzgar en el artículo 253, fracción V, de la mencionada codificación, y la probabilidad de que los imputados, aquí quejosos, lo realizaron, con lo que se cumple con los requisitos que exige para la emisión de la vinculación a proceso el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, al haber realizado un estudio oficioso de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, de acuerdo a lo que consagra el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado de Distrito advierte que se respetaron y garantizaron los derechos fundamentales de los quejosos y ante lo infundado de los conceptos de violación expresados por los peticionarios, sin advertir deficiencia de la queja que suplir; por tanto, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, fracción XVII, 63, fracción V, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a ***********, contra el acto del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, consistente en el auto de vinculación a proceso de ocho de agosto de dos mil diecinueve, pronunciado en la causa penal 3016/2019, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado David César Aranda González, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez. Doy fe.

  4. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de ocho de noviembre de dos mil diecinueve que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, para que conste como legalmente corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de treinta de octubre del año actual y remite copia certificada de los registros de audio y video de la audiencia celebrada el siete de agosto del dos mil diecinueve. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Asimismo, se ordena dar vista a las partes con el disco compacto remitido por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.

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