David del Río Morales
Expediente 181/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 24 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 181/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 19/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- A.Y. D. R. B. y Otros.
- David del Río Morales
- A.Y. D. R. B.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de treinta de junio de dos mil veintiuno, en la cual se negó el amparo y protección federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2°, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que en el presente asunto por un lado se sobreseyó en el juicio y por otro se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Ahora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General Conjunto en cita, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva. Por su parte, el duplicado del incidente, es susceptible de destrucción, por tanto, transcurridos seis meses destrúyase de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a) del acuerdo en mención. Una vez cumplido el término de seis meses a que se refiere el primer párrafo del citado artículo, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir dicho expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese por lista y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos de los cuales se advierte que el treinta de junio del dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en el presente asunto, ordenándose notificar personalmente a las partes; sin embargo, se omitió notificar personalmente al quejoso *******. Por lo anterior, se ordena notificar a la parte quejosa la sentencia emitida en el presente asunto, a fin de que se imponga de su contenido. Cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
ISTA LA RAZÓN ACTUARIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE DICIENUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, LA SENTENCIA DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, CUYO PUNTO RESOLUTIVO DICE: NTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua, a treinta de junio de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 181/2021-III, y RESULTANDO. PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El once de marzo de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, la demanda que dio origen al juicio, la cual fue turnada a este Juzgado de Distrito el siguiente día hábil. En el escrito inicial *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades responsables Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, así mismo, mediante escrito que presentó ante este juzgado el dieciocho de marzo del año de dos mil veintiuno, el cual una vez cumplida prevención, amplió la demanda de amparo, por actos del Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial Bravos, ambos con morada en esta localidad, de las cuales precisó que les reclama: De la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Distrito Judicial Bravos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Olga Cano Moya, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, la resolución dictada en fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, al resolver el recurso de apelación, dentro del toca *******. De la Jueza Octavo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, el auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, en el expediente *******, dictado en cumplimiento al auto dictado por la Sala Familiar Regional. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1°, 4°, 8, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda. Mediante auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se registró la demanda de amparo bajo el expediente 181/2021-III, se admitió a trámite misma, se requirió el informe a la autoridad responsable y se le dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así mismo, en fecha dieciocho de marzo de misma data, la quejosa amplió la demanda, por lo cual, por auto de fecha diecinueve de marzo se le requirió aclarara la misma, una vez satisfecho el requerimiento, mediante auto de fecha veintiséis de marzo se previno al quejoso a fin de que precisara las fechas en que fueron emitidos los actos que reclama en su escrito de ampliación; manifestara si desea ampliar la demanda por acto de uno de marzo de dos mil veintiuno por juez familiar y expresara los conceptos de violación que considerara pertinente. Así, una vez que se desahogó tal prevención, en proveído de doce de abril de dos mil veintiuno, se previno nuevamente a la quejosa a efecto de que indicara la fecha de notificación del auto de uno de marzo reclamado al juez familiar, así como para que precisara si dicho acto había sido ejecutado. Una vez cumplida la anterior prevención, mediante auto de fecha diecinueve de abril, se admitió la ampliación de demanda de amparo de referencia, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables respecto de dicha ampliación, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita se le dio la intervención legal que le compete, la tercero interesada compareció al presente juicio teniéndose por emplazada al mismo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, por acuerdo de catorce de mayo de dos mil veintiuno, se solicitó un asesor legal para que fungiera como representante especial de los menores de iniciales ******* y *******, ambos de apellidos *******, de conformidad con el artículo 8º de la Ley de Amparo, por lo que en fecha veintisiete de mayo del año en curso, el Licenciado *******, quien aceptó y protestó el cargo conferido por la Delegación Chihuahua del Instituto Federal de Defensoría Pública, se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se celebró en la fecha señalada. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud que se reclaman actos en materia familiar provenientes de una autoridad judicial con morada en esta localidad y cuya ejecución entre otros sitios tiene lugar en el territorio donde ejerce jurisdicción este órgano. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 38 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esa forma se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama: 1. De la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta localidad: La resolución de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, dentro del recurso de apelación, relativo al toca *******, de su índice, en la que determinó modificar el auto recurrido de nueve de septiembre de dos mil veinte, dictado por la Jueza Octavo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial Bravos, en el juicio de Controversias del Orden Familiar *******, en especial, lo relativo a la custodia de los menores de iniciales ******* y *******, ambos de apellidos *******. 2. De la Jueza Octavo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad: La ejecución de dicha resolución. Por ende, se tienen tales actos como los reclamados en esta instancia constitucional. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y la Jueza Octavo Familiar Por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, ambas con residencia en esta ciudad; al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados, consistentes en la resolución de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el toca *******, del índice de la referida Sala, así como el auto de fecha uno de marzo de dos mil veintiuno dentro del juicio ordinario familiar ******* en el Juzgado Octavo Familiar. Para corroborar su dicho, la autoridad responsable Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia, remitió los autos del toca ******* de su índice, por su parte, la Jueza Octavo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, envió junto con su informe justificado, copia certificada de las constancias del juicio del Orden Familiar *******, así como tres discos versátil digital que contienen: la escuchas de los menores de edad, así como audiencia de protocolo con intervención de niño, niña y adolescente, documentales cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°. Ello, de conformidad con lo establecido en la tesis aislada VI.2o.C.289 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de dos mil nueve, Materia Común, que se localiza en la página 2689, con registro 168143, del tenor siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS. SU VALOR Y EFICACIA PROBATORIOS EN RELACIÓN CON SU PRESENTANTE. Si bien es cierto que los documentos públicos tienen valor probatorio pleno, también lo es que ello no necesariamente les otorga alcance o eficacia demostrativa para acreditar el hecho o hechos que se pretenden comprobar, de manera que aunque su valor sea pleno, puede no ser suficiente para crear convicción sobre el punto o cuestiones que están sujetas a prueba. Esto es así, porque un documento público hace fe de la certeza de su contenido, pero si éste pretende desvirtuarse, debe objetarse el documento y probarse la objeción, para así destruir la certeza que recae sobre lo asentado en esa documental. Asimismo, es cierto que los documentos presentados en juicio por las partes prueban plenamente en su contra, aunque no los reconozcan, pero esto no implica que no acepten prueba en contrario y que, por tanto, indefectiblemente deba concedérseles plena eficacia demostrativa contra quien los presentó, ya que sus alcances demostrativos quedan a expensas de la ponderación de todo el material probatorio, pudiéndose llegar a la convicción de que aunque inicialmente probaban plenamente en contra de su presentante, al final su contenido quedó desvirtuado total o parcialmente con otras probanzas aportadas al juicio. Consecuentemente, se tienen como ciertos los actos que la parte quejosa reclama de las citadas responsables. Sirve de apoyo la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, tomo II, con número de registro 1002815, cuyo rubro y texto son: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Del análisis de las causales de improcedencia. Al no existir causales de improcedencia alegadas por las partes, ni advertirse la actualización de alguna por esta Juzgadora, se continúa con el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." QUINTO.- Justificación para no transcribir los conceptos de violación. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los que aparecen insertos en su demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos, toda vez que la ley de la materia no establece como obligación para el juzgador que se transcriban para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sirve de apoyo a lo anteriormente considerado, la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO.- Estudio oficioso. Previo a dar contestación a los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante de amparo, esta Juzgadora Federal procederá, de oficio, al estudio de la sentencia dictada el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en el Toca *******, del índice de la Sala Familiar Regional en el Distrito Judicial Bravos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En tal virtud, de la lectura de las constancias que acompañaron a su informe con justificación las autoridades responsables, se desprende lo siguiente: Por escrito de treinta de septiembre de dos mil veinte, *******, interpuso recurso de apelación en contra de los acuerdos de nueve y diez de septiembre de dos mil veinte, manifestando que haría valer los agravios que le causa en segunda instancia, recurso que por auto de cinco de octubre de dos mil veinte, se tuvo por interpuesto, se admitió en efecto devolutivo, se tuvo por señalado todo lo actuado como constancias para integrar el testimonio de apelación y se ordenó remitir a segunda instancia para su substanciación. Por acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, la Magistrada de la Sala Familiar Regional en el Distrito Judicial Bravos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, formó el toca y lo registró con el número *******, declaró admitido en efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto por *******, y puso los autos a disposición de la apelante para que en el término de seis días legalmente computados, expresara los agravios que estimara conducentes, apercibida que de ser omisa se declararía precluido su derecho y, en su caso, desierto el recurso y firme la determinación recurrida. Mediante proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno la Magistrada de la Sala Familiar Regional en el Distrito Judicial Bravos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, le tuvo por perdido su derecho a la apelante para expresar sus agravios; sin embargo, consideró que como en el asunto se ven involucrados los derechos de menores, con independencia de la falta de expresión de agravios de la parte apelante, procedería a suplirlos en su totalidad y citó a las partes para el pronunciamiento respectivo. El veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia, en el toca *******, pronunció la resolución que aquí se impugna, en la que realizó el estudio de cada uno de los temas que analizó la Jueza Octavo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial Bravos, en su resolución de fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, en el Juicio de Controversias Familiares *******, en la cual, resolvió lo siguiente: "CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE. Por recibido el escrito en este Tribunal el día dos de septiembre del año en curso, suscrito por [*******], con la personalidad que tiene debidamente acreditada en autos; visto lo solicitado, este Tribunal se encuentra obligado a tomar las medidas necesarias para garantizar a los menores un desarrollo pleno y armonioso, en el que se les otorgue por parte de sus progenitores y familiares el afecto y calor humano, que todo niño requiere en sus primeros años de vida, máxime que conforme a la Convención Internacional de Derechos del Niño, tiene derecho a crecer en un ambiente de felicidad, amor, comprensión y protección, que le brinde una estabilidad personal y emocional y en atención a lo que hasta la fecha obra en autos, se advierte que existe un vínculo de apego de los menores a su progenitor así como el deseo de estar a su lado, es por lo que esta Juzgadora, decreta la Guarda y Custodia Provisional de [******* y ******* DE APELLIDOS *******], en favor de su padre el señor [*******], en términos de lo dispuesto por los artículos 3, 4, 5 y 24 de la Ley General para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 4 y 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de forma provisional y hasta nueva orden judicial, lo anterior además con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2 de los principios especiales respecto de Niños, Niñas y Adolescentes fracción I del Código de Procedimientos Familiares del Estado en vigencia. No pasando desapercibido para este Tribunal que ambos padres tienen a su favor la presunción de ser aptos para cuidar a los hijos que hayan procreado. Apoyando lo anteriormente expuesto las tesis con número de registro 170,514, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVII, Enero de 2008. Tesis: I.14o.C.51 C. Página: 2785; que a la letra dice: "GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES. PARA LA MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA RELATIVA EL JUZGADOR DEBE EXIGIR Y TENER EN CUENTA NO SÓLO LA DEMOSTRACIÓN PLENA DE LAS CIRCUNSTANCIAS FUNDAMENTALES QUE SUSTENTARON LO DECIDIDO EN LA RESOLUCIÓN FIRME, SINO TAMBIÉN QUE ELLO REDUNDE EN EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS, DE MANERA QUE QUIEN LA EJERZA CONCRETE UN BENEFICIO REAL Y EFECTIVO QUE INCIDA EN SU DESARROLLO Y EJERCICIO PLENO. En la pretensión del cambio de la guarda y custodia de un menor decretada previamente en una sentencia definitiva, basada en que existe una modificación de las circunstancias en que aquélla se resolvió, el juzgador debe exigir no sólo la demostración plena de las circunstancias fundamentales que sustentaron lo decidido en la sentencia firme preexistente, sino también que ese cambio esencial redunde en el interés superior del menor, de manera que el cambio de guarda y custodia, en lo relativo a la persona que en lo sucesivo la ejerza, concrete un beneficio real y efectivo que incida en el desarrollo y ejercicio pleno de los derechos del menor, considerando que la responsabilidad de los padres en el cumplimiento de sus deberes hacia sus hijos, comprende no sólo el apoyo económico, sino también la formación espiritual, emocional y social que propicie el desarrollo armónico e integral del menor, lo que puede lograrse si el medio ambiente en el que se desenvuelva es benéfico para éste". Asimismo se ordena canalizar de inmediato a los señores [******* y *******] y a sus menores hijos [******* y ******* DE APELLIDOS *******] a los talleres psicoeducativos que imparte el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, por lo que se ordena se gire el oficio correspondiente a fin de que dicho centro proceda a la inscripción. Por otra parte, teniendo en cuenta que se ha concedido la Guarda y Custodia al padre, quien por sentencia de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce, se obligó al pago de una pensión alimenticia del 30% (TREINTA PORCIENTO) de sus ingresos ordinarios y extraordinarios, se ordena girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social clínica número 35, Avenida Valentín Fuentes, sin número de la colonia Misiones del Portal, a fin de que se proceda a la cancelación de la pensión alimenticia. Por cuanto a la pensión alimenticia provisional, y toda vez que la parte actora no proporciona lugar de trabajo de la demandada y al no tenerse por acreditada la capacidad económica del deudor alimentista, a fin de no dejar en estado de indefensión a los menores [******* y ******* DE APELLIDOS *******] por el momento se fija la cantidad resultante a [dos salarios mínimos semanales] como pensión alimenticia, de conformidad con el artículo 337 del Código de Procedimientos Familiares, y la cantidad resultante deberá de consignarla los viernes de cada semana en este Tribunal mediante el certificado de depósito correspondiente, o en su caso en la cuenta bancaria que para tal efecto proporcioné la parte actora; por otra parte, en el momento en que se proporcione el lugar de trabajo de la demandada deberá de [descontársele el 30% (TREINTA POR CIENTO)] de las percepciones ordinarias y extraordinarias que perciba, previos efectuados los descuentos de ley, debiendo de igual manera poner la cantidad correspondiente a disposición de la parte actora ordenándose para ello girar el oficio de descuento correspondiente en el que en virtud de las facultades que la ley confiere a este Tribunal y dado que la satisfacción de las necesidades de alimentos no puede ser aplazada ni demorada, ya que el retardo del cumplimiento del mencionado deber pone en riesgo la subsistencia de los acreedores alimentarios, deberá dentro del término de TRES DÍAS, y bajo protesta de decir verdad, informar a este Juzgado si [*******] labora para dicha empresa, y en caso afirmativo manifieste cuál es el monto de las percepciones que con motivo de su trabajo recibe el antes mencionado, y de inmediato se sirva descontar el porcentaje ordenado, el cual se fija como pensión alimenticia provisional a favor del acreedor y la cantidad resultante deberá entregarla a la parte actora en los términos ya previstos. Haciéndole saber a dicha empresa, que la orden que se le gira deberá acatarla aún en el supuesto de que su denominación y/o razón social difiera de la mencionada, lo que en su caso deberá también informar a este Tribunal. De igual manera se le hace saber que en caso de que el demandado deje de laborar para dicha institución, deberá retener el porcentaje fijado respecto del importe que reciba con motivo de la liquidación o finiquito correspondiente, ello a fin de proteger el derecho del niño a seguir recibiendo los alimentos y sufragar sus necesidades elementales, considerando la obligación que la Ley impone a los terceros de auxiliar a los tribunales en la averiguación de la verdad y en todo lo que se les requiera para hacer efectivo el pago de los alimentos; los que son de orden público ya que su satisfacción no puede ser demorada ni aplazada, pues ello pone en riesgo la subsistencia del acreedor, apercibido que de no hacerlo se le aplicará una multa de hasta doscientos veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 336 del Código de Procedimientos Familiares, además de responder solidariamente con el obligado directo de los daños y perjuicios que cause al acreedor alimentario por sus omisiones o informes falsos, así mismo se le apercibe de doble pago en caso de no realizar la retención correspondiente. Lo anterior en virtud de que el Estado tiene la obligación de vigilar que los alimentos se satisfagan de manera suficiente, oportuna y permanente. Además, se hace saber a [*******] que en caso de renuncia voluntaria a su fuente de trabajo en perjuicio de su acreedor alimentario, se hará merecedora de las sanciones contempladas en el Código Penal, por la comisión del delito de Incumplimiento de la Obligación Alimentaria y se dará vista al Agente del Ministerio Público." Primeramente, la Sala responsable hace un estudio oficioso de la resolución impugnada, lo anterior ante la falta de agravios de la apelante, toda vez que no presentó escrito de agravios, no obstante que fue debidamente notificada, ésta fue omisa en expresar los agravios que a su juicio le ocasionan el auto impugnado, por ende, no existe motivo de inconformidad que debiera ser analizado por esa Sala. Por otra parte, no se advierte que la recurrente se encontrara en una situación de vulnerabilidad o desventaja que origine una suplencia de la queja a su favor. Dicho análisis lo realiza a través de los siguientes tópicos: Interés superior de la infancia. No obstante la falta de expresión de agravios por parte de la apelante, tomando en cuenta que en el caso se encuentran involucradas cuestiones que pueden afectar los derechos de las menores ******* y *******, dicho asunto fue analizado priorizando el interés superior de dichos menores, puesto que de conformidad con los artículos 2 fracción II del Código de Procedimientos Familiares, en relación con el 4º, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, y 2,3,6 y 7 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño'. implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". En ese sentido, manifestó la Magistrada, que el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, los juzgadores deben realizar un escrutinio estricto (necesidad y proporcionalidad) de las medidas que se hubieren tomado en todos los juicios en los que se encuentren involucrados los intereses de menores, velando en todo momento por su bienestar integral. Así, ante la falta de expresión de agravios, aquel tribunal al analizar y resolver sobre los aspectos litigiosos que formaron parte de la litis y que puedan incidir en la esfera jurídica de dichos menores, evitando que cuestiones trascendentes para ellos queden condicionadas al cumplimiento de ciertas cargas probatorias o a la falta de exposición de argumentos oportunos de las partes; puesto que al estar en litigio aspectos que atañen a los derechos de los referidos infantes, ese tribunal de apelación, una vez que admitió el recurso, aun cuando no se hubieren expresado agravios, tiene la obligación de analizar oficiosamente la legalidad de la resolución impugnada, en suplencia de la deficiencia de la queja, con el fin de vigilar y tutelar los derechos de la menor en comento; lo anterior atento a lo previsto en el octavo párrafo del artículo 492 del Código de Procedimientos Familiares. Por tanto, la litis de dicho recurso, aduce la Magistrada responsable, se limitó a analizar las constancias que integran el expedite principal a fin de evidenciar que los derechos tanto sustantivos como adjetivos de los menores ******* y *******, se encontraran debidamente protegidos. Consideraciones en que se sustenta el auto apelado. Al respecto, la responsable indicó, que en el proveído impugnado, la Juez de origen, entre otras determinaciones, a petición de la parte actora y sustentándose en la obligación de tomar las medidas necesarias para garantizar a los menores un desarrollo pleno y armonioso, en el que se les otorgue por parte de sus progenitores y familiares el afecto y calor humano, que todo niño requiere en sus primeros años de vida, decretó que lo procedente era variar la Guarda y Custodia Provisional de ******* y ******* de apellidos *******, en favor de su padre el señor *******, ello por estimar que existe un vínculo de apego de los menores a su progenitor así como el deseo de estar a su lado. Decretando además, la Jueza Familiar, la cancelación de la pensión alimenticia que hasta ese momento venía proporcionando ******* y, a fin de no dejar a dichos infantes en estado de indefensión, se decretó una pensión alimenticia provisional a cargo de la demandada *******, por la cantidad de dos salarios mínimos semanales; estableciéndose que en el momento en que se proporcione el lugar de trabajo se le deberá descontar el 30% (treinta por ciento), de las percepciones ordinarias y extraordinarias que perciba, previos los descuentos de ley. Estudio del caso. Destaca la titular de la Sala Familiar en su resolución, que la acción intentada por el hoy quejoso en la controversia familiar de origen, está encaminada a la modificación de la custodia de menores de iniciales ******* y *******, decretada en el convenio celebrado entre las partes ante el Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito judicial Bravos, en el juicio de divorcio contencioso con número de expediente *******; por lo cual, realizó una reseña de la posibilidad de modificar una sentencia dictada en materia familiar, así como la obligación del resolutor que conoce del nuevo juicio de atender a los términos en que se dictó. Sentencias dictadas en materia familiar que no causan estado. Al respecto la Magistrada responsable indicó que por disposición expresa de la ley, existen situaciones en las que, no obstante la firmeza de los fallos dictados, pueden modificarse cuando cambien las circunstancias que imperaban al momento de ser pronunciadas. Un ejemplo de ello, se encuentra en lo dispuesto en el artículo 89 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, pues de acuerdo con ese precepto, las resoluciones judiciales dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, guarda y custodia, tutela de niñas, niños y adolescentes, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que las prevengan las leyes, pese a la firmeza que puedan tener porque en su contra ya no proceda ningún recurso o medio de impugnación, no adquieren la calidad de cosa juzgada, pues éstas pueden modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el procedimiento correspondiente, ya sea en vía incidental o en procedimiento autónomo. En estos casos, debe armonizarse el derecho que tiene, por un lado, el actor para ejecutar la sentencia emitida a su favor y por el otro, la posibilidad que tienen, cualquiera de los interesados, de promover un nuevo juicio invocando un cambio en las circunstancias que prevalecían, todo ello salvaguardando derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo, cuidando el dictado de sentencias contradictorias. En tales situaciones, la principal obligación que tienen los órganos jurisdiccionales es la de actuar respetando los principios que se encuentran inmersos en una tutela jurisdiccional efectiva, esto es, no emitir resoluciones como si no existiese una sentencia anterior, pero siempre conservando la facultad de actuar en interés superior de la infancia, si es necesario. En concordancia con lo anterior, agrega la responsable, no debe perderse de vista que son cuatro los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño, (establecidos por el Comité de los Derechos del Niño): 1) No discriminación. 2) Interés superior del niño. 3) Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. 4) Respeto a la opinión del niño. En lo que interesa al asunto en estudio, se deben destacar el segundo y el tercer principio, esto es, el interés superior del niño, y del derecho de éste a la vida, supervivencia y al desarrollo, los cuales además se encuentran reflejados en el artículo 4º constitucional, razón por la cual debe privilegiarse su respeto y cumplimiento Por tanto, si bien las sentencias en materia familiar no constituyen cosa juzgada, pues éstas pueden modificarse cuando las circunstancias bajo las que se hubieren dictado hayan cambiado, siempre debe hacerse dando las razones por las que se está modificando, ya que, el artículo 16, primer párrafo constitucional establece que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. A lo cual indicó, que la juez que conoce del segundo juicio, no puede simplemente tomar decisiones como si no existiera una primera sentencia sobre los interesados, sino que, si bien puede tomar determinaciones en beneficio de la infancia, se encuentra obligado a exponer las razones que lo llevaron a arribar a tal conclusión. En ese sentido, insistió, las sentencias en materia familiar no constituyen cosa juzgada en forma absoluta, de tal manera que, si en una diversa controversia, un órgano jurisdiccional toma determinaciones que modifiquen una situación de guarda y custodia determinada previamente, en virtud del interés superior del menor; pero fundando y motivando su actuar, se puede observar la armonía entre el actuar del estado para propiciar el respeto pleno a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, y la existencia de medios inmersos en las leyes donde se encuentren establecidos los medios necesarios que garanticen la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales. Concluye argumentando que, cuando se vean involucrados derechos inherentes a los menores, debe resolverse atendiendo al interés superior del niño y atendiendo a las siguientes directrices: En primer lugar, examinar cuidadosamente la promoción en la que se solicite el cambio de régimen de guarda y custodia del niño, niña o adolescente y en el momento en que vaya a proveer sobre ella, para determinar si se surten tres hipótesis: a). La primera relativa a si existe ya un régimen de guarda y custodia definido legalmente; b). La segunda, para el caso de que así fuera, estudiar los hechos de la solicitud y si de ahí advierte que en ellos se da noticia de un riesgo, que conlleve la afectación a la integridad física o moral de la niña, niño o adolescente, así como que existe un principio de prueba que de acuerdo al prudente arbitrio del juzgador lleve a concluir que se pueda actualizar ese riesgo, y, c). La tercera, se actualizará cuando aún sin principio de prueba, se dé noticia de un riesgo para la integridad físico o moral de los menores, caso en el cual el órgano jurisdiccional deberá realizar la ponderación de la gravedad de los hechos narrados. Así, para el caso de que se actualicen algunas de la hipótesis anteriores, el órgano jurisdiccional sujetándose al principio de proporcionalidad, que se integra por tres juicios, el de idoneidad (que la medida sea susceptible de conseguir el objetivo propuesto), el de necesidad (que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia) y el de proporcionalidad en sentido estricto (que se derive de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto), deberá, en forma inmediata decretar, todas aquellas medidas o providencias cautelares necesarias e indispensables para tutelar al sujeto desprotegido y velar por la protección de su interés superior, tales como la pericial psicológica a ambos padres y los descendientes, la pericial en trabajo social, la entrevista del titular del juzgado con las partes, incluso el depósito del menor en alguna institución de carácter público o con algún ascendiente idóneo para su guarda y cualquier otra que se estime necesaria, todo ello para preservar los derechos de la menor que supuestamente están siendo violados o que en su caso cese una posible violencia en su contra, con la finalidad de proteger su interés superior. Requisitos para la modificación de guarda y custodia provisional. Al respecto, la Magistrada responsable consideró pertinente señalar que uno de los requisitos para decretar la medida cautelar de cambio de guarda y custodia es que esté justificada la necesidad de la misma, ello conforme lo exige el numeral 184 del Código de Procedimientos Familiares; lo anterior atendiendo a las circunstancias excepcionales del asunto y a los intereses superiores del menor, como podría ser que el mismo se encuentre en una situación de riesgo, sin que deba analizarse cuál sería el escenario más benéfico para los menores porque esto es materia de la sentencia definitiva. En relación con esa situación de riesgo, aclaró que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los amparos directos en revisión 12/2010 y 1038/2013, afirmó que de acuerdo al interés superior de la infancia basta que se ponga en riesgo al menor para comprometer los bienes y derechos de los menores, sin que sea necesario que se actualice un daño. En tales precedentes se afianzó que el principio de interés superior ordena a todas las autoridades estatales que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas "reforzadas" o "agravadas", y que los intereses de los niños deben protegerse con mayor intensidad. En tanto la protección de los menores es más intensa, no es necesario que la circunstancia a ponderar genere un daño, sino que basta con que la misma "aumente el riesgo" de que los bienes o derechos de los menores se vean afectados. Al respecto, la responsable hace una precisión sobre el concepto de riesgo. Si éste se entiende simplemente como la posibilidad de que un daño ocurra en el futuro, es evidente que la eventualidad de que un menor sufra una afectación estará siempre latente. Hay miles de situaciones imaginables que pueden poner en peligro la integridad de un niño. En este sentido, cualquier menor está en "riesgo" de sufrir una afectación por muy improbable que sea. Sin embargo, ésta no es una interpretación muy razonable del concepto de "riesgo". De acuerdo con la literatura especializada, el aumento del riesgo "se configura normalmente como una situación en la que la ocurrencia de un evento hace más probable la ocurrencia de otro, de modo que el riesgo de que se produzca este segundo evento aumenta cuando se produce el primero". A más de lo anterior, indica que el interés superior de la infancia ordena que los jueces decidan atendiendo a lo que resultará más beneficioso para el niño. Bajo dicha premisa, la situación de riesgo se actualizará si el hecho de que uno de los padres se ubique en una categoría sospechosa (primer evento) hace más probable que el menor se encontrará mejor bajo el cuidado exclusivo del otro de los progenitores (segundo evento). Lo anterior encuentra sustento en la tesis consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Tomo I, página 538, Décima Época, marzo de 2014 de rubro "DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS." Ahora bien, aduce la responsable que en el caso cuyo estudio nos ocupa, de las constancias de autos, así como de la escucha de los menores ******* y *******, y de los estudios psicológicos que les fue practicado tanto a los menores como a sus padres, se puede advertir que dichos infantes no se encuentran en alguna situación de riesgo inminente, o bien, que se haya actualizado un evento que ubique a la progenitora recurrente en una categoría sospechosa, incluso, la existencia de alguna imputación en ese sentido, que diera lugar a determinar, por parte de la A quo, que lo procedente era variar la guarda y custodia decretada mediante convenio celebrado entre las partes en un diverso juico. Ello, con independencia de que en la resolución definitiva se analicen las constancias de autos y se determine cuál resulta ser el escenario más benéfico para su desarrollo integral. Resalta la Magistrada, que la variación de guarda y custodia derivó de la solicitud de *******, de que se modificara en su favor, pues dijo que temía por la integridad de sus hijos y que no quiere que crezcan en un ambiente de violencia o que ejerzan algún delito contra ellos que llegue a arruinar su infancia y no poder tener un buen desarrollo; aludiendo además que se debería atender a lo manifestado por sus hijos. Con base a esas manifestaciones y a lo expuesto por los menores, el resolutor primario consideró que lo procedente era variar la Guarda y Custodia Provisional de ******* y *******, en favor de su padre, por estimar que existe un vínculo de apego de los menores a su progenitor así como el deseo de estar a su lado. Sin embargo, puntualiza la responsable, dicha cuestión resulta insuficiente para determinar el cambio decretado, pues no se analizó por la A quo, si efectivamente existía o no un riesgo para los menores el permanecer al lado de su madre como así lo pretendió hacer ver al actor, sobre todo porque ya existía un pacto entre ellos sobre el particular, mismo que fue sancionado y elevado a la categoría de cosa juzgada, es decir, que en ese tiempo, ambos progenitores estimaron que el hogar de su madre era un buen escenario para sus menores hijos. Además, de los motivos narrados por el actor para pretender la custodia provisional de sus hijos se advierte que se mencionan situaciones genéricas y abstractas que no pueden tomarse en cuenta en tanto que no se invocas hechos concretos, sino meras especulaciones y consecuencias hipotéticas. Aclara también, que dicha variación se decretó antes de que se emplazara a juicio a la apelante y madre de los menores ******* y que al momento de dar contestación a la demanda, ésta se opuso rotundamente a lo planteado por su contraria, refiriendo que se debe tomar en cuenta que sus menores hijos desde su nacimiento han permanecido bajo su guarda y custodia y que variar esta afectaría seriamente su desarrollo y estabilidad, además con ello se estaría resolviendo la presente contienda sin pronunciarse resolución definitiva; refiriendo además que el actor ha influido en el pensar de sus hijos y por ello actualmente sufren del síndrome de alienación parental por parte de su padre. Aunado a ello, se tiene que desde que se decretó el divorcio entre los aquí contendientes, los referido menores han vivido al lado de su progenitora, por así haberlo convenido sus padres al momento de dar por terminado su matrimonio. Por lo anterior, la Magistrada dela Sala Familiar, llega a la conclusión de que resulta insuficiente para arribar a la variación provisional decretada, el estimar que existe un vínculo de apego de los menores a su progenitor así como el deseo de estar a su lado; por lo que, será hasta que se emita la resolución que resuelva en definitiva la solicitud de modificación planteada, cuando con el cúmulo de medios de convicción que puedan llegar a ofrecerse, la escucha de los menores, más los que oficiosamente recabe la autoridad jurisdiccional, que se pueda determinar que las circunstancias preexistentes han cambiado y que son suficientes para modificar la guarda y custodia de los menores involucrados, debiéndose analizar con cuál de los progenitores les es más benéfico permanecer, ya que hasta el momento, como se apuntó, no se advierte situación de riesgo alguna que amerite la variación temporal. Pues a su consideración, no existe circunstancia alguna que motive el cambio tan drástico de guarda y custodia como fue decretado por la Juez de origen, puesto que en ningún momento se ha advertido que los referidos menores puedan estar en riesgo o tener alguna afectación latente al lado de su madre. Destaca también, que tal conducta o variación detenta una inestabilidad en los menores, ya que no pueden estar de un lugar a otro por simple capricho de las partes o bien por el de los mismos incapaces, pues de otro modo el Tribunal estaría sujeto a los deseos de los mismos en cuanto a con quien desean estar, generando un desequilibrio emocional en su persona, pues no se les estaría resolviendo en qué lugar se encuentran mejor conforme a su propio interés superior, sino que se le estaría cambiando de lugar conforme a su criterio, que aunque son importantes para determinar la cuestión de fondo-como en el asunto que nos ocupa-también sirven de apoyo para dilucidar si los menores involucrados presentan alguna afectación o riesgo al lado de alguno de sus progenitores. Señala que este tipo de conductas, pueden tener un efecto sumamente perjudicial en el interés superior de los menores, reflejado en afectaciones que pueden ser tanto físicas como psicológicas derivadas de la incertidumbre y frustración a que se enfrentan los menores frente al quebrantamiento de su estabilidad familiar, la separación del progenitor con el que siempre han convivido, la necesidad de adaptarse a nuevos hábitos, el alejamiento de sus hermanos, entre otras situaciones equivalentes. Así, insiste en que lo más adecuado para la protección del interés superior de los menores es que la asignación de la guarda y custodia, así como el establecimiento de un régimen de visitas, se realice de manera efectiva conforme a alguna resolución jurisdiccional o bien convenio celebrado entre las partes. Lo anterior, pues no solo es la forma en la que se podrá decidir de manera más objetiva el régimen que resulta más benéfico para los menores, sino también porque se intenta velar porque los derechos de custodia y de visita vigentes se respeten. Por tanto la aplicación de alguna medida urgente en el caso, estaría por demás sobrepasando el derecho del debido ejercicio de custodia definitiva decretado con anterioridad y que en su momento el padre de éstos estuvo de acuerdo en que su contraparte la ejerciera, pues este derecho se ejercía de forma efectiva desde antes del presente procedimiento hasta la fecha, ya que no existe en el presente asunto y hasta el momento, motivo (riesgo) que amerite tal variación, pues tales determinaciones, se deberán realizar con el cúmulo probatorio ofrecido por las partes para establecer fehacientemente cuál es el mejor escenario para los niños atendiendo a su desarrollo integral, lo que se tendrá que hacer en la resolución que resuelva la cuestión de fondo. Lo anterior no implica que no pueda ser modificada la guarda y custodia convenida entre las partes, pero sí que sea en el momento procesal oportuno con los medios de convicción factibles, para no dejar en incertidumbre una nueva determinación que conlleve de nueva cuenta una restitución al progenitor en caso de que la incidencia no sea procedente, puesto que se generaría al menor un mayor daño que el que se trata de evitar. Robustece la consideración anterior, con el contenido de la tesis que se plasma a continuación: "Época: Décima Época. Registro: 2019854. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, mayo de 2019, Tomo III Materia(s): Civil. Tesis: VII.2o.C.181 C (10a.). Página: 2478. DEPÓSITO PROVISIONAL DE PERSONA MENOR DE EDAD. LO QUE DETERMINA SU PROCEDENCIA ES QUE SE CORROBORE UN RIESGO PARAÉSTA Y NO QUIEN MEJOR EJERZA SU GUARDA Y CUSTODIA. Para que proceda el depósito provisional de una persona menor de edad, necesariamente, debe acreditarse que ésta se encuentra en riesgo, es decir, debe corroborarse que aconteció un hecho del que se infiere, fundadamente, la probable materialización de un daño en la integridad de la persona menor de edad. Lo anterior, atiende a que, debido al momento procesal en el que se solicita esa medida provisional existe poco espacio para realizar la actividad probatoria necesaria para allegarse de los medios de prueba pertinentes que corroboren quién de los progenitores puede ejercer de "mejor manera" la guarda y custodia de la persona menor de edad. Por tanto, ante la alta posibilidad de una decisión errónea (en virtud de los pocos medios de prueba con los que se cuenta), la norma busca privilegiar la estabilidad en la vida del menor de edad, salvo que se compruebe un riesgo para éste. Esto es, en los casos de depósito o guarda y custodia provisional de las personas menores de edad, lo que determina su procedencia es la corroboración de un riesgo para ésta y no la corroboración de un "mejor" ejercicio de su guarda y custodia. Al respecto, de la estabilidad en la vida de las personas menores de edad, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala: "El niño o niña necesita establecer y mantener un vínculo afectivo, esto es, una relación de cariño cálida y cercana con las personas que lo cuidan. Esta relación es necesaria para desarrollar seguridad, confianza y el sentimiento de sentirse querido. Para desarrollarse intelectual, emocional, social y moralmente, el niño o niña necesita, en cada una de estas áreas, gozar regularmente y durante un largo periodo de su vida de un vínculo afectivo fuerte, cercano, recíproco y estable, el cual desempeña una función muy importante en su bienestar. Las interacciones positivas con personas que lo cuidan de forma estable generan en el niño o niña un sentimiento de bienestar y van creando una seguridad básica. Este sentimiento se ha denominado 'confianza básica' y es fundamental, no sólo para el desarrollo socio emocional sino también para el desarrollo cognitivo del niño o niña." Hace evidente al responsable que, en definitiva, todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptarse, sino exclusivamente el bien de los hijos. Este criterio vincula tanto a los órganos jurisdiccionales como al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social. Dichas consideraciones forman parte de la tesis jurisprudencial 31/2014 de la multicitada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y ATRIBUCIÓN DE LA GUARDA Y CUSTODIA". Por lo anterior, determina la responsable que, contrario a lo decretado por la jueza familiar del conocimiento del juicio de origen, se puede decir que este tipo de determinaciones, convalidan acciones contrarias a las obligaciones voluntariamente aceptadas por las partes y sancionadas por la autoridad jurisdiccional, pues se permitiría que alguno de los padres, violando la resolución judicial que ya existe, simplemente retenga a sus menores hijos, solicite al juzgado que sean escuchados y con base en ello, solicite, sin más, que se le otorgue la guarda y custodia, con franca vulneración a los derechos de su contraparte, sobre todo cuando en el caso concreto, todas esas diligencias se practicaron de manera previa al emplazamiento a juicio de la demandada. Necesidad de conservar el status quo de los niños. En este punto, la responsable considera que debe prevalecer el status quo material de los menores de edad, dado que no existe motivo alguno para variar de una manera urgente su estilo de vida, si de las constancias que integran el expediente principal, no se advierte situación de riesgo que ponga en peligro la integridad y desarrollo de los infantes de continuar al lado del progenitor que desde la celebración del divorcio ha ostentado legalmente su guarda y custodia. Así, resalta que no existe un modelo de padres y madres ideales, acabado y perfecto, una especie de arquetipo ante el cual contrastar la conducta específica de los progenitores, con el fin de determinar si se está o no ante un buen padre y/o madre, y si, con base en esa imagen ejemplar, sean justificables o no ciertas restricciones en las instituciones protectores de la infancia, como lo es la guarda y custodia. Por lo que, al momento de dictar su resolución, aduce que del examen que realizó de los autos del expediente principal, no se llega a la convicción de que sea necesario variar el ambiente habitual en el que se han desarrollado los menores ******* y *******, desde la separación de sus ascendientes, bajo el argumento de que existe un vínculo de apego de los menores a su progenitor así como el deseo de estar a su lado. Por consiguiente, atendiendo al interés superior de la infancia, concluye la titular de la Sala Familiar Regional de este Distrito Judicial Bravos, que en el caso debe prevalecer el estatus quo en el que los menores se han desenvuelto desde la separación de sus progenitores, y en relación con el cual no existe la necesidad de variación alguna, dado que no obra dato alguno que revele un riesgo para dichos menores. Considera pues, que es una solución estable, justa y equitativa que la guarda y custodia se continúe llevando a cabo de la misma manera en la que los padres del infante lo han realizado desde su separación, pues debe protegerse la continuidad de su ambiente habitual en el que ha estado viviendo y del cual no se cuenta dato alguno de peligrosidad, en lugar de provocar cambios perturbadores en su estabilidad familiar. En consecuencia de todo lo anterior, decretó la revocación del auto recurrido en cuanto a la guarda y custodia provisional otorgada a favor del progenitor de los menores ******* y ******* y, por ende, de la pensión provisional decretada a cargo de la apelante. Lo anterior, aclara, hasta en tanto se resuelva en definitiva la modificación solicitada por el progenitor, o bien, quede demostrada alguna cuestión de riesgo latente que sufran los menores ******* y *******, debiendo continuar la guarda y custodia a favor de la madre y el régimen de convivencia con su padre, así como la pensión alimenticia a cargo de éste último, en los términos pactados en el convenio celebrado entre las partes ante, el en ese entonces, Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito judicial Bravos, en el juicio de divorcio contencioso con número de expediente *******. Como colofón a lo anterior, la responsable hace las siguientes consideraciones. Directrices para determinar la custodia. Menciona así, para el efecto de la modificación de las medidas mencionadas o bien para el dictado de la resolución definitiva que se llegare a dictar; que los expertos señalan que pasado cierto periodo de tiempo, se opera un progresivo proceso de individuación del niño a través de la necesaria e insustituible presencia de ambos progenitores. El menor necesita tanto de su madre como de su padre aunque de modo diferente, en función de la edad. Ambos progenitores deben hacer posible y propiciar la presencia efectiva de esas funciones simbólicas en el proceso de maduración personal de su menor hijo. Esta idea también responde a un compromiso internacional del estado mexicano contenido en el artículo 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De igual forma, se hace mención que no existe en nuestro ordenamiento jurídico una suerte de presunción de idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los progenitores, pues en principio tanto el padre como la madre están igualmente capacitados para atender de modo conveniente a los hijos. La decisión judicial que se adopte al respecto ha de priorizar el interés y bienestar de los menores sin partir de ninguna predeterminación o prejuicio sexista que otorgue privilegios a la hora de ser conferida la responsabilidad de atender y cuidar de los hijos. Asevera que, en el caso que nos ocupa, la decisión judicial al respecto no solo deberá atender a aquel escenario que resulte menos perjudicial para los menores, si no, por el contrario, deberá buscar una solución estable, justa y equitativa que resulte lo más benéfica para ellos. Sin duda alguna, continua, la guarda y cuidado de los hijos es uno de los objetos más comprometidos de la decisión judicial que impone la organización futura de cualquier familia a partir de la situación creada por la ruptura definitiva de la convivencia conyugal entre sus progenitores ¿a quién otorgar el cuidado de los hijos? La respuesta a esta interrogante es, desde luego, sumamente compleja. Así mismo, el juez ha de valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad del menor, lo cual se puede dar con ambos progenitores o con uno solo de ellos, ya sea la madre o el padre. Debiendo indagar, no solo el menor perjuicio que se le pueda causar al menor, si no que le resultará más beneficioso no sólo a corto plazo, sino lo que es aún más importante, en el futuro. La tutela del interés preferente de los hijos exige, siempre y en cualquier caso, que se otorgue en aquella forma (exclusiva o compartida, a favor del padre o de la madre), que se revele como la más idónea para el menor. Por lo que hace al sentido del fallo, la responsable determinó lo siguiente: "4. SENTIDO DEL FALLO. Por las consideraciones de derecho antes expuestas, se impone revocar la resolución apelada, para el efecto de declarar improcedente el cambio de guarda y custodia provisional desplegado por la Juez del conocimiento, dado que no existe causa alguna para variar el estatus quo en el que los menores se han desarrollado. Consecuentemente, restitúyase a los menores [******* y *******], a su entorno habitual al lado de su madre [*******], para lo cual, se apercibe a [*******], que en caso de no acatar de manera inmediata la determinación tomada, se aplicarán en su contra los medios de apremio que establece el numeral 96 del Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado, sin sujetarse a orden alguno. Se deja sin efectos la pensión provisional decretada a cargo de la apelante. Queda subsistente la pensión decretada a favor de los menores y a cargo del progenitor en los términos pactados en el convenio celebrado entre las partes ante, el en ese entonces, Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito judicial Bravos, en el juicio de divorcio contencioso con número de expediente *******; debiendo subsistir además el régimen de convivencia establecido entre los menores [******* y *******] y su padre [*******], en los términos pactados en el referido convenio." Los resolutivos fueron en el siguiente sentido: "6. RESOLUTIVOS PRIMERO. Se revoca el auto recurrido, para los efectos precisados en el apartado 4 denominado "SENTIDO DEL FALLO". SEGUNDO. No se hace especial condena en costas." SÉPTIMO.- Del análisis de los conceptos de violación. Culminado el estudio oficioso de la sentencia reclamada, procede dar contestación a los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de amparo. En primer término, es necesario precisar que al encontrarse involucrados menores de edad, el presente asunto debe resolverse atendiendo al interés superior de los mismos. En ese sentido, es oportuno mencionar que con la reforma de diez de junio de dos mil once, al artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se integraron al sistema de protección de los derechos fundamentales, aquéllos reconocidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, erigiéndose el principio pro persona como criterio interpretativo para el desarrollo de la función protectora en materia de derechos fundamentales, por lo que, en todo tiempo, debe favorecerse la protección más amplia para las personas. Asimismo, el artículo 4o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de octubre de dos mil once, en lo que interesa, dispone: "Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. (.) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez." Ahora bien, los artículos 3 y 12 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, establecen: "Convención sobre los derechos del niño" Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. (.). OPINIÓN DEL NIÑO El niño tiene derecho a expresar su opinión y a que ésta se tenga en cuenta en todos los asuntos que le afectan. Artículo 12 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropia do, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional." Así, tanto en nuestra constitución, como en la convención citada, se reconoce, como criterio de actuación para las autoridades estatales, el atender al interés superior del niño. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado contenido a dicho interés y perfilado la actuación de las autoridades jurisdiccionales en función de él, tal como se desprende de las siguientes tesis: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y ATRIBUCIÓN DE LA GUARDA Y CUSTODIA. Como criterio ordenador, el interés superior de los menores previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha de guiar cualquier decisión sobre guarda y custodia. Dicho de otro modo, el interés del menor constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su propia operatividad y eficacia. En esta lógica, a la hora de decidir la forma de atribución a los progenitores de la guarda y custodia, hay que tener en cuenta que la regulación de cuantos deberes y facultades configuran la patria potestad, siempre está pensada y orientada en beneficio de los hijos, finalidad que es común para el conjunto de las relaciones paterno-filiales; y este criterio proteccionista se refleja también en las medidas judiciales que han de adoptarse en relación con el cuidado y educación de los hijos. En definitiva, todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, que no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptar, sino exclusivamente el bienestar de los hijos. El criterio antes reseñado vincula tanto a los órganos jurisdiccionales como al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social." (El énfasis es propio) Ahora bien, por lo que hace al segundo de los puntos tomados de la Convención sobre Derechos del Niño, respecto de la escucha de los mismos en los juicios en los cuales se tenga que resolver respecto a la guarda y custodia, se encuentra la tesis bajo Registro digital: 183500, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Civil, Tesis: VII.2o.C. J/15, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, agosto de 2003, página 1582, Tipo: Jurisprudencia, la cual a la letra dice: "MENORES DE EDAD. EL JUEZ ESTÁ OBLIGADO, AUN DE OFICIO, A ESCUCHARLOS EN CUALQUIER JUICIO DONDE TENGA QUE RESOLVERSE SOBRE LA PATRIA POTESTAD, GUARDA Y CUSTODIA, ASÍ COMO AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN, TENIENDO EN CUENTA LA FACULTAD QUE TIENE DE VALERSE DE CUALQUIER MEDIO A FIN DE SALVAGUARDAR EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De la interpretación conjunta y sistemática de los artículos 157 y 345 del código sustantivo civil para el Estado de Veracruz, 225 y 226 del ordenamiento procesal respectivo, debe entenderse que en todos aquellos juicios civiles donde tenga que resolverse sobre la patria potestad, guarda y custodia de menores de edad, sin importar la acción intentada, el juzgador, aun de oficio, debe escucharlos, a fin de evitar conductas de violencia familiar y normar correctamente su criterio sobre la situación que guardan con sus progenitores, así como al Ministerio Público de la adscripción ante el desacuerdo de los cónyuges sobre ese tenor, teniendo en consideración, además, la facultad de poder valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, cosa o documento conducente al conocimiento de la verdad, como podría ser, a guisa de ejemplo, la investigación de trabajadores sociales, análisis psicológicos en relación no sólo con el menor sino también con los padres, apoyándose para ello en instituciones como el Desarrollo Integral para la Familia (DIF) o los servicios de salud pública, sin importar que el artículo 157 del código sustantivo civil, sólo refiera a los asuntos de divorcio, pues en el caso opera el principio jurídico de que donde impera la misma razón debe aplicarse la misma disposición, todo con el fin de salvaguardar el interés superior de los menores." El primero de los citados criterios, se refiere a los límites y alcances del interés superior del niño tratándose de la institución de guarda y custodia, como en el caso que nos ocupa. Así, debe decirse que, el interés superior de los menores es un criterio orientador en la toma de decisiones en aquellos asuntos en que se involucre su bienestar, por tanto, en estos casos, las autoridades jurisdiccionales deben realizar una interpretación sistemática que tenga en cuenta los deberes de protección, así como los derechos especiales de los niños, previstos tanto en la Constitución, como en los Tratados Internacionales y en las leyes de protección a la niñez, a efecto de dotar de sentido a la norma o a la institución que sirva para resolver el caso concreto, siempre en beneficio de los menores, mas no en función de los intereses de sus padres. Luego, en cada caso concreto el juzgador habrá de adoptar, en atención a la norma o institución jurídica de que se trate, aquellas medidas que resulten necesarias y proporcionales a fin de que prevalezcan las condiciones que posibiliten el desarrollo integral del menor, acorde con su edad, situación y circunstancias personales, con el único fin de garantizar su desarrollo con base en una formación familiar y social integral. Por lo que hace al segundo de los criterios, en cuanto a la escucha de los menores de edad, establece que debe entenderse que en todos aquellos juicios civiles donde tenga que resolverse sobre la patria potestad, guarda y custodia de menores de edad, sin importar la acción intentada, el juzgador, aun de oficio, debe escucharlos, para lo cual podrá valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, cosa o documento conducente al conocimiento de la verdad, como podría ser, por ejemplo, la investigación de trabajadores sociales, análisis psicológicos en relación no sólo con el menor sino también con los padres. Ahora bien, la parte quejosa, en su concepto de violación marcado como número uno, aduce en esencia, que se transgrede su derecho a una justicia completa, en razón de que la autoridad que conoce del asunto es la que debe de emitir pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, siendo esta autoridad la juzgadora de origen, quien es la conocedora en primera instancia del asunto en discordia, así como el personal que le asiste a dicha funcionaria, por lo cual, debe ser tal juzgadora quien resuelva todo lo referente al juicio y a la Guarda y Custodia de sus menores hijos. Es infundado el concepto de violación expresado por la parte quejosa, lo anterior se asevera toda vez que si bien es cierto, tal y como lo aduce el quejoso, es la Juez de primera instancia quien resuelve en definitiva las cuestiones planteadas respecto a la Guarda y Custodia de sus menores hijos, también es cierto que, algunos de los autos dictados en el procedimiento de primera instancia son apelables, razón por lo cual, la resolución de fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, dictada en el Juicio Ordinario Familiar *******, llegó al conocimiento de esa Sala Regional Familiar, al haberse interpuesto recurso de apelación por parte de la demandada. Así lo dispone el artículo 484 del Código de Procedimientos Familiares, el cual establece de la siguiente manera: ARTÍCULO 484. La apelación procede en contra de resoluciones: Que pongan fin a la controversia o asunto; Que resuelvan sobre la revisión de medidas provisionales; Las interlocutorias y definitivas; En contra de las que resuelvan excepciones; y, Las demás previstas expresamente en este código. Así pues, toda vez que el citado recurso se interpuso en contra de la resolución sobre la revisión de medida provisional de guarda y custodia, es competencia de la Sala Regional Familiar, el conocer del recurso de apelación interpuesto por la demandada *******, en contra de la resolución de fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, antes mencionada, recurso que concluyó con la sentencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en el toca *******. En ese tenor, y por lo que hace a sus argumentos, se estima infundado el concepto de violación en estudio, toda vez que como se precisó, la autoridad responsable, Magistrada de la Sala Familiar Regional, dictó la resolución de fecha veinticinco de febrero del año en curso, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 483, del Código de Procedimientos Familiares, que a la letra dice: "CAPÍTULO III APELACIÓN ARTÍCULO 483. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia examine si en la resolución apelada se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los principios reguladores de la prueba, o si se alteraron los hechos; y en vista de ello, confirme, revoque o modifique la resolución apelada." Deviene de igual manera infundado el concepto de violación, marcado con número dos en la demanda de amparo, puesto que el peticionario del amparo *******, esencialmente aduce que se viola su derecho a una Justica Imparcial, consistente en que el juzgador emita una resolución apegada a derecho y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, sin que se viole la equidad de género. Considera el quejoso, que la resolución que consiste en el acto reclamado en el presente juicio, se emite en un claro favoritismo y discriminación por razón de género, utilizando un argumento meramente personal y sin fundamento legal alguno. Aduce también el quejoso, que otorgar la guarda y custodia de menores de edad a la madre, por el simple hecho de ser mujer, contraviene al principio de igualdad, al basarse en estereotipos. Se considera infundado el presente concepto de violación, toda vez que la responsable en su resolución, en reiteradas ocasiones analiza respecto a tal controversia, dejando claro que, en el presente caso, tanto el padre como la madre, están en condiciones de llevar a cabo de manera adecuada la guarda y custodia de sus menores hijos, como a continuación se transcribe parte de la resolución: "Para el efecto de la modificación de las medidas mencionadas o bien para el dictado de la resolución definitiva que se llegare a dictar; que los expertos señalan que pasado cierto periodo de tiempo, se opera un progresivo proceso de individuación del niño a través de la necesaria e insustituible presencia de ambos progenitores. El menor necesita tanto de su madre como de su padre aunque de modo diferente, en función de la edad. Ambos progenitores deben hacer posible y propiciar la presencia efectiva de esas funciones simbólicas en el proceso de maduración personal de su menor hijo. Esta idea también responde a un compromiso internacional del estado mexicano contenido en el artículo 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De igual forma, se hace mención que no existe en nuestro ordenamiento jurídico una suerte de presunción de idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los progenitores, pues en principio tanto el padre como la madre están igualmente capacitados para atender de modo conveniente a los hijos. La decisión judicial que se adopte al respecto ha de priorizar el interés y bienestar de los menores sin partir de ninguna predeterminación o prejuicio sexista que otorgue privilegios a la hora de ser conferida la responsabilidad de atender y cuidar de los hijos." Por lo que hace al concepto de violación señalado por la quejosa como número tres, el mismo deviene de igual manera infundado, por las consideraciones que a continuación se analizan. Aduce la quejosa, que la responsable no pondera en su totalidad los cuatro principios rectores de la Convención sobre los derechos del niño, puesto que únicamente hace énfasis en el segundo y tercero principios, restando importancia al primero y cuarto, de los cuales, este último tiene relación con el derecho que tienen los niños a emitir su opinión, por lo cual considera la quejosa, que con ello se violentan los derechos mencionados en dicho resolutivo en la resolución reclamada. Resolución en la cual en lo conducente se menciona: "En concordancia con lo anterior, no debe perderse de vista que son cuatro los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño, (establecidos por el Comité de los Derechos del Niño): 1) No discriminación. 2) Interés superior del niño. 3) Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. 4) Respeto a la opinión del niño. En lo que interesa al asunto en estudio, se deben destacar el segundo y el tercer principio, esto es, el interés superior del niño, y del derecho de éste a la vida, supervivencia y al desarrollo, los cuales además se encuentran reflejados en el artículo 4º constitucional, razón por la cual debe privilegiarse su respeto y cumplimiento" Se considera infundado el presente concepto de violación por lo siguiente: Efectivamente, como consideró la Magistrada responsable en su resolución, los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño, (establecidos por el Comité de los Derechos del Niño), establece parámetros observables en la toma de decisiones que recaigan sobre los derechos de los menores. Así pues, como se vio en párrafos anteriores, la convención de Derechos del Niño, determina como principio la escucha de los menores, en particular en su artículo 12, establece lo siguiente: "OPINIÓN DEL NIÑO: El niño tiene derecho a expresar su opinión y a que ésta se tenga en cuenta en todos los asuntos que le afectan. Artículo 12 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional." Así mismo, dicho criterio se encuentra adoptado en la tesis bajo Registro digital: 183500, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Civil, Tesis: VII.2o.C. J/15, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, agosto de 2003, página 1582, Tipo: Jurisprudencia, la cual a la letra dice: "MENORES DE EDAD. EL JUEZ ESTÁ OBLIGADO, AUN DE OFICIO, A ESCUCHARLOS EN CUALQUIER JUICIO DONDE TENGA QUE RESOLVERSE SOBRE LA PATRIA POTESTAD, GUARDA Y CUSTODIA, ASÍ COMO AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN, TENIENDO EN CUENTA LA FACULTAD QUE TIENE DE VALERSE DE CUALQUIER MEDIO A FIN DE SALVAGUARDAR EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De la interpretación conjunta y sistemática de los artículos 157 y 345 del código sustantivo civil para el Estado de Veracruz, 225 y 226 del ordenamiento procesal respectivo, debe entenderse que en todos aquellos juicios civiles donde tenga que resolverse sobre la patria potestad, guarda y custodia de menores de edad, sin importar la acción intentada, el juzgador, aun de oficio, debe escucharlos, a fin de evitar conductas de violencia familiar y normar correctamente su criterio sobre la situación que guardan con sus progenitores, así como al Ministerio Público de la adscripción ante el desacuerdo de los cónyuges sobre ese tenor, teniendo en consideración, además, la facultad de poder valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, cosa o documento conducente al conocimiento de la verdad, como podría ser, a guisa de ejemplo, la investigación de trabajadores sociales, análisis psicológicos en relación no sólo con el menor sino también con los padres, apoyándose para ello en instituciones como el Desarrollo Integral para la Familia (DIF) o los servicios de salud pública, sin importar que el artículo 157 del código sustantivo civil, sólo refiera a los asuntos de divorcio, pues en el caso opera el principio jurídico de que donde impera la misma razón debe aplicarse la misma disposición, todo con el fin de salvaguardar el interés superior de los menores." (Énfasis propio). De los anteriores criterios se advierte la obligación que tienen los órganos jurisdiccionales de tomar en cuenta, en las resoluciones que se dicten respecto de la guarda y custodia de los menores, las escuchas de estos, así como, el hacerse llegar de esas escuchas por cualquier medio. Así, en fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte, ante el Licenciado *******, Psicólogo Adscrito al Instituto de Estudios psicológicos y Socioeconómicos, dependiente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en esta Ciudad Juárez, se llevó a cabo la entrevista por parte de dicho profesionista a los menores de iniciales ******* y *******, ambos de apellidos *******, de las cuales se obtuvo lo siguiente: Por lo que hace a niña, ******* de apellidos *******, en lo fundamental se desprende lo siguiente, se transcribe la pregunta realizada por el especialista, seguidas de la respuesta dada por la menor. Primero hace preguntas generales para generar confianza. ¿Donde vives? Con mi mamá. ¿Y como te sientes en casa de tu mama? Poco bien. ¿Porqué poco bien, que pasa? Es que como mi mami tiene novio, casi le pone atención a él cuando yo quiero que me cuente un cuento. ¿Cómo se llama el novio de tu mamá? Se llama *******. ¿Y él vive ahí con ustedes? Nomás viene todas las noches, trabajan en el mismo seguro. ¿y a tus papás que días lo ves? Dos días ¿Te quedas a dormir en su casa, de tu papá? Si ¿Duermes con alguien? Tenemos dos camas y mi papá duerme en el sillón y yo con *******. ¿Y cómo te sientes en la casa de tu papá? Muy bien. ¿Cómo es sentirse muy bien? Pues ahí me divierto, me ponen mucha atención. ¿Con quién estas más agusto con ******* o con *******? Con ******* vivimos la casa de las torres, pero ahí no me gusta nada. ¿y con *******? Muy bien, vive con mi tita. ¿Y te gustaría seguir viviendo con tu mamá? No. (cabe hacer mención que hace movimiento pronunciado con la cabeza en sentido negativo). ¿Dónde te gustaría vivir? Me gustaría vivir con mi papá ¿Y te gustaría visitar a tu mami? Si ¿Que días? Los fines de semana, los días que hoy veo a mi Papá. Termina la grabación. Por lo que hace a la entrevista realizada el menor ******* de apellidos ******* en lo fundamental se desprende lo siguiente, se transcribe la pregunta realizada por el especialista, seguidas de la respuesta dada por el menor. Primero hace un par de preguntas generales para generar confianza. ¿Donde vives? En las torres ¿Con quién vives? Con mi mamá. ¿Como te llevas con ella? Bien. ¿Quien vive con ustedes? Su novio. ¿Como se llama? *******, antes de ******* tenía otro novio ¿Como se llamaba? *******. ¿El te llevaba a la escuela? Si, vivía en la casa y me llevaba a la escuela. ¿Y que piensas de eso? No me gusta, no me siento agusto. ¿A tu papa cuando lo ves? Domingo y lunes ¿Como te la pasas con él? Bien, muy bien, estamos tranquilos. ¿Estas agusto o te gustaría cambiar algo? Me gustaría cambiar algo. ¿Qué te gustaría cambiar? Yo quiero quedarme a vivir con mi papá. ¿Porqué? Por que mi mamá, le pone más atención a ******* que a nosotros y por nuestra comodidad. ¿Por qué comodidad? Porque en la casa, están mi mama con Samuel con la puerta cerrada, en la mañana y por la tarde. ¿Y dónde duermes en casa de tu papá? Tenemos un cuarto para nosotros. ¿Quienes viven en casa de tu papá? Mis abuelitos y mi tía. ¿y cómo te tratan? Muy bien. ¿Y cuando tu papá trabaja quién los cuida? Mis abuelitos. ¿Algo que le quieras decir a tus papás? A mi papá que todo va a estar bien Y a mi mamá, que siempre la voy a querer muchísimo. Termina grabación. De lo anterior se desprende que, las declaraciones realizadas por los menores, ante el Licenciado *******, psicólogo del Instituto de Estudios psicológicos y Socioeconómicos, dependiente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, son coincidentes en cuanto a la información vertida, ante dichos profesionistas. Sin embargo, a juicio de esta juzgadora, ante lo manifestado por los menores en sus respectivas entrevistas, no cabe duda que los mismos quieran estar con su padre, no obstante, de dichas entrevistas no se desprende la existencia de un motivo para que esos menores sean alejados de su madre, porque ambos, padre y madre, son aptos para su cuidado y si ya existía un convenio previo, en el cual acordaron que la guarda y custodia de dichos menores la tendría esta última, lo único que podría motivar un cambio en la custodia sería la existencia de un riesgo hacia los menores, lo cual, no existe, sino que se sustenta en meras apreciaciones subjetivas o abstractas, como bien indicó la Magistrada responsable. Por lo anterior, se considera infundado el motivo de disenso aludido por el quejoso, puesto que de manera correcta, la Magistrada responsable, consideró que el hecho de que los menores externen su deseo de estar con su papá, no es suficiente para modificar provisionalmente la guarda y custodia; máxime que no debe soslayarse que existen múltiples tesis de jurisprudencia que privilegian el interés superior del menor y destacan que debe mantenerse el estatus quo de los menores cuando el medio en el que se desenvuelven es propicio y adecuado para el desarrollo de su personalidad; además, una modificación de la guarda y custodia, debe partir de que existe un riesgo en la integridad de los menores para separarlas de su progenitor que se hace cargo de ellos, lo que en el caso en estudio no se comprobó. Además, como bien apunta la magistrada responsable, atender a la manifestación de los menores de que quieren permanecer al lado de uno de ellos, propiciaría siempre que los menores hijos decidan en cualquier momento con quién quedarse, lo que no resulta sano para su desarrollo. Encuentra apoyo en su determinación con lo establecido en la tesis bajo los siguientes datos de localización: Época: Décima Época. Registro: 2019854. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, mayo de 2019, Tomo III Materia(s): Civil. Tesis: VII.2o.C.181 C (10a.). Página: 2478., la cual reza de la siguiente manera: "DEPÓSITO PROVISIONAL DE PERSONA MENOR DE EDAD. LO QUE DETERMINA SU PROCEDENCIA ES QUE SE CORROBORE UN RIESGO PARA ÉSTA Y NO QUIEN MEJOR EJERZA SU GUARDA Y CUSTODIA. Para que proceda el depósito provisional de una persona menor de edad, necesariamente, debe acreditarse que ésta se encuentra en riesgo, es decir, debe corroborarse que aconteció un hecho del que se infiere, fundadamente, la probable materialización de un daño en la integridad de la persona menor de edad. Lo anterior, atiende a que, debido al momento procesal en el que se solicita esa medida provisional existe poco espacio para realizar la actividad probatoria necesaria para allegarse de los medios de prueba pertinentes que corroboren quién de los progenitores puede ejercer de "mejor manera" la guarda y custodia de la persona menor de edad. Por tanto, ante la alta posibilidad de una decisión errónea (en virtud de los pocos medios de prueba con los que se cuenta), la norma busca privilegiar la estabilidad en la vida del menor de edad, salvo que se compruebe un riesgo para éste. Esto es, en los casos de depósito o guarda y custodia provisional de las personas menores de edad, lo que determina su procedencia es la corroboración de un riesgo para ésta y no la corroboración de un "mejor" ejercicio de su guarda y custodia. Al respecto, de la estabilidad en la vida de las personas menores de edad, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala: "El niño o niña necesita establecer y mantener un vínculo afectivo, esto es, una relación de cariño cálida y cercana con las personas que lo cuidan. Esta relación es necesaria para desarrollar seguridad, confianza y el sentimiento de sentirse querido. Para desarrollarse intelectual, emocional, social y moralmente, el niño o niña necesita, en cada una de estas áreas, gozar regularmente y durante un largo periodo de su vida de un vínculo afectivo fuerte, cercano, recíproco y estable, el cual desempeña una función muy importante en su bienestar. Las interacciones positivas con personas que lo cuidan de forma estable generan en el niño o niña un sentimiento de bienestar y van creando una seguridad básica. Este sentimiento se ha denominado 'confianza básica' y es fundamental, no sólo para el desarrollo socio emocional sino también para el desarrollo cognitivo del niño o niña." De igual manera, deviene infundado el motivo de disenso señalado con número cuatro, pues se queja el promovente del presente juicio, que la Magistrada responsable, en su resolución, incorrectamente demeritó las consideraciones hechas por la Juez de origen, al dictar la resolución de nueve de septiembre de dos mil veinte. Lo anterior lo asevera puesto que la Magistrada en su resolución, menciona tres directrices que se deben seguir para resolver un asunto donde se involucra derechos inherentes de los menores, las cuales son las siguientes: "Cuando se vean involucrados derechos inherentes a los menores, debe resolverse atendiendo al interés superior del niño y atendiendo a las siguientes directrices: En primer lugar, examinar cuidadosamente la promoción en la que se solicite el cambio de régimen de guarda y custodia del niño, niña o adolescente y en el momento en que vaya a proveer sobre ella, para determinar si se surten tres hipótesis: a). La primera relativa a si existe ya un régimen de guarda y custodia definido legalmente; b). La segunda, para el caso de que así fuera, estudiar los hechos de la solicitud y si de ahí advierte que en ellos se da noticia de un riesgo, que conlleve la afectación a la integridad física o moral de la niña, niño o adolescente, así como que existe un principio de prueba que de acuerdo al prudente arbitrio del juzgador lleve a concluir que se pueda actualizar ese riesgo, y, c). La tercera, se actualizará cuando aún sin principio de prueba, se dé noticia de un riesgo para la integridad físico o moral de los menores, caso en el cual el órgano jurisdiccional deberá realizar la ponderación de la gravedad de los hechos narrados." Sobre los tres puntos anteriores, aduce la quejosa que efectivamente se actualizaron dichos supuestos, puesto que: La Juez de Primera instancia, tuvo conocimiento que existe una sentencia previa a la tramitación del juicio ordinario familiar, sobre guarda y custodia y pensión alimenticia, La Juzgadora Familiar, recibió en la solicitud realizada por el hoy quejoso, en la que expone los motivos por los cuales considera necesario el cambio en la custodia de los menores. La Juzgadora de origen, ante la noticia del riesgo para la integridad física o moral de los menores de edad, los citó para efecto de ser escuchados, lo cual se hizo de manera video grabada con el apoyo de expertos en la materia, y siguiendo los protocolos legales correspondientes. Así, se considera infundado el motivo de disenso en estudio puesto que la Magistrada responsable, correctamente consideró que para el caso de que se actualicen algunas de la hipótesis anteriores, el órgano jurisdiccional sujetándose al principio de proporcionalidad, que se integra por tres juicios, el de idoneidad (que la medida sea susceptible de conseguir el objetivo propuesto), el de necesidad (que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia) y el de proporcionalidad en sentido estricto (que se derive de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto), deberá, en forma inmediata decretar, todas aquellas medidas o providencias cautelares necesarias e indispensables para tutelar al sujeto desprotegido y velar por la protección de su interés superior, tales como la pericial psicológica a ambos padres y los descendientes, la pericial en trabajo social, la entrevista del titular del juzgado con las partes, incluso el depósito del menor en alguna institución de carácter público o con algún ascendiente idóneo para su guarda y cualquier otra que se estime necesaria, todo ello para preservar los derechos del menor que supuestamente están siendo violados o que en su caso cese una posible violencia en su contra, con la finalidad de proteger su interés superior. Así mismo, la responsable consideró pertinente señalar que uno de los requisitos para decretar la medida cautelar de cambio de guarda y custodia es que esté justificada la necesidad de la misma, ello conforme lo exige el numeral 184 del Código de Procedimientos Familiares; lo anterior, atendiendo a las circunstancias excepcionales del asunto y a los intereses superiores del menor, como podría ser que el mismo se encuentre en una situación de riesgo, sin que deba analizarse cuál sería el escenario más benéfico para los menores porque esto es materia de la sentencia definitiva. En relación con esa situación de riesgo, aclaró que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los amparos directos en revisión ******* y *******, afirmó que de acuerdo al interés superior de la infancia basta que se ponga en riesgo al menor para comprometer los bienes y derechos de los menores, sin que sea necesario que se actualice un daño. En tales precedentes se afianzó que el principio de interés superior ordena a todas las autoridades estatales que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas "reforzadas" o "agravadas", y que los intereses de los niños deben protegerse con mayor intensidad. En tanto la protección de los menores es más intensa, no es necesario que la circunstancia a ponderar genere un daño, sino que basta con que la misma "aumente el riesgo" de que los bienes o derechos de los menores se vean afectados. Al respecto, la responsable hace una precisión sobre el concepto de riesgo. Si éste se entiende simplemente como la posibilidad de que un daño ocurra en el futuro, es evidente que la eventualidad de que un menor sufra una afectación estará siempre latente. Hay miles de situaciones imaginables que pueden poner en peligro la integridad de un niño. En este sentido, cualquier menor está en "riesgo" de sufrir una afectación por muy improbable que sea. Sin embargo, ésta no es una interpretación muy razonable del concepto de "riesgo". De acuerdo con la literatura especializada, el aumento del riesgo "se configura normalmente como una situación en la que la ocurrencia de un evento hace más probable la ocurrencia de otro, de modo que el riesgo de que se produzca este segundo evento aumenta cuando se produce el primero". A más de lo anterior, indica la responsable, que el interés superior de la infancia ordena que los jueces decidan atendiendo a lo que resultará más beneficioso para el niño. Bajo dicha premisa, la situación de riesgo se actualizará si el hecho de que uno de los padres se ubique en una categoría sospechosa (primer evento) hace más probable que el menor se encontrará mejor bajo el cuidado exclusivo del otro de los progenitores (segundo evento). Lo anterior encuentra sustento en la tesis consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Tomo I, página 538, Décima Época, marzo de 2014 de rubro "DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS." Ahora bien, aduce la responsable que en el caso cuyo estudio nos ocupa, de las constancias de autos, así como de la escucha de los menores ******* y *******, y de los estudios psicológicos que les fue practicado tanto a los menores como a sus padres, se puede advertir que dichos infantes no se encuentran en alguna situación de riesgo inminente, o bien, que se haya actualizado un evento que ubique a la progenitora recurrente en una categoría sospechosa, incluso, la existencia de alguna imputación en ese sentido, que diera lugar a determinar, por parte de la A quo, que lo procedente era variar la guarda y custodia decretada mediante convenio celebrado entre las partes en un diverso juico. Ello, con independencia de que en la resolución definitiva se analicen las constancias de autos y se determine cuál resulta ser el escenario más benéfico para su desarrollo integral. Resalta la Magistrada, que la variación de guarda y custodia derivó de la solicitud de *******, de que se modificara en su favor, pues dijo que temía por la integridad de sus hijos y que no quiere que crezcan en un ambiente de violencia o que ejerzan algún delito contra ellos que llegue a arruinar su infancia y no poder tener un buen desarrollo; aludiendo además que se debería atender a lo manifestado por sus hijos. Con base a esas manifestaciones y a lo expuesto por los menores, el resolutor primario consideró que lo procedente era variar la Guarda y Custodia Provisional de ******* y *******, en favor de su padre, por estimar que existe un vínculo de apego de los menores a su progenitor así como el deseo de estar a su lado. Sin embargo, puntualiza la Magistrada responsable, dicha cuestión resulta insuficiente para determinar el cambio decretado, pues no se analizó por la A quo, si efectivamente existía o no un riesgo para los menores el permanecer al lado de su madre como así lo pretendió hacer ver al actor, sobre todo porque ya existía un pacto entre ellos sobre el particular, mismo que fue sancionado y elevado a la categoría de cosa juzgada, es decir, que en ese tiempo, ambos progenitores estimaron que el hogar de su madre era un buen escenario para sus menores hijos. Además, de los motivos narrados por el actor para pretender la custodia provisional de sus hijos se advierte que se mencionan situaciones genéricas y abstractas que no pueden tomarse en cuenta en tanto que no se invocan hechos concretos, sino meras especulaciones y consecuencias hipotéticas. Ahora bien, tal y como lo asevera la Magistrada responsable en su resolución, el cambiar constantemente de custodia a los menores representaría en ellos una inestabilidad, generándoles un desequilibrio emocional. En mérito de lo expuesto, al resultar infundados los conceptos de violación examinados, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso respecto de la resolución emitida el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en el toca *******, por la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dado que los conceptos de violación resultaron infundados. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Jueza Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial Bravos, en virtud de que no se atribuyeron vicios propios. Al respecto, tiene aplicación la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital, 207616, [TA]; 8a. Época; 3a. Sala; S.J.F.; Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988; Pág. 357, la cual dice: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio, de la Ley de Amparo, las tesis resultan aplicables en el presente asunto, pues si bien es cierto, el contenido de las mismas alude a la anterior Ley de Amparo, sin embargo, contienen los mismos principios de la ley de la materia vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, respecto de los actos reclamados de la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua y de la Jueza Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial Bravos, en virtud de los motivos que se expresaron en el considerando séptimo del presente fallo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la parte tercero interesada y al representante especial de las personas menores de edad, y a la agente del Ministerio Público adscrita, así como por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hoy treinta de junio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua, a treinta de junio de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 181/2021-III, y RESULTANDO. PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El once de marzo de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, la demanda que dio origen al juicio, la cual fue turnada a este Juzgado de Distrito el siguiente día hábil. En el escrito inicial *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades responsables Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, así mismo, mediante escrito que presentó ante este juzgado el dieciocho de marzo del año de dos mil veintiuno, el cual una vez cumplida prevención, amplió la demanda de amparo, por actos del Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial Bravos, ambos con morada en esta localidad, de las cuales precisó que les reclama: De la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Distrito Judicial Bravos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Olga Cano Moya, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, la resolución dictada en fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, al resolver el recurso de apelación, dentro del toca *******. De la Jueza Octavo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, el auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, en el expediente *******, dictado en cumplimiento al auto dictado por la Sala Familiar Regional. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1°, 4°, 8, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda. Mediante auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se registró la demanda de amparo bajo el expediente 181/2021-III, se admitió a trámite misma, se requirió el informe a la autoridad responsable y se le dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así mismo, en fecha dieciocho de marzo de misma data, la quejosa amplió la demanda, por lo cual, por auto de fecha diecinueve de marzo se le requirió aclarara la misma, una vez satisfecho el requerimiento, mediante auto de fecha veintiséis de marzo se previno al quejoso a fin de que precisara las fechas en que fueron emitidos los actos que reclama en su escrito de ampliación; manifestara si desea ampliar la demanda por acto de uno de marzo de dos mil veintiuno por juez familiar y expresara los conceptos de violación que considerara pertinente. Así, una vez que se desahogó tal prevención, en proveído de doce de abril de dos mil veintiuno, se previno nuevamente a la quejosa a efecto de que indicara la fecha de notificación del auto de uno de marzo reclamado al juez familiar, así como para que precisara si dicho acto había sido ejecutado. Una vez cumplida la anterior prevención, mediante auto de fecha diecinueve de abril, se admitió la ampliación de demanda de amparo de referencia, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables respecto de dicha ampliación, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita se le dio la intervención legal que le compete, la tercero interesada compareció al presente juicio teniéndose por emplazada al mismo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, por acuerdo de catorce de mayo de dos mil veintiuno, se solicitó un asesor legal para que fungiera como representante especial de los menores de iniciales ******* y *******, ambos de apellidos *******, de conformidad con el artículo 8º de la Ley de Amparo, por lo que en fecha veintisiete de mayo del año en curso, el Licenciado *******, quien aceptó y protestó el cargo conferido por la Delegación Chihuahua del Instituto Federal de Defensoría Pública, se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se celebró en la fecha señalada. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud que se reclaman actos en materia familiar provenientes de una autoridad judicial con morada en esta localidad y cuya ejecución entre otros sitios tiene lugar en el territorio donde ejerce jurisdicción este órgano. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 38 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esa forma se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama: 1. De la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta localidad: La resolución de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, dentro del recurso de apelación, relativo al toca *******, de su índice, en la que determinó modificar el auto recurrido de nueve de septiembre de dos mil veinte, dictado por la Jueza Octavo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial Bravos, en el juicio de Controversias del Orden Familiar *******, en especial, lo relativo a la custodia de los menores de iniciales ******* y *******, ambos de apellidos *******. 2. De la Jueza Octavo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad: La ejecución de dicha resolución. Por ende, se tienen tales actos como los reclamados en esta instancia constitucional. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y la Jueza Octavo Familiar Por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, ambas con residencia en esta ciudad; al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados, consistentes en la resolución de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el toca *******, del índice de la referida Sala, así como el auto de fecha uno de marzo de dos mil veintiuno dentro del juicio ordinario familiar ******* en el Juzgado Octavo Familiar. Para corroborar su dicho, la autoridad responsable Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia, remitió los autos del toca ******* de su índice, por su parte, la Jueza Octavo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, envió junto con su informe justificado, copia certificada de las constancias del juicio del Orden Familiar *******, así como tres discos versátil digital que contienen: la escuchas de los menores de edad, así como audiencia de protocolo con intervención de niño, niña y adolescente, documentales cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°. Ello, de conformidad con lo establecido en la tesis aislada VI.2o.C.289 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de dos mil nueve, Materia Común, que se localiza en la página 2689, con registro 168143, del tenor siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS. SU VALOR Y EFICACIA PROBATORIOS EN RELACIÓN CON SU PRESENTANTE. Si bien es cierto que los documentos públicos tienen valor probatorio pleno, también lo es que ello no necesariamente les otorga alcance o eficacia demostrativa para acreditar el hecho o hechos que se pretenden comprobar, de manera que aunque su valor sea pleno, puede no ser suficiente para crear convicción sobre el punto o cuestiones que están sujetas a prueba. Esto es así, porque un documento público hace fe de la certeza de su contenido, pero si éste pretende desvirtuarse, debe objetarse el documento y probarse la objeción, para así destruir la certeza que recae sobre lo asentado en esa documental. Asimismo, es cierto que los documentos presentados en juicio por las partes prueban plenamente en su contra, aunque no los reconozcan, pero esto no implica que no acepten prueba en contrario y que, por tanto, indefectiblemente deba concedérseles plena eficacia demostrativa contra quien los presentó, ya que sus alcances demostrativos quedan a expensas de la ponderación de todo el material probatorio, pudiéndose llegar a la convicción de que aunque inicialmente probaban plenamente en contra de su presentante, al final su contenido quedó desvirtuado total o parcialmente con otras probanzas aportadas al juicio. Consecuentemente, se tienen como ciertos los actos que la parte quejosa reclama de las citadas responsables. Sirve de apoyo la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, tomo II, con número de registro 1002815, cuyo rubro y texto son: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Del análisis de las causales de improcedencia. Al no existir causales de improcedencia alegadas por las partes, ni advertirse la actualización de alguna por esta Juzgadora, se continúa con el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." QUINTO.- Justificación para no transcribir los conceptos de violación. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los que aparecen insertos en su demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos, toda vez que la ley de la materia no establece como obligación para el juzgador que se transcriban para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sirve de apoyo a lo anteriormente considerado, la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO.- Estudio oficioso. Previo a dar contestación a los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante de amparo, esta Juzgadora Federal procederá, de oficio, al estudio de la sentencia dictada el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en el Toca *******, del índice de la Sala Familiar Regional en el Distrito Judicial Bravos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En tal virtud, de la lectura de las constancias que acompañaron a su informe con justificación las autoridades responsables, se desprende lo siguiente: Por escrito de treinta de septiembre de dos mil veinte, *******, interpuso recurso de apelación en contra de los acuerdos de nueve y diez de septiembre de dos mil veinte, manifestando que haría valer los agravios que le causa en segunda instancia, recurso que por auto de cinco de octubre de dos mil veinte, se tuvo por interpuesto, se admitió en efecto devolutivo, se tuvo por señalado todo lo actuado como constancias para integrar el testimonio de apelación y se ordenó remitir a segunda instancia para su substanciación. Por acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, la Magistrada de la Sala Familiar Regional en el Distrito Judicial Bravos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, formó el toca y lo registró con el número *******, declaró admitido en efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto por *******, y puso los autos a disposición de la apelante para que en el término de seis días legalmente computados, expresara los agravios que estimara conducentes, apercibida que de ser omisa se declararía precluido su derecho y, en su caso, desierto el recurso y firme la determinación recurrida. Mediante proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno la Magistrada de la Sala Familiar Regional en el Distrito Judicial Bravos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, le tuvo por perdido su derecho a la apelante para expresar sus agravios; sin embargo, consideró que como en el asunto se ven involucrados los derechos de menores, con independencia de la falta de expresión de agravios de la parte apelante, procedería a suplirlos en su totalidad y citó a las partes para el pronunciamiento respectivo. El veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia, en el toca *******, pronunció la resolución que aquí se impugna, en la que realizó el estudio de cada uno de los temas que analizó la Jueza Octavo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial Bravos, en su resolución de fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, en el Juicio de Controversias Familiares *******, en la cual, resolvió lo siguiente: "CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE. Por recibido el escrito en este Tribunal el día dos de septiembre del año en curso, suscrito por [*******], con la personalidad que tiene debidamente acreditada en autos; visto lo solicitado, este Tribunal se encuentra obligado a tomar las medidas necesarias para garantizar a los menores un desarrollo pleno y armonioso, en el que se les otorgue por parte de sus progenitores y familiares el afecto y calor humano, que todo niño requiere en sus primeros años de vida, máxime que conforme a la Convención Internacional de Derechos del Niño, tiene derecho a crecer en un ambiente de felicidad, amor, comprensión y protección, que le brinde una estabilidad personal y emocional y en atención a lo que hasta la fecha obra en autos, se advierte que existe un vínculo de apego de los menores a su progenitor así como el deseo de estar a su lado, es por lo que esta Juzgadora, decreta la Guarda y Custodia Provisional de [******* y ******* DE APELLIDOS *******], en favor de su padre el señor [*******], en términos de lo dispuesto por los artículos 3, 4, 5 y 24 de la Ley General para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 4 y 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de forma provisional y hasta nueva orden judicial, lo anterior además con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2 de los principios especiales respecto de Niños, Niñas y Adolescentes fracción I del Código de Procedimientos Familiares del Estado en vigencia. No pasando desapercibido para este Tribunal que ambos padres tienen a su favor la presunción de ser aptos para cuidar a los hijos que hayan procreado. Apoyando lo anteriormente expuesto las tesis con número de registro 170,514, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVII, Enero de 2008. Tesis: I.14o.C.51 C. Página: 2785; que a la letra dice: "GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES. PARA LA MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA RELATIVA EL JUZGADOR DEBE EXIGIR Y TENER EN CUENTA NO SÓLO LA DEMOSTRACIÓN PLENA DE LAS CIRCUNSTANCIAS FUNDAMENTALES QUE SUSTENTARON LO DECIDIDO EN LA RESOLUCIÓN FIRME, SINO TAMBIÉN QUE ELLO REDUNDE EN EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS, DE MANERA QUE QUIEN LA EJERZA CONCRETE UN BENEFICIO REAL Y EFECTIVO QUE INCIDA EN SU DESARROLLO Y EJERCICIO PLENO. En la pretensión del cambio de la guarda y custodia de un menor decretada previamente en una sentencia definitiva, basada en que existe una modificación de las circunstancias en que aquélla se resolvió, el juzgador debe exigir no sólo la demostración plena de las circunstancias fundamentales que sustentaron lo decidido en la sentencia firme preexistente, sino también que ese cambio esencial redunde en el interés superior del menor, de manera que el cambio de guarda y custodia, en lo relativo a la persona que en lo sucesivo la ejerza, concrete un beneficio real y efectivo que incida en el desarrollo y ejercicio pleno de los derechos del menor, considerando que la responsabilidad de los padres en el cumplimiento de sus deberes hacia sus hijos, comprende no sólo el apoyo económico, sino también la formación espiritual, emocional y social que propicie el desarrollo armónico e integral del menor, lo que puede lograrse si el medio ambiente en el que se desenvuelva es benéfico para éste". Asimismo se ordena canalizar de inmediato a los señores [******* y *******] y a sus menores hijos [******* y ******* DE APELLIDOS *******] a los talleres psicoeducativos que imparte el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, por lo que se ordena se gire el oficio correspondiente a fin de que dicho centro proceda a la inscripción. Por otra parte, teniendo en cuenta que se ha concedido la Guarda y Custodia al padre, quien por sentencia de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce, se obligó al pago de una pensión alimenticia del 30% (TREINTA PORCIENTO) de sus ingresos ordinarios y extraordinarios, se ordena girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social clínica número 35, Avenida Valentín Fuentes, sin número de la colonia Misiones del Portal, a fin de que se proceda a la cancelación de la pensión alimenticia. Por cuanto a la pensión alimenticia provisional, y toda vez que la parte actora no proporciona lugar de trabajo de la demandada y al no tenerse por acreditada la capacidad económica del deudor alimentista, a fin de no dejar en estado de indefensión a los menores [******* y ******* DE APELLIDOS *******] por el momento se fija la cantidad resultante a [dos salarios mínimos semanales] como pensión alimenticia, de conformidad con el artículo 337 del Código de Procedimientos Familiares, y la cantidad resultante deberá de consignarla los viernes de cada semana en este Tribunal mediante el certificado de depósito correspondiente, o en su caso en la cuenta bancaria que para tal efecto proporcioné la parte actora; por otra parte, en el momento en que se proporcione el lugar de trabajo de la demandada deberá de [descontársele el 30% (TREINTA POR CIENTO)] de las percepciones ordinarias y extraordinarias que perciba, previos efectuados los descuentos de ley, debiendo de igual manera poner la cantidad correspondiente a disposición de la parte actora ordenándose para ello girar el oficio de descuento correspondiente en el que en virtud de las facultades que la ley confiere a este Tribunal y dado que la satisfacción de las necesidades de alimentos no puede ser aplazada ni demorada, ya que el retardo del cumplimiento del mencionado deber pone en riesgo la subsistencia de los acreedores alimentarios, deberá dentro del término de TRES DÍAS, y bajo protesta de decir verdad, informar a este Juzgado si [*******] labora para dicha empresa, y en caso afirmativo manifieste cuál es el monto de las percepciones que con motivo de su trabajo recibe el antes mencionado, y de inmediato se sirva descontar el porcentaje ordenado, el cual se fija como pensión alimenticia provisional a favor del acreedor y la cantidad resultante deberá entregarla a la parte actora en los términos ya previstos. Haciéndole saber a dicha empresa, que la orden que se le gira deberá acatarla aún en el supuesto de que su denominación y/o razón social difiera de la mencionada, lo que en su caso deberá también informar a este Tribunal. De igual manera se le hace saber que en caso de que el demandado deje de laborar para dicha institución, deberá retener el porcentaje fijado respecto del importe que reciba con motivo de la liquidación o finiquito correspondiente, ello a fin de proteger el derecho del niño a seguir recibiendo los alimentos y sufragar sus necesidades elementales, considerando la obligación que la Ley impone a los terceros de auxiliar a los tribunales en la averiguación de la verdad y en todo lo que se les requiera para hacer efectivo el pago de los alimentos; los que son de orden público ya que su satisfacción no puede ser demorada ni aplazada, pues ello pone en riesgo la subsistencia del acreedor, apercibido que de no hacerlo se le aplicará una multa de hasta doscientos veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 336 del Código de Procedimientos Familiares, además de responder solidariamente con el obligado directo de los daños y perjuicios que cause al acreedor alimentario por sus omisiones o informes falsos, así mismo se le apercibe de doble pago en caso de no realizar la retención correspondiente. Lo anterior en virtud de que el Estado tiene la obligación de vigilar que los alimentos se satisfagan de manera suficiente, oportuna y permanente. Además, se hace saber a [*******] que en caso de renuncia voluntaria a su fuente de trabajo en perjuicio de su acreedor alimentario, se hará merecedora de las sanciones contempladas en el Código Penal, por la comisión del delito de Incumplimiento de la Obligación Alimentaria y se dará vista al Agente del Ministerio Público." Primeramente, la Sala responsable hace un estudio oficioso de la resolución impugnada, lo anterior ante la falta de agravios de la apelante, toda vez que no presentó escrito de agravios, no obstante que fue debidamente notificada, ésta fue omisa en expresar los agravios que a su juicio le ocasionan el auto impugnado, por ende, no existe motivo de inconformidad que debiera ser analizado por esa Sala. Por otra parte, no se advierte que la recurrente se encontrara en una situación de vulnerabilidad o desventaja que origine una suplencia de la queja a su favor. Dicho análisis lo realiza a través de los siguientes tópicos: Interés superior de la infancia. No obstante la falta de expresión de agravios por parte de la apelante, tomando en cuenta que en el caso se encuentran involucradas cuestiones que pueden afectar los derechos de las menores ******* y *******, dicho asunto fue analizado priorizando el interés superior de dichos menores, puesto que de conformidad con los artículos 2 fracción II del Código de Procedimientos Familiares, en relación con el 4º, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, y 2,3,6 y 7 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño'. implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". En ese sentido, manifestó la Magistrada, que el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, los juzgadores deben realizar un escrutinio estricto (necesidad y proporcionalidad) de las medidas que se hubieren tomado en todos los juicios en los que se encuentren involucrados los intereses de menores, velando en todo momento por su bienestar integral. Así, ante la falta de expresión de agravios, aquel tribunal al analizar y resolver sobre los aspectos litigiosos que formaron parte de la litis y que puedan incidir en la esfera jurídica de dichos menores, evitando que cuestiones trascendentes para ellos queden condicionadas al cumplimiento de ciertas cargas probatorias o a la falta de exposición de argumentos oportunos de las partes; puesto que al estar en litigio aspectos que atañen a los derechos de los referidos infantes, ese tribunal de apelación, una vez que admitió el recurso, aun cuando no se hubieren expresado agravios, tiene la obligación de analizar oficiosamente la legalidad de la resolución impugnada, en suplencia de la deficiencia de la queja, con el fin de vigilar y tutelar los derechos de la menor en comento; lo anterior atento a lo previsto en el octavo párrafo del artículo 492 del Código de Procedimientos Familiares. Por tanto, la litis de dicho recurso, aduce la Magistrada responsable, se limitó a analizar las constancias que integran el expedite principal a fin de evidenciar que los derechos tanto sustantivos como adjetivos de los menores ******* y *******, se encontraran debidamente protegidos. Consideraciones en que se sustenta el auto apelado. Al respecto, la responsable indicó, que en el proveído impugnado, la Juez de origen, entre otras determinaciones, a petición de la parte actora y sustentándose en la obligación de tomar las medidas necesarias para garantizar a los menores un desarrollo pleno y armonioso, en el que se les otorgue por parte de sus progenitores y familiares el afecto y calor humano, que todo niño requiere en sus primeros años de vida, decretó que lo procedente era variar la Guarda y Custodia Provisional de ******* y ******* de apellidos *******, en favor de su padre el señor *******, ello por estimar que existe un vínculo de apego de los menores a su progenitor así como el deseo de estar a su lado. Decretando además, la Jueza Familiar, la cancelación de la pensión alimenticia que hasta ese momento venía proporcionando ******* y, a fin de no dejar a dichos infantes en estado de indefensión, se decretó una pensión alimenticia provisional a cargo de la demandada *******, por la cantidad de dos salarios mínimos semanales; estableciéndose que en el momento en que se proporcione el lugar de trabajo se le deberá descontar el 30% (treinta por ciento), de las percepciones ordinarias y extraordinarias que perciba, previos los descuentos de ley. Estudio del caso. Destaca la titular de la Sala Familiar en su resolución, que la acción intentada por el hoy quejoso en la controversia familiar de origen, está encaminada a la modificación de la custodia de menores de iniciales ******* y *******, decretada en el convenio celebrado entre las partes ante el Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito judicial Bravos, en el juicio de divorcio contencioso con número de expediente *******; por lo cual, realizó una reseña de la posibilidad de modificar una sentencia dictada en materia familiar, así como la obligación del resolutor que conoce del nuevo juicio de atender a los términos en que se dictó. Sentencias dictadas en materia familiar que no causan estado. Al respecto la Magistrada responsable indicó que por disposición expresa de la ley, existen situaciones en las que, no obstante la firmeza de los fallos dictados, pueden modificarse cuando cambien las circunstancias que imperaban al momento de ser pronunciadas. Un ejemplo de ello, se encuentra en lo dispuesto en el artículo 89 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, pues de acuerdo con ese precepto, las resoluciones judiciales dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, guarda y custodia, tutela de niñas, niños y adolescentes, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que las prevengan las leyes, pese a la firmeza que puedan tener porque en su contra ya no proceda ningún recurso o medio de impugnación, no adquieren la calidad de cosa juzgada, pues éstas pueden modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el procedimiento correspondiente, ya sea en vía incidental o en procedimiento autónomo. En estos casos, debe armonizarse el derecho que tiene, por un lado, el actor para ejecutar la sentencia emitida a su favor y por el otro, la posibilidad que tienen, cualquiera de los interesados, de promover un nuevo juicio invocando un cambio en las circunstancias que prevalecían, todo ello salvaguardando derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo, cuidando el dictado de sentencias contradictorias. En tales situaciones, la principal obligación que tienen los órganos jurisdiccionales es la de actuar respetando los principios que se encuentran inmersos en una tutela jurisdiccional efectiva, esto es, no emitir resoluciones como si no existiese una sentencia anterior, pero siempre conservando la facultad de actuar en interés superior de la infancia, si es necesario. En concordancia con lo anterior, agrega la responsable, no debe perderse de vista que son cuatro los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño, (establecidos por el Comité de los Derechos del Niño): 1) No discriminación. 2) Interés superior del niño. 3) Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. 4) Respeto a la opinión del niño. En lo que interesa al asunto en estudio, se deben destacar el segundo y el tercer principio, esto es, el interés superior del niño, y del derecho de éste a la vida, supervivencia y al desarrollo, los cuales además se encuentran reflejados en el artículo 4º constitucional, razón por la cual debe privilegiarse su respeto y cumplimiento Por tanto, si bien las sentencias en materia familiar no constituyen cosa juzgada, pues éstas pueden modificarse cuando las circunstancias bajo las que se hubieren dictado hayan cambiado, siempre debe hacerse dando las razones por las que se está modificando, ya que, el artículo 16, primer párrafo constitucional establece que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. A lo cual indicó, que la juez que conoce del segundo juicio, no puede simplemente tomar decisiones como si no existiera una primera sentencia sobre los interesados, sino que, si bien puede tomar determinaciones en beneficio de la infancia, se encuentra obligado a exponer las razones que lo llevaron a arribar a tal conclusión. En ese sentido, insistió, las sentencias en materia familiar no constituyen cosa juzgada en forma absoluta, de tal manera que, si en una diversa controversia, un órgano jurisdiccional toma determinaciones que modifiquen una situación de guarda y custodia determinada previamente, en virtud del interés superior del menor; pero fundando y motivando su actuar, se puede observar la armonía entre el actuar del estado para propiciar el respeto pleno a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, y la existencia de medios inmersos en las leyes donde se encuentren establecidos los medios necesarios que garanticen la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales. Concluye argumentando que, cuando se vean involucrados derechos inherentes a los menores, debe resolverse atendiendo al interés superior del niño y atendiendo a las siguientes directrices: En primer lugar, examinar cuidadosamente la promoción en la que se solicite el cambio de régimen de guarda y custodia del niño, niña o adolescente y en el momento en que vaya a proveer sobre ella, para determinar si se surten tres hipótesis: a). La primera relativa a si existe ya un régimen de guarda y custodia definido legalmente; b). La segunda, para el caso de que así fuera, estudiar los hechos de la solicitud y si de ahí advierte que en ellos se da noticia de un riesgo, que conlleve la afectación a la integridad física o moral de la niña, niño o adolescente, así como que existe un principio de prueba que de acuerdo al prudente arbitrio del juzgador lleve a concluir que se pueda actualizar ese riesgo, y, c). La tercera, se actualizará cuando aún sin principio de prueba, se dé noticia de un riesgo para la integridad físico o moral de los menores, caso en el cual el órgano jurisdiccional deberá realizar la ponderación de la gravedad de los hechos narrados. Así, para el caso de que se actualicen algunas de la hipótesis anteriores, el órgano jurisdiccional sujetándose al principio de proporcionalidad, que se integra por tres juicios, el de idoneidad (que la medida sea susceptible de conseguir el objetivo propuesto), el de necesidad (que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia) y el de proporcionalidad en sentido estricto (que se derive de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto), deberá, en forma inmediata decretar, todas aquellas medidas o providencias cautelares necesarias e indispensables para tutelar al sujeto desprotegido y velar por la protección de su interés superior, tales como la pericial psicológica a ambos padres y los descendientes, la pericial en trabajo social, la entrevista del titular del juzgado con las partes, incluso el depósito del menor en alguna institución de carácter público o con algún ascendiente idóneo para su guarda y cualquier otra que se estime necesaria, todo ello para preservar los derechos de la menor que supuestamente están siendo violados o que en su caso cese una posible violencia en su contra, con la finalidad de proteger su interés superior. Requisitos para la modificación de guarda y custodia provisional. Al respecto, la Magistrada responsable consideró pertinente señalar que uno de los requisitos para decretar la medida cautelar de cambio de guarda y custodia es que esté justificada la necesidad de la misma, ello conforme lo exige el numeral 184 del Código de Procedimientos Familiares; lo anterior atendiendo a las circunstancias excepcionales del asunto y a los intereses superiores del menor, como podría ser que el mismo se encuentre en una situación de riesgo, sin que deba analizarse cuál sería el escenario más benéfico para los menores porque esto es materia de la sentencia definitiva. En relación con esa situación de riesgo, aclaró que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los amparos directos en revisión 12/2010 y 1038/2013, afirmó que de acuerdo al interés superior de la infancia basta que se ponga en riesgo al menor para comprometer los bienes y derechos de los menores, sin que sea necesario que se actualice un daño. En tales precedentes se afianzó que el principio de interés superior ordena a todas las autoridades estatales que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas "reforzadas" o "agravadas", y que los intereses de los niños deben protegerse con mayor intensidad. En tanto la protección de los menores es más intensa, no es necesario que la circunstancia a ponderar genere un daño, sino que basta con que la misma "aumente el riesgo" de que los bienes o derechos de los menores se vean afectados. Al respecto, la responsable hace una precisión sobre el concepto de riesgo. Si éste se entiende simplemente como la posibilidad de que un daño ocurra en el futuro, es evidente que la eventualidad de que un menor sufra una afectación estará siempre latente. Hay miles de situaciones imaginables que pueden poner en peligro la integridad de un niño. En este sentido, cualquier menor está en "riesgo" de sufrir una afectación por muy improbable que sea. Sin embargo, ésta no es una interpretación muy razonable del concepto de "riesgo". De acuerdo con la literatura especializada, el aumento del riesgo "se configura normalmente como una situación en la que la ocurrencia de un evento hace más probable la ocurrencia de otro, de modo que el riesgo de que se produzca este segundo evento aumenta cuando se produce el primero". A más de lo anterior, indica que el interés superior de la infancia ordena que los jueces decidan atendiendo a lo que resultará más beneficioso para el niño. Bajo dicha premisa, la situación de riesgo se actualizará si el hecho de que uno de los padres se ubique en una categoría sospechosa (primer evento) hace más probable que el menor se encontrará mejor bajo el cuidado exclusivo del otro de los progenitores (segundo evento). Lo anterior encuentra sustento en la tesis consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Tomo I, página 538, Décima Época, marzo de 2014 de rubro "DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS." Ahora bien, aduce la responsable que en el caso cuyo estudio nos ocupa, de las constancias de autos, así como de la escucha de los menores ******* y *******, y de los estudios psicológicos que les fue practicado tanto a los menores como a sus padres, se puede advertir que dichos infantes no se encuentran en alguna situación de riesgo inminente, o bien, que se haya actualizado un evento que ubique a la progenitora recurrente en una categoría sospechosa, incluso, la existencia de alguna imputación en ese sentido, que diera lugar a determinar, por parte de la A quo, que lo procedente era variar la guarda y custodia decretada mediante convenio celebrado entre las partes en un diverso juico. Ello, con independencia de que en la resolución definitiva se analicen las constancias de autos y se determine cuál resulta ser el escenario más benéfico para su desarrollo integral. Resalta la Magistrada, que la variación de guarda y custodia derivó de la solicitud de *******, de que se modificara en su favor, pues dijo que temía por la integridad de sus hijos y que no quiere que crezcan en un ambiente de violencia o que ejerzan algún delito contra ellos que llegue a arruinar su infancia y no poder tener un buen desarrollo; aludiendo además que se debería atender a lo manifestado por sus hijos. Con base a esas manifestaciones y a lo expuesto por los menores, el resolutor primario consideró que lo procedente era variar la Guarda y Custodia Provisional de ******* y *******, en favor de su padre, por estimar que existe un vínculo de apego de los menores a su progenitor así como el deseo de estar a su lado. Sin embargo, puntualiza la responsable, dicha cuestión resulta insuficiente para determinar el cambio decretado, pues no se analizó por la A quo, si efectivamente existía o no un riesgo para los menores el permanecer al lado de su madre como así lo pretendió hacer ver al actor, sobre todo porque ya existía un pacto entre ellos sobre el particular, mismo que fue sancionado y elevado a la categoría de cosa juzgada, es decir, que en ese tiempo, ambos progenitores estimaron que el hogar de su madre era un buen escenario para sus menores hijos. Además, de los motivos narrados por el actor para pretender la custodia provisional de sus hijos se advierte que se mencionan situaciones genéricas y abstractas que no pueden tomarse en cuenta en tanto que no se invocas hechos concretos, sino meras especulaciones y consecuencias hipotéticas. Aclara también, que dicha variación se decretó antes de que se emplazara a juicio a la apelante y madre de los menores ******* y que al momento de dar contestación a la demanda, ésta se opuso rotundamente a lo planteado por su contraria, refiriendo que se debe tomar en cuenta que sus menores hijos desde su nacimiento han permanecido bajo su guarda y custodia y que variar esta afectaría seriamente su desarrollo y estabilidad, además con ello se estaría resolviendo la presente contienda sin pronunciarse resolución definitiva; refiriendo además que el actor ha influido en el pensar de sus hijos y por ello actualmente sufren del síndrome de alienación parental por parte de su padre. Aunado a ello, se tiene que desde que se decretó el divorcio entre los aquí contendientes, los referido menores han vivido al lado de su progenitora, por así haberlo convenido sus padres al momento de dar por terminado su matrimonio. Por lo anterior, la Magistrada dela Sala Familiar, llega a la conclusión de que resulta insuficiente para arribar a la variación provisional decretada, el estimar que existe un vínculo de apego de los menores a su progenitor así como el deseo de estar a su lado; por lo que, será hasta que se emita la resolución que resuelva en definitiva la solicitud de modificación planteada, cuando con el cúmulo de medios de convicción que puedan llegar a ofrecerse, la escucha de los menores, más los que oficiosamente recabe la autoridad jurisdiccional, que se pueda determinar que las circunstancias preexistentes han cambiado y que son suficientes para modificar la guarda y custodia de los menores involucrados, debiéndose analizar con cuál de los progenitores les es más benéfico permanecer, ya que hasta el momento, como se apuntó, no se advierte situación de riesgo alguna que amerite la variación temporal. Pues a su consideración, no existe circunstancia alguna que motive el cambio tan drástico de guarda y custodia como fue decretado por la Juez de origen, puesto que en ningún momento se ha advertido que los referidos menores puedan estar en riesgo o tener alguna afectación latente al lado de su madre. Destaca también, que tal conducta o variación detenta una inestabilidad en los menores, ya que no pueden estar de un lugar a otro por simple capricho de las partes o bien por el de los mismos incapaces, pues de otro modo el Tribunal estaría sujeto a los deseos de los mismos en cuanto a con quien desean estar, generando un desequilibrio emocional en su persona, pues no se les estaría resolviendo en qué lugar se encuentran mejor conforme a su propio interés superior, sino que se le estaría cambiando de lugar conforme a su criterio, que aunque son importantes para determinar la cuestión de fondo-como en el asunto que nos ocupa-también sirven de apoyo para dilucidar si los menores involucrados presentan alguna afectación o riesgo al lado de alguno de sus progenitores. Señala que este tipo de conductas, pueden tener un efecto sumamente perjudicial en el interés superior de los menores, reflejado en afectaciones que pueden ser tanto físicas como psicológicas derivadas de la incertidumbre y frustración a que se enfrentan los menores frente al quebrantamiento de su estabilidad familiar, la separación del progenitor con el que siempre han convivido, la necesidad de adaptarse a nuevos hábitos, el alejamiento de sus hermanos, entre otras situaciones equivalentes. Así, insiste en que lo más adecuado para la protección del interés superior de los menores es que la asignación de la guarda y custodia, así como el establecimiento de un régimen de visitas, se realice de manera efectiva conforme a alguna resolución jurisdiccional o bien convenio celebrado entre las partes. Lo anterior, pues no solo es la forma en la que se podrá decidir de manera más objetiva el régimen que resulta más benéfico para los menores, sino también porque se intenta velar porque los derechos de custodia y de visita vigentes se respeten. Por tanto la aplicación de alguna medida urgente en el caso, estaría por demás sobrepasando el derecho del debido ejercicio de custodia definitiva decretado con anterioridad y que en su momento el padre de éstos estuvo de acuerdo en que su contraparte la ejerciera, pues este derecho se ejercía de forma efectiva desde antes del presente procedimiento hasta la fecha, ya que no existe en el presente asunto y hasta el momento, motivo (riesgo) que amerite tal variación, pues tales determinaciones, se deberán realizar con el cúmulo probatorio ofrecido por las partes para establecer fehacientemente cuál es el mejor escenario para los niños atendiendo a su desarrollo integral, lo que se tendrá que hacer en la resolución que resuelva la cuestión de fondo. Lo anterior no implica que no pueda ser modificada la guarda y custodia convenida entre las partes, pero sí que sea en el momento procesal oportuno con los medios de convicción factibles, para no dejar en incertidumbre una nueva determinación que conlleve de nueva cuenta una restitución al progenitor en caso de que la incidencia no sea procedente, puesto que se generaría al menor un mayor daño que el que se trata de evitar. Robustece la consideración anterior, con el contenido de la tesis que se plasma a continuación: "Época: Décima Época. Registro: 2019854. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, mayo de 2019, Tomo III Materia(s): Civil. Tesis: VII.2o.C.181 C (10a.). Página: 2478. DEPÓSITO PROVISIONAL DE PERSONA MENOR DE EDAD. LO QUE DETERMINA SU PROCEDENCIA ES QUE SE CORROBORE UN RIESGO PARAÉSTA Y NO QUIEN MEJOR EJERZA SU GUARDA Y CUSTODIA. Para que proceda el depósito provisional de una persona menor de edad, necesariamente, debe acreditarse que ésta se encuentra en riesgo, es decir, debe corroborarse que aconteció un hecho del que se infiere, fundadamente, la probable materialización de un daño en la integridad de la persona menor de edad. Lo anterior, atiende a que, debido al momento procesal en el que se solicita esa medida provisional existe poco espacio para realizar la actividad probatoria necesaria para allegarse de los medios de prueba pertinentes que corroboren quién de los progenitores puede ejercer de "mejor manera" la guarda y custodia de la persona menor de edad. Por tanto, ante la alta posibilidad de una decisión errónea (en virtud de los pocos medios de prueba con los que se cuenta), la norma busca privilegiar la estabilidad en la vida del menor de edad, salvo que se compruebe un riesgo para éste. Esto es, en los casos de depósito o guarda y custodia provisional de las personas menores de edad, lo que determina su procedencia es la corroboración de un riesgo para ésta y no la corroboración de un "mejor" ejercicio de su guarda y custodia. Al respecto, de la estabilidad en la vida de las personas menores de edad, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala: "El niño o niña necesita establecer y mantener un vínculo afectivo, esto es, una relación de cariño cálida y cercana con las personas que lo cuidan. Esta relación es necesaria para desarrollar seguridad, confianza y el sentimiento de sentirse querido. Para desarrollarse intelectual, emocional, social y moralmente, el niño o niña necesita, en cada una de estas áreas, gozar regularmente y durante un largo periodo de su vida de un vínculo afectivo fuerte, cercano, recíproco y estable, el cual desempeña una función muy importante en su bienestar. Las interacciones positivas con personas que lo cuidan de forma estable generan en el niño o niña un sentimiento de bienestar y van creando una seguridad básica. Este sentimiento se ha denominado 'confianza básica' y es fundamental, no sólo para el desarrollo socio emocional sino también para el desarrollo cognitivo del niño o niña." Hace evidente al responsable que, en definitiva, todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptarse, sino exclusivamente el bien de los hijos. Este criterio vincula tanto a los órganos jurisdiccionales como al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social. Dichas consideraciones forman parte de la tesis jurisprudencial 31/2014 de la multicitada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y ATRIBUCIÓN DE LA GUARDA Y CUSTODIA". Por lo anterior, determina la responsable que, contrario a lo decretado por la jueza familiar del conocimiento del juicio de origen, se puede decir que este tipo de determinaciones, convalidan acciones contrarias a las obligaciones voluntariamente aceptadas por las partes y sancionadas por la autoridad jurisdiccional, pues se permitiría que alguno de los padres, violando la resolución judicial que ya existe, simplemente retenga a sus menores hijos, solicite al juzgado que sean escuchados y con base en ello, solicite, sin más, que se le otorgue la guarda y custodia, con franca vulneración a los derechos de su contraparte, sobre todo cuando en el caso concreto, todas esas diligencias se practicaron de manera previa al emplazamiento a juicio de la demandada. Necesidad de conservar el status quo de los niños. En este punto, la responsable considera que debe prevalecer el status quo material de los menores de edad, dado que no existe motivo alguno para variar de una manera urgente su estilo de vida, si de las constancias que integran el expediente principal, no se advierte situación de riesgo que ponga en peligro la integridad y desarrollo de los infantes de continuar al lado del progenitor que desde la celebración del divorcio ha ostentado legalmente su guarda y custodia. Así, resalta que no existe un modelo de padres y madres ideales, acabado y perfecto, una especie de arquetipo ante el cual contrastar la conducta específica de los progenitores, con el fin de determinar si se está o no ante un buen padre y/o madre, y si, con base en esa imagen ejemplar, sean justificables o no ciertas restricciones en las instituciones protectores de la infancia, como lo es la guarda y custodia. Por lo que, al momento de dictar su resolución, aduce que del examen que realizó de los autos del expediente principal, no se llega a la convicción de que sea necesario variar el ambiente habitual en el que se han desarrollado los menores ******* y *******, desde la separación de sus ascendientes, bajo el argumento de que existe un vínculo de apego de los menores a su progenitor así como el deseo de estar a su lado. Por consiguiente, atendiendo al interés superior de la infancia, concluye la titular de la Sala Familiar Regional de este Distrito Judicial Bravos, que en el caso debe prevalecer el estatus quo en el que los menores se han desenvuelto desde la separación de sus progenitores, y en relación con el cual no existe la necesidad de variación alguna, dado que no obra dato alguno que revele un riesgo para dichos menores. Considera pues, que es una solución estable, justa y equitativa que la guarda y custodia se continúe llevando a cabo de la misma manera en la que los padres del infante lo han realizado desde su separación, pues debe protegerse la continuidad de su ambiente habitual en el que ha estado viviendo y del cual no se cuenta dato alguno de peligrosidad, en lugar de provocar cambios perturbadores en su estabilidad familiar. En consecuencia de todo lo anterior, decretó la revocación del auto recurrido en cuanto a la guarda y custodia provisional otorgada a favor del progenitor de los menores ******* y ******* y, por ende, de la pensión provisional decretada a cargo de la apelante. Lo anterior, aclara, hasta en tanto se resuelva en definitiva la modificación solicitada por el progenitor, o bien, quede demostrada alguna cuestión de riesgo latente que sufran los menores ******* y *******, debiendo continuar la guarda y custodia a favor de la madre y el régimen de convivencia con su padre, así como la pensión alimenticia a cargo de éste último, en los términos pactados en el convenio celebrado entre las partes ante, el en ese entonces, Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito judicial Bravos, en el juicio de divorcio contencioso con número de expediente *******. Como colofón a lo anterior, la responsable hace las siguientes consideraciones. Directrices para determinar la custodia. Menciona así, para el efecto de la modificación de las medidas mencionadas o bien para el dictado de la resolución definitiva que se llegare a dictar; que los expertos señalan que pasado cierto periodo de tiempo, se opera un progresivo proceso de individuación del niño a través de la necesaria e insustituible presencia de ambos progenitores. El menor necesita tanto de su madre como de su padre aunque de modo diferente, en función de la edad. Ambos progenitores deben hacer posible y propiciar la presencia efectiva de esas funciones simbólicas en el proceso de maduración personal de su menor hijo. Esta idea también responde a un compromiso internacional del estado mexicano contenido en el artículo 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De igual forma, se hace mención que no existe en nuestro ordenamiento jurídico una suerte de presunción de idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los progenitores, pues en principio tanto el padre como la madre están igualmente capacitados para atender de modo conveniente a los hijos. La decisión judicial que se adopte al respecto ha de priorizar el interés y bienestar de los menores sin partir de ninguna predeterminación o prejuicio sexista que otorgue privilegios a la hora de ser conferida la responsabilidad de atender y cuidar de los hijos. Asevera que, en el caso que nos ocupa, la decisión judicial al respecto no solo deberá atender a aquel escenario que resulte menos perjudicial para los menores, si no, por el contrario, deberá buscar una solución estable, justa y equitativa que resulte lo más benéfica para ellos. Sin duda alguna, continua, la guarda y cuidado de los hijos es uno de los objetos más comprometidos de la decisión judicial que impone la organización futura de cualquier familia a partir de la situación creada por la ruptura definitiva de la convivencia conyugal entre sus progenitores ¿a quién otorgar el cuidado de los hijos? La respuesta a esta interrogante es, desde luego, sumamente compleja. Así mismo, el juez ha de valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad del menor, lo cual se puede dar con ambos progenitores o con uno solo de ellos, ya sea la madre o el padre. Debiendo indagar, no solo el menor perjuicio que se le pueda causar al menor, si no que le resultará más beneficioso no sólo a corto plazo, sino lo que es aún más importante, en el futuro. La tutela del interés preferente de los hijos exige, siempre y en cualquier caso, que se otorgue en aquella forma (exclusiva o compartida, a favor del padre o de la madre), que se revele como la más idónea para el menor. Por lo que hace al sentido del fallo, la responsable determinó lo siguiente: "4. SENTIDO DEL FALLO. Por las consideraciones de derecho antes expuestas, se impone revocar la resolución apelada, para el efecto de declarar improcedente el cambio de guarda y custodia provisional desplegado por la Juez del conocimiento, dado que no existe causa alguna para variar el estatus quo en el que los menores se han desarrollado. Consecuentemente, restitúyase a los menores [******* y *******], a su entorno habitual al lado de su madre [*******], para lo cual, se apercibe a [*******], que en caso de no acatar de manera inmediata la determinación tomada, se aplicarán en su contra los medios de apremio que establece el numeral 96 del Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado, sin sujetarse a orden alguno. Se deja sin efectos la pensión provisional decretada a cargo de la apelante. Queda subsistente la pensión decretada a favor de los menores y a cargo del progenitor en los términos pactados en el convenio celebrado entre las partes ante, el en ese entonces, Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito judicial Bravos, en el juicio de divorcio contencioso con número de expediente *******; debiendo subsistir además el régimen de convivencia establecido entre los menores [******* y *******] y su padre [*******], en los términos pactados en el referido convenio." Los resolutivos fueron en el siguiente sentido: "6. RESOLUTIVOS PRIMERO. Se revoca el auto recurrido, para los efectos precisados en el apartado 4 denominado "SENTIDO DEL FALLO". SEGUNDO. No se hace especial condena en costas." SÉPTIMO.- Del análisis de los conceptos de violación. Culminado el estudio oficioso de la sentencia reclamada, procede dar contestación a los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de amparo. En primer término, es necesario precisar que al encontrarse involucrados menores de edad, el presente asunto debe resolverse atendiendo al interés superior de los mismos. En ese sentido, es oportuno mencionar que con la reforma de diez de junio de dos mil once, al artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se integraron al sistema de protección de los derechos fundamentales, aquéllos reconocidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, erigiéndose el principio pro persona como criterio interpretativo para el desarrollo de la función protectora en materia de derechos fundamentales, por lo que, en todo tiempo, debe favorecerse la protección más amplia para las personas. Asimismo, el artículo 4o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de octubre de dos mil once, en lo que interesa, dispone: "Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. (.) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez." Ahora bien, los artículos 3 y 12 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, establecen: "Convención sobre los derechos del niño" Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. (.). OPINIÓN DEL NIÑO El niño tiene derecho a expresar su opinión y a que ésta se tenga en cuenta en todos los asuntos que le afectan. Artículo 12 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropia do, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional." Así, tanto en nuestra constitución, como en la convención citada, se reconoce, como criterio de actuación para las autoridades estatales, el atender al interés superior del niño. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado contenido a dicho interés y perfilado la actuación de las autoridades jurisdiccionales en función de él, tal como se desprende de las siguientes tesis: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y ATRIBUCIÓN DE LA GUARDA Y CUSTODIA. Como criterio ordenador, el interés superior de los menores previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha de guiar cualquier decisión sobre guarda y custodia. Dicho de otro modo, el interés del menor constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su propia operatividad y eficacia. En esta lógica, a la hora de decidir la forma de atribución a los progenitores de la guarda y custodia, hay que tener en cuenta que la regulación de cuantos deberes y facultades configuran la patria potestad, siempre está pensada y orientada en beneficio de los hijos, finalidad que es común para el conjunto de las relaciones paterno-filiales; y este criterio proteccionista se refleja también en las medidas judiciales que han de adoptarse en relación con el cuidado y educación de los hijos. En definitiva, todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, que no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptar, sino exclusivamente el bienestar de los hijos. El criterio antes reseñado vincula tanto a los órganos jurisdiccionales como al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social." (El énfasis es propio) Ahora bien, por lo que hace al segundo de los puntos tomados de la Convención sobre Derechos del Niño, respecto de la escucha de los mismos en los juicios en los cuales se tenga que resolver respecto a la guarda y custodia, se encuentra la tesis bajo Registro digital: 183500, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Civil, Tesis: VII.2o.C. J/15, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, agosto de 2003, página 1582, Tipo: Jurisprudencia, la cual a la letra dice: "MENORES DE EDAD. EL JUEZ ESTÁ OBLIGADO, AUN DE OFICIO, A ESCUCHARLOS EN CUALQUIER JUICIO DONDE TENGA QUE RESOLVERSE SOBRE LA PATRIA POTESTAD, GUARDA Y CUSTODIA, ASÍ COMO AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN, TENIENDO EN CUENTA LA FACULTAD QUE TIENE DE VALERSE DE CUALQUIER MEDIO A FIN DE SALVAGUARDAR EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De la interpretación conjunta y sistemática de los artículos 157 y 345 del código sustantivo civil para el Estado de Veracruz, 225 y 226 del ordenamiento procesal respectivo, debe entenderse que en todos aquellos juicios civiles donde tenga que resolverse sobre la patria potestad, guarda y custodia de menores de edad, sin importar la acción intentada, el juzgador, aun de oficio, debe escucharlos, a fin de evitar conductas de violencia familiar y normar correctamente su criterio sobre la situación que guardan con sus progenitores, así como al Ministerio Público de la adscripción ante el desacuerdo de los cónyuges sobre ese tenor, teniendo en consideración, además, la facultad de poder valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, cosa o documento conducente al conocimiento de la verdad, como podría ser, a guisa de ejemplo, la investigación de trabajadores sociales, análisis psicológicos en relación no sólo con el menor sino también con los padres, apoyándose para ello en instituciones como el Desarrollo Integral para la Familia (DIF) o los servicios de salud pública, sin importar que el artículo 157 del código sustantivo civil, sólo refiera a los asuntos de divorcio, pues en el caso opera el principio jurídico de que donde impera la misma razón debe aplicarse la misma disposición, todo con el fin de salvaguardar el interés superior de los menores." El primero de los citados criterios, se refiere a los límites y alcances del interés superior del niño tratándose de la institución de guarda y custodia, como en el caso que nos ocupa. Así, debe decirse que, el interés superior de los menores es un criterio orientador en la toma de decisiones en aquellos asuntos en que se involucre su bienestar, por tanto, en estos casos, las autoridades jurisdiccionales deben realizar una interpretación sistemática que tenga en cuenta los deberes de protección, así como los derechos especiales de los niños, previstos tanto en la Constitución, como en los Tratados Internacionales y en las leyes de protección a la niñez, a efecto de dotar de sentido a la norma o a la institución que sirva para resolver el caso concreto, siempre en beneficio de los menores, mas no en función de los intereses de sus padres. Luego, en cada caso concreto el juzgador habrá de adoptar, en atención a la norma o institución jurídica de que se trate, aquellas medidas que resulten necesarias y proporcionales a fin de que prevalezcan las condiciones que posibiliten el desarrollo integral del menor, acorde con su edad, situación y circunstancias personales, con el único fin de garantizar su desarrollo con base en una formación familiar y social integral. Por lo que hace al segundo de los criterios, en cuanto a la escucha de los menores de edad, establece que debe entenderse que en todos aquellos juicios civiles donde tenga que resolverse sobre la patria potestad, guarda y custodia de menores de edad, sin importar la acción intentada, el juzgador, aun de oficio, debe escucharlos, para lo cual podrá valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, cosa o documento conducente al conocimiento de la verdad, como podría ser, por ejemplo, la investigación de trabajadores sociales, análisis psicológicos en relación no sólo con el menor sino también con los padres. Ahora bien, la parte quejosa, en su concepto de violación marcado como número uno, aduce en esencia, que se transgrede su derecho a una justicia completa, en razón de que la autoridad que conoce del asunto es la que debe de emitir pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, siendo esta autoridad la juzgadora de origen, quien es la conocedora en primera instancia del asunto en discordia, así como el personal que le asiste a dicha funcionaria, por lo cual, debe ser tal juzgadora quien resuelva todo lo referente al juicio y a la Guarda y Custodia de sus menores hijos. Es infundado el concepto de violación expresado por la parte quejosa, lo anterior se asevera toda vez que si bien es cierto, tal y como lo aduce el quejoso, es la Juez de primera instancia quien resuelve en definitiva las cuestiones planteadas respecto a la Guarda y Custodia de sus menores hijos, también es cierto que, algunos de los autos dictados en el procedimiento de primera instancia son apelables, razón por lo cual, la resolución de fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, dictada en el Juicio Ordinario Familiar *******, llegó al conocimiento de esa Sala Regional Familiar, al haberse interpuesto recurso de apelación por parte de la demandada. Así lo dispone el artículo 484 del Código de Procedimientos Familiares, el cual establece de la siguiente manera: ARTÍCULO 484. La apelación procede en contra de resoluciones: Que pongan fin a la controversia o asunto; Que resuelvan sobre la revisión de medidas provisionales; Las interlocutorias y definitivas; En contra de las que resuelvan excepciones; y, Las demás previstas expresamente en este código. Así pues, toda vez que el citado recurso se interpuso en contra de la resolución sobre la revisión de medida provisional de guarda y custodia, es competencia de la Sala Regional Familiar, el conocer del recurso de apelación interpuesto por la demandada *******, en contra de la resolución de fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, antes mencionada, recurso que concluyó con la sentencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en el toca *******. En ese tenor, y por lo que hace a sus argumentos, se estima infundado el concepto de violación en estudio, toda vez que como se precisó, la autoridad responsable, Magistrada de la Sala Familiar Regional, dictó la resolución de fecha veinticinco de febrero del año en curso, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 483, del Código de Procedimientos Familiares, que a la letra dice: "CAPÍTULO III APELACIÓN ARTÍCULO 483. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia examine si en la resolución apelada se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los principios reguladores de la prueba, o si se alteraron los hechos; y en vista de ello, confirme, revoque o modifique la resolución apelada." Deviene de igual manera infundado el concepto de violación, marcado con número dos en la demanda de amparo, puesto que el peticionario del amparo *******, esencialmente aduce que se viola su derecho a una Justica Imparcial, consistente en que el juzgador emita una resolución apegada a derecho y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, sin que se viole la equidad de género. Considera el quejoso, que la resolución que consiste en el acto reclamado en el presente juicio, se emite en un claro favoritismo y discriminación por razón de género, utilizando un argumento meramente personal y sin fundamento legal alguno. Aduce también el quejoso, que otorgar la guarda y custodia de menores de edad a la madre, por el simple hecho de ser mujer, contraviene al principio de igualdad, al basarse en estereotipos. Se considera infundado el presente concepto de violación, toda vez que la responsable en su resolución, en reiteradas ocasiones analiza respecto a tal controversia, dejando claro que, en el presente caso, tanto el padre como la madre, están en condiciones de llevar a cabo de manera adecuada la guarda y custodia de sus menores hijos, como a continuación se transcribe parte de la resolución: "Para el efecto de la modificación de las medidas mencionadas o bien para el dictado de la resolución definitiva que se llegare a dictar; que los expertos señalan que pasado cierto periodo de tiempo, se opera un progresivo proceso de individuación del niño a través de la necesaria e insustituible presencia de ambos progenitores. El menor necesita tanto de su madre como de su padre aunque de modo diferente, en función de la edad. Ambos progenitores deben hacer posible y propiciar la presencia efectiva de esas funciones simbólicas en el proceso de maduración personal de su menor hijo. Esta idea también responde a un compromiso internacional del estado mexicano contenido en el artículo 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De igual forma, se hace mención que no existe en nuestro ordenamiento jurídico una suerte de presunción de idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los progenitores, pues en principio tanto el padre como la madre están igualmente capacitados para atender de modo conveniente a los hijos. La decisión judicial que se adopte al respecto ha de priorizar el interés y bienestar de los menores sin partir de ninguna predeterminación o prejuicio sexista que otorgue privilegios a la hora de ser conferida la responsabilidad de atender y cuidar de los hijos." Por lo que hace al concepto de violación señalado por la quejosa como número tres, el mismo deviene de igual manera infundado, por las consideraciones que a continuación se analizan. Aduce la quejosa, que la responsable no pondera en su totalidad los cuatro principios rectores de la Convención sobre los derechos del niño, puesto que únicamente hace énfasis en el segundo y tercero principios, restando importancia al primero y cuarto, de los cuales, este último tiene relación con el derecho que tienen los niños a emitir su opinión, por lo cual considera la quejosa, que con ello se violentan los derechos mencionados en dicho resolutivo en la resolución reclamada. Resolución en la cual en lo conducente se menciona: "En concordancia con lo anterior, no debe perderse de vista que son cuatro los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño, (establecidos por el Comité de los Derechos del Niño): 1) No discriminación. 2) Interés superior del niño. 3) Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. 4) Respeto a la opinión del niño. En lo que interesa al asunto en estudio, se deben destacar el segundo y el tercer principio, esto es, el interés superior del niño, y del derecho de éste a la vida, supervivencia y al desarrollo, los cuales además se encuentran reflejados en el artículo 4º constitucional, razón por la cual debe privilegiarse su respeto y cumplimiento" Se considera infundado el presente concepto de violación por lo siguiente: Efectivamente, como consideró la Magistrada responsable en su resolución, los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño, (establecidos por el Comité de los Derechos del Niño), establece parámetros observables en la toma de decisiones que recaigan sobre los derechos de los menores. Así pues, como se vio en párrafos anteriores, la convención de Derechos del Niño, determina como principio la escucha de los menores, en particular en su artículo 12, establece lo siguiente: "OPINIÓN DEL NIÑO: El niño tiene derecho a expresar su opinión y a que ésta se tenga en cuenta en todos los asuntos que le afectan. Artículo 12 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional." Así mismo, dicho criterio se encuentra adoptado en la tesis bajo Registro digital: 183500, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Civil, Tesis: VII.2o.C. J/15, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, agosto de 2003, página 1582, Tipo: Jurisprudencia, la cual a la letra dice: "MENORES DE EDAD. EL JUEZ ESTÁ OBLIGADO, AUN DE OFICIO, A ESCUCHARLOS EN CUALQUIER JUICIO DONDE TENGA QUE RESOLVERSE SOBRE LA PATRIA POTESTAD, GUARDA Y CUSTODIA, ASÍ COMO AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN, TENIENDO EN CUENTA LA FACULTAD QUE TIENE DE VALERSE DE CUALQUIER MEDIO A FIN DE SALVAGUARDAR EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De la interpretación conjunta y sistemática de los artículos 157 y 345 del código sustantivo civil para el Estado de Veracruz, 225 y 226 del ordenamiento procesal respectivo, debe entenderse que en todos aquellos juicios civiles donde tenga que resolverse sobre la patria potestad, guarda y custodia de menores de edad, sin importar la acción intentada, el juzgador, aun de oficio, debe escucharlos, a fin de evitar conductas de violencia familiar y normar correctamente su criterio sobre la situación que guardan con sus progenitores, así como al Ministerio Público de la adscripción ante el desacuerdo de los cónyuges sobre ese tenor, teniendo en consideración, además, la facultad de poder valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, cosa o documento conducente al conocimiento de la verdad, como podría ser, a guisa de ejemplo, la investigación de trabajadores sociales, análisis psicológicos en relación no sólo con el menor sino también con los padres, apoyándose para ello en instituciones como el Desarrollo Integral para la Familia (DIF) o los servicios de salud pública, sin importar que el artículo 157 del código sustantivo civil, sólo refiera a los asuntos de divorcio, pues en el caso opera el principio jurídico de que donde impera la misma razón debe aplicarse la misma disposición, todo con el fin de salvaguardar el interés superior de los menores." (Énfasis propio). De los anteriores criterios se advierte la obligación que tienen los órganos jurisdiccionales de tomar en cuenta, en las resoluciones que se dicten respecto de la guarda y custodia de los menores, las escuchas de estos, así como, el hacerse llegar de esas escuchas por cualquier medio. Así, en fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte, ante el Licenciado *******, Psicólogo Adscrito al Instituto de Estudios psicológicos y Socioeconómicos, dependiente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en esta Ciudad Juárez, se llevó a cabo la entrevista por parte de dicho profesionista a los menores de iniciales ******* y *******, ambos de apellidos *******, de las cuales se obtuvo lo siguiente: Por lo que hace a niña, ******* de apellidos *******, en lo fundamental se desprende lo siguiente, se transcribe la pregunta realizada por el especialista, seguidas de la respuesta dada por la menor. Primero hace preguntas generales para generar confianza. ¿Donde vives? Con mi mamá. ¿Y como te sientes en casa de tu mama? Poco bien. ¿Porqué poco bien, que pasa? Es que como mi mami tiene novio, casi le pone atención a él cuando yo quiero que me cuente un cuento. ¿Cómo se llama el novio de tu mamá? Se llama *******. ¿Y él vive ahí con ustedes? Nomás viene todas las noches, trabajan en el mismo seguro. ¿y a tus papás que días lo ves? Dos días ¿Te quedas a dormir en su casa, de tu papá? Si ¿Duermes con alguien? Tenemos dos camas y mi papá duerme en el sillón y yo con *******. ¿Y cómo te sientes en la casa de tu papá? Muy bien. ¿Cómo es sentirse muy bien? Pues ahí me divierto, me ponen mucha atención. ¿Con quién estas más agusto con ******* o con *******? Con ******* vivimos la casa de las torres, pero ahí no me gusta nada. ¿y con *******? Muy bien, vive con mi tita. ¿Y te gustaría seguir viviendo con tu mamá? No. (cabe hacer mención que hace movimiento pronunciado con la cabeza en sentido negativo). ¿Dónde te gustaría vivir? Me gustaría vivir con mi papá ¿Y te gustaría visitar a tu mami? Si ¿Que días? Los fines de semana, los días que hoy veo a mi Papá. Termina la grabación. Por lo que hace a la entrevista realizada el menor ******* de apellidos ******* en lo fundamental se desprende lo siguiente, se transcribe la pregunta realizada por el especialista, seguidas de la respuesta dada por el menor. Primero hace un par de preguntas generales para generar confianza. ¿Donde vives? En las torres ¿Con quién vives? Con mi mamá. ¿Como te llevas con ella? Bien. ¿Quien vive con ustedes? Su novio. ¿Como se llama? *******, antes de ******* tenía otro novio ¿Como se llamaba? *******. ¿El te llevaba a la escuela? Si, vivía en la casa y me llevaba a la escuela. ¿Y que piensas de eso? No me gusta, no me siento agusto. ¿A tu papa cuando lo ves? Domingo y lunes ¿Como te la pasas con él? Bien, muy bien, estamos tranquilos. ¿Estas agusto o te gustaría cambiar algo? Me gustaría cambiar algo. ¿Qué te gustaría cambiar? Yo quiero quedarme a vivir con mi papá. ¿Porqué? Por que mi mamá, le pone más atención a ******* que a nosotros y por nuestra comodidad. ¿Por qué comodidad? Porque en la casa, están mi mama con Samuel con la puerta cerrada, en la mañana y por la tarde. ¿Y dónde duermes en casa de tu papá? Tenemos un cuarto para nosotros. ¿Quienes viven en casa de tu papá? Mis abuelitos y mi tía. ¿y cómo te tratan? Muy bien. ¿Y cuando tu papá trabaja quién los cuida? Mis abuelitos. ¿Algo que le quieras decir a tus papás? A mi papá que todo va a estar bien Y a mi mamá, que siempre la voy a querer muchísimo. Termina grabación. De lo anterior se desprende que, las declaraciones realizadas por los menores, ante el Licenciado *******, psicólogo del Instituto de Estudios psicológicos y Socioeconómicos, dependiente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, son coincidentes en cuanto a la información vertida, ante dichos profesionistas. Sin embargo, a juicio de esta juzgadora, ante lo manifestado por los menores en sus respectivas entrevistas, no cabe duda que los mismos quieran estar con su padre, no obstante, de dichas entrevistas no se desprende la existencia de un motivo para que esos menores sean alejados de su madre, porque ambos, padre y madre, son aptos para su cuidado y si ya existía un convenio previo, en el cual acordaron que la guarda y custodia de dichos menores la tendría esta última, lo único que podría motivar un cambio en la custodia sería la existencia de un riesgo hacia los menores, lo cual, no existe, sino que se sustenta en meras apreciaciones subjetivas o abstractas, como bien indicó la Magistrada responsable. Por lo anterior, se considera infundado el motivo de disenso aludido por el quejoso, puesto que de manera correcta, la Magistrada responsable, consideró que el hecho de que los menores externen su deseo de estar con su papá, no es suficiente para modificar provisionalmente la guarda y custodia; máxime que no debe soslayarse que existen múltiples tesis de jurisprudencia que privilegian el interés superior del menor y destacan que debe mantenerse el estatus quo de los menores cuando el medio en el que se desenvuelven es propicio y adecuado para el desarrollo de su personalidad; además, una modificación de la guarda y custodia, debe partir de que existe un riesgo en la integridad de los menores para separarlas de su progenitor que se hace cargo de ellos, lo que en el caso en estudio no se comprobó. Además, como bien apunta la magistrada responsable, atender a la manifestación de los menores de que quieren permanecer al lado de uno de ellos, propiciaría siempre que los menores hijos decidan en cualquier momento con quién quedarse, lo que no resulta sano para su desarrollo. Encuentra apoyo en su determinación con lo establecido en la tesis bajo los siguientes datos de localización: Época: Décima Época. Registro: 2019854. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, mayo de 2019, Tomo III Materia(s): Civil. Tesis: VII.2o.C.181 C (10a.). Página: 2478., la cual reza de la siguiente manera: "DEPÓSITO PROVISIONAL DE PERSONA MENOR DE EDAD. LO QUE DETERMINA SU PROCEDENCIA ES QUE SE CORROBORE UN RIESGO PARA ÉSTA Y NO QUIEN MEJOR EJERZA SU GUARDA Y CUSTODIA. Para que proceda el depósito provisional de una persona menor de edad, necesariamente, debe acreditarse que ésta se encuentra en riesgo, es decir, debe corroborarse que aconteció un hecho del que se infiere, fundadamente, la probable materialización de un daño en la integridad de la persona menor de edad. Lo anterior, atiende a que, debido al momento procesal en el que se solicita esa medida provisional existe poco espacio para realizar la actividad probatoria necesaria para allegarse de los medios de prueba pertinentes que corroboren quién de los progenitores puede ejercer de "mejor manera" la guarda y custodia de la persona menor de edad. Por tanto, ante la alta posibilidad de una decisión errónea (en virtud de los pocos medios de prueba con los que se cuenta), la norma busca privilegiar la estabilidad en la vida del menor de edad, salvo que se compruebe un riesgo para éste. Esto es, en los casos de depósito o guarda y custodia provisional de las personas menores de edad, lo que determina su procedencia es la corroboración de un riesgo para ésta y no la corroboración de un "mejor" ejercicio de su guarda y custodia. Al respecto, de la estabilidad en la vida de las personas menores de edad, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala: "El niño o niña necesita establecer y mantener un vínculo afectivo, esto es, una relación de cariño cálida y cercana con las personas que lo cuidan. Esta relación es necesaria para desarrollar seguridad, confianza y el sentimiento de sentirse querido. Para desarrollarse intelectual, emocional, social y moralmente, el niño o niña necesita, en cada una de estas áreas, gozar regularmente y durante un largo periodo de su vida de un vínculo afectivo fuerte, cercano, recíproco y estable, el cual desempeña una función muy importante en su bienestar. Las interacciones positivas con personas que lo cuidan de forma estable generan en el niño o niña un sentimiento de bienestar y van creando una seguridad básica. Este sentimiento se ha denominado 'confianza básica' y es fundamental, no sólo para el desarrollo socio emocional sino también para el desarrollo cognitivo del niño o niña." De igual manera, deviene infundado el motivo de disenso señalado con número cuatro, pues se queja el promovente del presente juicio, que la Magistrada responsable, en su resolución, incorrectamente demeritó las consideraciones hechas por la Juez de origen, al dictar la resolución de nueve de septiembre de dos mil veinte. Lo anterior lo asevera puesto que la Magistrada en su resolución, menciona tres directrices que se deben seguir para resolver un asunto donde se involucra derechos inherentes de los menores, las cuales son las siguientes: "Cuando se vean involucrados derechos inherentes a los menores, debe resolverse atendiendo al interés superior del niño y atendiendo a las siguientes directrices: En primer lugar, examinar cuidadosamente la promoción en la que se solicite el cambio de régimen de guarda y custodia del niño, niña o adolescente y en el momento en que vaya a proveer sobre ella, para determinar si se surten tres hipótesis: a). La primera relativa a si existe ya un régimen de guarda y custodia definido legalmente; b). La segunda, para el caso de que así fuera, estudiar los hechos de la solicitud y si de ahí advierte que en ellos se da noticia de un riesgo, que conlleve la afectación a la integridad física o moral de la niña, niño o adolescente, así como que existe un principio de prueba que de acuerdo al prudente arbitrio del juzgador lleve a concluir que se pueda actualizar ese riesgo, y, c). La tercera, se actualizará cuando aún sin principio de prueba, se dé noticia de un riesgo para la integridad físico o moral de los menores, caso en el cual el órgano jurisdiccional deberá realizar la ponderación de la gravedad de los hechos narrados." Sobre los tres puntos anteriores, aduce la quejosa que efectivamente se actualizaron dichos supuestos, puesto que: La Juez de Primera instancia, tuvo conocimiento que existe una sentencia previa a la tramitación del juicio ordinario familiar, sobre guarda y custodia y pensión alimenticia, La Juzgadora Familiar, recibió en la solicitud realizada por el hoy quejoso, en la que expone los motivos por los cuales considera necesario el cambio en la custodia de los menores. La Juzgadora de origen, ante la noticia del riesgo para la integridad física o moral de los menores de edad, los citó para efecto de ser escuchados, lo cual se hizo de manera video grabada con el apoyo de expertos en la materia, y siguiendo los protocolos legales correspondientes. Así, se considera infundado el motivo de disenso en estudio puesto que la Magistrada responsable, correctamente consideró que para el caso de que se actualicen algunas de la hipótesis anteriores, el órgano jurisdiccional sujetándose al principio de proporcionalidad, que se integra por tres juicios, el de idoneidad (que la medida sea susceptible de conseguir el objetivo propuesto), el de necesidad (que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia) y el de proporcionalidad en sentido estricto (que se derive de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto), deberá, en forma inmediata decretar, todas aquellas medidas o providencias cautelares necesarias e indispensables para tutelar al sujeto desprotegido y velar por la protección de su interés superior, tales como la pericial psicológica a ambos padres y los descendientes, la pericial en trabajo social, la entrevista del titular del juzgado con las partes, incluso el depósito del menor en alguna institución de carácter público o con algún ascendiente idóneo para su guarda y cualquier otra que se estime necesaria, todo ello para preservar los derechos del menor que supuestamente están siendo violados o que en su caso cese una posible violencia en su contra, con la finalidad de proteger su interés superior. Así mismo, la responsable consideró pertinente señalar que uno de los requisitos para decretar la medida cautelar de cambio de guarda y custodia es que esté justificada la necesidad de la misma, ello conforme lo exige el numeral 184 del Código de Procedimientos Familiares; lo anterior, atendiendo a las circunstancias excepcionales del asunto y a los intereses superiores del menor, como podría ser que el mismo se encuentre en una situación de riesgo, sin que deba analizarse cuál sería el escenario más benéfico para los menores porque esto es materia de la sentencia definitiva. En relación con esa situación de riesgo, aclaró que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los amparos directos en revisión ******* y *******, afirmó que de acuerdo al interés superior de la infancia basta que se ponga en riesgo al menor para comprometer los bienes y derechos de los menores, sin que sea necesario que se actualice un daño. En tales precedentes se afianzó que el principio de interés superior ordena a todas las autoridades estatales que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas "reforzadas" o "agravadas", y que los intereses de los niños deben protegerse con mayor intensidad. En tanto la protección de los menores es más intensa, no es necesario que la circunstancia a ponderar genere un daño, sino que basta con que la misma "aumente el riesgo" de que los bienes o derechos de los menores se vean afectados. Al respecto, la responsable hace una precisión sobre el concepto de riesgo. Si éste se entiende simplemente como la posibilidad de que un daño ocurra en el futuro, es evidente que la eventualidad de que un menor sufra una afectación estará siempre latente. Hay miles de situaciones imaginables que pueden poner en peligro la integridad de un niño. En este sentido, cualquier menor está en "riesgo" de sufrir una afectación por muy improbable que sea. Sin embargo, ésta no es una interpretación muy razonable del concepto de "riesgo". De acuerdo con la literatura especializada, el aumento del riesgo "se configura normalmente como una situación en la que la ocurrencia de un evento hace más probable la ocurrencia de otro, de modo que el riesgo de que se produzca este segundo evento aumenta cuando se produce el primero". A más de lo anterior, indica la responsable, que el interés superior de la infancia ordena que los jueces decidan atendiendo a lo que resultará más beneficioso para el niño. Bajo dicha premisa, la situación de riesgo se actualizará si el hecho de que uno de los padres se ubique en una categoría sospechosa (primer evento) hace más probable que el menor se encontrará mejor bajo el cuidado exclusivo del otro de los progenitores (segundo evento). Lo anterior encuentra sustento en la tesis consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Tomo I, página 538, Décima Época, marzo de 2014 de rubro "DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS." Ahora bien, aduce la responsable que en el caso cuyo estudio nos ocupa, de las constancias de autos, así como de la escucha de los menores ******* y *******, y de los estudios psicológicos que les fue practicado tanto a los menores como a sus padres, se puede advertir que dichos infantes no se encuentran en alguna situación de riesgo inminente, o bien, que se haya actualizado un evento que ubique a la progenitora recurrente en una categoría sospechosa, incluso, la existencia de alguna imputación en ese sentido, que diera lugar a determinar, por parte de la A quo, que lo procedente era variar la guarda y custodia decretada mediante convenio celebrado entre las partes en un diverso juico. Ello, con independencia de que en la resolución definitiva se analicen las constancias de autos y se determine cuál resulta ser el escenario más benéfico para su desarrollo integral. Resalta la Magistrada, que la variación de guarda y custodia derivó de la solicitud de *******, de que se modificara en su favor, pues dijo que temía por la integridad de sus hijos y que no quiere que crezcan en un ambiente de violencia o que ejerzan algún delito contra ellos que llegue a arruinar su infancia y no poder tener un buen desarrollo; aludiendo además que se debería atender a lo manifestado por sus hijos. Con base a esas manifestaciones y a lo expuesto por los menores, el resolutor primario consideró que lo procedente era variar la Guarda y Custodia Provisional de ******* y *******, en favor de su padre, por estimar que existe un vínculo de apego de los menores a su progenitor así como el deseo de estar a su lado. Sin embargo, puntualiza la Magistrada responsable, dicha cuestión resulta insuficiente para determinar el cambio decretado, pues no se analizó por la A quo, si efectivamente existía o no un riesgo para los menores el permanecer al lado de su madre como así lo pretendió hacer ver al actor, sobre todo porque ya existía un pacto entre ellos sobre el particular, mismo que fue sancionado y elevado a la categoría de cosa juzgada, es decir, que en ese tiempo, ambos progenitores estimaron que el hogar de su madre era un buen escenario para sus menores hijos. Además, de los motivos narrados por el actor para pretender la custodia provisional de sus hijos se advierte que se mencionan situaciones genéricas y abstractas que no pueden tomarse en cuenta en tanto que no se invocan hechos concretos, sino meras especulaciones y consecuencias hipotéticas. Ahora bien, tal y como lo asevera la Magistrada responsable en su resolución, el cambiar constantemente de custodia a los menores representaría en ellos una inestabilidad, generándoles un desequilibrio emocional. En mérito de lo expuesto, al resultar infundados los conceptos de violación examinados, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso respecto de la resolución emitida el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en el toca *******, por la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dado que los conceptos de violación resultaron infundados. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Jueza Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial Bravos, en virtud de que no se atribuyeron vicios propios. Al respecto, tiene aplicación la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital, 207616, [TA]; 8a. Época; 3a. Sala; S.J.F.; Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988; Pág. 357, la cual dice: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio, de la Ley de Amparo, las tesis resultan aplicables en el presente asunto, pues si bien es cierto, el contenido de las mismas alude a la anterior Ley de Amparo, sin embargo, contienen los mismos principios de la ley de la materia vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, respecto de los actos reclamados de la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua y de la Jueza Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial Bravos, en virtud de los motivos que se expresaron en el considerando séptimo del presente fallo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la parte tercero interesada y al representante especial de las personas menores de edad, y a la agente del Ministerio Público adscrita, así como por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hoy treinta de junio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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