Daniel Salinas Granados

Expediente 177/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
177/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
03/04/2019

Partes del expediente

  • Daniel Salinas Granados

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la ley Amparo se tiene por admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza, la documental que el Director del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", con residencia en Zurumbeneo, Municipio de Charo, Michoacán, anexó a su oficio de cuenta, consistente en copia del oficio 1049/2019 de diecisiete de febrero pasado, emitido por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Morelia. Hágase nueva relación de lo anterior, en la audiencia constitucional respectiva. Ahora bien, de las constancias que anexó el director de referencia se advierte: Que el diecisiete de febrero del año en curso, se calificó de legal la detención y retención del quejoso directo; Que en esa misma data se vinculó a proceso a Daniel Salinas Granados, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de robo calificado grave, previsto y sancionado por los artículos 199, 200, fracción I, 204, fracción V, vinculados con el numeral 19, 20 fracción I y 24, fracción III del Código Penal del Estado, en agravio de José Cruz López de Jesús; y, Que se impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual deberá cumplir en el Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez". Ahora, por ser preferente su estudio este Juzgado de Distrito examina de oficio la procedencia del juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al respecto, el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo instituye que el juicio de amparo será improcedente cuando por virtud de cambio de situación jurídica se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en la nueva situación jurídica. La citada causa de improcedencia se actualiza cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio. b) Que se haya pronunciado una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto reclamado en el amparo. c) Que no se pueda decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que se deban considerar consumadas de manera irreparable las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que exista autonomía o independencia entre el acto reclamado en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que ésta pueda subsistir, con independencia de que el acto reclamado resulte o no inconstitucional. En tal virtud, la regla general consiste en que cuando el acto emana de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de conceder el amparo se afectara ésta y, por ello, se deben reputar consumadas de forma irreparable las violaciones alegadas, por no poder afectar el nuevo estatus jurídico. Dicha causa de improcedencia se actualiza en los procedimientos que sean formal o materialmente juicios, porque su existencia se basa en la creación de una etapa o estado procesal diferente, característica fundamental de un proceso que se desarrolla en diversas etapas sucesivas. En ese sentido se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 51, publicada en la página 39 del Tomo VI, Materia Común, Sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En la especie, dentro del presente juicio de amparo se reclama la orden de detención fuera de todo procedimiento judicial y la incomunicación de la que era objeto el quejoso directo; sin embargo, del oficio suscrito por el Director del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", con residencia en Zurumbeneo, Municipio de Charo, Michoacán, se advierte que el diecisiete de febrero del año en curso, se vinculó a proceso al quejoso directo Daniel Salinas Granados, por su probable intervención en el delito de robo calificado en agravio de José Cruz López de Jesús, motivo por el cual se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficios. Por tanto, es claro que la prisión preventiva que se le impuso al quejoso como medida cautelar originó una situación jurídica diversa a aquélla en que se encontraba al momento de la presentación de la demanda, habida cuenta que no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, pues ello implicaría desconocer la situación jurídica que surgió en virtud de la medida cautelar impuesta al quejoso; por tanto, las violaciones que se pudieron cometer en el acto reclamado se deben considerar consumadas de manera irreparable. Lo anterior, es así porque la situación jurídica del quejoso ya no deriva de la orden de detención girada en su contra y la incomunicación de la que fue objeto, sino de la prisión preventiva que se le impuso como medida cautelar, lo que generó diverso estatus jurídico, aunado a que dicho auto guarda autonomía con el acto reclamado, ya que puede subsistir, con independencia de que el acto reclamado resultara o no inconstitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia penal 109H, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apéndice de 2011, Quinta Época, con número de registro 100427, cuyo rubro y texto son los siguientes: "LIBERTAD PERSONAL, RESTRICCIÓN DE LA (CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA) [TESIS HISTÓRICA]. La libertad personal puede restringirse por cuatro motivos: la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos de que se ha hablado, se llama situación jurídica; de modo que cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, y por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado, y es improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior." En consecuencia, dado que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables. El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario fijar fecha para tal efecto, pues es claro que ante el cambio de situación jurídica los actos reclamados cesaron en sus efectos; por tanto, estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior, sin que resulte necesario dar vista a la parte quejosa, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, toda vez que de acuerdo con el artículo 217 del mismo ordenamiento, el Juez de Distrito no se encuentra obligado a hacerlo con las causas de improcedencia advertidas de oficio. Sustenta lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia VI. 1. T.J/I, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2007628, Materia común, pagina 2421, octubre 2014 de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO." En consecuencia se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica al quejoso por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de tres de abril de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, específicamente del informe justificado rendido por el Director de Amparos de la Procuraduría General de Justicia, con residencia en esta ciudad, en ausencia del Fiscal Regional, se advierte que el quejoso directo se encuentra en el Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez", siendo que el mismo se encuentra a disposición del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en turno, región Morelia. En ese sentido, a efecto de tener mayores datos para resolver el presente juicio de amparo y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles, requiérase al Director del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco", con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la notificación que se realice del presente informe la situación jurídica del quejoso directo Daniel Salinas Granados, para lo cual deberá remitir copia certificada, íntegra y perfectamente legible de las constancias que avalen su dicho. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no realizarlo se le impondrá una multa por la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), con fundamento en el artículo 237 fracción I de la Ley de Amparo; o bien, informe el impedimento legal o material que tenga para ello. Por tanto, para dar oportunidad a que la autoridad de referencia cumpla con dicho requerimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan para su verificativo las diez horas con cincuenta minutos del siete de mayo de dos mil diecinueve. Por otro lado, téngase por recibida la pieza postal que devuelve el Servicio Postal Mexicano que contiene el oficio 3977 de diecinueve de febrero pasado, dirigido al Comandante de la Policía Ministerial del Estado Destacado en Pátzcuaro, Michoacán, del que se advierte la leyenda "Rehusado no hay la autoridad que cita." En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento que proveyó respecto de la suspensión de plano y con fundamento en los artículos 5°, fracción II y 108 fracción III de la Ley de Amparo, interpretados en sentido contrario, se tiene por no señalada como responsable a la referida autoridad, dada su inexistencia, por lo que se ordena suspender toda comunicación con la misma y en la audiencia constitucional que se celebre no se hará referencia a ésta. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de marzo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Director de Seguridad Pública Municipal de Pátzcuaro, Michoacán. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional correspondiente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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