David Antonio Rivera Macías
Expediente 418/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 418/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- David Antonio Rivera Macías
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Téngase recibido el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia en Tamazunchale, San Luis Potosí, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 354/2019-II-A, orden 795, enviado a fin de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de veintiuno de noviembre pasado. En tal virtud, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar; acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de comunicaciones oficiales. CAUSA ESTADO Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que el quejoso interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL De conformidad con el punto noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero y vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído que lo dio por concluido sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por la quejosa y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCION DE EXPEDIENTE Por tanto, previo transcurso del plazo de cinco años que se establece en el primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo en comento, procédase a su destrucción. ANOTACION DE VALORACION DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARATULA DE EXPEDIENTE Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción y la fecha de archivo. REMISIÓN DE EXPEDIENTE AL CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
Se desecha la demanda de amparo de que se trata....
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista el auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve a la parte quejosa, que dice: "Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. COMUNICACIÓN OFICIAL Téngase recibido el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Tamazunchale, San Luis Potosí, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 316/2019-II-A orden 719, que le fuera enviado a fin de notificar auto de veintitrés de octubre del año en curso, al quejoso David Antonio Rivera Macías. En tal virtud, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar; acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de comunicaciones oficiales. TELEGRAMA En otro orden de ideas, téngase recibido el telegrama que remite el Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí, a través del cual informa que el trece de noviembre del año en curso, devolvió el despacho 316/2019 del índice de este juzgado; en tal virtud, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda toda vez que en la propia data, se acordó lo conducente respecto de la comunicación que refiere. ESTADO DE AUTOS Ahora, atento a las constancias que hoy se agregan, se advierte que el impetrante de mérito, no hizo manifestación alguna respecto a la prevención que se le formuló; asimismo, atento a la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido en proveído de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, para que aclarara su demanda de amparo, sin que a la fecha hubiera dado cumplimiento a la misma; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y al efecto, provéase respecto a la admisión de la demanda de amparo únicamente respecto de la autoridad responsable Agente Fiscal de Unidad de Investigación y Litigación de Matlapa, San Luis Potosí, Décima Primera Delegación de la Fiscalía General del Estado. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por David Antonio Rivera Macías, contra actos del Agente Fiscal de Unidad de Investigación y Litigación de Matlapa, San Luis Potosí, Décima Primera Delegación de la Fiscalía General del Estado, por trasgresión que estima de los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 Constitucionales. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis de la demanda de amparo que se recibe, de la que se advierte que se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie la causa de improcedente prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la ley de Amparo, en el que se dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)" La causal de improcedencia invocada consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, el juicio de amparo será improcedente si de concederlo se afectara esa nueva situación y, por ello, deben reputarse consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico En efecto, en primer término, es menester precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el procedimiento penal previsto en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales se encuentra dividido en una serie de momentos o etapas, cada una de las cuales tiene una función específica, que se van sucediendo irreversiblemente unas a otras; lo que significa que sólo superándose una etapa es que se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas. Ello guarda congruencia, con uno de los principios fundamentales que es la continuidad del proceso, previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, el cual ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua; es decir, debe desenvolverse sin interrupciones, de tal forma que los actos se sigan unos a otros en el tiempo. Entonces, del señalado principio se desprende la necesidad de que cada una de las etapas en el procedimiento penal cumpla su función a cabalidad -sin comprender otras- y, una vez agotada, se avance a la siguiente, sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente; y de no hacerse así, se entiende por regla general que se ha agotado la posibilidad de solicitarlo. Dichas etapas son las siguientes: 1. De investigación, que a su vez se divide en dos fases: a) inicial o desformalizada, a cargo del Ministerio Público; y, b) complementaria o formalizada, bajo la vigilancia del Juez de control; 2. Intermedia, a cargo del propio juzgador, en la que se depuran los hechos y pruebas que pasarán a juicio; y, 3. Juicio, a cargo de un tribunal conformado por Jueces sin intervención en etapas anteriores. Apoya la anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 175, Libro 61, Diciembre de 2018, tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable." En el caso, el promovente reclama del Agente Fiscal de Unidad de Investigación y Litigación de Matlapa, San Luis Potosí, Décima Primera Delegación de la Fiscalía General del Estado, la negativa a permitir el acceso a las constancias que integran la carpeta de investigación 1237/2019 en su calidad de imputado; así como la omisión del citado representante social de acordar el escrito presentado el veinte de octubre del año en curso, en el que aduce solicitó se ordenara el acceso al Jardín de Niños Josefina R. de Acosta, ubicada en el Municipio de Matlapa San Luis Potosí, a efecto de llevar a cabo una investigación de campo para estar en condiciones de aportar medios de prueba; también que solicitó se girara oficio a diversos testigos que se habían negado a ser entrevistados. Refiere el quejoso que se encuentra privado de su libertad con motivo de la imputación formulada en su contra por el citado fiscal el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, dentro de la referida carpeta de investigación, por su probable intervención en la comisión del delito de violación en agravio del menor de identidad reservada S.C.H.M. Manifiesta que su defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional con la finalidad de aportar datos de prueba en la carpeta de investigación correspondiente, por lo que al estar transcurriendo éste, refiere que es de extrema urgencia que se provea la solicitud formulada. Por otra parte, de las constancias que integran el juicio de amparo 450/2019-II de la estadística de este Juzgado, las cuales tienen plena eficacia convictiva al tratarse de documentales públicas, conforme con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su precepto segundo, mismas que se tienen como un hecho notorio conforme con lo dispuesto en el artículo 88 del citado ordenamiento supletorio, se advierte que el quejoso David Antonio Rivera Macías, el doce de noviembre del presente año, promovió diversa demanda de amparo, la cual fue recibida en este Juzgado el trece posterior, en la que señaló como autoridades responsables al Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro Integral de Justicia de la Región IV, Sala Base en Tamazunchale, San Luis Potosí y al Director del Centro Estatal de Reinserción Social, con residencia en dicha localidad; y como acto reclamado el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el veintitrés de octubre del año en curso, en la causa penal 76/2019, por el delito de violación agravada. También, señaló en su demanda que la imputación formulada en su contra fue efectuada por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación de Matlapa, San Luis Potosí, dentro de la carpeta de investigación 1237/2019. En esa tesitura, se advierte que en la especie ha operado un cambio de situación jurídica, dado que los actos reclamados se hicieron consistir en la falta de acceso a la carpeta de investigación y la omisión de proveer un escrito en el que se solicitaba acceso al lugar de los hechos y la citación de diversos testigos, dentro de la ampliación del plazo constitucional, por lo que al haberse dictado el auto de vinculación a proceso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ello, porque las violaciones reclamadas que asevera se cometieron en la ampliación del término constitucional, deben considerarse consumadas de manera irreparable, lo que impide analizar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, sin afectar el nuevo estado legal del quejoso que ha sido creado por haber sido vinculado a proceso, pues será en el amparo indirecto promovido en contra dicho auto, que podrá examinarse el actuar de la responsable a efecto de determinar si esas violaciones transgredieron al resultado del fallo que resolvió la vinculación. En esa tesitura, es inconcuso que la presente instancia constitucional resulta improcedente al actualizarse la causa de improcedencia invocada, por lo que procede desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo además en el numeral 113 de la ley de la materia. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO Ahora, dado que el quejoso David Antonio Rivera Macías, se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de Tamazunchale, San Luis Potosí, notifíquesele personalmente este proveído de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la ley de la materia. DESPACHO En esa tesitura, de conformidad con los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, gírese atento despacho al Juez Mixto de Primera Instancia en Tamazunchale, San Luis Potosí, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifique personalmente al quejoso el presente proveído y corra traslado con la copia autorizada que se adjunta. De igual modo, se faculta al indicado Juez, para que realice cuantas diligencias sean necesarias para llevar a cabo la diligencia encomendada, que podría ser que en términos del último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles. Notifíquese y personalmente. "
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que no obra el despacho 316/2019-II-A orden 719, enviado al Juez Mixto de Primera Instancia en Tamazunchale, San Luis Potosí, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado notificara el auto de veintitrés de octubre del año en curso, al quejoso... En consecuencia, con apoyo en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo segundo, requiérase a la citada autoridad judicial, para que en el término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído remita a este Juzgado Federal la referida comunicación oficial, o bien informe el impedimento legal que tuviere para ello, pues se advierte del acuse de recibo que obra en autos, que lo recibió el veinticinco de octubre del año que transcurre. Notifíquese.
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