Daniel Ulloa Accebo
Expediente 889/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 889/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Daniel Ulloa Accebo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la suspensión solicitada. Por lo que refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Por otra parte, devuélvase las documentales que allegaron al presente juicio el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Morelia, consistente en un disco compacto y a la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, dos tomos de pruebas y dos discos compactos, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 889/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que anexó a su informe el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, así como las que remitió la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, a petición de este juzgado. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con los formulados por la agente del Ministerio Público de la Federación y hace constar que las demás partes no los formularon. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la agente del Ministerio Público de la Federación y se declara precluido el derecho de las demás partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Salvador Patiño García, en su carácter de defensor particular de Daniel Ulloa Accebo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió al Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Morelia, Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que en auto de trece de agosto de dos mil diecinueve, la registró bajo el número 501/2019 de su índice y en el propio auto, ordenó enviar los autos del juicio, así como los tomos de prueba derivados del mismo a este Juzgado de Distrito, por conocimiento previo del juicio de amparo 754/2018, toda vez que el acto reclamado deriva del mismo expediente de origen. Atento lo anterior, en proveído de veintiuno de agosto siguiente, este órgano jurisdiccional aceptó el returno planteado, por lo que registró el expediente bajo el número 889/2019 [fojas 71 a 73]; y otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Asimismo, se estimó innecesario solicitar a la autoridad responsable su informe justificado, dado que el mismo ya obra en autos; de igual manera, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, incisos c) y e), de la Ley de Amparo, se reconoció el carácter de terceros interesados a Vicente Aguilar Calderón, Agente del Ministerio Público quien participó en la audiencia intermedia en el proceso penal de origen; así como a las víctimas de iniciales H.J.M. y J.C.J.H., respecto de quienes fungieron como asesores jurídicos los licenciados Javier Alejandro Peña Venegas y Julio César Mendoza Arévalo, adscritos a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, por lo que se convalidó su emplazamiento a juicio realizado por el Juez Tercero de Distrito. Finalmente, seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, dado que el acto reclamado fue dictado por autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la parte quejosa es: La admisión de diversas pruebas de la Fiscalía en audiencia intermedia celebrada el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 355/2018, que se instruye contra Daniel Ulloa Accebo y otros, por el delito de secuestro en agravio de la víctima de iniciales O.J.M. Dichos medios de prueba son los siguientes: Prueba marcada con el número 2, consistente en el Dictamen pericial a cargo del perito Cuauhtémoc Gómez Suárez, respecto de la toma de voz a la persona de nombre Daniel Ulloa Accebo, contenido en un disco compacto CD-R, de data veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Prueba marcada con el número 5, consistente en el Dictamen pericial a cargo del perito Severino Limas Avilés, en relación con la descripción de una bolsa color azul que en su interior contiene un paquete de billetes de la denominación de cincuenta pesos, marcado como indicio 1; una mochila tipo mariconera y un paquete de billetes. Prueba marcada con el número 8, consistente en el Dictamen pericial a cargo del perito criminalista Agustín Cereso Leyva, en cuanto al retrato hablado de fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, con respecto al sujeto que tiene defecto físico "tuerto por lesión". Prueba material marcada con los números 1, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 18, 19, 20, 21 y 24, consistentes en un teléfono, una mochila, diversos teléfonos celulares, una bolsa de plástico, un arma de fuego, unas gafas y un Dvd, que el fiscal indicó se incorporarían a juicio previas bases que se sienten a través de su exhibición a testigos, peritos o policías que los reconozcan. Prueba documental marcada con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 14, consistentes en diversos oficios, memorias USB y discos compactos. Acto que atribuye al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento de la Región Morelia, Michoacán, aceptó la existencia del acto reclamado [fojas 29 y 30]. Lo que se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe justificado, consistentes en un disco compacto que contiene la carpeta digitalizada de la causa penal 355/2018, en donde obra la resolución reclamada y la audiencia de vinculación a proceso donde fue fijado el plazo de cierre de investigación. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, y que permiten tener por acreditados los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben analizarse de oficio, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La agente del Ministerio Público de la Federación, en su pedimento 286/2019 [fojas 44 a 48] manifiesta que respecto de los actos que aquí se estudian, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados por el quejoso no son de aquellos que afecten derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal o en Tratados Internacionales. Es fundada la causal invocada. Para evidenciar dicho aserto, es necesario tener presente el contenido de los numerales invocados, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Así, el juicio de amparo indirecto no puede promoverse contra cualquier resolución o actuación que se dicte en un procedimiento, sino sólo contra aquéllas cuyos efectos causen un gravamen irreparable al peticionario del amparo, definido éste por la propia ley, como aquél que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que México sea parte. Esta concepción de "actos de imposible reparación", resulta contundente y limitativa, a diferencia de aquélla concebida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, pues en esa norma reglamentaria, el legislador no había definido qué debía entenderse por ese tipo de actos: "Artículo 114. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: [.] IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; [.]". Con la interpretación dada por la Suprema Corte a la norma recién transcrita, se produjeron criterios como los que a continuación se citan: Época: Novena Época Registro: 180415 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Octubre de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. LVII/2004 Página: 9 "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Época: Novena Época Registro: 190368 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Enero de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 4/2001 Página: 11 "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.", para establecer que si bien es cierto, en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo, también lo es que dicho criterio no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Ahora bien, debe precisarse que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo." Es decir, ante el limitado contenido de la fracción IV del artículo 114, de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que debían entenderse por "actos de imposible reparación" aquéllos que afectaran materialmente derechos sustantivos, y además, de manera excepcional, aquéllos actos que afectaran a las partes en grado predominante o superior, afectación que debía determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que estuviera en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo; circunstancias que se estimaron actualizadas por ejemplo, respecto al reclamo del desechamiento de la excepción de falta de personalidad. Sin embargo, como se estableció en los párrafos que anteceden, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, a diferencia de la anterior legislación, ya es clara y precisa al definir qué deben entenderse por "actos de imposible reparación", y limita éstos a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que México sea parte. Por su parte, en cuanto a la irreparabilidad que produce la admisión de pruebas en la etapa intermedia del juicio oral, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 907/2016 en sesión de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, determinó que ello no generan una afectación irreparable, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva procesal y que por lo mismo no puede ser analizado en el amparo indirecto: Lo anterior pues señaló que los medios de prueba admitidos y que se estimaran ilegales e impertinentes, aún no repercutían negativamente en su esfera jurídica, pues su valoración, una vez desahogadas, se encontraba supeditada a la apreciación que sobre la mismas realizara el juez oral en audiencia de juicio, quien en uso de su arbitrio judicial podía determinar su eficacia probatoria, una vez que las partes hubiesen formulado los interrogatorios y contra interrogatorios respectivos, tendentes a demostrar su teoría del caso. De igual forma señaló, que en modo alguno podría estimarse que se "contaminaría" el criterio del juez oral, con el desahogo de medios de prueba que se calificaran como ilícitas, en principio porque lo que la legislación local del Estado de México prohibía, por constituir contaminación del criterio del juez o tribunal oral, es que el juzgador hubiere conocido de una de las etapas previas a la de juicio, circunstancia que de manera evidente afectaría su imparcialidad, por ello exigía que quien habría de conocer de la etapa de juicio oral debía ser alguien que no hubiese conocido y resuelto alguna de las etapas previas del caso, a fin de que su decisión se apoyara solamente en lo que se aportara a la audiencia de juicio oral por los órganos de prueba ofrecidos por las partes en apoyo a su teoría del caso. Lo que consideró encontraba sustento en que, de conformidad con el ordinal 173, fracción III, de la Ley de Amparo (anterior a la reforma publicada el dieciséis de junio del dos mil dieciséis), se consideraba una violación a las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando interviniere en el juicio un juez que hubiese conocido previamente del asunto. De igual forma nuestro más Alto Tribunal señaló que no se debía confundir el término contaminación del criterio del juez o tribunal oral, con su legal facultad de selección de la información que recibiera durante la celebración de la audiencia de juicio y su ejercicio de valoración de las pruebas desahogadas ante él, pues esta última siempre estaría presente al momento de resolver con imparcialidad y conforme a lo ocurrido en la audiencia, facultad que indudablemente le permitiría conocer si alguna de las pruebas desahogadas en esa etapa tenían un origen ilícito, puesto que así se lo harían ver las partes durante el debate respectivo y a través de la demostración de su correspondiente teoría del caso. Que además, la admisión de los medios de prueba que el quejoso considerara ilícitos, no implicaba la violación en su perjuicio del derecho a no ser juzgado con pruebas ilícitas, puesto que no era en la etapa intermedia donde se llevaba a cabo la labor de enjuiciamiento, sino que esa actividad era propia de la etapa de juicio oral, en la que como puntualizó y conforme a lo que dispuesto en el artículo 21 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México abrogado, el juez que la presidía tendría siempre intocada su facultad de no otorgar valor probatorio a pruebas que, derivado de lo acontecido durante su desahogo, advirtiera que tenían un origen ilícito por haberse obtenido a través de la violación de derechos fundamentales de las partes. También estimó oportuno señalar, que de considerar declarar procedente el amparo indirecto contra actos que no causaban una afectación irreparable, conllevaba una afectación a los principios rectores del juicio oral. Esto pues de la exposición de motivos que dio génesis a la reforma constitucional penal publicada en el Diario Oficial de la Federación, el ocho de junio de dos mil ocho, se desprendía que la pretensión del creador de la norma fue, entre otras, que con la implementación de los llamados "juicios orales", se tendrían las siguientes bondades: se trata de un sistema en el que se vela por la salvaguarda de las garantías y derechos de las víctimas, del ofendido y del imputado; la nota distintiva se halla en la tutela máxima del principio de presunción de inocencia; aunado a ello, el nuevo sistema penal se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; todo ello, bajo la oralidad y acusatoriedad. Esta última debía comprenderse como la trilogía procesal en la que el representante social formula la acusación; el imputado se encontraba en posibilidades de defenderse y el juzgador determinaría la solución al conflicto sometido a su potestad. Que por su parte, la oralidad abonaría a fomentar la transparencia en los procesos de naturaleza penal; a más, garantizará una relación directa entre el Juez y las partes procesales, lo que evidentemente, se obtenía de la exposición de motivos en comento, propiciaría procedimientos penales más ágiles y sencillos. Con lo cual, se buscaría resolver las controversias en un menor lapso evitando con ello, procedimientos penales que dilataban años en etapa de instrucción o bien, en los que no se dictaba una sentencia definitiva, muchas veces por la interposición de medios ordinarios y extraordinarios que suspendían su trámite. Se pretendió agilizar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, razón por la cual, incluso, se establecieron medidas alternas de solución de conflictos; y que era precisamente en la etapa de juicio y ante la potestad jurisdiccional respectiva, el momento en donde se podrán dilucidar las posiciones contrarias que en su caso existieran, lo que se haría por medio del interrogatorio y contrainterrogatorio. Bajo la óptica jurídica anterior se obtiene, que si en la especie la parte quejosa reclamó la resolución dictada en la audiencia intermedia celebrada el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 355/2018, en la parte específica en donde se admiten diversas pruebas ofertadas por la fiscalía, consistentes en tres dictámenes periciales, una prueba material y una documental, debe decirse que ello no genera una afectación irreparable que amerite análisis constitucional inmediato, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal. Lo anterior, toda vez que la afectación a su esfera jurídica está sujeta a factores cuya verificación se desconoce, tales como a que efectivamente el medio de prueba se desahogue, la forma en que se verifique, su contenido al tenor del interrogatorio y contra interrogatorio respectivo que en ejercicio del principio de contradicción generen las partes, y desde luego, que el tribunal de enjuiciamiento lo considere como prueba de cargo en contra del procesado al emitir la sentencia en la audiencia del juicio oral. De lo que se colige que no es factible hablar de una afectación inmediata y actual que conlleve a considerar que la admisión de dicho medio de convicción constituya un acto de imposible reparación en contra del quejoso, dado que no afecta derechos sustantivos, como lo serían la vida, la libertad etc. No pasa inadvertido por este órgano Constitucional, que en la ejecutoria dictada en el amparo directo en revisión 669/2015, se hubiese determinado que uno de los objetivos de la etapa intermedia del proceso penal acusatorio es depurar el materia probatorio en el juicio oral, excluyendo aquéllas que se hubiesen obtenido con vulneración a derechos fundamentales y que ello no es susceptible de analizarse en el amparo directo cuando ocurren en etapas previas al juicio oral. Esto, en razón de que no obstante de que se determinó que no son materia de análisis en el amparo directo, tampoco se estimó que lo sería del biistancial, lo que sí fue materia de análisis de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 907/2016 citada en párrafos precedentes, la que incluso se resolvió en la misma sesión -de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete-. Por todo lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, al no estar en presencia de un acto que afecte derechos sustantivos de las quejosas, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee el juicio de amparo. Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Salvador Patiño García, en cuanto defensor particular de Daniel Ulloa Accebo, contra el acto reclamado al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, por las razones expuestas en la consideración cuarta de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio signado por la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, remite copia certificada de la totalidad de constancias que integran el Toca- 18/2019 de su índice. Asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo y 93, fracción VII, 129, 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en comento se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales públicas y dos discos compactos consistentes en el toca de apelación citado en párrafos precedentes que remite la magistrada referida para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, con las documentales descritas se ordena formar por separado dos tomos de pruebas relativo al juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, del estado de autos, específicamente del informe justificado del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, mismo que se tuvo por rendido en proveído de diez de junio de dos mil diecinueve, se advierte que dicha autoridad informó que el Magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, resolvió el recurso de apelación hecho valer contra el auto de apertura a juicio oral emitido en la causa penal de origen. Por tanto, toda vez que es necesario para resolver el juicio de amparo que nos ocupa, solicítese al Magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, tenga a bien remitir copia certificada de las constancias que integran el toca penal XI-18/2019. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las once horas con cincuenta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, para su verificativo. Finalmente, se reitera el requerimiento formulado a la parte quejosa en proveído de quince de agosto de dos mil diecinueve, en el sentido de que en el supuesto de cesación de efectos de los actos reclamados o en caso de que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo haga saber a este juzgado de manera inmediata, apercibida que en caso de no hacerlo, de conformidad con el artículo 238, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de manera individual por el equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA). Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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