Daniela González González

Expediente 600/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
600/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Daniela González González

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Identificación promoventes y registro. Vista la demanda de amparo promovida por ....contra actos del 1. Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad; regístrese su ingreso en el libro de control electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 600/2023-II-2. Personalidad. Con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo se reconoce la personalidad de la promovente ....en términos de la documental que anexó a su demanda de amparo. Resguardo de identidad de menor. Debido a que ....se informa a las partes que al mencionado infante se le considera de identidad protegida en los presentes autos, en la inteligencia que tanto la identidad como los datos personales de la menor deben permanecer reservados en aras de proteger el resguardo de su intimidad, tal y como se previene en los artículos 76, 79, 83, fracción XIII y 86, fracción IV, todos de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cuya observancia es obligatoria para todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la invocada ley, en concordancia con lo previsto en la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, en su preceptos 68, 75, fracción XIII y 78, fracción IV. Por ende, obténgase copia del ocurso de demanda que se provee y sus anexos, suprímanse los datos de identificación del menor y déjese como original en el juicio de amparo que nos ocupa, en la inteligencia de que tanto la demanda original como los documentos que contienen datos reservados serán resguardados en el sigilo de la Secretaría como anexo uno. Suspensión de plano. Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión de plano de los actos reclamados, para tal efecto este órgano de control constitucional estima necesario sentar como premisa lo contenido en el artículo 126 de la Ley de Amparo que establece lo siguiente: ..... Aunado a ello, el artículo 126, transcrito, dispone que en el auto de admisión de la demanda, el juez podrá conceder la suspensión de plano, la que de otorgarse deberá comunicarse sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento, cuando se trate de los actos siguientes: .... De ese modo, la suspensión de "oficio" o de "plano", se decide sin sustanciar incidente y sin exigir requisito alguno para que surta efectos, pues la medida tiene por objeto la protección de bienes jurídicos irreductibles y de preservación preponderante, cuya protección conlleva una urgencia y gravedad que permiten al juzgador actuar de manera inmediata. Así, el legislador estableció una serie de actos o supuestos en los que se impuso el otorgamiento de la medida cautelar sin mayor trámite o ponderación y con exclusión de la discrecionalidad del juzgador, a fin de evitar que se materialicen o consumen actos que afecten bienes jurídicos irreductibles y de preservación preponderante. Por su parte, el artículo 22 de la Constitución Federal, en la parte que interesa, establece: .... La relación de ambos preceptos permite advertir una finalidad específica de la medida: el cese inmediato, y sin mayor trámite, de actos que el propio orden constitucional ha catalogado, de manera expresa, como prohibidos. Por la entidad de la violación de derechos humanos que involucran esos actos, el amparo, entre los diversos instrumentos procesales que lo conforman, prevé, como mecanismo presto de nulidad de aquéllos, la denominada suspensión de plano que, inclusive, debe ser decretada oficiosamente por el juzgador ante la actualización de alguno de tales supuestos. La suspensión de plano tiende a evitar, desde la presentación misma de la demanda de amparo, la consumación de actos manifiestamente inconstitucionales, tanto que, si bien se observa, tratándose de este tipo de casos, ni siquiera es necesario emprender un examen sobre la posible vulneración al orden público o el interés social que pudiese acarrear la medida, o bien, realizar un análisis de apariencia del buen derecho, como sí se exige para decretar la suspensión a petición de parte conforme con lo que prevén los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo. El artículo 1° de la Constitución señala que todas las personas gozan de los derechos que la misma establece independientemente de la edad que tengan. Tal reconocimiento implica por un lado, que cualquier negación de derechos con base en la categoría de edad se presume inconstitucional y, por otro, que se justifica la protección reforzada de los derechos de los menores de edad, pues se encuentran en una situación de vulnerabilidad respecto al resto de la población. Ahora bien, en el caso concreto la solicitante de amparo reclama la omisión de la autoridad responsable de determinar las medidas encaminadas a que cesen los actos de incomunicación en que se encuentra su menor hijo de iniciales ya referidas, con respecto a la aquí quejosa ....de ordenar las actuaciones necesarias para llevar a cabo la convivencia con su menor hijo dentro del juicio de controversias del orden familiar por ....número 419/2023, promovido por ..... Asimismo, la quejosa refiere en su ocurso de demanda bajo protesta de decir verdad que el menor se encuentra incomunicado al mantenerlo con las personas con las que habita, impidiéndole que tenga convivencia con la impetrante de acuerdo a lo decretado en el mencionado juicio, no obstante que ya se encuentra decretada semanalmente una convivencia provisional entre ésta y su menor hijo, señalando que en la primera fecha señalada para tal efecto, no hicieron presente al menor y en la segunda fecha los abuelos llevaron al menor al juzgado, sin embargo, al llegar diez minutos tarde no la dieron por presente para la convivencia. Pues bien, de acuerdo a lo reseñado, se estima que esos actos reclamados no encuadran en alguno de las hipótesis prevista en el numeral 126 de la Ley de Amparo, dado que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a algún núcleo de población ejidal o comunal; todo ello conforme con lo previsto en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 y 126 de la Ley de Amparo. En consecuencia, no es procedente decretar la suspensión de plano solicitada, ya que en atención a la naturaleza de los actos reclamados, no se ubica en los supuestos previstos por el numeral 126 de la ley de la materia para decretar ese tipo de medida cautelar, ya que para ello no debe atenderse exclusivamente a las razones que al afecto aduzca la promovente, pues la naturaleza de los actos reclamados es un elemento indispensable para tal efecto y no los enfoques subjetivos de las partes. Admisión de demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 2°, 33, fracción IV, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la presente demanda de amparo. Por las siguientes autoridades responsables: No. Autoridad señalada como responsable 1. Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad. A quienes les reclama: ...... Integración del expediente físico y electrónico. Se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente - electrónico y en su caso físico- se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción XV, de la Carta Magna y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, téngase como parte en el presente juicio de amparo al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por lo tanto, con copia de la demanda que se provee, désele la intervención que legalmente le corresponde. Apertura incidente de suspensión. Al resultar improcedente la suspensión de plano solicitada, tramítese oficiosamente por la vía incidental, por separado y en un solo expediente físico el incidente de suspensión, toda vez que el expediente electrónico hará las veces del duplicado, de conformidad con el artículo 110, 125, 127, fracción II y 128, último párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el 264, del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en la áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Audiencia constitucional. En términos de lo establecido en el primer párrafo del artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las nueve horas con treinta y cinco minutos del once de enero de dos mil veinticuatro, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Informe justificado. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a la autoridad responsable, el cual podrá ser rendido por escrito o medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva. De acuerdo con lo preceptuado en el numeral 117, párrafo quinto, de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado, remita copia certificada, legible, completa y ordenada en forma secuencial, de las constancias que obran en el expediente de donde deriva el acto reclamado, atento a que son necesarias para resolver el presente asunto, o en su caso, manifieste el impedimento legal que le asista para no hacerlo. En la inteligencia, de que el informe relativo podrá ser remitido vía electrónica a la dirección de correo 5jdo9cto@correo.cjf.gob.mx. Sanción por incumplimiento en la rendición del informe justificado. Apercibida que, de no rendir el informe justificado, o lo hiciere sin remitir las constancias relativas, amén de que en aquel caso se presumirá cierto el acto aquí reclamado, en términos del párrafo cuarto del citado precepto, se impondrá en su contra una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que es el resultado de multiplicar cien veces el valor de la unidad de medida de actualización correspondiente, que es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés, vigente a partir del uno de febrero del mismo año. Causas de sobreseimiento. Así también, requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, informe a este juzgado si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se reclama en el presente juicio, esto es, que haya sido promovido por la misma parte quejosa o que derive del idéntico procedimiento del que emana el acto que se reclama. De igual modo, con fundamento en lo establecido en el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto aparezca una causa de sobreseimiento, lo manifiesten a esta autoridad y, de ser posible, acompañen las constancias que así lo acrediten; apercibidos que no hacerlo, se impondrá en su contra una multa de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al cometerse la falta, de acuerdo con lo dispuesto en los preceptos legales 238 y 251 del ordenamiento legal en cita, equivalente a $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional), que es el resultado de multiplicar treinta veces el valor de la unidad de medida de actualización correspondiente, que es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés, vigente a partir del uno de febrero del mismo año. Emplazamiento del tercero interesado. Con apoyo en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a .... cuyo domicilio se ubica en calle .....ambos en esta ciudad. Por tanto, túrnese el expediente en que se actúa a las actuarias adscritas a este juzgado, para que se constituya indistintamente en los domicilios precisados y de conformidad con los artículos 26, fracción I, inciso b), 115 y 116 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia por disposición de su artículo segundo, con copia simple de la demanda de amparo y autorizada del presente acuerdo, corran traslado y emplacen al citado tercero interesado, previo cercioramiento de que en ese domicilio puede ser localizado, se asiente la constancia correspondiente y en la misma se le requiera para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, señale persona y domicilio para oír y recibir notificaciones ante este Juzgado Federal, apercibido que en caso de no hacerlo dentro del referido término, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal se le harán por medio de la lista que se publica en los estrados de este juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto subsane tal omisión. Uso de medios electrónicos. Por otra parte como lo solicita la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto por la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, así como grabadoras o lectores ópticos, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Acceso a expediente electrónico y notificación electrónica. Como lo solicita la parte quejosa, autorícese el acceso para la consulta del expediente electrónico y realícense las notificaciones personales a través del usuario ....de conformidad con los artículos 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, instrúyase al Secretario de Acuerdos para que realice las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que se encuentra registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el carácter de persona física, por lo que deberá ingresar con tal carácter al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que pueda consultar el expediente electrónico en que se actúa, conforme lo establece el artículo 34 del referido acuerdo general. En el entendido que de conformidad con el último párrafo del artículo 60 del citado Acuerdo General, la notificación se tendrá por hecha a partir de que la persona autorizada consulte el expediente o de que el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación genere automáticamente constancia de notificación ante la falta la consulta al expediente electrónico dentro de los plazos previstos en el numeral 62 de ese mismo acuerdo. Autorizados. Ahora, se tiene como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a Mayra Alicia Galván García, por así haber sido solicitado y al contar con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Itzel Xitlalic Olvera Balleza y Ximena Caballero Figueroa, toda vez que no cuentan con el anterior requisito. No ha lugar domicilio físico. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que no ha lugar a acordar favorablemente su diversa solicitud, en relación a tenerla por señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta, dado que conforme con lo previsto en el artículo 55 del indicado Acuerdo General, en párrafos que anteceden se autorizó al usuario ....para recibirlas de forma electrónica. Exhortación a tramitar asuntos "en línea", y consulta de expedientes. Con apoyo en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado a través del acuerdo general del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Asimismo, de conformidad con los artículos 261 y 262 del primero de los citados acuerdos generales, hágase del conocimiento de las partes, que las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso de los equipos de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrán para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa por ofreciendo la prueba documental que anexa a su ocurso de garantías, la cual desde este momento se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, la que será tomada en consideración en el momento procesal oportuno. En ese contexto, hágase el cotejo de la documental que se acompaña a la demanda de amparo, para que se deje en los presentes autos y se agregue en el incidente de suspensión; lo anterior, en atención a criterio emitido en la jurisprudencia P./J. 71/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97)." Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Notificación a la autoridad responsable. Se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, en relación con la fracción I, inciso k) del aludido precepto, de la Ley de Amparo, así como de acuerdo con el criterio jurisprudencial 2a./J. 176/2012 (10a.), sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; lo anterior, sin perjuicio de que las autoridades responsables tienen expedito su derecho para realizar la consulta del expediente, a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este juzgado, así como en el portal de internet del poder judicial de la federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la invocada ley. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el expediente en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, oficial judicial "A" y oficiales judiciales "c" que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 1, 9, 16, 68, 113, fracción l, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción Vlll, 43, 46 y 47, fracción ll, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en el entendido que aun cuando no se opongan expresamente a tal publicación, en la versión pública de la sentencia respectiva y demás resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, así como de las diversas constancias, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Notifíquese.

  2. Incidental

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Identificación de promovente. En cumplimiento a lo ordenado en auto de esta misma fecha, dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo número 600/2023-II-2, promovido por ....contra actos del 1. Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con residencia ********************; con copia de la demanda tramítese por separado y en un solo expediente físico el incidente de suspensión. Integración del expediente. Se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente -electrónico y en su caso físico- se llevara a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3o del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 110, 125 y 128, último párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el 264, del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en la áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; únicamente se forma un solo expediente físico, toda vez que el expediente electrónico hará las veces del duplicado. Informe previo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 125, 128 y 138 de la Ley de Amparo, con copia simple de la demanda pídase a la autoridad responsable su informe previo que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir del siguiente al en que sea notificada de este proveído, apercibida que de ser omisa, se aplicará en su contra una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al cometerse la falta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción I, en relación con el artículo 238, de la citada ley. En la inteligencia, de que el informe relativo podrá ser remitido vía electrónica a la dirección de correo 5jdo9cto@correo.cjf.gob.mx. Audiencia incidental. En términos de lo establecido en la fracción II del artículo 138 de la Ley de Amparo, se señalan las nueve horas con treinta y cinco minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Suspensión provisional y efectos de su concesión. En principio es menester ponderar el contenido del artículo 4° de la Carta Magna, el cual la cual consagra el interés superior del niño, también previsto en la Convención Sobre los Derechos del Niño, en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en sus artículos 3°, inciso a), y 4°, así como en algunas legislaciones que rigen los derechos de los menores en los Estados de la Federación, este principio es concebido como la institución a través de la cual se procura el desarrollo pleno e integral del infante proporcionándole los cuidados y asistencia necesarios para lograrlo, de manera que el interés superior del menor constituye una cuestión de orden público e interés social. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y siempre que sea jurídica y materialmente posible, tendrá el efecto de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo; disposición que se encuentra en estrecha relación con el asomo provisional al fondo del asunto, a fin de determinar la apariencia del buen derecho. En efecto, la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que en los casos en que la naturaleza del acto lo permita, los jueces decidirán sobre la suspensión con base en un análisis ponderado sobre la apariencia del buen derecho y el interés social. En este sentido es oportuno tener en cuenta que para otorgar la suspensión de amparo, no solamente debe analizarse lo relativo a si su otorgamiento podría afectar cuestiones de interés social y orden público, sino también lo concerniente a si puede aplicar la figura de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, con efectos restitutorios provisionales. Ello, porque en la Ley de Amparo, como requisitos para otorgar la suspensión y elementos a considerar, dispone: ..... En ese orden, para otorgar la medida cautelar, el órgano de amparo debe verificar el cumplimiento de los requisitos contenidos en los artículos 128 y 129 en relación con el 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo. En lo que es materia de estudio, lo relativo a que su concesión no siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, así como realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y no afectación del interés social o citado orden público, para en su caso, acordar si se concede o niega la suspensión provisional de referencia. Ahora bien, en cuanto a estos conceptos, la Segunda Sala del Alto Tribunal ya ha señalado en su jurisprudencia anterior, que el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado. Estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 204/2009 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, que señala: SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. ....... En ese sentido, se procede al análisis de la factibilidad del otorgamiento de la medida cautelar, tomando en cuenta la naturaleza del acto reclamado, la vulneración al derecho fundamental que con el mismo se pueda causar a la parte quejosa, su trascendencia perjudicial, en su caso, al interés social y al orden público. CUESTIONES RELEVANTES. I. Interés Superior del Niño II. El derecho a la convivencia familiar. I. Interés superior del niño. El interés superior de la niñez debe ser considerado como un principio regulador de la normativa relativa a los derechos de las niñas y niños que se funda en la dignidad misma del ser humano, a partir de tener como referente las características propias de quienes son infantes, así como en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. Así pues, el interés superior del menor ordena la realización de una interpretación sistemática que tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez; de este modo, el principio de interés superior del menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial. En consonancia con lo anterior, el interés superior del menor conlleva ineludiblemente a que se tomen en cuenta, al emitirse las resoluciones, aspectos que permitan determinar con mayor precisión el ámbito de protección requerida. Por tanto, este principio implica que el desarrollo de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para todas las autoridades del Estado en la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida de los niños y de las niñas. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 25/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenidos: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. .... El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los párrafos ocho a diez, dispone que los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud y sano esparcimiento para su desarrollo integral e impone a los ascendientes, tutores y custodios la obligación de velar por la preservación de esos derechos. Los artículos 19 y 20 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, establecen que los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Tales medidas de protección comprenderán procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. La Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en sus artículos 1, 3, 11, 23, párrafo segundo, 41, 48 y 49 establecen, en síntesis: que las cuestiones relacionadas con los niños son de orden público, interés social y observancia general. Imponen la obligación de asegurar el pleno desarrollo de los niños, la necesidad prioritaria de su permanencia dentro del seno familiar y los principios básicos que deben atenderse cuando ello no sea posible; el establecimiento de instituciones idóneas para la defensa y representación de los menores, así como la necesidad de escuchar sus opiniones. Uno de los aspectos fundamentales es garantizar a los menores una vida libre de violencia. Ningún abuso ni violación de sus derechos podrá considerarse válido ni justificarse por la exigencia del cumplimiento de sus deberes. Es obligación de madres, padres y toda persona que tenga a su cuidado niñas, niños y adolescentes, protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación, lo que implica que quienes ejercen la patria potestad o custodia no podrán atentar contra su integridad física o mental ni actuar en menoscabo de su desarrollo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al emitir la opinión consultiva OC-17/2002, títulos VII y VIII, relativos al "interés superior del niño" y "deberes de la familia, la sociedad y el Estado", estableció, en los puntos cincuenta y seis y sesenta, que este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. En los puntos sesenta y dos, sesenta y cinco, setenta y uno, setenta y tres y setenta y cuatro, establece que la adopción de medidas especiales para la protección del niño corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que aquél pertenece. En las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores <Reglas de Beijing>, se establece que los Estados miembros deben adoptar medidas concretas y movilizar el máximo los recursos disponibles, para crear condiciones que garanticen al menos una vida significativa en la sociedad y promover su bienestar en la mayor medida posible; proteger su identidad -incluso de los medios de comunicación-. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, se modificó entre otros el artículo 1º constitucional, lo cual implicó un cambio en el paradigma constitucional mexicano pues reconoce a todas las personas el goce de los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte y establece que las normas relativas a esos derechos deberán interpretarse "conforme" con tales ordenamientos y aplicando el principio pro personae, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Asimismo, impone a las autoridades la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, para lo cual deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos, en los términos que establezca la ley. Lo anterior, constituye un mandato de optimización, es decir, que las autoridades deben procurar su realización en la mayor medida posible, para garantizar en el ámbito de sus competencias, la aplicación y respeto de los derechos humanos fundamentales establecidos en la Carta Magna y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. II. El derecho a la convivencia familiar. Respecto al tema que se aborda, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver al amparo en revisión 583/2013, reconoció que la influencia familiar y la vinculación afectiva que el hijo obtiene de cada uno de sus progenitores y familiares con el transcurso del tiempo constituye un elemento esencial para el adecuado desarrollo de su personalidad. En este sentido, indicó que el contexto más apropiado para el óptimo desarrollo de estas relaciones paterno-filiales es aquel en el que los progenitores viven una vida en común, en donde ambos satisfacen conjuntamente las necesidades de afecto y cariño del menor. Asimismo, contempló que el Estado debe encontrar mecanismos para garantizar el derecho de los menores a mantener relaciones personales y de trato directo con sus padres de forma regular, asegurando así la continuación de la convivencia familiar, salvo en aquellos casos extraordinarios en los que dicha convivencia sea contraria a sus intereses. Teniendo en consideración lo anterior, exteriorizó que el legislador ha establecido diversas instituciones jurídicas tendientes a salvaguardar el derecho-deber de los progenitores a participar activamente en la crianza y educación de sus hijos menores de edad y, particularmente, asegurar la convivencia regular del menor con ambos progenitores, de forma que sea posible salvaguardar el desarrollo pleno e integral de su personalidad en un contexto de crisis intrafamiliar. Así, la Primera Sala del Alto Tribunal aseveró que ante la existencia de situaciones en donde los desacuerdos personales hacen imposible la convivencia entre los padres, el Estado se encuentra obligado a encontrar mecanismos que garanticen el derecho de los menores de edad a mantener relaciones personales y de trato directo con cada uno de sus padres de forma regular, asegurando así la continuación de la convivencia familiar. El derecho a la convivencia familiar busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados que no ostenta la titularidad de la guarda y custodia y así asegurar la continuación de las relaciones paterno-filiales con ambos progenitores de forma regular. Lo anterior, de conformidad con lo conducente en la jurisprudencia sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU PROTECCIÓN ALCANZA EL RANGO DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL. Por su fragilidad y vulnerabilidad es el menor el más necesitado de protección en los ámbitos familiar y social, por lo que dicha protección se convierte en una auténtica prioridad. Así, la sociedad está interesada en la mejor formación posible de los ciudadanos a partir de la familia, pues no debe soslayarse que los ciudadanos con problemas psicológicos desde la infancia, que tal vez no llegaron a ser superados, podrán no alcanzar los estándares más convenientes para la sociedad, ya que su adaptación a los requerimientos sociales podrá no ser la más idónea. En consecuencia el derecho de visitas y convivencias en México, no es solamente un asunto de política gubernamental, sino que se trata de un tema de política de Estado cuya protección alcanza el rango de orden público e interés social, pues el renovado interés por su regulación se evidencia a la luz de los valores que están de por medio para encontrar un equilibrio dinámico de relaciones que propicien vínculos paterno-filiales más provechosos, de ser necesario incluso a través del consejo o de la asistencia profesional. Se ha dicho que, la autoridad judicial debe tener en consideración que se trata de un derecho a favor de los menores, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres; y, cualquier decisión judicial que recaiga sobre el derecho de visitas deberá tener como eje rector el principio de interés superior del menor, buscando en todo momento incentivar y preservar la convivencia del grupo familiar. En este sentido, se ha considerado que el ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera persona, sino que, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, el mencionado derecho podrá estar limitado de forma temporal, espacial e, inclusive, modal; de tal manera que sea posible asegurar el bienestar y la estabilidad emocional del menor involucrado. En efecto, para el desarrollo de las convivencias se debe tener en consideración además de la edad, necesidades y costumbres del menor involucrado, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor en cuestión. Lo antes dicho se encuentra contenido en la tesis 1a. CCCVIII/2013 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, cuyo contenido es el siguiente: RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ DE LO FAMILIAR AL MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIÓN. .... Es decir, derivado de las particularidades del caso, se considera que la juez debe adoptar medidas más eficaces y benéficas para el desarrollo de éstas en protección a los intereses y derechos del menor. Es así que atendiendo a la directriz bajo la cual se considera que el juez de Distrito debe adoptar medidas más eficaces y benéficas para el desarrollo de éstas en protección a los intereses y derechos del menor. De tal forma, que las decisiones asumidas por los padres de éstos, de ninguna manera deben afectar ni influir en su desarrollo y crecimiento. El punto es, el menor necesita de ambos padres de referencia, y no es recomendable privarlo de la convivencia con ambos por un conflicto no resuelto por éstos. El menor no necesita padres perfectos, sino unos padres con los cuales compartir su desarrollo y, los escasos nexos entre el menor con su madre, así como la conducta reiterada de incumplimiento de los deberes por parte de los padres, perjudican y afectan dicho desarrollo, tanto del custodio como el que no los tiene consigo. Por ende, corresponde al juzgador la tarea primordial e importante de establecer las medidas y lineamientos para garantizar que el régimen de convivencias establecido sea el más viable, funcional, práctico, efectivo y benéfico en protección a los derechos e intereses del menor. En la especie, la solicitante de amparo reclama la omisión de la autoridad responsable de determinar las medidas encaminadas a que cesen los actos de incomunicación en que se encuentra su menor hijo de iniciales ya referidas, con respecto a la aquí quejosa ....de ordenar las actuaciones necesarias para llevar a cabo la convivencia con su menor hijo dentro del juicio de controversias del orden familiar por guarda y custodia número 419/2023, promovido por .... Asimismo, la quejosa refiere en su ocurso de demanda bajo protesta de decir verdad que el menor se encuentra incomunicado al mantenerlo con las personas con las que habita, impidiéndole que tenga convivencia con la impetrante de acuerdo a lo decretado en el mencionado juicio, no obstante que ya se encuentra decretada semanalmente una convivencia provisional entre ésta y su menor hijo, señalando que en la primera fecha señalada para tal efecto, no hicieron presente al menor y en la segunda fecha los abuelos llevaron al menor al juzgado, sin embargo, al llegar diez minutos tarde no la dieron por presente para la convivencia. En virtud de lo cual, y ante lo expuesto, con fundamento en el artículo 107, fracciones I y X, de la Constitución, en relación con los numerales 129, fracción VIII y 138 de la Ley de Amparo, al encontrarse inmersos los derechos del quejoso menor de edad respecto a las convivencias con su madre y en aras de proteger su interés superior, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que el juzgador responsable provea de inmediato lo necesario para que se lleve a cabo la convivencia del infante con su progenitora en los términos que estime convenientes, atendiendo a las circunstancias que se adviertan de las constancias que integran el juicio de origen y con vista en ellas determine la temporalidad en que podrá llevarse a cabo esa convivencia, para lo cual deberá de hacer uso de las medidas de apremio procedentes para lograr el cumplimiento de dichas convivencias. Máxime que según lo manifestado por la propia quejosa en su escrito de demanda, el Juez responsable en el juicio de origen decretó una convivencia semanal entre los quejosos. Con lo anterior, a juicio de la suscrita, se protege el derecho del menor a la convivencia con su progenitora, en casos como el presente, que existe una separación de los padres, pues debe procurarse la sana convivencia con el no custodio, esto, sin poner en riesgo la integridad física, mental o psicológica de los menores. Así, de conformidad con el artículo 4 constitucional, en relación con los diversos 3, numeral 2; 8, numeral1; 9, numerales 1, 2, y 3; 12, numeral1; 18, numerales 1 y 2; así como el 19, numerales 1 y 2, todos de la Convención sobre los Derechos del Niño, los niños tienen derecho, entre otros, a mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares, por lo que de negarse la suspensión solicitada se vulneraría el derecho con que cuenta el menor quejoso de convivir con su progenitora, en lo que se resuelve en definitiva el juicio de origen, aunado a que hasta este momento procesal no se cuenta con índicos que demuestren que pudieran encontrarse el infante en situación de peligro. Cobra aplicación, por las razones que la informan, la tesis aislada VII.1o.C.44 C (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 3346, marzo de 2018, tomo IV, Libro 52, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: CONVIVENCIA PROVISIONAL. DEBE OTORGARSE CON LAS RESTRICCIONES ADECUADAS DEL CASO, AUN CUANDO EL MENOR RECHACE CONVIVIR CON SU PROGENITOR NO CUSTODIO, SI NO EXISTE EVIDENCIA DE QUE PUEDA SUSCITARSE ALGÚN PERJUICIO O ABUSO FÍSICO O MENTAL HACIA AQUÉL. ..... Lo anterior encuentra sustento en el principio de apariencia del buen derecho a favor de los quejosos. Sin que tal previsión prejuzgue sobre el fondo del juicio de amparo, ya que tal adelanto es sólo temporal, susceptible de modificarse ya sea en la suspensión definitiva o en la sentencia final del juicio. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 286, Libro 73, diciembre de 2019, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital: 2021263, que dice: SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. ..... En la inteligencia de que la autoridad responsable deberá preservar en todo momento el interés superior del menor; suspensión que surte efectos desde luego y hasta en tanto se notifique a la responsable la resolución que en definitiva se dicte en este incidente. Pruebas. Como se ordenó en el cuaderno principal del que deriva este incidente, hágase el cotejo de la documental que exhibe con su escrito de demanda, la cual desde este momento se tienn por admitidas y desahogada, dada su propia y especial naturaleza; lo anterior, en atención al criterio contenido en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). Notificación a la parte tercero interesada. Dado que se concedió la suspensión provisional y atento a que en el juicio principal de donde deriva el presente incidente, se tuvo como tercero interesado a ********************cuyo domicilio se ubica en ********************, e indistintamente en el diverso localizado en********************, ambos ********************; en consecuencia, se comisiona a las actuarias adscritas a este juzgado, para que notifiquen el presente acuerdo a la citada parte procesal. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Notificación a la autoridad responsable. Se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, en relación con la fracción I, inciso k) del aludido precepto, de la Ley de Amparo, así como de acuerdo con el criterio jurisprudencial 2a./J. 176/2012 (10a.), sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; lo anterior, sin perjuicio de que las autoridades responsables tienen expedito su derecho para realizar la consulta del expediente, a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este juzgado, así como en el portal de internet del poder judicial de la federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la invocada ley. Notifíquese.

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