Daniel Ruiz Martínez
Expediente 579/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 579/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Daniel Ruiz Martínez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. SE ORDENA ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy Fe.svm
- Principal
VISTOS los autos para resolver el incidente de daños y perjuicios promovido por el tercero interesado Mario Alberto Valencia Barrera, con motivo de la suspensión derivada del juicio de amparo número III- 1161/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Trámite de la demanda de amparo. I. Por escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, turnado ese mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito, Juan Carlos Tena Sagrero, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de quien reclamó todo lo actuado en el juicio ordinario laboral número 1B-833/2012, incluida la audiencia de remate en su primera almoneda celebrada el diecinueve de septiembre del año en curso, a través de la cual se adjudica la parte alícuota de los bienes inmuebles consistentes en: Una fracción del predio rústico ubicado en el rancho de Tarerio en el municipio de Tzinzuntzan, Michoacán, con una superficie de 1,162.50 M2, con inscripción en el tomo de propiedad 11735 del registro 04 ante el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado; y, El predio rústico ubicado en el rancho de Tarerio en el municipio de Tzinzuntzan, Michoacán, con una superficie de 1,296.50 M2, con inscripción en el tomo de propiedad 7071 del registro 9 ante el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado. Acto respecto del cual la quejosa solicitó la suspensión provisional y definitiva. II. Por auto de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, este Juzgado admitió la demanda, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo mediante diverso proveído de veintiuno de noviembre del año en cita, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y seguido el juicio por sus causes legales, se dictó la sentencia correspondiente el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve en la que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo. SEGUNDO. Trámite del incidente de suspensión. Suspensión provisional. Admitida la demanda, se ordenó formar los cuadernos incidentales relativos a la suspensión de los actos reclamados, por lo que el dieciocho de octubre dos mil diecinueve, se concedió la suspensión provisional del acto reclamado para el efecto siguiente:".las cosas se mantengan el estado que se encuentran, esto es, para el caso de que el quejoso se encuentre en posesión de los bienes inmuebles que describe y sobre los cuales dice ser copropietario, no se realicen actos que tiendan a desposeerlo, asimismo, no se realicen actos que tiendan a la traslación de dominio, la cancelación de inscripciones, la escrituración respectiva, ni se entregue real o materialmente el mismo al adjudicatario, con motivo de la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 1B-833/2012.". Medida cautelar que surtió efectos desde luego, hasta en tanto la responsable recibiera notificación sobre la suspensión definitiva; asimismo, se fijó garantía por la suma de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional) o en cualquiera otra de las formas establecidas por la ley, a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercera interesada con el otorgamiento de la medida cautelar; y, se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental; garantía que no que no fue exhibida por la parte quejosa. II. Suspensión definitiva. En resolución interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, se concedió al quejoso Juan Carlos Tena Sagrero la suspensión definitiva que solicitó para similares efectos a los determinados para la suspensión provisional, hasta en tanto la responsable recibiera notificación sobre la sentencia ejecutoriada que se dictara en el juicio principal. Lo anterior, previo otorgamiento de garantía de $11,198.39 (once mil ciento noventa y ocho pesos 39/100 moneda nacional), o en cualquiera otra de las formas establecidas por la ley, a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar al tercero interesado. Suma que se tuvo por exhibida mediante proveído de siete de noviembre de dos mil diecinueve, a través del billete de depósito número N-847444 valioso por la cantidad de $11,198.39 (once mil ciento noventa y ocho pesos 39/100 moneda nacional), expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo. TERCERO. Trámite del incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión de los actos reclamados. A través del escrito presentado el veinte de enero de dos mil veinte, el autorizado del tercero interesado solicitó se endosara a favor de su representado, el billete de depósito N-847444, en virtud de que la parte quejosa no obtuvo sentencia favorable; sin embargo, mediante proveído de veintiuno del mes y año en cita, no se acordó de conformidad su petición, toda vez que no lo solicitó vía incidental, por lo que en contra de dicho acuerdo interpuso recurso de queja. Luego, mediante escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil veinte en la oficialía de partes de este Juzgado, el tercero interesado promovió el incidente de daños y perjuicios que nos ocupa, reservándose su admisión, hasta en tanto se resolviera el recurso de queja interpuesto en autos. Posteriormente, mediante ejecutoria de veintisiete de febrero pasado, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, se declaró infundado el recurso de queja en cita, por lo que mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil veinte, se acordó lo reservado, esto es, se admitió el incidente de daños y perjuicios promovido por el tercero interesado, respecto del cual se ordenó correr traslado a la parte quejosa así como a la afianzadora Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., (sucursal Morelia, referencia 226), por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación de ese auto, para que manifestaran lo que a su interés conviniera y ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes. Ahora, en proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se tuvo a la afianzadora en cita, dando contestación a la incidencia planteada; asimismo, mediante diverso auto de veinte de octubre del año en cita, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia respectiva; la cual, tuvo verificativo a las doce horas con veinte minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veinte, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, 67, 125 y 156 de la Ley de Amparo, en virtud de que se trata de un incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión de los actos reclamados, derivada del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo III-1161/2019, del índice de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Oportunidad de presentación del incidente. El incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión de los actos reclamados fue promovido dentro del plazo de seis meses establecido en el artículo 1561 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente." A efecto de sustentar lo anterior, es pertinente precisar que el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, se dictó la sentencia en el juicio principal, en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo y, una vez transcurrido el término para impugnarla, sin que las partes lo hubieren hecho, mediante auto de trece de enero pasado, causó ejecutoria la misma y se determinó que la devolución del billete de depósito exhibido a fin de que surtiera efectos la suspensión definitiva, estaba sujeta a lo establecido por el artículo 156 de la Ley de Amparo; proveído que se notificó al tercero interesado -promovente de la presente incidencia-, el veintiuno de enero pasado. En consecuencia, el tercero interesado Mario Alberto Valencia Barrera promovió oportunamente el incidente de daños y perjuicios derivado de la suspensión dictada en el cuaderno incidental en que se actúa, toda vez que la demanda incidental fue presentada el veintitrés de enero de dos mil veinte; esto es, dentro del mencionado plazo de seis meses. TERCERO. Estudio del incidente. El incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión de los actos reclamados resulta infundado, como se expone a continuación. Previo al estudio del incidente de daños y perjuicios que ahora se resuelve, es pertinente dejar precisado qué se entiende por "daños" y qué por "perjuicios", respectivamente. Para explicar lo anterior, es necesario reproducir los artículos 132 y 156 de la Ley de Amparo que, en lo conducente, disponen: "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos." "Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente." De la interpretación sistemática de los preceptos reproducidos, se desprende que el incidente que se ramita con motivo de la devolución de la garantía exigida por el Tribunal Federal a la parte quejosa para otorgarle la suspensión de los actos reclamados, tiene como objetivo primordial restituir económicamente a la parte tercera interesada de los daños y los perjuicios que se le hubiesen causado con motivo de la concesión de dicha medida cautelar. Por su parte, los artículos 2108 y 2109 del Código Civil Federal prevén que por daño debe entenderse "la pérdida o el menoscabo sufrido en el patrimonio por falta de cumplimiento de una obligación"; y, por perjuicio, "la privación de una ganancia lícita que debiera haberse obtenido, con el cumplimiento de una obligación". En ese sentido, resulta indiscutible que la caución fijada para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo, se dirige a proteger a la parte tercera interesada respecto del menoscabo y las pérdidas que resentirá en su patrimonio como consecuencia de que al momento del otorgamiento de la medida cautelar no puede tener a su disposición la prestación que le corresponde. Luego, cuando se promueve un incidente para obtener el pago de daños y perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión decretada en un juicio de garantías, es necesario que el actor incidentista acredite: 1. La calidad de tercero interesado en el respectivo juicio de garantías; 2. El otorgamiento al quejoso de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiera condicionado a la exhibición de una garantía; 3. La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica; 4. La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños y perjuicios con motivo de la suspensión decretada. 5. El importe reclamado de ambos; y, 6. Que unos y otros sean consecuencia inmediata y directa de la falta de ejecución de los actos reclamados. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sostenida por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 347829 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo LXXXIX Materia(s): Civil Tesis: Página: 2669 DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR LA SUSPENSIÓN. Es cierto que conforme al artículo 125 de la Ley de Amparo, la fianza tiene por objeto reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión puedan causarse al tercero perjudicado, si el quejoso en el amparo no obtiene sentencia favorable, pero también lo es que siempre que se promueva una acción incidental de daños y perjuicios, la parte actora debe probar: en primer lugar que se le causaron los que reclama; en segundo, su importe, finalmente, que unos y otros fueron consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse, y si el incidentista no rindió ninguna prueba para demostrar esos extremos, es lógico y jurídico absolver a la parte demandada. Queja en amparo civil 574/43. Hernández Lindoro. 7 de Septiembre de 1946. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Teófilo Ortiz y Leyva. La publicación no menciona el nombre del ponente." Ahora bien, para establecer si en el presente caso se cumplen los anteriores requisitos, es menester hacer alusión a lo siguiente: De las constancias que obran agregadas en el juicio de amparo se acredita el primer requisito exigido para la procedencia de la acción incidental, pues el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:. III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable.". Luego, si de las constancias que remitió la autoridad responsable como sustento de su informe justificado, se apreció que el tercero interesado es Mario Alberto Valencia Barrera, por ser parte actora dentro del juicio de donde emana el acto reclamado, es inconcuso que tiene interés directo en la subsistencia del acto reclamado y que el elemento consistente en la existencia de un tercero interesado sí se cumple en la especie. De igual manera, de los autos del presente juicio de amparo se obtiene que se otorgó a la parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados, exigiéndosele para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la parte tercera interesada con la concesión de esa medida cautelar, la exhibición de una cantidad, la cual fue consignada por el quejoso Juan Carlos Tena Sagrero, a través del billete de depósito N-847444, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo, valioso por la cantidad de $11,198.39 (once mil ciento noventa y ocho pesos 39/100 moneda nacional); de lo que se colige que también se cumple el segundo de los elementos señalados. Asimismo, es posible establecer que se satisface el tercer elemento de la acción incidental, porque de las constancias que integran el juicio de amparo del cual deriva el incidente de suspensión, se advierte que mediante sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, este juzgado determinó sobreseer en el juicio de amparo. No obstante, el suscrito juzgador estima que en el caso no se cumple con el cuarto requisito que se exige para la procedencia del incidente planteado, en atención a las siguientes consideraciones. Con motivo del incidente de daños y perjuicios, éstos deben ser demostrados como una consecuencia inmediata indirecta de la suspensión concedida en un juicio de amparo, ya que atento a la interpretación del artículo 132 y el diverso 135 de la Ley de Amparo, pueden ser reclamados por la parte tercera interesada, cuando se haya negado el amparo o se haya decretado el sobreseimiento en la controversia constitucional. Sin embargo, de las constancias de autos se advierte que el incidentista no aportó pruebas fehacientes para demostrar tales daños, pues debe existir para su determinación las pruebas o hechos que determinen la existencia de los daños materiales o morales, o los perjuicios, en ambos casos que fueron ocasionados, siendo menester destacar que la garantía otorgada por la parte quejosa, sólo tiene como finalidad responder de los daños derivados de la suspensión decretada de los actos reclamados, es decir, de los que en forma directa se causen con la medida. En efecto, el incidentista en su ocurso a través del cual promueve el incidente que se analiza, en esencia señala que los daños y perjuicios que ha sufrido se actualizan por: ". la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquel, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado". En tales condiciones, la parte actora incidentista debió determinar con precisión en su demanda, en qué consistía el menoscabo sufrido a su patrimonio y exponer razonablemente, por qué ese daño o perjuicio era consecuencia inmediata y directa del incumplimiento de la obligación; ello, en virtud de que sólo los hechos planteados por las partes, pueden ser materia de prueba; así, el material probatorio que en su caso hubiera aportado, debió de estar destinado a demostrar los hechos constitutivos de la acción y exponer por qué ese daño o perjuicio era consecuencia inmediata de la suspensión del acto reclamado; de ahí lo infundado del incidente de que se trata. Al respecto debe señalarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 27/2011, sostuvo el criterio de que para acreditar los daños y perjuicios, el tercero interesado debe probar los hechos, acto o situación concreta que los hayan originado, como consecuencia inmediata y directa de la suspensión del acto reclamado, al tenor de la Tesis de Jurisprudencia 1ª./J. 80/2011, que dice: "Época: Novena Época Registro: 161105 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 80/2011 Página: 148 DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la responsabilidad derivada de las garantías que se otorguen con motivo de la suspensión concedida en el juicio de amparo biinstancial, en cuya tramitación el tercero perjudicado debe cumplir con las cargas que le impone la propia ley. En ese caso, para ver acogida su pretensión, el actor incidentista tiene la carga, primero, de manifestar en los hechos de su escrito incidental en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado y, en segundo término, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones. En esa narración de hechos es importante conocer si el tercero perjudicado sustenta su pretensión en la generación de daños o de perjuicios, cada uno con una naturaleza jurídica distinta, pues mientras que los primeros se refieren al menoscabo sufrido en el patrimonio del demandante (hecho cierto), los segundos corresponden a las ganancias lícitas que debieron haberse obtenido (hecho probable). Así, para demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, se hace necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. En cuanto a la demostración de los perjuicios, no es necesario que el tercero perjudicado mencione un acto específico que se vio frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble; basta con que realice una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación y probarlas. Entonces, en la resolución del incidente a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, el juzgador debe atender a los hechos en que se sustenta la pretensión para evaluar qué extremos debe colmar el actor incidentista. Contradicción de tesis 27/2011. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 15 de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaráz. Tesis de jurisprudencia 80/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintinueve de junio de dos mil once." De igual forma, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al pronunciar la Tesis de rubro "DAÑOS Y PERJUICIOS. BASTA LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN Y LA NEGATIVA O SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO PARA QUE SE ACTUALICE EL PAGARLOS", estableció como uno de los elementos de existencia y eficacia para la procedencia del incidente de daños y perjuicios, la demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada; lo cual es aplicable por identidad o similitud jurídica. Mencionado criterio que es del tenor literal siguiente: "Época: Novena Época Registro: 159870 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: I.3o.C.120 K (9a.) Página: 1983 DAÑOS Y PERJUICIOS. BASTA LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN Y LA NEGATIVA O SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO PARA QUE SE ACTUALICE EL PAGARLOS. Este órgano jurisdiccional abandona el criterio contenido en la tesis I.3o.C.47 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, página 1144, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PRESUPUESTOS DE EXISTENCIA Y EFICACIA DEL INCIDENTE PARA HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DE LA GARANTÍA OTORGADA CON MOTIVO DE AQUÉLLA.", toda vez que una nueva reflexión sobre el tema lleva a sostener que si bien es cierto que de una interpretación armónica de los artículos 125 y 129 de la Ley de Amparo, para estar en posibilidad de exigir el pago de la garantía otorgada para garantizar los posibles daños y perjuicios que se ocasionaran con motivo de la suspensión del acto reclamado, es necesario que el incidentista demuestre la existencia y cuantificación de los daños y perjuicios causados por el otorgamiento de la medida cautelar, también lo es que para acreditar los perjuicios (no daños) que fueron ocasionados con ese motivo, la parte incidentista sólo debe acreditar los elementos que conduzcan al juzgador a establecer la procedencia del derecho en el que se fundó una pretensión, puesto que esa sola circunstancia es suficiente para declarar fundado el incidente dada la naturaleza de la prueba presuncional legal, ya que ésta no exige otra prueba diversa para probar el perjuicio resentido con motivo del otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Ello, toda vez que basta el transcurso del tiempo para acreditarlo ya que en este caso, los perjuicios deben entenderse como la existencia de un daño emergente consistente en un lucro cesante con motivo de éste y su lógica reparación. En ese tenor, la procedencia del incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión está condicionada a la satisfacción de los siguientes elementos de existencia y eficacia: 1) La presencia de un tercero perjudicado en el respectivo juicio de garantías; 2) El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; 3) La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica y; 4) La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 58/2010. Rufina Meléndez Cruz. 2 de septiembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: María Estela España García. Nota: La presente tesis abandona el criterio sostenido en la diversa I.3o.C.47 K, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PRESUPUESTOS DE EXISTENCIA Y EFICACIA DEL INCIDENTE PARA HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DE LA GARANTÍA OTORGADA CON MOTIVO DE AQUÉLLA.", que derivó de la queja 723/2002 y aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, página 1144. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito se apartó parcialmente del criterio sostenido en esta tesis, según se desprende de la que con el número de identificación I.3o.C. 106 K (10a.), aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de marzo de 2019 a las 10:11 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Tomo III, marzo de 2018, página 2655, de título y subtítulo: "DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN. LA DEMOSTRACIÓN DEL INCIDENTISTA, DE HABERLOS RESENTIDO, DEBE SER PRESUNTIVA [ABANDONO PARCIAL DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS I.3o.C.120 K (9a.)]." Cabe precisar que los hechos narrados en una demanda constituyen la justificación de la acción ejercida, esto es, la causa de pedir del actor, los cuales no solamente son aquellos que hubiesen dado origen la acción, sino también los que sustentan y justifican la pretensión del accionante incidentista, de tal manera que con ello la parte demandada incidental pueda preparar su contestación y defensa. Asimismo, las pruebas que hayan de rendirse deberán versar precisamente y de manera directa sobre tales hechos, a fin de que el juzgador se encuentre en aptitud de apreciar si efectivamente existe identidad entre la pretensión del actor y el derecho que se busca proteger. De lo contrario, la parte demandada incidental no está en aptitud de preparar adecuadamente su defensa al no saber, en qué consisten los daños y perjuicios a que hizo referencia el actor incidentista en su demanda, como consecuencia inmediata y directa de la falta de ejecución de los actos reclamados por motivo de la suspensión otorgada, por ello, el juzgador no puede condenar a su pago, dado que su decisión no puede descansar en hechos que no hayan sido invocados y probados por la parte actora. No es óbice para sostener todo lo anterior que, en la especie, no se trate de un juicio, sino de un incidente que se encuentra previsto en la Ley de Amparo, toda vez que se debe regir por los mismos principios de todo procedimiento contradictorio, en el que hay un actor que deduce una pretensión y un demandado que se opone a la misma, por lo que éste queda en estado de indefensión al no estar en posibilidad de controvertir la petición si el demandante no precisa cuál es el derecho que pretende le sea reconocido y, en su caso, a cuánto asciende su pretensión si ese derecho se traduce en cantidad líquida, en términos de los artículos 322, fracción III, y 350 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, preceptos que son del tenor siguiente: "Artículo 322. La demanda expresará: [.] III. Los hechos en que el actor funde su petición, narrándolos sucintamente, con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda producir su contestación y defensa." "Artículo 350. Cuando el actor no pruebe su acción, será absuelto el demandado." Así, partiendo de la base de que los daños y perjuicios ocasionados por la suspensión del acto reclamado en un juicio de amparo deben ser consecuencia inmediata y directa de dicha suspensión, cuya relación debe probarse fehacientemente; por ende, al no haberse rendido prueba eficaz para demostrar la existencia de tales detrimentos, menos se pudo probar la relación inmediata y directa entre ellos y la medida cautelar concedida como causa. Ello es así, toda vez que en el incidente, no es suficiente que únicamente se acredite una mera probabilidad, sino que se hace indispensable la prueba concreta de que efectivamente se han ocasionado los daños y perjuicios al tercero interesado, lo que en la especie no ocurrió. En conclusión, si el incidentista no demostró los daños y perjuicios ocasionados, el incidente promovido resulta procedente pero infundado y, por ende, no ha lugar a endosar a su favor el billete de depósito exhibido. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 132 y 156 de la Ley de Amparo, se R ES U E L V E : ÚNICO. Es infundado el incidente de daños y perjuicios promovido por el tercero interesado Mario Alberto Valencia Barrera, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente a las partes. Así, interlocutoriamente juzgando, lo sentenció y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante el licenciado Silvia Lorena Arenas Raya Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy dieciocho de diciembre de dos mil veinte en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 579/2020 promovido por Daniel Ruiz Martínez contra actos del contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Acto continuo, la Secretaria da cuenta con un pedimento recibido en esta fecha, registrado con el número 9438. EL JUEZ: Agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formulando alegatos. Expídase a la promovente copia de la resolución que se dicte en el expediente en que se actúa, una vez que ello acontezca. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obran las documentales que la que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe, consistentes en copias certificada de algunas constancias del expediente laboral 592/2018, medios de convicción que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidos y desahogados en atención su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente hizo manifestación en esta vía la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este órgano jurisdiccional, mediante pedimento presentado en línea el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, se tienen por formulados los alegatos de referencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 579/2020-VII, promovido por Daniel Ruiz Martínez, contra actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional, en la misma data, Daniel Ruiz Martínez, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en los términos siguientes: "ACTO RECLAMADO.- La omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que no desarrolla el juicio número 592/2018, con la diligencia, sino con dilación o demora, fuera de los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, ya que de autos se desprende que la autoridad señalada como responsable ha señalado fechas lejanas para el desahogo de pruebas correspondiente, siendo estas las siguientes: 10:30 horas del día 13 de diciembre del año 2020 prueba testimonial. 10:00 horas del día 12 de noviembre del año 2020 Cotejo y compulsa. 10:00 horas del día 18 de noviembre del año 2020 Cotejo y compulsa. 12:00 horas del día 18 de noviembre del año 2020 Cotejo y compulsa. 09:00 horas del día 13 de diciembre del año 2020. Pruebas confesionales. En su demanda, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, se formó el expediente y lo registró bajo el número 579/2020, admitió la demanda de garantías; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: El auto de ocho de julio de dos mil veinte, que fija una fecha remota para el desahogo de pruebas, señalando el doce y dieciocho de noviembre de dos mil veinte, para el desahogo de compulsa o cotejo de documentales y trece de diciembre de dicho año, para desahogar pruebas testimonial y confesionales. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, al rendir su respectivo informe con justificación, aceptó la existencia del acto que se le reclama. Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la responsable exhibió en apoyo a su informe justificado, consistentes en copia certificad del juicio de origen 592/2018. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Época: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". No obstante la certeza del acto reclamado, se estima que por lo que hace al señalamiento del doce y dieciocho de noviembre de dos mil veinte, para el desahogo de compulsa o cotejo de documentales, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.]". Lo anterior, toda vez si bien la parte quejosa reclamó la dilación en el procedimiento, derivada del hecho de señalar una fecha remota para la celebración de las diligencias anotadas, en el juicio ordinario laboral 592/2018, lo cierto es que tales fechas ya pasaron, de tal modo que la dilación de que se duele ya no puede surtir efecto legal alguno, porque la posible infracción que hubiere acontecido ya quedó consumada por el sólo transcurso del tiempo, de tal suerte que, una eventual concesión del amparo no podría materializarse, ya que la protección constitucional debe limitarse en función del acto reclamado y tomando en cuenta la etapa procesal del juicio. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro y texto siguientes: "Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2005150 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Página 732 Tesis Aislada (Común) "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Recurso de inconformidad 282/2013. Tomasa Hernández Díaz. 18 de septiembre de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado." En ese sentido, es inconcuso que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia en estudio, en virtud de que en esta fecha, se encuentra irreparablemente consumada la violación. Por lo tanto, en relación al acto reclamado consistente en el señalamiento de una fecha remota para la celebración de las diligencias de compulsa o cotejo de documentos, se actualiza el supuesto previsto en la fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues por su propia naturaleza, dicho acto reclamado está irreparablemente consumado, pues la protección constitucional en contra de dicho acto, no puede lograr restituir a la agraviada en el pleno goce del derecho humano violado, de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia. Es aplicable a lo anterior, la tesis del texto y rubro siguientes: Época: Octava Época Registro: 209662 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Diciembre de 1994 Materia(s): Común Tesis: I. 3o. A. 150 K Página: 325 "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)". TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 493/94. Jefe de Seguridad y Vigilancia del Palacio de Justicia Federal y otras autoridades. 14 de octubre 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del rubro y texto siguientes: Época: Quinta Época Registro: 337936 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XXIX Materia(s): Común Tesis: Página: 738 "ACTOS IRREPARABLEMENTE CONSUMADOS. Por tales deben entenderse para la procedencia del amparo, aquellos cuyos efectos no es posible legalmente hacer desaparecer, volviendo las cosas a su estado anterior; y si los actos de las autoridades, aun cuando consumados, producen efectos que continúan manifestándose y que no son sino el resultado de aquéllos y que pueden desaparecer por la concesión del amparo, no hay causa para sobreseer". Amparo administrativo. Revisión del auto que desechó la demanda 616/30. Sierra Torres José. 11 de junio de 1930. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Salvador Urbina. Relator: Jesús Guzmán Vaca. En tal virtud, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, razón por la cual debe sobreseerse en el mismo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mencionado ordenamiento legal. Por otra parte, en relación a la fecha señalada para el trece de diciembre de dicho año, en las que se desahogarán las pruebas testimonial y confesionales, también se surte diversa causal de improcedencia. En efecto, se estima que al respecto se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." El primer precepto citado prevé que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. En este sentido, del segundo numeral transcrito se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados. Así, el efecto de la sentencia que conceda el amparo y protección de la justicia de la unión es la de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cuando sea jurídica y materialmente posible. En ese tenor, la causal en estudio se actualiza cuando existe imposibilidad jurídica para que la sentencia de amparo produzca efectos restitutorios de la garantía que la parte quejosa estima violadas en su perjuicio. Ahora, la parte quejosa reclama el auto de ocho de julio de dos mil veinte, que fija una fecha remota para el desahogo de pruebas, señalando entre otras, el trece de diciembre de dos mil veinte, para desahogar pruebas testimoniales y confesionales, en el juicio laboral de origen 592/2020 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de esta ciudad. Ahora, de lo anterior se advierte que las fecha señaladas para el desahogo de esas probanzas se encuentra cercana, puesto que median tan solo once días hábiles para su desahogo. Por lo tanto, en el hipotético caso de que se llegara a conceder el amparo y protección de la justicia federal, la restitución en el goce de la garantía individual violada resultaría inalcanzable, ya que, no podría cumplirse con la sentencia, dado que sería necesario que transcurriera el término de diez días que confiere a las partes la ley de la materia, para promover el recurso de revisión, y como se advierte, tan sólo median once días hábiles, a los que deberán descontarse los plazos que establece la Ley de Amparo, para que surtan efectos las notificaciones. Ahora bien, una de las etapas del derecho a la tutela judicial, la que se encuentra ubicada de forma posterior a juicio, está relacionada con la eficacia de las resoluciones emitidas o el derecho a ejecutar la sentencia, que puede definirse como el que tienen todos los ciudadanos a obtener de los juzgados y tribunales que se ejecuten los pronunciamientos judiciales, como regla general, en sus términos, o bien, de manera coactiva o forzosa. Comprende, en principio, el derecho a la ejecución del pronunciamiento judicial en sus propios términos pues, en caso contrario, las decisiones judiciales y los derechos que en éstas reconozcan o declaren, no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna. El derecho a la ejecución impide que un incumplimiento sin causa justificada, de lo previsto en el fallo que ha de ejecutar, o que se puedan adoptar las medidas necesarias para proveer a la ejecución de la misma, pero siempre que ello sea legalmente exigible, en tanto que el incumplimiento no se deba a una decisión arbitraria, ni irrazonable. De ahí que no puede tenerse indefinidamente un juicio de amparo en etapa de cumplimiento de sentencia o en estado de ejecución, pues las sentencias de amparo deben tener un fin práctico; lo cual no sería posible, dado que la fecha señalada para el desahogo de las diligencias anotadas, se encuentra cercana. Por lo tanto, en el caso concreto, sea improcedente el juicio de amparo, de conformidad con la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia con los datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 197245 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Diciembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 90/97 Página: 9 "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Amparo en revisión 1717/96. Texlamex, S.A. de C.V. 19 de junio de 1997. Mayoría de nueve votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: José Pablo Pérez Villalba. Amparo en revisión 2339/96. Filtros Mann, S.A de C.V. 19 de junio de 1997. Mayoría de nueve votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López. Amparo en revisión 2512/96. Popul-Auto de Mazatlán, S.A. de C.V. 19 de junio de 1997. Mayoría de nueve votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: José Pablo Pérez Villalba. Amparo en revisión 356/97. Televimex, S.A. de C.V. 19 de junio de 1997. Mayoría de nueve votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez. Amparo en revisión 2871/96. Grupo Televisa, S.A. de C.V. 19 de junio de 1997. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de noviembre en curso, aprobó, con el número 90/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de noviembre de mil novecientos noventa y siete". Cabe anotar que las causas de improcedencia que aquí se estiman actualizadas no causan afectación a la parte quejosa, pues no se trata de una improcedencia permanente, ya que al reclamarse una omisión, que se actualiza de momento a momento, de haberse señalado una nueva fecha para el desahogo de las pruebas anotadas, la parte quejosa se encuentra en aptitud de plantear una nueva demanda, si estima que se vulneran sus derechos. En las relatadas circunstancias, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Daniel Ruiz Martínez, en contra de la autoridad y por los actos precisados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veinte. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.svm
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