Daniel Rodríguez Correa

Expediente 376/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
376/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
18/06/2021

Partes del expediente

  • Daniel Rodríguez Correa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. SE ORDENA ARCHIVO, NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede de la que se advierte que en este juicio no existe actuación pendiente por desahogar; con fundamento en los artículos 12 y 18 fracción I, inciso b),del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo, al tratarse de un juicio de amparo en el que se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. ORIGINAL DEL INCIDENTE Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. ANOTACIONES Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. DUPLICADO DEL INCIDENTE En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy Fe.Rcl

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución con engrose treinta de abril de dos mil veintiuno, en la que se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Daniel Rodríguez Correa. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 376/2020, promovido por Daniel Rodríguez Correa, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el tres de julio de dos mil veinte, ante la Secretaria de este juzgado por razón de turno, y posteriormente remitida para su registro a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad, Daniel Rodríguez Correa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia y otras autoridades, de quien reclama: "De la autoridad señalada como ordenadora, se reclama la resolución dictada en fecha 3 de julio de 2020, en donde autorizó la toma de muestras biológicas de saliva del peticionario de amparo dentro de la causa penal 49/2020 del índice del sistema de Justicia penal acusatorio y oral Región Morelia; y de las autoridades señaladas como ejecutoras, se reclama la ejecución que pretenden darle a dicha autorización; asimismo se reclama la inminente realización de actos de tortura en contra del quejoso para la obtención de dichas muestras biológicas". La parte promovente del amparo estimó violado en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 1, 8, 14, 16, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Por auto de tres de julio de dos mil veinte, se desechó la demanda de amparo, la cual fue recurrida en queja y resuelta el veintitrés de julio de dos mil veinte, declarándose fundada la misma. En cumplimiento a esa determinación, el siete de agosto de dos mil veinte, se admitió la demanda de garantías, misma que quedó registrada bajo el número 376/2020; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución de tres de julio de dos mil veinte, dictada en la causa penal 49/2020, mediante la cual el juez responsable autoriza la toma de muestras biológicas de saliva en el quejoso, así como su ejecución que, según la opinión del quejoso podría llevarse a cabo, eventualmente, a través de actos de tortura. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables Coordinador General de la Policía de Investigación y Director de la Policía de Investigación Región Morelia, ambas con sede en esta ciudad, negaron la existencia de los actos de ejecución que la parte quejosa les atribuyó. Sin que el solicitante del amparo haya aportado prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa por parte de dichas autoridades señaladas como responsables ordenadoras. En apoyo a lo anterior se invoca, la jurisprudencia VI.2°.J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, tomo IV, segunda parte, julio a diciembre de 1989, Octava época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio de amparo, ante la evidente inexistencia del acto que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia número 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. De los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia y Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación y Persecución contra la Mujer y Feminicidio perteneciente a la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte la existencia de los actos que la parte quejosa les atribuyó, lo cual se corrobora con las constancias que las propias responsables adjuntaron a su informe justificado, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. Establecida la existencia de los actos, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". Ahora, como en la especie las partes no hicieron valer causales de improcedencia, y de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, procede entrar al examen de la inconstitucionalidad planteada. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez". SÉPTIMO. Estudio del fondo del asunto. Procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer. En su primero y segundo conceptos de violación el quejoso refiere que la determinación del juez relativa a la autorización de toma de muestras biológicas resulta carente de toda fundamentación y motivación; que además con la autorización de esa diligencia se exponía al quejoso a una situación inminente de ser torturado, o bien a sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los anteriores conceptos de violación resultan infundados, porque contrario a lo que sostiene, el fallo combatido no adolece de falta de fundamentación y motivación que refiere la impetrante, pues basta imponerse del contenido de esa determinación para advertir que la responsable sí expresó con precisión los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto, estableciendo la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. En efecto, la responsable en la audiencia de que se trata, fijó su competencia; escuchó la petición realizada por la Fiscalía, otorgó el uso de la voz a las partes, generando el debate y respondió a los motivos de oposición planteados por la defensa, para después autorizar la toma de muestra de que se trata, ante la negativa del allá imputado, lo que fundamentó en el artículo 270, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, limitando la prueba a efectuar el comparativo de perfil genético y a la toma de una sola muestra, sin permitir la obtención de ninguna otra información de carácter íntimo y personalísimo, con la indicación de que la defensa debería estar presente en esa audiencia, y permitió el uso de la fuerza pública para el caso de que el imputado se opusiera a su realización. Aunado a lo anterior, del acta circunstanciada levantada el nueve de julio de dos mil veinte, se desprende que se llevó a cabo la toma de muestras biológicas, en la que se asentó que compareció la defensa del allá imputado, se permitió el diálogo entre estos y de manera voluntaria el allá imputado cooperó para la toma de muestras, procediendo a abrir la boca, y el químico a su vez realizó el frotamiento con cuatro hisopos de algodón, embaló y selló dichas muestras; por último se concedió el uso de la voz a la defensa, quien manifestó su conformidad con la diligencia, en razón de haberse efectuado con respeto a los derechos fundamentales, firmando sus intervinientes de conformidad. En ese entorno, si la diligencia se efectuó cumpliendo con los parámetros establecidos por el juez de origen, así como con respeto a los derechos fundamentales del allá imputado, esto es, sin ningún tipo de sufrimiento para el ahora quejoso, violencia, menoscabo en la salud, dignidad o degradación para la obtención de muestras, puesto que incluso así fue reconocido por la defensa del allá imputado, resultan infundados los conceptos de violación de la quejosa. Por último, resulta infundado el diverso concepto de violación, en el que precisa la parte quejosa que se violentó el principio de inmediación, porque la audiencia en que se autorizó la toma de muestras se llevó a cabo por medio de videoconferencia, porque el juez de origen no estuvo presente físicamente en esa audiencia. El anterior motivo de disenso resulta infundado. Ello es así, porque es cierto que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece los principios que rigen el procedimiento oral, puesto que al efecto el artículo 4 de dicho cuerpo de leyes señala: "Artículo 4o. Características y principios rectores. El proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes. Este Código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados, de conformidad con lo previsto en la Constitución. En todo momento, las autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad de la víctima como la dignidad del imputado. A su vez el diverso precepto 9 de la legislación en cita, señala: "Artículo 9o. Principio de inmediación Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del Órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban de intervenir en la misma, con las excepciones previstas en este Código. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva". Ahora, de la diligencia desahogada el tres de julio de dos mil diecinueve, se advierte que contrario a lo que señala la parte quejosa, esa audiencia fue presidida por el juez de origen, esto es, esa diligencia no fue delegada en persona diversa al juez de origen, tan fue así, que fue dicho juzgador quien otorgó el uso de la voz a las partes a fin de conocer su postura en relación a la solicitud planteada por la Fiscalía, incluso respondió a los motivos de oposición planteados por la defensa y adoptó las determinaciones conducentes para recabar la toma de muestra biológica de fluido bucal de células epiteliales del allá imputado. De ahí que con independencia del uso de cualquier medio tecnológico empleado para el desahogo de la diligencia, si el juez de origen fue quien presidió la misma y por ende conoció y adoptó las determinaciones necesarias para el desahogo de la muestra, se cumplió con el principio de inmediación. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sin que se advierta motivo alguno para conceder el amparo en suplencia de la queja conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo, porque no existe causa alguna que beneficie al quejoso y por ende justifique dicho proceder. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Daniel Rodríguez Correa, contra el acto y autoridades precisados en el resultando primero, en términos del último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy treinta de abril de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, once de diciembre de dos mil veinte. SE APERSONA TERCERO INTERESADO. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta mediante el cual el agente del Ministerio Público que interviene en la causa penal de la que deriva el acto reclamado en este juicio, se apersona, señala domicilio y vierte diversas manifestaciones. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se tiene al representante social de referencia apersonándose en este juicio, sin que se haga necesario proveer sobre el domicilio que señala, ya que al ser autoridad se le notifica mediante oficio en su oficina acorde a lo dispuesto por el precepto 26 de la ley en cita. Finalmente, se tiene al ocursante realizando las manifestaciones que vierte en su escrito de cuenta a guisa de alegatos y con apoyo en el artículo 124 de la ley de la materia, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Rcl

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