Daniel Pineda Pineda
Expediente 1265/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 24 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1265/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 08/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Daniel Pineda Pineda
- Gobernador del Estado de Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se advierte que por auto de veinticinco de noviembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que haya hecho manifestación alguna. Por tanto, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En sentencia emitida en autos, se otorgó a la parte quejosa la protección federal, para que las autoridades responsables Coordinador e Inspector de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, realizaran lo siguiente: "a) Dejar insubsistente la infracción reclamada contenida en la boleta 0532 de seis de noviembre de dos mil diecinueve; b) Devolver al quejoso la cantidad que cubrió por concepto de multa, derechos por servicios o cualquier otra erogación vinculada con el traslado, guarda y posterior liberación, respecto del vehículo automotor, marca nissan, tipo sedan, línea versa sense MT, modelo 2019, color hierro, placas de circulación PGF827J. c) En lo futuro, deberán sustraer al quejoso de la aplicación los artículos 58, fracción XVIII y 61 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, declarados inconstitucionales". En cumplimiento a lo anterior, el Coordinador de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, realizó lo siguiente: ? Mediante oficio CCT-DAJ-989/2020, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, informó que ordenó dejar insubsistente la infracción de seis de noviembre de dos mil diecinueve; que si la parte quejosa cubrió algún concepto, acudiera en el domicilio de la autoridad responsable con identificación oficial y con el recibo del pago que realizó en día y horas hábiles a efecto de hacerle el reembolso; y, que no se le aplicarían en el futuro los artículos 58, fracción XVlll y 61 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán. ? En atención a requerimiento de este juzgado, por oficio CCT-DAJ-1149/2020 de veinte de octubre del presente año, informó que respecto al pago de corralón y cualquier otra erogación, ya había sido regresada la cantidad que cubrió la parte quejosa el trece de octubre pasado y anexó la constancia con la que acreditó su dicho; informó que la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, era la encargada de devolver lo cobrado al quejoso por concepto de multa. Por otro lado, mediante oficio DGJ/DC/4107/2020 de veinte de noviembre de la presente anualidad, el Jefe de Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, informó que el diecisiete de noviembre anterior, vía transferencia electrónica interbancaria (SPEI), con folio interbancario 0000749414 y folio único l411202011171223570020443130, devolvió al quejoso la cantidad de $29,571.00 (veintinueve mil quinientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) y adjuntó documentales para acreditarlo. En consecuencia, este juzgado estima que las autoridades responsables han dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en este juicio; motivo por el cual se aprecia colmado el extremo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el goce del derecho humano vulnerado y sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta Instancia Constitucional, se declara que el fallo protector quedó cumplido. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constituciona
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por el Jefe de Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento formulado mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil veinte, remite las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En relación con lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el comunicado de mérito para que dentro del plazo de tres días, computado a partir de la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos que fueron aportados por la autoridad responsable. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por el Jefe de Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones realizadas en atención al oficio 15321 de veintiséis de octubre del presente año, en el que se ordenó vincular a dicha secretaría al cumplimiento del fallo constitucional. En relación con lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, para que dentro del término de diez días contado a partir de que surta efectos la notificación que se le practique del presente auto, realice lo siguiente: Dejar insubsistente la infracción reclamada contenida en la boleta 0532 de seis de noviembre de dos mil diecinueve; Devolver al quejoso la cantidad que cubrió por concepto de multa, derechos por servicios o cualquier otra erogación vinculada con el traslado, guarda y posterior liberación, respecto del vehículo automotor, marca nissan, tipo sedan, línea versa sense MT, modelo 2019, color hierro, placas de circulación PGF827J. En lo futuro, deberán sustraer al quejoso de la aplicación los artículos 58, fracción XVIII y 61 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, declarados inconstitucionales. Con el apercibimiento que, de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá multa por $8,668.00 (ocho mil seiscientos sesenta y ocho pesos moneda nacional), equivalente a cien unidades de medidas de actualización, de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 238 y 258 del ordenamiento legal en cita. Además, se remitirá el expediente al tribunal colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto del titular de la autoridad responsable y su consignación ante la autoridad judicial. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio signado por el Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa que respecto del pago de corralón y cualquier otra erogación vinculada con el mismo, fue regresada la cantidad que cubrió el quejoso y anexa constancia con la que acredita su dicho. Ahora bien, respecto del pago realizado por concepto de la multa y toda vez que el mismo fue realizado ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a efecto de evitar mayores dilaciones en la fase del cumplimiento del presente asunto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de ampro, se ordena vincular al cumplimiento del fallo protector a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán. Lo anterior, toda vez que de las manifestaciones realizadas por el Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en su ocurso de cuenta alude que corresponde a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, la devolución a la parte quejosa por concepto de la multa impuesta, por lo que lo prudente vincularla al cumplimiento. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 59/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo I, noviembre de dos mil catorce, página 5, de la Décima Época, con número de registro 2007911 de rubro y contenido siguiente: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 54/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo I, noviembre de dos mil catorce, página 19, de la Décima Época, con número de registro 2007918 de rubro y contenido siguiente: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Ahora bien, hágase del conocimiento de la autoridad vinculada que se concedió el amparo para que se realice lo siguiente: Dejar insubsistente la infracción reclamada contenida en la boleta 0532 de seis de noviembre de dos mil diecinueve; Devolver al quejoso la cantidad que cubrió por concepto de multa, derechos por servicios o cualquier otra erogación vinculada con el traslado, guarda y posterior liberación, respecto del vehículo automotor, marca nissan, tipo sedán, línea versa sense MT, modelo 2019, color hierro, placas de circulación PGF827J. En lo futuro, deberán sustraer al quejoso de la aplicación los artículos 58, fracción XVIII y 61 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, declarados inconstitucionales. En ese sentido, toda vez que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es de orden público y el órgano jurisdiccional debe vigilar su acatamiento, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad vinculada Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán al cumplimiento del fallo protector para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto la notificación que se le practique del presente auto, cumpla con la ejecutoria de amparo. Además, se remitirá el expediente al tribunal colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto del titular de la autoridad. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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