David Corona Mungaray
Expediente 256/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 23 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 256/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 02/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- David Corona Mungaray
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra el proveído de diez de julio de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por el numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No obstante, las partes si entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, toda vez que el presente expediente se encuentra clasificado como depurable, de conformidad con lo que establecen los artículos segundo, fracción XXVI, y cuarto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, procédase a la separación de las constancias que deberán conservarse e intégrese, por separado, el tomo de las documentales que deberán ser destruidas, cuando sean transferidas al Centro de Documentación y Análisis. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada ********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de nueve de julio de dos mil diecinueve, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada ***************. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de julio de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos para que obre como corresponde el oficio y anexo que remite la Directora del Hospital de Especialidades número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado por este Juzgado el ocho de julio último e informa que el veintiocho de junio del año en curso, se le realizó una arteriografía de miembro pélvico derecho y arterioplastia; lo que motivó que fuera dado de alta médicamente. Constancia que adquiere plena validez al haberse realizado la certificación correspondiente. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis con número de registro 216635, de la Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, Abril de 1993, página 245, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que dice: DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX, VALOR PROBATORIO DE LOS. Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si éstos son certificados por el funcionario competente. Ahora, dado que del contenido del oficio que se recibe y de sus anexos, se advierte que el veintiocho de junio del año en curso, se practicó en el quejoso la intervención quirúrgica de referencia (arterioplastia) y, de constancias se advierte que el nueve de abril del actual, derivado de que el quejoso cursaba una lesión "isquémico-necrótica de miembro pélvico izquierdo" de carácter irreversible, se procedió a realizársele una amputación a nivel óptimo, para asegurar una adecuada cicatrización; en tal tesitura, este Juzgado de Distrito estima que la omisión de atención médica reclamada ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el uno de abril de dos mil diecinueve y turnado a este órgano al día hábil siguiente, ******* el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra las omisiones que atribuyó a diversas unidades administrativas y hospitalarias del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien atribuyó la omisión de brindarle atención médica para el padecimiento que afirmó cursar. Por acuerdo de dos de abril del año en curso, se ordenó formar expediente; registrar el asunto bajo el consecutivo 256/2019-II, se admitió a trámite y se otorgó la suspensión de plano, para que las autoridades señaladas como responsables proporcionaran al quejoso la atención médica que requería para el padecimiento vascular que dijo padecer. Ahora, con los diversos informes que a lo largo del presente juicio remitió la institución médica responsable, residente en el estado de Coahuila, vinculados con los diversos tratamientos y procedimientos quirúrgicos que se le brindaron al quejoso, tales como el de nueve de abril del actual, en el que derivado de que el cursaba una lesión "isquémico-necrótica de miembro pélvico izquierdo" de carácter irreversible, se le realizó la amputación que requería; asimismo, el once de abril inmediato siguiente, se le valoró en torno a su evaluación, respecto de la amputación que le fue realizada y continuó con su tratamiento respectivo; finalmente, en el oficio que se atiende, la Directora del Hospital de Especialidades número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social informa que el veintiocho de junio del año en curso, se realizó al quejoso una arteriografía de miembro pélvico derecho y su correspondiente arterioplastia (reconstrucción o reparación quirúrgica de una arteria), lo que motivó que fuera dado de alta médicamente, del padecimiento que cursaba al momento en que se le brindó la atención médica que originó la tramitación del presente juicio de amparo, de todo lo cual se anexaron los duplicados de las notas médicas y prescripciones relativas del expediente clínico del solicitante del amparo. Lo anterior, revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que procede el sobreseimiento del juicio de control constitucional, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos a que se refiere este supuesto consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En efecto, las constancias remitidas por la Clínica responsable, las cuales merecen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; resultan eficaces y suficientes para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos la omisión atribuida a las autoridades responsables, todo lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues, en síntesis, se realizaron diversos procedimientos médicos y quirúrgicos en la persona del quejoso, que culminaron con la amputación de una parte de la extremidad pélvica izquierda del quejoso, que se encontraba irreversiblemente lesionada y, después de diversos tratamientos paliativos, también se le practicó la correspondiente arterioplastia de miembro pélvico derecho (reconstrucción o reparación quirúrgica de una arteria), lo que motivó que fuera dado de alta médicamente; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues el actuar de la responsable implica la restitución de los derechos que se alegaron transgredidos en este juicio. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las diez horas del dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ******************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de julio de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos para que consten como simple antecedente los oficios y anexos que remite la Directora del Hospital de Especialidades número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en virtud de que el veintiséis de junio del año en curso se proveyó sobre su contenido. Por otra parte, toda vez que la autoridad oficiante ha sido omisa en dar cumplimiento al requerimiento formulado mediante oficio de 21363/2019 de veintiséis de junio pasado; mediante oficio que al efecto se gire a la dirección de correo electrónico edson.calderon@imss.gob.mx, sin perjuicio de enviarlo por mensajería acelerada, requiérasele nuevamente a fin de que dentro del plazo de tres días computado legalmente, informe si el veintiocho de los mismos, se llevó a cabo o no el procedimiento endovascular que se debe realizar al paciente ** y en caso negativo, comunique los motivos por los que se difirió; o bien, por los que, en su caso, hubieren optado por diversa práctica. De igual manera, requiérase al quejoso a fin de que, al momento de su notificación o dentro de los tres días posteriores a la misma, informe si le fue practicado el referido procedimiento. Apercibidos, que de no dar cumplimiento a lo anterior o no informar oportunamente el impedimento que tuvieren para ello, con fundamento en los artículo 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, que asciende a $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional), previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de julio de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos para que consten como simple antecedente los oficios y anexos que remite la Directora del Hospital de Especialidades número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en virtud de que el veintiséis de junio del año en curso se proveyó sobre su contenido. Por otra parte, toda vez que la autoridad oficiante ha sido omisa en dar cumplimiento al requerimiento formulado mediante oficio de 21363/2019 de veintiséis de junio pasado; mediante oficio que al efecto se gire a la dirección de correo electrónico edson.calderon@imss.gob.mx, sin perjuicio de enviarlo por mensajería acelerada, requiérasele nuevamente a fin de que dentro del plazo de tres días computado legalmente, informe si el veintiocho de los mismos, se llevó a cabo o no el procedimiento endovascular que se debe realizar al paciente ** y en caso negativo, comunique los motivos por los que se difirió; o bien, por los que, en su caso, hubieren optado por diversa práctica. De igual manera, requiérase al quejoso a fin de que, al momento de su notificación o dentro de los tres días posteriores a la misma, informe si le fue practicado el referido procedimiento. Apercibidos, que de no dar cumplimiento a lo anterior o no informar oportunamente el impedimento que tuvieren para ello, con fundamento en los artículo 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, que asciende a $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional), previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **. Doy fe.
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