Daphne Ivonne Larios Riego

Expediente 344/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 35 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
344/2021
Año
2021
Actuaciones
35
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Daphne Ivonne Larios Riego

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y tomando en consideración el ocurso de la parte quejosa, presentado en la oficialía de partes de este Juzgado el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se procede a calificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por sentencia dictada el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, este Juzgado determinó sobreseer y amparar a la parte quejosa, e inconforme con esa determinación, ésta interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien confirmó dicho fallo y concedió el amparo para el efecto de que la Directora del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, asociación civil, realizara lo siguiente: "Atienda en su totalidad el escrito de la quejosa de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el que señale las razones y fundamentos de su competencia, su cargo, firma, así como los motivos por los cuales procedía o no su solicitud, si derivado de ello debía pagar algún derecho, cuál era su monto, así como, de ser procedente, precisar los pasos a seguir para que se le entregara la documentación solicitada. Una vez hecho lo anterior, notifique personalmente su determinación a la quejosa". Luego, por oficios recibidos el trece y catorce de octubre, ambos de dos mil veintidós, el Rector de la Institución Educativa Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, asociación civil, realizó lo siguiente: Emitió un escrito de siete de octubre de dos mil veintidós, en el que contiene la respuesta al escrito de la quejosa de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la que señaló las razones y fundamentos de su competencia, su cargo, su firma, así como los motivos por cuales procedía su solicitud, así como el costo de trámite referente a la expedición de certificado parcial de estudios y los pasos a seguir para la entrega de la documentación que solicitó; asimismo, le notificó el mismo, vía correo electrónico y por mensaje de whats app; así como aparentemente por correo a través del Servicio Postal Mexicano. Con lo anterior, se estima que el fallo protector fue cumplido en su totalidad, restituyendo a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, conforme a los lineamientos que le fueron fijados en la ejecutoria. No se soslaya que no se notificó personalmente a la parte quejosa la respuesta dada por la autoridad; sin embargo, con independencia de los medios por los que la responsable la hizo de su conocimiento, el fedatario adscrito a este órgano jurisdiccional se la notificó de manera personal el día diecinueve octubre del año en curso, por lo que resulta innecesario ordenar de nueva cuenta que se le haga saber su contenido, ya que la finalidad de que conociera la respuesta se efectuó, pues incluso la peticionaria de amparo realizó diversas manifestaciones en cuanto al acatamiento de la sentencia. Asimismo, no causa perjuicio alguno a la parte quejosa que el Rector de la Institución Educativa Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, asociación civil, haya sido la autoridad que dio respuesta a su solicitud, pues si bien en la sentencia se ordenó a la Directora del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, asociación civil, que lo hiciera, lo cierto es que dicho rector fundó su competencia para hacerlo como rector de la universidad educativa a la que se dirigió la petición, debido a que los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios se sujetará a lo dispuesto en los preceptos 145 a 1501 de la Ley General de Educación, en 1 Artículo 145. La Secretaría, por acuerdo de su titular, podrá establecer procedimientos por medio de los cuales se expidan constancias, certificados, diplomas o títulos a quienes acrediten los conocimientos parciales respectivos a determinado grado escolar de educación básica o terminales que correspondan a cierto nivel educativo, adquiridos en forma autodidacta, de la experiencia laboral o a través de otros procesos educativos. Los acuerdos secretariales respectivos señalarán los requisitos específicos que deban cumplirse para la acreditación de los conocimientos adquiridos. Título Décimo Primero De la educación impartida por particulares Capítulo I Disposiciones generales Artículo 146. Los particulares podrán impartir educación considerada como servicio público en términos de esta Ley, en todos sus tipos y modalidades, con la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios que otorgue el Estado, en los términos dispuestos por el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. Por lo que concierne a la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado, tratándose de estudios distintos de los antes mencionados podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios. La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan y programas de estudio; por lo que hace a educación básica y media superior, surtirá efectos a partir de su otorgamiento por parte de la autoridad correspondiente. Para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento respectivos. En el tipo de educación superior, se estará a lo dispuesto en la Ley General de Educación Superior. La autorización y el reconocimiento incorporan a las instituciones que los obtengan, respecto de los estudios a que la propia autorización o dicho reconocimiento se refieren, al Sistema Educativo Nacional. relación con el numeral 3, fracción VI2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 69 fracción III del Reglamento general de la citada universidad, que establece el derecho de los alumnos de recibir las constancias de estudios. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 129/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los En ningún caso, con motivo del cobro de colegiaturas o cualquier otra contraprestación, derivada de la educación que se imparta en términos de este artículo, se realizarán acciones que atenten contra la dignidad y los derechos de los educandos, de manera especial de las niñas y niños, incluyendo la retención de documentos personales y académicos. La adquisición de uniformes y materiales educativos, así como de actividades extraescolares, no podrá condicionar la prestación del servicio público referido en esta Ley. Artículo 147. Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten: I. Con personal docente que acredite la preparación adecuada para impartir educación; II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, de protección civil, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad otorgante determine, en coadyuvancia con las autoridades competentes, conforme a los términos previstos en las disposiciones aplicables, y III. Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás para la formación de maestros de educación básica. Artículo 148. Las autoridades educativas publicarán, en el órgano informativo oficial correspondiente y en sus portales electrónicos, una relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, así como de aquellas a las que hayan autorizado para revalidar o equiparar estudios. Asimismo, publicarán, oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las que se les otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos, así como aquellas que sean clausuradas. De igual manera indicarán en dicha publicación, los resultados una vez que apliquen las evaluaciones que, dentro del ámbito de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones aplicables, les correspondan. Las autoridades educativas deberán entregar a las escuelas particulares un reporte de los resultados que hayan obtenido sus docentes y alumnos en las evaluaciones correspondientes. Los particulares que impartan estudios con autorización o con reconocimiento deberán mencionar en la documentación que expidan y en la publicidad que hagan, una Leyenda que indique su calidad de incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo, modalidad en que se imparte, domicilio para el cual se otorgó, así como la autoridad que lo emitió. Artículo 149. Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán: I. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la presente Ley y demás disposiciones aplicables; II. Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas competentes hayan determinado o considerado procedentes y mantenerlos actualizados; III. Otorgar becas que cubran la impartición del servicio educativo, las cuales no podrán ser inferiores al cinco por ciento del total de alumnos inscritos en cada plan y programa de estudios con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, las cuales distribuirá por nivel educativo y su otorgamiento o renovación no podrá condicionarse a la aceptación de ningún crédito, gravamen, servicio o actividad extracurricular a cargo del becario. El otorgamiento de un porcentaje mayor de becas al señalado en la presente fracción será decisión voluntaria de cada particular. Las becas podrán consistir en la exención del pago total o parcial de las cuotas de inscripción o de colegiaturas que haya establecido el particular. Corresponde a la Secretaría la asignación de las becas a las que se refiere esta fracción, con la finalidad de contribuir al logro de la equidad educativa; para tal efecto emitirá los lineamientos mediante los cuales se realizará dicha asignación en comités en los que participarán representantes de las instituciones de particulares que impartan educación en los términos de la presente Ley; IV. Cumplir los requisitos previstos en el artículo 147 de esta Ley; V. Cumplir y colaborar en las actividades de evaluación y vigilancia que las autoridades competentes realicen u ordenen; VI. Proporcionar la información que sea requerida por las autoridades; VII. Entregar a la autoridad educativa la documentación e información necesaria que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos para seguir impartiendo educación, conforme a los lineamientos emitidos para tal efecto; VIII. Solicitar el refrendo del reconocimiento de validez oficial de estudios al término de la vigencia que se establezca, en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables, y IX. Dar aviso a la autoridad educativa competente el cambio de domicilio donde presten el servicio público de educación o cuando dejen de prestarlo conforme a la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios respectiva, para que conforme al procedimiento que se determine en las disposiciones aplicables, se dé inicio al procedimiento de retiro o revocación. Artículo 150. Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad". 2 "Art. 3o.- Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares.(.)" motivos que informa, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, página 279, de rubro y texto: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE TENERSE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, CUANDO SE DEMUESTRE QUE UN INFERIOR JERÁRQUICO DE LA RESPONSABLE, CUYAS FUNCIONES SE VINCULAN CON LO SOLICITADO, DIO CONTESTACIÓN POR ESCRITO. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe tenerse por cumplida la ejecutoria relativa si se demuestra que ya se dio contestación por escrito a la solicitud del quejoso aunque provenga de una autoridad diversa de la responsable, siempre que se trate de un inferior jerárquico cuyas funciones se vinculen con la petición". Siendo que por los motivos aducidos en párrafos que preceden, no asiste la razón a la quejosa, en el sentido de que no está cumplida la sentencia, porque la respuesta no la formuló la Directora de la Institución Educativa, los fundamentos de la competencia que ostentó el rector; y, por la forma en la que se le notificó la misma. Máxime que la autoridad responsable (rector), rindió su informe justificado como tal y su personalidad no se desconoció en la sentencia dictada en este asunto, ni en la ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que conoció del recurso de revisión. Y si bien la autoridad no exhibió el reglamento que citó en su competencia, lo cierto es que el mismo fue mencionado en el sentido de que se le puede expedir la constancia solicitada a la quejosa lo que no le causa perjuicio. Asimismo, en cuanto a las diversas manifestaciones de la quejosa de que no se tenga por cumplida la sentencia, pues es ilegal la cantidad fijada como pago del trámite administrativo referente a la expedición de certificado parcial de estudios; y que no está fundado y motivado legalmente, debe señalarse que tales consideraciones no fueron materia del efecto de la ejecutoria de amparo, pues si bien se concedió para que se hiciera de manera fundada y motivada, no se dio un lineamiento específico para que se cumpliera con tal cuestión, por lo que no es posible analizar los motivos de disenso en la presente determinación. Por lo que respecta a la vista que solicita se otorgue al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Pública y al Agente del Ministerio Público de la Federación; dígase que tiene expedito su derecho de acudir a las instancias correspondientes a fin de hacer valer las denuncias que refiere. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin que se advierta exceso o defecto. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de depuración en el plazo de tres años, ya que se concedió el amparo, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) de esa normatividad. Asimismo, es destruible el original del incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General y lo establecido en el Capítulo 7, Apartado 7.5 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, pues se negó la medida cautelar definitiva, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa; mientras que es destruible el duplicado del incidente una vez que transcurran seis meses, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) de esa misma normatividad. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa y en atención a su contenido, dígase que las manifestaciones que realiza respecto al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, serán tomadas en consideración al momento de calificar el cumplimiento al fallo protector. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Rector de la Institución Educativa Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, Asociación Civil, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia. Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Rector de la Institución Educativa Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, Asociación Civil y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se le concede, por única ocasión, una prórroga de diez días, contado a partir de su notificación, para dar cumplimiento a lo ordenado en auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese.

Quedan 31 actuaciones en este expediente

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