David Antonio Ramos Bustamante

Expediente 1323/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1323/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
12/01/2022

Partes del expediente

  • David Antonio Ramos Bustamante

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Anotaciones Agréguese la demanda de amparo promovida por ****, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito con el número 1323/2021-III. Desechamiento El arti´culo 113 de la ley de la materia, establece que el juez de Distrito examinara´ la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara´ de plano. Al respecto, diversos tribunales de la federacio´n se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena conviccio´n que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultari´a factible formarse una conviccio´n diversa, con independencia de los elementos que de manera eventual pudieran allegar las partes. Sentado lo anterior, conviene acotar que la parte quejosa sen~ala como acto reclamado el auto de ejecucio´n de sentencia, dictado el veintitrés de noviembre del presente año en el juicio ordinario civil de prescripción adquisitiva (usucapión) 358/2007, del i´ndice del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia en Naucalpan, Estado de México, por el que se ordeno´ la entrega del bien inmueble ubicado ****. En la especie, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fraccio´n XXIII, del arti´culo 61 en relacio´n con la fraccio´n IV, del numeral 107, de la Ley de Amparo, e´ste u´ltimo interpretado en sentido contrario. Conforme a los preceptos invocados, el juicio de amparo procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o despue´s de concluido, en el entendido que si se trata de actos de ejecucio´n de sentencia so´lo podra´ promoverse el amparo contra la u´ltima resolucio´n dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o juri´dica para hacerlo, asi´ como las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las dema´s violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiesen dejado sin defensa a la parte quejosa. En el caso, el auto de ejecucio´n que se combate, en el que se ordeno´ la entrega del bien inmueble que por esta vi´a defiende, para que el quejoso de´ cumplimiento a la sentencia dictada en el procedimiento natural, no constituye una resolucio´n que ponga fin a la etapa de ejecucio´n, puesto que no se aprueba de manera expresa o ta´cita su cumplimiento total, no declara la imposibilidad material o juri´dica para darle cumplimiento, no existe la ejecucio´n directa sobre un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada, ni el acto reclamado consistente en una resolucio´n que desestime excepciones sustanciales o perentorias, asi´ como las defensas u otros actos dirigidos a dilatar o interrumpir la ejecucio´n, por lo cual no se adecu´a a la hipo´tesis de procedencia prevista por el arti´culo 107, fraccio´n IV, segundo pa´rrafo de la Ley de Amparo. Por el contrario, se trata de actos intermedios dictados en dicho procedimiento de ejecucio´n, en el que se ordena ejecutar una orden de desocupación, por lo que es inconcuso que tal acto esta´ orientado a obtener el cumplimiento del fallo definitivo dictado en el juicio de origen. Adema´s, debe sen~alarse que el impetrante es parte actora en el principal (en el que se absolvió a los codemandados), pero demandado reconvencionista (condenado) en el procedimiento del que derivan los actos reclamados; de ahi´ que para la procedencia de la vi´a constitucional, los actos reclamados tendri´an que ubicarse dentro de alguno de los supuestos que para tal efecto sen~ala la ley; ello obedece al intere´s de la sociedad en que se ejecute un fallo que es cosa juzgada, por lo que las actuaciones intermedias de cualquier procedimiento de ejecucio´n deben ser impugnadas hasta que se dicte la u´ltima resolucio´n de dicho procedimiento; en el entendido de que el promovente no se ostenta como tercero extran~o a la controversia de origen, ni sen~ala como acto reclamado el emplazamiento en dicho juicio, por el contrario refiere que fue demandado y no obtuvo una sentencia favorable. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia VI.2o.C. J/253, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de la Novena E´poca, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, pa´gina 1331, Materia Civil, publicada en el Semanario Judicial de la Federacio´n y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIO´N DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA U´LTIMA RESOLUCIO´N DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n ha definido que por la expresio´n "u´ltima resolucio´n" en actos de ejecucio´n de sentencia a que alude el arti´culo 114, fraccio´n III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garanti´as en la vi´a indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o ta´cita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o juri´dica para darle cumplimiento, mediante la aplicacio´n analo´gica del arti´culo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecucio´n de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinacio´n judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o ta´cita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o juri´dica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavi´a se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciacio´n material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realizacio´n de diversos actos tendientes a la satisfaccio´n de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la u´ltima resolucio´n dictada en el procedimiento de ejecucio´n del fallo definitivo." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el arti´culo 61, fraccio´n XXIII, en concordancia con la fraccio´n IV, del numeral 107; motivo por el cual y con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada Ley, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se analiza. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.), registro 2022499, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 293, Décima Época, Materias(s): Civil, Común, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." Domicilio y Autorizados Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado en la demanda para oír y recibir notificaciones, no se encuentra dentro de la residencia de este juzgado (Naucalpan de Juárez), o en su defecto dentro de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), se previene a la parte quejosa para que dentro del término de tres días legalmente computados, proporcione diverso domicilio bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin previo acuerdo, se tendrán las listas que se fijan en los estrados de este juzgado de distrito, aun para las notificaciones de tipo personal, de conformidad con los artículos 26 y 27, fracción II, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, por autorizados a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Transparencia Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. Expediente electrónico Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Exhortación a tramitar asuntos "en línea" En términos del artículo 2 del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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