Daniela Eréndira Castillo Salinas

Expediente 409/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
409/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
06/06/2022

Partes del expediente

  • Daniela Eréndira Castillo Salinas

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de junio de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de dieciséis de mayo de dos mil vendidos, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL CUADERNO PRINCIPAL. De conformidad con los artículos 12 y 18, fracción 1, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de depuración, dado que en el mismo se concedió la suspensión de plano, toda vez que cuenta con valor jurídico al haberse decretado la suspensión de plano del acto reclamado a la parte quejosa; amén de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que deba conservarse en su integridad por su valor histórico o relevancia documental. En la inteligencia que deberán conservarse las resoluciones que se concedió la suspensión de plano o violación, el proveído en que se acuerda el archivo del expediente y los demás documentos que se consideren importantes al estar vinculados con aquélla. ANOTACIÓN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARÁTULAS DE EXPEDIENTES. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de depuración, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. REMISIÓN EXPEDIENTE AL CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de mayo de dos mil veintidós. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Y REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por Daniela Eréndida Castillo Salinas, contra actos del Director del Hospital General de Ciudad Valles, San Luis Potosí y otra autoridad, por trasgresión que estima de los artículos 1, 4, 14, 16 y 22 Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 409/2022-I-A. SUSPENSIÓN DE PLANO. Previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda de que se trata, dado que la quejosa reclama la omisión de las autoridades responsables de otorgarle atención médica integral oportuna, debida y urgente que en derecho le corresponde, por no brindarse la atención médica a la quejosa Daniela Eréndida Castillo Salinas, para su tratamiento diagnosticado como cálculos e inflamación de la vesícula (colecistitis aguda). Por ende, al encontrarse inmerso el derecho fundamental a la salud que el Estado está obligado a garantizar, de conformidad con lo establecido en los numerales 4, párrafo cuarto, 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al estar reunidos los requisitos a que se refieren los artículos 8, 125 y 126 de la Ley de Amparo vigente, se decreta la suspensión de plano del acto reclamado. Medida suspensional que se concede para el efecto de que las autoridades responsables, dentro del ámbito de sus atribuciones, dispongan lo necesario a fin de que, de acuerdo con el estado de salud de la quejosa Daniela Eréndida Castillo Salinas, se le brinde la atención médica que requiera, así como el tratamiento oportuno que amerite su padecimiento, los estudios y materiales médicos; esto es, que sean apropiados médica y científicamente, conforme a la prescripción y valoración médica que se le efectúe por personal capacitado y experto en medicina por parte de las autoridades responsables; de ahí que, ello deberá determinarse al proveer la atención médica ordenada en la que se precisen los procedimientos exactos que corresponde aplicar, y de ser el caso, se provea lo conducente a la brevedad para que se realicen los estudios y materiales médicos requeridos; ello, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el presente juicio de garantías. En tal contexto, se requiere a las responsables a fin de que de manera inmediata cese la negativa y abstención de brindarle la atención médica que requiere, pues por su condición dichos actos podrían comprometer su dignidad e integridad personal. Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que la ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que se reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente la dignidad e integridad personal del quejoso, al grado de equipararse tal situación a un tormento. Cobra aplicación a lo anterior, en lo conducente, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Constitucional, página 112, que dice: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos." También, apoya lo expuesto por las razones que la informan, la tesis aislada I.18o.A.33 K (10a.), sustentada por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el cinco de julio de 2019, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE DECRETARSE DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y PRECISARSE CON EXACTITUD SUS EFECTOS, LOS CUALES DEBEN INCLUIR LA ATENCIÓN MÉDICA DEBIDA Y URGENTE REQUERIDA. El derecho mencionado, tutelado por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conlleva, entre otras, la obligación del Estado de brindar los servicios y prestaciones para garantizar el más alto nivel de protección a la salud de las personas (mediante atención médica, tratamiento, medicamentos, rehabilitación, otorgamiento de licencias médicas, etcétera). Por tanto, cuando en el amparo indirecto se reclame la omisión de otorgar los servicios médicos para el tratamiento de una enfermedad que pone en peligro la vida del quejoso, debe decretarse la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y los efectos de esa medida deben precisarse con claridad, a fin de vincular a la autoridad a proporcionar la atención médica debida y urgente requerida, así como al seguimiento y comunicación exacta de los procedimientos que se deben aplicar, junto con los medicamentos y tratamiento necesarios e, incluso, las licencias médicas que legalmente procedan, para garantizar plenamente el derecho a la salud." INFORME A LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberán informar a este juzgado de Distrito dentro del término de veinticuatro horas las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. En la inteligencia, de que el informe relativo podrá ser remitido vía electrónica a la dirección de correo 5jdo9cto@correo.cjf.gob.mx. SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO DECRETADA. Se hace del conocimiento de las indicadas autoridades responsables que la trasgresión de este mandamiento, traerá como consecuencia la aplicación de las sanciones a que se refiere el artículo 262 de la ley de la materia. REQUERIMIENTO A LA DIRECTA QUEJOSA. Ahora, toda vez que la demanda se presentó de manera electrónica (en el buzón en línea), en un archivo digitalizado del que se aprecia la firma autógrafa de la promovente; sin embargo, la misma no es el escrito original, sino una copia escaneada, por lo que no se cuenta con la certeza de la voluntad de la quejosa para promoverla; por tanto, se comisiona al actuario de la adscripción, a fin de que se constituya en las instalaciones del Hospital General de esta ciudad, lugar en el que se encuentra internada la quejosa Daniela Eréndida Castillo Salinas, y la requiera para que en el acto de la notificación manifieste si ratifica la demanda presentada de manera electrónica en su nombre; apercibida que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada y quedarán sin efecto las providencias dictadas. En caso de que no sea posible dicha ratificación debido al estado de salud de la peticionaria del amparo, el diligenciario deberá levantar acta circunstanciada del estado de salud actual que le conste a dicho fedatario, a efecto de determinar si se ubica en alguno de los supuesto previsto en el artículo 8° de la Ley de Amparo. En la inteligencia que dadas las medidas adoptadas por el Consejo de la Judicatura Federal con motivo de la contingencia en relación al brote del virus COVID-19, se precisa que el personal actuante tomará las medidas adecuadas para proteger su integridad y evitar la propagación del contagio entre la población, del virus mencionado, lo que implica que al efectuar la diligencia se guarde una sana distancia, uso de cubre bocas y gel antibacterial. RESERVA DE PROVIDENCIAS. Se reserva acordar lo relativo a la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, solicitar informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, así como fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, hasta en tanto se provea respecto de la admisión de la demanda de que se trata. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como su autorizado para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a Francisco Coronado Nieto, toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que las autorice a ejercer la profesión de abogado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, como lo solicita la impetrante de garantías, de conformidad con lo dispuesto por la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, así como grabadoras o lectores ópticos, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. DATOS DE CONTACTO. Se tiene a la parte quejosa, señalando como correo electrónico y número de teléfono los que indica en su escrito de demanda, para comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIA CERTIFICADA DE SUSPENSIÓN DE PLANO. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, expídase copia certificada del presente acuerdo, previa razón de recibido que se deje en autos. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, el promovente deberá generar previa cita, para que se le otorgue un código QR que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional en un horario de las nueve a las quince horas de lunes a viernes. Lo anterior a fin de que se encuentre en aptitud de realizar el trámite correspondiente para recibir la copia que solicita. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese.

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