Daphne Ivonne Larios Riego
Expediente 943/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 943/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Daphne Ivonne Larios Riego
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de agosto de dos mil veintidós. RADICACIÓN Visto el oficio signado por la Secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que contiene inserto el proveído de ocho del mes y año en curso, emitido en el expediente 819/2022-V de este índice, del que se advierte la separación de juicios por los motivos ahí vertidos, al respecto se acuerda: ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se registra la demanda de amparo promovida por Daphne Ivonne Larios Riego; por derecho propio; fórmese el expediente relativo con el número 943/2022-III que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. ACTOS RECLAMADOS La parte quejosa señala como actos reclamados: De la Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México: a) El auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, por el cual se le autorizó la expedición de copia certificada de la audiencia de dieciséis de junio de dos mil veintidós únicamente en versión digital audiovisual, no así de la pieza escrita, dado que esta última no se encuentra regulada en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales. b) La omisión de certificar el disco que contiene el registro audiovisual de la audiencia de dieciséis de junio de dos mil veintidós. c) El auto de quince de julio de dos mil veintidós, por el cual nuevamente se le negó la expedición de las copias certificadas en versión escrita de la determinación de dieciséis de junio de dos mil veintidós. Del Titular del Poder Ejecutivo Federal y de los Integrantes del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos: d) La inconstitucionalidad del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con motivo de su primer acto de aplicación (auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós). DESECHAMIENTO Respecto a los actos reclamados a la Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. De la interpretación armónica de las citadas disposiciones legales, debe precisarse que el primero de los artículos refiere que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley; por su parte, el segundo dispositivo legal dispone, en su fracción relativa, que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Entendiendo que dicha irreparabilidad se define de la siguiente manera: i) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, en donde absolutamente no exista modo de proporcionar los medios de defensa para el impetrante del amparo. ii) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, en virtud a que son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Este criterio se plasmó en varias tesis, destacando entre ellas la jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos e n que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En el caso concreto, los actos resumidos en los incisos a) y c) se refieren a dos determinaciones a través de las cuales se negó a la ahora quejosa la expedición de copias certificadas de la versión escrita de lo resuelto en la audiencia de dieciséis de junio de dos mil veintidós, en razón que, conforme a lo dispuesto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta última determinación (que ordenó al Ministerio Público el desahogo de las prácticas necesarias para integrar la carpeta de investigación) no es de aquellas que deban constar por escrito. Asimismo, en lo tocante al diverso acto identificado con el inciso b), la promovente del amparo arguye que el disco que contiene el registro audiovisual de la audiencia de dieciséis de junio de dos mil veintidós, no se encuentra debidamente certificado por carecer de diversos elementos que le otorgarían esa calidad. Conforme a lo anterior, el suscrito no advierte que se cometa alguna violación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la amparista, ya que los actos reclamados precisados con antelación no implican la privación de la vida, la integridad personal, la libertad o la propiedad de la quejosa; sino que por el contrario, tales cuestiones, dada su naturaleza, afectan solamente derechos adjetivos o procesales. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, que reza: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." No se soslaya que contra los autos de diecisiete de junio y quince de julio de dos mil veintidós proceda el recurso de revocación regulado en el numeral 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que tal medio de impugnación no se hizo valer; lo anterior, en razón que aún ante esa circunstancia el motivo de improcedencia analizado se haría patente. Respecto al diverso acto atribuido al Titular del Poder Ejecutivo Federal y a los Integrantes del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en: d) la inconstitucionalidad del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con motivo de su primer acto de aplicación (auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós), igualmente se torna improcedente la demanda de amparo, por configurarse la causa prevista en el artículo 61, fracción Xll de la Ley de Amparo. Ello es así, dado que el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se combate con motivo de su aplicación en el auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós; sin embargo, como ya fue explicado, el juicio de amparo es improcedente en contra de tal actuación, pues como se explicó, dicha determinación ocasiona perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa, precisamente porque no afecta materialmente sus derechos sustantivos. En esas condiciones, aunque no se desconoce la existencia material del acuerdo en el cual fue aplicado el precepto combatido, el suscrito está impedido para analizar su inconstitucionalidad, pues no es posible desvincular el estudio del dispositivo legal aludido del acto concreto de aplicación, pues es éste el que materialmente causa perjuicio a la quejosa y no el precepto reclamado considerado en abstracto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 71/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 235 de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Lo anterior es así ya que la estrecha vinculación entre el dispositivo legal tildado de inconstitucional y su acto de aplicación (auto de dieciséis de junio de dos mil veintidós) impide analizar la constitucionalidad de la ley aludida, prescindiendo de la determinación en la que se aplicó, por lo que si no es procedente el juicio de amparo respecto del proveído de dieciséis de junio de dos mil veintidós, debe hacerse extensiva esta determinación por cuanto hace a la disposición legal que fue reclamada con carácter de heteroaplicativa, con motivo del acto de aplicación mencionado. Se invoca por analogía, la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 70, séptima parte, página 19, séptima época, de registro digital 245899, de rubro y contenido siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO EL SOBRESEIMIENTO CONTRA EL ACTO DE APLICACION, DETERMINA EL RELATIVO A LA LEY. Cuando no se impugna la ley por ser autoaplicativa, esto es, a raíz de su sola vigencia, sino por actos concretos de aplicación, y se sobresee el juicio respecto de éstos, el sobreseimiento debe comprender también la ley, porque desaparecidos los actos de ejecución, no tiene por que examinarse la constitucionalidad de ésta." Asimismo, robustece lo anterior por identidad de criterio, la Jurisprudencia VI.3o.A. J/29, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, diciembre de 2003, página 1163, novena época, registro digital 182726, de rubro: "AMPARO DIRECTO. CASO DE EXCEPCIÓN EN EL QUE PREVIAMENTE AL ESTUDIO DEL TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DEBE ANALIZARSE EL DE LEGALIDAD." Por ende, lo procedente es desechar de plano la demanda que se analiza, al actualizarse de manera indudable y notoria las causas de improcedencia aludidas. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de los municipios anteriores, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del numeral 26, fracción I, inciso k) de esa legislación. Se autoriza a las personas que refiere en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con relación a los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona, se tienen por señalados a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. Se autoriza el uso de medios electrónicos; tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintidós de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, la remita de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial en el que puede ser contactado el Secretario encargado del asunto, siendo este: 5553870500, extensión 1235, dentro de un horario de las siete horas con cuarenta y cinco minutos a las trece horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al trámite del presente asunto. También, se les informa que, previo a comparecer a recibir algún documento, valor o copias relacionadas con el presente asunto, deberán comunicarse con el personal del Juzgado vía telefónica al número y extensión indicado en párrafos anteriores, a fin de acordar un día y hora de entrega, atendiendo al horario fijado en el Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 16/2022, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19, con relación al periodo de vigencia, para laborar de manera presencial (7:45 a.m. a 15:00 p.m.) y, posteriormente, deberá realizar una cita en la AgendaOJ que refiere dicho acuerdo, el día indicado por personal adscrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado en su demanda.
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