Daphne Ivonne Larios Riego

Expediente 819/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
819/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
24/08/2022

Partes del expediente

  • Daphne Ivonne Larios Riego

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto por el cual se desechó la demanda; consecuentemente, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, por medio del cual desahoga la prevención formulada en auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, por tanto, se provee: De la lectura integral de la demanda, se aprecia que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: Del Agente del Ministerio Público investigador adscrito a la Primera Mesa de Trámite de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México: 1. La determinación de abstención de investigar de veintiséis de mayo de dos mil veintidós. De la Jueza de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México: 2. La resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dictada en la Carpeta Auxiliar 193/2022, formada por con motivo del recurso innominado contemplado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, interpuesto por la quejosa en contra de la determinación de abstención de investigación de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, por la cual ordenó a la representación social dejar sin efectos el acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, relativo a la abstención de investigar, y otorgó el plazo de treinta días hábiles a fin de que efectúe las diligencias necesarias para integrar debidamente la carpeta de investigación para que así pueda emitir una nueva determinación, en el sentido que considere pertinente, de manera fundada y motivada. Del Titular del Poder Ejecutivo Federal y de los Integrantes del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos: 3. La inconstitucionalidad del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con motivo de su primer acto de aplicación (resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós). De la Jueza de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México: 4. El auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, por el cual se le autoriza la expedición de copia certificada de la audiencia de dieciséis de junio de dos mil veintidós, únicamente en versión digital audiovisual, no así de la pieza escrita, dado que no se encuentra señalada en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 5. La omisión de certificar el disco que contiene el registro audiovisual de la audiencia de dieciséis de junio de dos mil veintidós. 6. El auto de quince de julio de dos mil veintidós, por el cual nuevamente se le niega a la parte quejosa la expedición de las copias certificadas en versión escrita de la sentencia definitiva de dieciséis de junio de dos mil veintidós. Del Titular del Poder Ejecutivo Federal y de los Integrantes del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos: 7. La inconstitucionalidad del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con motivo de su primer acto de aplicación (diecisiete de junio de dos mil veintidós). SEPARACIÓN DE AUTOS Ahora bien, en principio, cabe acotar que la Ley de Amparo no regula expresamente el incidente de separación de autos, sin embargo, para dilucidar su procedencia deberá interpretarse en sentido contrario el artículo 72, primer párrafo, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles Apoya lo anterior la tesis I.3o.C.72 K (10a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, visible a página 2356, del rubro siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. AUN CUANDO DICHA FIGURA JURÍDICA NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NO HAY IMPEDIMENTO PARA DECRETARLA CUANDO LOS JUICIOS NO GUARDAN RELACIÓN ENTRE SÍ." Ahora, como se anticipó, la demanda de amparo que da origen a la presente instancia revela que la parte quejosa, acude ante esta instancia federal a reclamar diferentes actos reclamados, sin embargo, éstos se encuentran desvinculados entre sí dada su naturaleza, por lo que no es posible dar trámite al juicio de manera conjunta. Bajo ese contexto, de conformidad con el artículo 72, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, se ordena la separación de juicios, disociando de este asunto los siguientes actos: De la Jueza de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México: 4. El auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, por el cual se le autoriza la expedición de copia certificada de la audiencia de dieciséis de junio de dos mil veintidós, únicamente en versión digital audiovisual, no así de la pieza escrita en la misma dado que no se encuentra señalada en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 5. La omisión de certificar el disco que contiene el registro audiovisual de la audiencia de dieciséis de junio de dos mil veintidós. 6. El auto de quince de julio de dos mil veintidós, por el cual nuevamente se le niega a la parte quejosa la expedición de las copias certificadas en versión escrita de la sentencia definitiva de dieciséis de junio de dos mil veintidós. Del Titular del Poder Ejecutivo Federal y de los Integrantes del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos: 7. La inconstitucionalidad del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con motivo de su primer acto de aplicación (diecisiete de junio de dos mil veintidós). Por tanto, remítase copias certificadas del presente juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Naucalpan de Juárez, Estado de México, para que, la registre como asunto nuevo y la turne a este Juzgado de Distrito. En la inteligencia que este órgano federal únicamente conocerá, en el presente juicio de amparo, respecto de los actos consistentes en: Del Agente del Ministerio Público investigador adscrito a la Primera Mesa de Trámite de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México: 1. La determinación de abstención de investigar de veintiséis de mayo de dos mil veintidós. De la Jueza de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México: 2. La resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dictada en la Carpeta Auxiliar 193/2022, formada por con motivo del recurso innominado contemplado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, interpuesto por la quejosa en contra de la determinación de abstención de investigación de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, por la cual ordenó a la representación social dejar sin efectos el acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, relativo a la abstención de investigar, y otorgó el plazo de treinta días hábiles a fin de que efectúe las diligencias necesarias para integrar debidamente la carpeta de investigación para que así pueda emitir una nueva determinación, en el sentido que considere pertinente, de manera fundada y motivada. Del Titular del Poder Ejecutivo Federal y de los Integrantes del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos: 3. La inconstitucionalidad del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con motivo de su primer acto de aplicación (resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós). Por tanto, se provee: PRIMER ACTO RECLAMADO. Por lo que hace al acto reclamado consistente en: Del Agente del Ministerio Público investigador adscrito a la Primera Mesa de Trámite de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México: 1. La determinación de abstención de investigar de veintiséis de mayo de dos mil veintidós. DESECHAMIENTO Es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano. En ese tenor, el suscrito advierte de manera oficiosa que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que fue sustituido procesalmente por diversa determinación. Dicho precepto legal prevé la figura de cesación de efectos, la cual se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad responsable la repara, o bien, porque virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal suerte que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de derechos fundamentales. Es precisamente en atención a ello que se genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera jurídica de la parte quejosa, a nada práctico conduciría analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso, es constitucional o no. Asimismo, es importante señalar que de dicha hipótesis normativa se desprenden dos supuestos de cesación de efectos, a saber: por revocación o por sustitución. El primer supuesto opera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Mientras que el segundo de los supuestos, se actualiza al sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el que se encontraba en suspenso, cuya firmeza se da por el ulterior acto que lo sustituye; por ejemplo, cuando: a) Se interpone un recurso o medio de defensa idóneo contra el acto reclamado: la determinación dictada en aquél sustituye procesalmente el auto o resolución controvertido en la vía ordinaria; o bien, b) Cuando se emite una resolución determinada y, al no impugnarse en los plazos legales a través del recurso idóneo procedente, se dicta el auto que la declara firme; en ese supuesto, éste sustituye a la determinación inicialmente adoptada, porque el efecto que genera es que la resolución primigenia adquiera firmeza; y será entonces tal determinación la que rija la situación jurídica del peticionario del amparo. Sirve de apoyo la Tesis I.3o.C.92 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, Tomo XXX, diciembre de 2009, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Bajo ese contexto, el suscrito aprecia que en el acto aquí reclamado se actualiza la cesación de efectos por sustitución, virtud que el acto que reclama la parte quejosa consiste en la determinación de abstención de investigar de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, por parte del Agente del Ministerio Público investigador adscrito a la Primera Mesa de Trámite de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el cual fue impugnado por la parte quejosa mediante recurso innominado, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que fue resuelto por la Jueza de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, mediante resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dictada en la Carpeta Auxiliar 193/2022, siendo así sustituido procesalmente el acto reclamado, por esa determinación. Por tanto, es la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, la que rige la situación jurídica de la quejosa, siendo precisamente esa circunstancia la que genera que el presente juicio resulte improcedente, pues sería infructuoso estudiar la constitucionalidad de un acto que ya no incide en su esfera jurídica, al haber sido materialmente sustituido por diversa determinación judicial. SEGUNDO ACTO RECLAMADO. Luego, respecto al acto reclamado a la Jueza de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México: 2. La resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dictada en la Carpeta Auxiliar 193/2022, formada por con motivo del recurso innominado contemplado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, interpuesto por la quejosa en contra de la determinación de abstención de investigación de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, por la cual ordenó a la representación social dejar sin efectos el acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, relativo a la abstención de investigar, y otorgó el plazo de treinta días hábiles a fin de que efectué las diligencias necesarias para integrar debidamente la carpeta de investigación para que así pueda emitir una nueva determinación, en el sentido que considere pertinente, de manera fundada y motivada. Se provee: DESECHAMIENTO Al respecto, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. De la interpretación armónica de las citadas disposiciones legales, debe precisarse que el primero de los artículos refiere que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley; por su parte, el segundo dispositivo legal dispone, en su fracción relativa, que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Entendiendo que dicha irreparabilidad se define de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, en donde absolutamente no exista modo de proporcionar los medios de defensa para el impetrante del amparo. b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, en virtud a que son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Este criterio se plasmó en varias tesis, destacando entre ellas la jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos e n que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En el caso concreto, se desprende que la quejosa se duele de la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dictada en la Carpeta Auxiliar 193/2022, formada por con motivo del recurso innominado contemplado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, interpuesto por la quejosa en contra de la determinación de abstención de investigación de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, por la cual ordenó a la representación social dejar sin efectos el acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, relativo a la abstención de investigar, y otorgó el plazo de treinta días hábiles a fin de que efectué las diligencias necesarias para integrar debidamente la carpeta de investigación, para que así pueda emitir una nueva determinación, en el sentido que considere pertinente, de manera fundada y motivada. Sentado lo anterior, se considera que la finalidad de la autoridad responsable, al emitir el acto reclamado, es dejar sin efectos el acuerdo por el cual el Agente del Ministerio Público investigador adscrito a la Primera Mesa de Trámite de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, determinó abstenerse de investigar, concediéndole un término de treinta días hábiles a fin de que efectúe las gestiones necesarias para integrar debidamente la carpeta de investigación y una vez que cuente con mayores elementos, dicte una nueva determinación debidamente fundada y motivada, de ahí que se estima que tal actuación no irroga perjuicio de imposible reparación, pues con tal determinación no se vislumbra de manera directa una afectación materialmente sustantiva, por el contrario tiene como finalidad que la autoridad investigadora despliegue sus facultades a efecto de determinar si los hechos denunciados por la ahora quejosa pueden ser constitutivos de un ilícito penal. De ahí que el suscrito no advierte que se cometa alguna violación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la amparista, ya que la determinación reclamada no implica la privación de la vida, la integridad personal, la libertad o la propiedad de la quejosa; sino que por el contrario, tales cuestiones, dada su naturaleza, se insiste, afectan solamente derechos adjetivos o procesales. Por lo que se reitera, la resolución reclamada no es de imposible reparación, ya que sus efectos sólo se traducen en posibles violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados, ya que la nueva determinación que se llegue a dictar, puede que resulte favorable a los intereses de la parte quejosa, y, en tal caso, la afectación de que se duele habrá desaparecido sin incidir en sus derechos sustantivos. Pues incluso, con la actuación de la responsable, se considera que pretende salvaguardar los derechos de acceso a la justicia de la parte quejosa, dado que precisamente tal actuación tenrá como consecuencia que la representación social deje sin efectos su determinación de abstenerse de investigar el ilícito denunciado, y efectúe las gestiones necesarias para integrar debidamente la carpeta de investigación para que pueda emitir una nueva determinación con mayores elementos. Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal de que se duele la parte quejosa, dada su naturaleza, no es en modo alguno irreparable, cuando es precisamente la irreparabilidad el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. TERCER ACTO RECLAMADO. Respecto del acto atribuido al Titular del Poder Ejecutivo Federal y a los Integrantes del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en: 3. La inconstitucionalidad del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con motivo de su primer acto de aplicación (resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós). Se provee: DESECHAMIENTO Al respecto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción Xll de la Ley de Amparo. Se estima lo anterior dado que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se combate con motivo de su aplicación en la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós; sin embargo, como ya fue explicado, el juicio de amparo es improcedente en contra de tal actuación, dado que no ocasiona perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa. En esas condiciones, aunque no se desconoce la existencia material del acuerdo en el cual fue aplicado el precepto combatido, el suscrito está impedido para analizar su inconstitucionalidad, pues no es posible desvincular el estudio del dispositivo legal aludido del acto concreto de aplicación, pues es éste el que materialmente causa perjuicio a la quejosa y no el precepto reclamado considerado en abstracto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 71/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 235 de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Lo anterior es así ya que la estrecha vinculación entre el dispositivo legal tildado de inconstitucional y su acto de aplicación (resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós) impide analizar la constitucionalidad de la ley aludida, prescindiendo de la determinación en la que se aplicó, por lo que si no es procedente el juicio de amparo respecto de la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, debe hacerse extensiva la determinación por cuanto hace a la disposición legal que fue reclamada con carácter de heteroaplicativa, con motivo del acto de aplicación mencionado. Se invoca por analogía, la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 70, séptima parte, página 19, séptima época, de registro digital 245899, de rubro y contenido siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO EL SOBRESEIMIENTO CONTRA EL ACTO DE APLICACION, DETERMINA EL RELATIVO A LA LEY. Cuando no se impugna la ley por ser autoaplicativa, esto es, a raíz de su sola vigencia, sino por actos concretos de aplicación, y se sobresee el juicio respecto de éstos, el sobreseimiento debe comprender también la ley, porque desaparecidos los actos de ejecución, no tiene por que examinarse la constitucionalidad de ésta." Asimismo, robustece lo anterior por identidad de criterio, la Jurisprudencia VI.3o.A. J/29, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, diciembre de 2003, página 1163, novena época, registro digital 182726, de rubro y contenido: "AMPARO DIRECTO. CASO DE EXCEPCIÓN EN EL QUE PREVIAMENTE AL ESTUDIO DEL TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DEBE ANALIZARSE EL DE LEGALIDAD. Conforme al criterio que sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la tesis 2a. CXIX/2002, que aparece publicada en la página trescientos noventa y cinco del Tomo XVI, octubre de dos mil dos, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DEL TEMA PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL DEBE REALIZARSE ANTES QUE EL DE LEGALIDAD.", si bien el análisis del tema de inconstitucionalidad de la ley es preferente al de legalidad, aun en amparo directo, ello no implica que dicho análisis pueda efectuarse desvinculando de manera total el estudio de la ley del acto de su aplicación, en tanto que no se impugna aquélla por sí misma, en abstracto, sino como consecuencia del segundo. En ese sentido, a pesar de que en el amparo uniinstancial se pueda plantear la inconstitucionalidad de normas generales aplicadas en perjuicio del quejoso en el acto o resolución de origen, su estudio y posterior pronunciamiento sólo es factible si el recurso o medio de defensa legal interpuesto en contra del acto de aplicación es procedente, porque de no ser así se actuaría de manera contraria a la técnica del juicio constitucional, que indica que cuando se reclama o impugna una ley como heteroaplicativa, si se sobresee contra el acto de aplicación debe también sobreseerse respecto de la ley, y si se declaran jurídicamente ineficaces los motivos de disenso hechos valer en contra de la resolución de sobreseimiento, deben declararse inoperantes los relativos al fondo del asunto y los del tema de inconstitucionalidad, según se esté en amparo directo o indirecto. Así las cosas, si en el juicio ordinario sobreviene una situación que propicia el sobreseimiento, los conceptos de violación encaminados a controvertirlo deben estudiarse de manera preferente, por estar precisamente referidos a la procedencia del medio de defensa instaurado en contra del acto de aplicación de la ley que se estima inconstitucional, dado que si tales argumentos se declaran jurídicamente ineficaces, por vía de consecuencia, deben declararse inoperantes los relativos al fondo del asunto y los del tema de constitucionalidad de la ley." Por ende, lo procedente es desechar de plano la demanda que se analiza, al actualizarse de manera indudable y notoria las causas de improcedencia aludidas, únicamente por lo que hace a los actos reclamados identificados en los dígitos "1", "2" y "3". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa Daphne Ivonne Larios Riego, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado por acuerdo de veintiséis de julio del año en curso. PREVENCIÓN Ahora bien, una vez que la quejosa ha desahogado todas las prevenciones formuladas por este órgano jurisdiccional y precisado los actos reclamados, se advierten nuevas cuestiones imprecisas que se estiman necesarias puntualizar a fin de establecer con claridad la litis de este asunto y no dejarla en estado e indefensión. Por ende, con arreglo en los numerales 108, fracción V y 114, fracción I de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa para que dentro del plazo de cinco días, legalmente computado, deberá: a) Precisar, bajo protesta de decir verdad, cuál es el acto de aplicación del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto del que reclama su inconstitucionalidad. b) Señalar si desea tener como acto reclamado la constitucionalidad del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o bien, precise si únicamente se duele del auto en el que con base a dicho precepto se le autorizó la expedición de la copia certificada solicitada únicamente en la versión digital. Lo anterior, dado que no se señala dicho precepto como acto reclamado destacado, pero del ocurso de demanda se aprecia que la quejosa hace manifestaciones encaminadas a combatirlo. c) En el entendido que de ser su deseo reclamar el citado numeral, deberá ajustar su ocurso respecto a dicho acto, a los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, además que deberá expresar, bajo protesta de decir verdad, cuál es el acto de aplicación de dicho numeral, y a qué autoridades les atribuye su expedición. d) Exhiba copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, con número de registro digital 216701, de contenido: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO, SALVO CASOS DE EXCEPCION. Una adecuada interpretación del artículo 146 de la Ley de Amparo, permite concluir que la facultad otorgada al juez de Distrito para prevenir al quejoso la satisfacción de alguna irregularidad, omisión o requisito del escrito de demanda, deberá agotarse en un solo auto y no paulatinamente en diversos proveídos, pues esta última hipótesis sólo se actualiza, cuando aparecen nuevos requisitos a satisfacer, con motivo de la aclaración o constancias exhibidas en el escrito mediante el cual se cumplió la primera prevención, mismos que no pudieron tenerse presentes en dicha ocasión. APERCIBIMIENTO Lo anterior conlleva el apercibimiento que de ser omisa, se tendrán únicamente como actos reclamados los señalados primigeniamente en su ocurso inicial. Notifíquese personalmente a la quejosa.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de Daphne Ivonne Larios Riego, por el cual pretende dar cumplimiento a la prevención que le fue formulada en proveído de doce de julio de este año; sin embargo, no la cumple a cabalidad como se explica enseguida. En la mencionada prevención se le requirió, entre otras cosas, para que precisara: "4) Bajo protesta de decir verdad, manifieste si ha promovido diverso juicio de amparo en contra de actos emitidos en la carpeta de origen y, de ser así, tendrá que referir el número de juicio y el Juzgado ante el cual se encuentra radicado." Sin embargo, en su escrito aclaratorio, en el punto número cuatro, manifiesta únicamente: "la suscrita no he promovido diverso Juicio de Amparo en contra de la Determinación de Abstención de investigar de fecha 26 de Mayo del año 2022", de ahí que no desahogo el requerimiento efectuado por este Juzgado, pues no se le solicitó que informara si había promovido diverso juicio constitucional en contra del acto aquí reclamado, sino en contra de cualquier otro acto proveniente de la carpeta de investigación NIC: CCF/SEC/00/MPI/008/00353/21/09 y número de NUC: ECA/CCF/SEC/034/25104/21/09. Bajo esa tesitura, queda subsistente el apercibimiento con que se conminó a la promovente y continúa transcurriendo el plazo concedido para el desahogo de la prevención formulada, término que fue interrumpido a causa de la presentación del escrito que se acuerda, por lo que al ser exhibido al cuarto día a partir de que surtió efectos la notificación practicada de manera personal, aún le resta un día para cumplir con el requerimiento efectuado, mismo que se contará a partir de que sea notificado de este acuerdo de manera personal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 39/2012 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 400, libro VIII, Mayo 2012, Tomo I, Décima Época, cuyo rubro dice: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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