David Antonio Rivera Macías

Expediente 239/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 28 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
239/2021
Año
2021
Actuaciones
28
Última actuación
22/04/2022

Partes del expediente

  • David Antonio Rivera Macías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de abril de dos mil veintidós. EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo segundo, en relación con el numeral 86 de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL CUADERNO PRINCIPAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. CUADERNO INCIDENTAL ORIGINAL. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo, el original del cuaderno incidental es destruible, en virtud de que haberse negado la suspensión definitiva y dado que no existen documentos originales, remítase físicamente al archivo de este Juzgado junto con el expediente principal y una vez transcurrido el plazo de tres años, procédase a su destrucción en términos de lo previsto en el citado numeral, con apoyo además en el diverso 24 del mismo ordenamiento. CUADERNO INCIDENTAL DUPLICADO. Por lo que respecta al duplicado del cuaderno incidental procédase a su destrucción dentro del plazo de seis meses, en términos de lo previsto en los artículos 20, fracción II, inciso a) y 24 del indicado Acuerdo. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente y en el original y duplicado del incidente de suspensión que son susceptibles de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente acuerdo al original y duplicado del incidente. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 239/2021-IV, promovido por **********, en contra de los actos que reclama del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral del Centro Integral de Justicia Penal, Sala sede en Tamazunchale, San Luis Potosí; y, R E S U L T A N D O: Primero. Mediante escrito presentado por la parte quejosa el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, y allegado en esa data a este órgano jurisdiccional, presentó demanda de amparo contra acto de la autoridad, que a continuación se indica: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: El Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral del centro Integral de Justicia Penal, Sala sede en Tamazunchale, San Luis Potosí. IV. ACTOS RECLAMADOS: DEL JUEZ DE CONTROL Y DE TRIBUNAL DE JUICIO ORAL DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL DE Tamazunchale, San Luis Potosí, reclamo la resolución dictada en la AUDIENCIA DE CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, en la cual: Por una parte, el Juez de Control es omiso en resolver la INCONFORMIDAD planteada por mi Defensora Particular y por el suscrito en contra de la determinación judicial de NEGARME LA PRORROGA DEL PLAZO DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA, NO OBSTANTE LOS ARGUMENTOS JURÍDICOS VERTIDOS EN EL MOMENTO DEL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA EN LOS QUE SUSTENTA LA INCONFORMIDAD PLANTEADA EN CONTRA DE LA NEGATIVA, EN LA CAUSA PENAL 065/2020 QUE SE ME INSTRUYE ANTE LA RESPONSABLE. Y por otra parte, me niega la prórroga solicitada de manera infundada y actuando en contra del texto expreso del artículo 20 apartado B fracciones IV y VII de la Constitución Federal." Segundo. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías transgredidas las contenidas en los artículos 1º., párrafos primero, segundo y tercero, 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 17, párrafos segundo y tercero, 20, Apartado A, fracciones I, V, Apartado B, fracción IV, VII, VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en concreto la violación a los derechos humanos de defensa adecuada, derecho a probar, igualdad procesal y debido proceso. Tercero. En proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se previno al quejoso para que en el plazo de cinco días precisara con claridad a qué inconformidad se refería en el capítulo de "actos reclamados" y la forma en que se hizo valer; y si contra la negativa a prorrogar el plazo de investigación complementaria dictada en la audiencia de catorce de mayo de dos mli veintiuno, interpuso el recurso de revocación; apercibido que de no acatar tal prevención se tendría por no presentada la demanda de amparo. A través de escrito recibido en este juzgado el cuatro de junio de dos mil veintiuno, el quejoso dio cumplimiento a la prevención, y el siete siguiente, se desechó de plano la demanda en lo que se refiere al acto reclamado consistente en la resolución dictada en la audiencia de catorce de mayo de dos mil veintiuno, que negó acordar de conformidad la solicitud de prórroga del plazo de investigación complementaria, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y el diverso 113 de dicha Ley especial. Posteriormente, el quejoso planteó recurso de queja en contra del desechamiento de la demanda de amparo a que se hizo alusión en el párrafo inmediato anterior, el cual fue remitido al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, autoridad que en sesión ordinaria virtual de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se declaró incompetente y declinó el caso al similar de materia penal, habiendo este último órgano colegiado conocido del asunto y en sesión vía remota de trece de enero del presente año, en la queja número 122/2021, resolvió y declaró fundado el recurso planteado por el inconforme. Finalmente, el veintiséis de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de garantías de que se trata con el número 239/2021; se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se tuvo como terceros interesados a ************, asesor jurídico adscrito a la Comisión ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Delito; se ordenó su emplazamiento al presente juicio y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107, fracciones I, II, primer párrafo, y III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, Zona Huasteca, Sala Base Tamazunchale, San Luis Potosí, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo VI, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, materia común, página doscientos treinta y uno, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." La autoridad responsable a través de oficio CIJP/RIV/CV-408/2022, recibido en este juzgado el nueve de marzo de esta anualidad, en alcance a su informe justificado, allegó disco versátil digital, cuyo contenido se relaciona con el proceso penal RIV/TM/EXP-065/2020, seguido al quejoso, que contiene las audiencias celebradas el catorce de mayo, veintidós de junio y dieciocho de agosto, todas de dos mil veintiuno; documental pública que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia. Tercero. Existencia de causas de improcedencia. Por razón de técnica jurídica en el dictado de las sentencias de amparo, previamente al análisis de fondo de la cuestión debatida se deben examinar las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, según lo establece el artículo 62 de la ley reglamentaria, así como lo ilustra en tanto no se opone al contenido de la ley de la materia vigente, el criterio de jurisprudencia sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." De esta manera, si bien la autoridad responsable en su informe justificado hace valer la causal de improcedencia establecida en la fracción XVII del artículo 61 y fracción IV del numeral 63 de la Ley de Amparo, que se relaciona con la inexistencia del acto reclamado; empero, quien esto resuelve advierte la actualización de la diversa prevista en la fracción XXI del artículo 61 de esa Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. I... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." De acuerdo con la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, es necesario que mediante una resolución posterior que sea emitida por la propia autoridad responsable, se revoque de tal manera el acto reclamado en el juicio de amparo, dando como consecuencia de ello que la situación de la peticionaria de amparo sea igual a aquélla que tenía antes de la emisión de ese acto. En efecto, ya que no basta que la autoridad responsable derogue o revoque dicho acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo a la quejosa, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola penetrado, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia en cuestión no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni tampoco los surtirá en el futuro, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así las cosas, se advierte que el quejoso ***********, reclama a la autoridad responsable denominada Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, Zona Huasteca, Sala Base Tamazunchale, San Luis Potosí, Cuarta Región, la negativa a la solicitud de ampliación del plazo de investigación complementaria, dentro de la audiencia de catorce de mayo de dos mil veintiuno, en la causa penal ******************, que se le instruye por el hecho con apariencia del delito de violación, cometido en agravio de la menor de iniciales ********** La autoridad responsable, en su informe justificado admitió el acto reclamado como cierto, según se aprecia en seguida: Se reitera, el accionante de amparo en sus disensos que hizo valer en el presente juicio manifestó que la autoridad responsable dentro del proceso penal que se le sigue en su contra por el ilícito indicado, dentro de la audiencia de catorce de mayo de dos mil veintiuno, le negó la prórroga del plazo de investigación complementaria, en razón de que estimó que su petición no estuvo bien sustentada. Al efecto transcribe la decisión de catorce de mayo de dos mil veintiuno, de la responsable así: ".Nos encontramos en una audiencia de solicitud de prórroga del plazo de la investigación complementaria.esa figura se encuentra contemplada en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ello es la Regla para fijar dicho plazo en el caso que nos ocupa en específico el haberse vinculado a proceso el 19 de noviembre del 2020 por aquel hecho que la Ley señala como delito de Violación pues es claro que acorde a la penalidad del artículo 171 del Código Penal del Estado pues rebasa por mucho los dos años como pena máxima probable a imponer y en este aspecto el plazo máximo de investigación complementaria no debe exceder de seis meses por tanto ese plazo vence el 19 de mayo de esta anualidad, se ingresó la solicitud.el seis de mayo antes de que venciera dicho plazo, la defensa solicita una prórroga en este plazo más sin embargo debemos establecer que el artículo 321 en comento señala precisamente que siempre y cuando el plazo solicitado sumado el otorgado originalmente no exceda de los plazos señalados en el artículo anterior es decir tenemos una restricción precisamente a esa solicitud de la defensa y de igual manera se concatena con el 323 precisamente donde establece que observándose los límites máximos previstos en el artículo 321, luego entonces el hecho precisamente de que se haya designado una nueva defensa no lleva implícita precisamente a que se pueda exceder de los plazos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ello violentaría las formalidades esenciales del procedimiento y las leyes expedidas con anterioridad al hecho en perjuicio, precisamente de los intereses también de la víctima y de la Fiscalía eso sería en una igualdad procesal, en ese aspecto es claro que el acceder a la pretensión a qué nos daría pues en otro asunto o en este mismo asunto una vez si es el caso que se llegara a otorgar una prórroga que ya no sería una prórroga porque ya se estaría excediendo entonces ya no estaríamos en la figura de la prórroga, que pasaría vamos a situarnos en un juicio, llega una defensa y refiere precisamente que no tuvo oportunidad de prepararse quiere que se regrese aquel asunto hasta la investigación complementaria claro que ello no puede suceder, y en ese aspecto bajo los razonamientos que ya he vertido, no puedo y no acceso a la pretensión de la defensa.tienen alguna otra solicitud previo a cerrar esta audiencia." En ese tenor, hace valer que se ejecutó una orden de aprehensión en su contra, y se le vinculó a proceso el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, por el hecho con apariencia del delito de violación; y que el plazo de investigación complementaria otorgado fue de tres meses, el que merced a la solicitud correspondiente, se concedió una prórroga por otros tres meses, por lo que su cierre fenecía el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Motivo por el cual manifiesta que de nuevo solicitó una nueva ampliación de esa fase de investigación y la celebración de una audiencia para que se resolviera sobre tal tópico, habiéndose señalado las doce horas del catorce de mayo del año próximo pasado, en la que se produjo la negativa del Juez de Control responsable a ampliar el plazo de investigación complementaria. Además, alega que esa determinación vulnera el derecho sustantivo de una defensa técnica adecuada, pues es contraria a lo establecido en el artículo 20, fracción VII del Apartado B, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que contempla lo que sigue: "Artículo 20. [.] B. de los derechos de toda persona imputada: Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite un plazo mayor para su defensa. [.]." Y que ese plazo constitucional rige por encima del plazo a que se contrae el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé uno no superior a seis meses en la investigación complementaria, en razón de la penalidad del delito de que se trata - violación -; y que en ese sentido, que la Carta Magna reconoce un plazo superior a un año, sí así lo solicita la defensa. Ahora, como se expuso, la autoridad responsable admitió la existencia del acto reclamado, como fue acotado en su momento; y remitió como complemento a su informe justificado, disco versátil digital, que contiene el desahogo de las audiencias de prórroga del plazo de investigación complementaria, solicitada por el quejoso y defensa en la causa ****************, celebradas el catorce de mayo, veintidós de junio y dieciocho de agosto, ambas de dos mil veintiuno. Audiencias en las que una vez visto su contenido, se advierte que, la defensa del aquí quejoso planteó la ampliación de dicho plazo de investigación complementaria, en base al derecho de defensa técnica que le asiste a su defendido a fin de recabar diversas entrevistas a cargo de *************** entre otras; esto es, tal ampliación la pidió en aras de realizar actos de investigación para incorporarlos a la carpeta correspondiente, y que de no ser así, se haría nugatorio el ejercicio de ese derecho humano. De manera que, se está en presencia del derecho de defensa adecuada que consagra el Texto Fundamental y ley secundaria aplicable en favor del imputado - derecho sustantivo -; que hasta esa data - catorce de mayo de dos mil veintiuno -, ante la negativa de la autoridad responsable a ampliar el plazo de investigación complementaria, revela que hasta en ese entonces, había una transgresión al derecho sustantivo penal, pues por un lado se aplicó el marco legal de seis meses para la conclusión de la investigación complementaria, pero se pasó por alto la Ley Suprema, que tutela ese derecho en un plazo mayor si es que se solicita para una defensa adecuada, lo que se traduce en la existencia de un derecho en pugna; proceder que causaba en ese momento - presentación de la demanda de amparo - un perjuicio real y material al quejoso. Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada XVIII.3o.P.A. 1 P (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, que puede consultarse en la página 2513, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro testo siguientes: "RESOLUCIÓN QUE DESECHA EL RECURSO DE REVOCACION INTERPUESTO CONTRA LA NEGATIVA A LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AL TRATARSE DE UN ACTO CON EFECTOS IRREPARABLES, EXCEPCIONALMENTE ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. En el nuevo sistema penal acusatorio, para determinar la procedencia excepcional del amparo indirecto, debe estimarse que independientemente de la etapa en que se resuelva, existe un aspecto fundamental en relación con la admisión de los medios de prueba, en tanto que este tema está vinculado con el derecho sustantivo de defensa adecuada, lo que va más allá de una cuestión netamente formal sobre su admisibilidad, es decir, implica un necesario análisis valorativo de su eventual eficacia desde el punto de vista cualitativo. En efecto, la etapa de investigación en el procedimiento penal de corte acusatorio, comienza con la presentación de la denuncia, querella o requisitos equivalentes de procedibilidad y concluye con el cierre de la investigación. Ahora bien, la investigación se considera como cerrada una vez que llega la fecha en la cual el Juez de Control lo determinó en la audiencia inicial, lo cual, como regla general, no requiere de ningún acto o determinación; empero, en caso de que alguna de las partes solicite una prórroga y sea autorizada por aquél, el cierre se generará en una nueva fecha, con lo que se concluye la etapa de investigación. En este sentido, la resolución que desecha el recurso de revocación interpuesto contra la negativa de la ampliación del plazo de la investigación complementaria, es reclamable en el juicio de amparo indirecto, pues constituye un caso excepcional de procedencia respecto de actos procesales, ya que al negarse la ampliación, se afecta el derecho a una efectiva preparación para la fase probatoria, situación que incide predominantemente en el derecho de defensa, pues no existe otro momento procesal para indagar o recabar elementos que a la postre puedan constituir pruebas y, ante esas circunstancias, debe aceptarse la procedencia del juicio de amparo indirecto, al constituir un acto con efectos irreparables." Sin embargo, como la propia autoridad responsable refiere en su informe justificado el veintidós de junio y dieciocho de agosto de esa misma anualidad, se celebraron ambas audiencias de solicitud del aquí quejoso y defensa de prórroga de ampliación del plazo de la investigación complementaria, situación que se aprecia de la grabación de ambas; en la primera de ellas en la que el plazo de investigación complementaria fue acordado de conformidad por dos meses computado a partir del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno; mientras que en la siguiente audiencia se amplió el referido plazo por un mes más, el cual feneció el diecinueve de septiembre del mismo año; en ambos casos, el Juez de Control responsable determinó ampliar la investigación complementaria con el propósito que la defensa recabara entrevistas a testigos en la carpeta de investigación. Es decir, el inconforme se duele que la autoridad responsable le negó de inicio la ampliación del plazo de investigación complementaria a fin de recabar diversas entrevistas en ejercicio de su derecho de defensa y que no atendió su inconformidad al respecto; empero, el Juez de Control responsable, adjuntó a su informe justificado el video de las audiencias que celebró con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo y al desahogo de la audiencia de catorce de mayo de dos mil veintiuno, en la que se produjo esa negativa y que constituye el acto combatido a través de esta vía. Por lo tanto, lo combatido ante esta instancia de amparo, que es la negativa a ampliar el plazo de investigación complementaria, al haber el Juez de Control responsable emitido con posterioridad actuaciones en los que se ordenó ampliar la investigación por dos y un mes, respectivamente; esto es, al ampliar ese plazo, pone de manifiesto que esas determinaciones que se produjeron en las audiencias aludidas, son indicativas que el acto reclamado dejó de surtir efectos; es decir, la autoridad responsable al atender y proveer lo solicitado por el quejoso y defensa en el proceso penal incoado al último de los citados, como se evidencia de la copia certificada que es una documental pública y que anexó dicha responsable - video -, es que se concluye que realizó actos que se tradujeron en una situación nueva, distinta, que sustituyó a la anterior - negativa -; de ahí que, resulta ocioso examinar la constitucionalidad de una negativa que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Motivo por el cual se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la invocada ley. Cobra aplicación por las razones que la informan, la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, materia común, página treinta y ocho, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo 239/2021 promovido por **********, por su propio derecho, contra el acto que precisado en el resultando primero y contra la autoridad señalada en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerativo de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma Ma. Guadalupe Torres García, Juez Quinto de Distrito en el Estado con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, asistida de Juan Antonio Zamora Castillo, Secretaria con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de marzo de dos mil veintidós. Téngase recibido el oficio del Gestor de la Cuarta Región Judicial en el Estado de San Luis Potosí, por el que en alcance al comunicado 79/2022, mediante el cual se rindió el informe justificado, anexa el disco versátil digital, cuyo contenido se relaciona con el proceso penal RIV/TM/EXP-065/2020; en consecuencia, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, mismo que será tomado en consideración en la audiencia constitucional respectiva. RESGUARDO DE DISCO ÓPTICO. Ahora, respecto del anexo que acompaña consistente en un disco óptico de almacenamiento de datos (DVD+R), el cual contiene el registro de audio y video de las audiencias celebradas el catorce de mayo, veintidós de junio y dieciocho de agosto, todos de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal RIV/TM/EXP-065/2020, en contra de David Antonio Rivera Macías; reprodúzcase su contenido por los medios idóneos y certifíquese por el Secretario de este Juzgado Federal en acta por separado, sí es posible atribuir a la persona obligada el contenido de la información relativa y si son accesibles para su ulterior consulta, hecho lo cual glósese al expediente, sin perjuicio de que sea reproducido por este Juzgado Federal en cualquier momento procesal. Notifíquese. Lo proveyó y firma Ma. Guadalupe Torres García, Juez Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistida de Juan Antonio Zamora Castillo, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de marzo de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO. Ténganse recibido el informe justificado rendido por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, zona Huasteca Sala Base Tamazunchale, San Luis Potosí, Cuarta Región; atento a lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, mismo que será tomado en consideración en la audiencia constitucional respectiva. Ahora, visto el informe que se recibe se advierte que el juez responsable aduce que es cierto el acto reclamado y, refirió que en los autos de la causa penal RIV/TM/CP-65/2020 instruido en contra del quejoso David Antonio Rivera Macías, en audiencia de catorce de mayo de dos mil veintiuno, negó el plazo de investigación complementaria, solicitada por su defensa; asimismo, en audiencia de tutela de derechos celebrada el veintidós de junio del citado año, concedió la reapertura del plazo de investigación, por el plazo de tres meses; de igual forma, el dieciocho de agosto siguiente, en audiencia de tutela de derechos, se autorizó un mes más de plazo de investigación complementaria, el cual concluyó el diecinueve de septiembre de dos mil veintiuno, sin que al efecto haya remitido constancia alguna. REQUERIMIENTO. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la ley de la materia por disposición expresa en su artículo 2º, requiérase a la citada responsable para que en el término de tres días hábiles contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, remita a este Juzgado de Distrito copia debidamente certificada de la totalidad de las constancias que obran en la causa penal de la que deriva el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de resolver el presente juicio. APERCIBIMIENTO. Apercibida que en caso de no hacerlo, se aplicará en su contra una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización al cometerse la falta, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), que es el resultado de multiplicar cien veces el valor de la unidad de medida de actualización correspondiente, que es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100, moneda nacional)establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno, vigente a partir del uno de febrero del año en curso. DIFERIMIENTO. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ma. Guadalupe Torres García, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, quien actúa con Juan Antonio Zamora Castillo, Secretario que autoriza y da fe.

Quedan 24 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

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FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
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