Daniel Rubio Ruiz

Expediente 373/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
373/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
28/06/2018

Partes del expediente

  • Daniel Rubio Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juico, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional solicitada. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente de suspensión a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cincuenta minutos del once de junio de dos mil dieciocho, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 373/2018, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que no se ofreció medio de convicción alguno. Al respecto, el juez acuerda: Dado que no hay medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Se declara precluido el derecho de las partes para formularlos. Al no existir pruebas pendientes por admitir y desahogar se da por concluida la presente audiencia constitucional, con lo cual quedan vistos los autos para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Daniel Rubio Ruiz, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades responsables: 1. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal; 2. Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal; 3. Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal; y, 4. Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal. Todos con residencia en Charo, Michoacán. 5. Subdelegado de Procedimientos Penales "C", en suplencia del Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de Michoacán; 6. Director Regional de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia; y, 7. Jefe de Agentes de la Fiscalía Regional de Morelia. Autoridades con residencia en esta ciudad. Segundo. Admisión de la demanda. Por acuerdo de treinta de abril de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde; y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues el acto reclamado se pretende ejecutar donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a señalar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, en la especie los actos reclamados consisten en: La orden privativa de la libertad girada en contra del aquí quejoso, así como su ejecución. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables al momento de rendir sus informes justificados manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, pues la emisión de la orden privativa de libertad, así como su ejecución, es un acto positivo en tanto que implica una actividad desplegada por la citada autoridad responsable, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que la hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. Por las razones expresadas en el considerando tercero de la presente resolución se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Daniel Rubio Ruiz, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el cuerpo de la presente sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, téngase a la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, informando que le remitió al Juez Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el oficio enviado por este juzgado, toda vez que lo datos que obraban en el mismo correspondían a dicho órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de mayo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se ordena glosar las piezas postales devueltas por la Oficina de Correos de México, que contienen los oficios 8623, 8624, 8625 y 8626 dirigidos a los agentes del Ministerio Público Investigador Titulares de la Agencia Décima Mesas I, II, III y IV, todos con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con la siguiente leyenda asentada al reverso "No existe esta agencia en LZC" (sic). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto admisorio de demanda y con fundamento en los artículos 5°, fracción II y 108 fracción III de la Ley de Amparo, interpretados en sentido contrario, se tienen por inexistentes a las referidas autoridades, por lo que se ordena suspender toda comunicación con las mismas. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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