Daniel Santillán Sagrero y Otros.
Expediente 1406/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1406/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 09/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Daniel Santillán Sagrero y Otros.
- Daniel Santillán Sagrero
- Pablo Santillán Ortiz
- Miguel Santillán Arredondo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de junio de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución con engrose de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por el quejoso ********************.********************DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. SE ORDENA ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede de la que se advierte que en este juicio no existe actuación pendiente por desahogar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. En otro aspecto, acorde a lo dispuesto en los artículos 12 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevén los artículos 15, 17 y 18 del mismo Acuerdo, al tratarse de un juicio de amparo en que se decretó su sobreseimiento. CUADERNO DE SUSPENSIÓN Con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el incidente de suspensión formado en un solo tanto, es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada tanto en la provisional como en la definitiva. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el original del incidente de suspensión. ANOTACIONES. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. V I S T O S para dictar sentencia en los autos que integran el juicio de amparo número 1406/2022-X, promovido por Daniel Santillán Sagrero y otras personas, contra un acto que reclama del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán y diversas autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, los quejosos promovieron demanda de amparo contra la autoridad y por el acto reclamado que a continuación se mencionan: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: El Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, con domicilio en el número 403, cuatrocientos tres de la calle Allende en el Centro Histórico de esta ciudad de Morelia, Michoacán, con código postal 58000. IV. LOS ACTOS U OMISIONES QUE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE RECLAMA: ACTO RECLAMADO. Lo constituye la negativa por parte de la autoridad responsable de emitir respuesta en el tiempo prudente a la solicitud presentada por los suscritos el día 28 veintiocho de octubre del 2022 dos mil veintidós." En ese ocurso, los peticionarios de amparo narraron los antecedentes del caso, señalaron que se transgredieron en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, así como en los numerales 1º, 8º, 11, 14 y 16 constitucionales. Finalmente formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, por lo que en auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós registró la demanda bajo el número de expediente 1406/2022-X y se previno a los promoventes a efecto de que aclararan quiénes habían instado el juicio de amparo. Una vez satisfecho lo anterior, en proveído de trece de enero de dos mil veintitrés se tuvo por cumplido dicho requerimiento y se admitió la demanda únicamente respecto de (1) Daniel Santillán Sagrero, (2) Pablo Santillán Ortiz, (3) Miguel Santillán Arredondo, (4) José Marcelo Sergio Santillán Fraga, (5) Jaime Santillán Conejo, (6) Salomón Santillán Ramírez, (7) Froylán Rubén Santillán Ramírez, (8) Wilebaldo Santillán Ramírez, (9) José Eleazar Santillán Sagrero, (10) Rafael Santillán Sagrero, (11) Andrés Santillán Gutiérrez, (12) Nicolás Santillán Fraga, (13) Teresa Sagrero Santillán, (14) Estela Sagrero Santillán, (15) José Roberto Santillán Ferreyra, (16) Juan Pablo Hurtado Hernández, (17) Héctor Wilebaldo Santillán Ferreyra, (18) Ramón Herrera Barriga, (19) María Esther Santillán Sagrero, y (20) Lauro Santillán Gutiérrez, y (21) Efraín Santillán Mota. Asimismo se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se programó la celebración de la audiencia constitucional. En acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintitrés se tuvo a la autoridad responsable Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, a través del Director de Asuntos Jurídicos, rindiendo su informe justificado, en el que explicó que la omisión de respuesta reclamada debería atribuirse a la Secretaría de Obras Públicas Municipales del mismo ayuntamiento. Consecuentemente, se requirió a los quejosos a fin de que manifestaran si era su deseo señalar como responsable a dicha autoridad, requerimiento que se tuvo por desahogado en auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés, en el que se le reconoció dicha calidad a la secretaría apuntada y se le solicitó rindiera su informe justificado. En proveído de siete de marzo de este año se acordó el informe con justificación rendido por la autoridad responsable, en el que se manifestó que la petición formulada por los peticionarios de amparo - cuya omisión de respuesta generó la presentación de la demanda-, había sido derivada a la diversa autoridad Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán. Por ende, en el mismo acuerdo se solicitó a los quejosos para que manifestaran si era su deseo ampliar su demanda respecto de dicha autoridad, prevención que se tuvo por desahogada en auto de veintiocho de marzo siguiente, en el que se le requirió su informe con justificación. Una vez hecho lo anterior y transcurridos los plazos de ley, se celebró la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, territorio y grado, para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior porque se reclaman actos omisivos atribuidos a diversas autoridades, de manera que este juzgado conoció a prevención de la demanda. A más que tales omisiones se atribuyeron a diversas autoridades administrativas pertenecientes al Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, las cuales tienen su residencia en el lugar donde este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda. También apoya lo anterior la tesis aislada P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, con número de registro digital 181810, de contenido siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De igual forma, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, con número de registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados consisten en la omisión de dar respuesta a la solicitud presentada por los peticionarios de amparo el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, ante la Secretaría de Obras Públicas Municipales del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán. Solicitud consistente en que dicha autoridad municipal inspeccionara la invasión al antiguo camino de "Herradura", ubicado en el kilómetro 10.5 salida a Quiroga, en la población de San José Itzicuaro, municipio de Morelia, Michoacán, con motivo de una construcción ejecutada por una empresa. Omisión atribuida al Presidente Municipal, Secretario de Obras Públicas Municipales y Secretario de Desarrollo Urbano, todos del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán. TERCERO. Inexistencia. Son inexistentes las omisiones reclamadas a las autoridades responsables Presidente Municipal y Secretario de Obras Públicas Municipales, ambos del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán. Ello porque a la fecha de la presentación de la demanda, es decir, el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, no se actualizaba en perjuicio de dichas autoridades la obligación de atender la petición presentada por los quejosos respecto a la inspección de la invasión al antiguo camino de "Herradura", ubicado en el kilómetro 10.5 salida a Quiroga, en la población de San José Itzicuaro, municipio de Morelia, Michoacán, con motivo de una construcción ejecutada por una empresa. En efecto, de acuerdo con el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, el juicio de amparo debe sobreseerse cuando no se demuestra la existencia del acto reclamado, pues, atento al principio general del proceso de acuerdo con el cual incumbe a quien afirma probar su dicho, la Ley de Amparo impone a la parte quejosa la carga de demostrar que el acto cuya inconstitucionalidad reclama efectivamente existe. No obstante, tratándose de actos omisivos corresponde a la autoridad la carga de la prueba de demostrar que no incurrió en la omisión reclamada, siempre que tal abstención se vincule a sus facultades. Orienta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 60, Tercera Parte, página 27, con registro digital: 238592, de rubro y contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIO LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." Al respecto, la Primera Sala al resolver el amparo en revisión 1241/2017 estableció que para determinar la certeza de los actos omisivos debe acudirse, en principio, a las normas legales que prevén su competencia para verificar si está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que el quejoso indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Es aplicable por identidad de razón, la tesis 1a. XXIV/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos". De lo anterior se advierte que para que se actualice un acto de carácter omisivo atribuido a determinada autoridad, deben concurrir dos elementos: 1) que a dicha autoridad le asista la obligación de hacer conforme lo dispuesto en las dispisiciones legales que preven su competencia y 2) que adopte una conducta pasiva ante dicha obligación. En el contexto apuntado, resulta inexistente la omisión atribuida al Presidente Municipal y Secretario de Obras Públicas Municipales, ambos del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, pues conforme al sentido en que rindieron sus informes con justificación, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda tales autoridades no tenían la obligación de atender la solicitud planteada por los peticionarios de amparo respecto a la inspección de la invasión al antiguo camino de "Herradura", ubicado en el kilómetro 10.5 salida a Quiroga, en la población de San José Itzicuaro, con motivo de una construcción ejecutada por una empresa. Por lo que ve a la primera de dichas autoridades, la inexistencia de la omisión obedece a que del escrito de veintiocho de octubre de dos mil veintidós -que contenía la solicitud de los peticionarios de amparo-, se obtiene que si bien se dirigió al Ingeniero Alfonso Martínez Alcázar, en su calidad de Presidente Municipal de Morelia, del sello de recepción se advierte que en realidad se recibió por la Secretaría de Obras Públicas Municipales, del mismo Ayuntamiento, a quien también se dirigió ese documento. De ahí que tal como lo aseveró al rendir su informe justificado, al no haberse presentado la solicitud apuntada directamente ante el Presidente Municipal de Morelia, Michoacán, sino con diversa dependencia, es claro que no actualizó en su perjuicio la obligación de atender dicha petición. A más que dicha negativa no fue desvirtuada por los quejosos. Respecto del Secretario de Obras Públicas Municipales, ambos del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, la inexistencia apuntada deriva del hecho de que, tal como lo refirió dicha autoridad al rendir su informe con justificación, no obstante que la solicitud presentada por los quejosos fue recibida por la dependencia a su cargo, mediante oficio N.SOPM/1172/10/2022, de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, remitió dicho ocurso a la diversa dependencia Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad. Lo anterior por considerar que atendiendo a las atribuciones de dicha dependencia y a la naturaleza de la solicitud de los quejosos, era a dicha dependencia a la que le correspondía atender la supervisión de las obras de construcción e iniciar procedimientos administrativos respecto de aquéllas obras que no contaran con las autorizaciones correspondientes, así como vigilar el uso de las vías públicas para su libre tránsito. En ese sentido, quedó demostrado que a la fecha de la presentación de la demanda que nos ocupa, a saber, el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, la autoridad apuntada ya había realizado, en el ámbito de su competencia, las acciones necesarias para atender la petición formulada por los quejosos, es decir, turnar el escrito correspondiente a la dependencia que conforme al organigrama municipal le correspondía verificar la construcción aludida por los peticionarios de amparo. Por ende, es claro que dicha autoridad únicamente fungió, antes de la presentación de la demanda de amparo, como enlace para remitir la petición de los quejosos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, la cual finalmente se avocó a revisar dicha solicitud. Con esas bases, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto de las omisiones reclamadas al Presidente Municipal y Secretario de Obras Públicas Municipales, ambos del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán. CUARTO. Existencia de la omisión. Por otro lado debe tenerse por cierta la omisión reclamada a la diversa autoridad responsable Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, toda vez que aceptó parcialmente la existencia del acto que se le atribuyó al rendir su respectivo informe justificado ante este juzgado federal. Ello dado que refirió que la petición referida por los quejosos a la inspección de la invasión al antiguo camino de "Herradura", ubicado en el kilómetro 10.5 salida a Quiroga, en la población de San José Itzicuaro, fue turnada por la diversa Secretaría de Obras Públicas Municipales, y que a la fecha ya había contestado la petición formulada por los peticionarios de amparo. No obstante, de las constancias remitidas junto con su informe con justificación se obtiene que dicha contestación se produjo a través del oficio SEDU/DOU/CJ/1377/2023, de doce de abril de dos mil veintitrés, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (dieciséis de diciembre de dos mil veintidós); de manera que al margen de lo manifestado en el informe, en ese momento si existía la omisión reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Tal afirmación se corrobora con las copias certificadas remitidas por dicha autoridad administrativa relativas a las diversas actuaciones realizadas con motivo de la petición presentada por los quejosos, en específico del referido oficio de doce de abril de dos mil veintitrés, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, al tratarse de documentos expedidos por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Aunado a lo anterior, resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Decisión. Es innecesario analizar los conceptos de violación formulados por los quejosos, dado que este juzgador advierte, que debe sobreseerse en el juicio de amparo porque cesaron sus efectos, ya que durante el trámite del juicio los quejosos -por conducto de su autorizado- tuvieron conocimiento de la respuesta emitida por la autoridad responsable en atención a la petición que le formularon, razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo; y, "efecto", lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace algo. Por tanto, la frase "cesar los efectos" del acto reclamado, significa que éste se suspende o acaba, que la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo, o bien, lo revoca o deroga. De ahí que el término cesación de efectos significa que la autoridad dejó de trastocar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica la desaparición total de los efectos del acto reclamado, puesto que la razón que justifica la improcedencia del juicio no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de éste, en razón de que la nueva situación jurídica creada por la responsable tiene el mismo efecto que si se hubiera concedido el amparo y protección de la justicia federal, puesto que el acto reclamado no dejó huella alguna en la esfera jurídica del peticionario. Por consiguiente, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando la responsable deroga o revoca el acto combatido y, con ello, las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación reclamada; o bien, se constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental vulnerado. En efecto, en torno a la figura de la cesación de efectos, se materializan dos hipótesis distintas que pueden actualizarse, a saber: 1) Por revocación, cuando los efectos desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna huella. 2) Por sustitución, se actualiza al producirse un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del que se reclamó, cuya firmeza se da por la posterior actuación que la sustituyó, es decir, por la que constituye el objeto de análisis del juicio constitucional. Es aplicable a lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro 165870, visible en la página 1491, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "Registro digital: 165870 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Común Tesis: I.3o.C.92 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1491 Tipo: Aislada "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En el caso, los quejosos reclaman de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, la omisión de proveer el ocurso el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, ante la Secretaría de Obras Públicas Municipales del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, en el que solicitaron se inspeccionara la invasión al antiguo camino de "Herradura", ubicado en el kilómetro 10.5 salida a Quiroga, en la población de San José Itzicuaro, con motivo de una construcción ejecutada por una empresa. Ahora bien, en relación con el derecho de petición, es necesario apuntar que su observancia exige dos elementos: 1) la respuesta, que implica la obligación de la autoridad de emitir un acuerdo en breve término, en el que estudie la petición y la responda de manera congruente y 2) la notificación, del acuerdo emitido en respuesta la cual debe realizarse en forma personal al gobernado, en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido. De este modo, la referida autoridad responsable al rendir su informe justificado manifestó que mediante oficio SEDU/DOU/CJ/1377/2023, de doce de abril de dos mil veintitrés, el Director de Orden Urbano perteneciente a dicha secretaría atendió la petición planteada por los quejosos, respecto a inspeccionar la probable invasión a la vía pública apuntada, con motivo de una construcción ejecutada por una empresa. En dicha misiva se informó que la autoridad administrativa apuntada inició las acciones que dentro del ámbito de sus atribuciones le correspondían para vigilar dicha la invasión reportada y que una vez concluidas tales diligencias se turnaría el asunto a la coordinación del comité de trabajo interinstitucional competente. Cabe señalar que ese oficio se emitió con posterioridad a la fecha de la presentación de la demanda, es decir, después del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Asimismo es importante precisar que en la copia certificada remitida por la autoridad responsable se obtiene que al final de dicho oficio obra el nombre y firma de Horacio Espinosa Rojas -quien ahora tiene la calidad de autorizado de los peticionarios de amparo-, así como la leyenda "recibí documento" y la fecha de diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Con lo cual es dable afirmar que en esa fecha los quejosos tuvieron conocimiento del documento apuntado. En el contexto apuntado, si la solicitud planteada por los ahora quejosos ante la autoridad administrativa responsable ya fue atendida durante la tramitación del presente juicio de amparo y también se le notificó a su autorizado, es dable concluir que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio por cuanto hace a la omisión reclamada a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán. SÉXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por (1) Daniel Santillán Sagrero, (2) Pablo Santillán Ortiz, (3) Miguel Santillán Arredondo, (4) José Marcelo Sergio Santillán Fraga, (5) Jaime Santillán Conejo, (6) Salomón Santillán Ramírez, (7) Froylán Rubén Santillán Ramírez, (8) Wilebaldo Santillán Ramírez, (9) José Eleazar Santillán Sagrero, (10) Rafael Santillán Sagrero, (11) Andrés Santillán Gutiérrez, (12) Nicolás Santillán Fraga, (13) Teresa Sagrero Santillán, (14) Estela Sagrero Santillán, (15) José Roberto Santillán Ferreyra, (16) Juan Pablo Hurtado Hernández, (17) Héctor Wilebaldo Santillán Ferreyra, (18) Ramón Herrera Barriga, (19) María Esther Santillán Sagrero, y (20) Lauro Santillán Gutiérrez, y (21) Efraín Santillán Mota, por cuanto hace a las autoridades responsables y actos señalados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia, por las razones ahí expuestas. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe. GHA
- Principal
Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, dictado en el expediente del juicio de amparo1406/2022, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las diez horas con cincuenta minutos once de mayo de dos mil veintitrés, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretario, dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo 1406/202-X, promovido por Daniel Santillán Sagrero y otros, contra actos del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que las partes no se encuentran presentes. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. Secretario, dé cuenta con el informe justificado rendido en autos. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por las autoridades responsables: Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, a través del Director de Asuntos Jurídicos Civiles y Penales. ? Secretario de Obras Públicas Municipales del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán. ? Secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario, dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa y autoridades responsables adjuntaron diversas documentales. EL JUEZ: Ténganse por admitidas y desahogadas las pruebas documentales de referencia, y al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que las partes no formularon alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. GUSTAVO ALLFADIR BALANZÁ KIDNIE
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado acordado en proveído de diecinueve de abril del año en curso; en tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy FeRclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
Quedan 12 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Daniel Rubio Ruiz1153/2017
- Daniel Ruiz Martinez50/2019
- Daniel Ruiz Martínez925/2021
- Daniel Ruiz Martínez579/2020
- Daniel Ruiz Martínez463/2019
- Daniel Santiago Cruz105/2022
- Daniel Tavera Ponce873/2019
- Daniel Ulloa Accebo501/2019
- Daniel Zarate Estrada324/2021
- Daniela Berenice Guillén Villicaña1199/2021
- Daniela Berenice Guillén Villicaña508/2022
- Daniela Jarquin Chávez58/2018