Daniel Rubio Ruiz

Expediente 232/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
232/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
18/07/2022

Partes del expediente

  • Daniel Rubio Ruiz y Otros.
  • Daniel Rubio Ruiz
  • Licenciado Eduardo Castillo Robles, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal, Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán y Otros.
  • Ignacio Andrade Rentería

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a dieciocho de julio de dos mil veintidós. ACUSA RECIBO Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo de unos diversos con los que se le informó que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento; que dicha determinación causó ejecutoria y le fue devuelta la copia de la carpeta administrativa y el disco compacto que contiene constancias relativas a la causa penal 575/2020 de su control, que en su momento acompañó al informe justificado que le fue solicitado. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.-

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de julio de dos mil veintidós. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy Fe.eegCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de octubre del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Daniel Rubio Ruiz e Ignacio Andrade Rentería, por conducto de su defensor particular; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. SE ORDENA DEVOLVER CONSTANCIAS A SU LUGAR DE ORIGEN. Devuélvanse al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, el legajo de copias de la carpeta administrativa, así como un disco compacto que contiene constancias relativas a la causa penal 575/2020, que remitió en apoyo de su informe justificado; solicitándole el acuse recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Andres Leyva Mercado, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE

  4. Principal

    ??????? Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de uno de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 232/2021, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las once horas con cincuenta minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. SECRETARIO: Juicio de amparo 232/2021, promovido por Daniel Rubio Ruiz e Ignacio Andrade Rentería, por conducto de su defensor particular José Refugio Rodríguez Nuñes, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en autos del juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, que dentro del presente juicio de amparo se reconoció el carácter de autoridad tercera interesada al agente del Ministerio Público Federal, con sede en esta ciudad, licenciado Jesús Sebastián Villanueva Álvarez, quien fue debidamente emplazado. Se da cuenta con la circunstancia que ninguna de las partes se encuentra presente y con un oficio registrado con el folio 13114. SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. Se tiene por recibido el oficio J2-1112/2021, que suscribe el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien actúa con carácter de Juez de Control, a través del cual informa que en audiencia intermedia celebrada el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal causa penal 575/2020, se dictó sentencia condenatoria a Daniel Rubio Ruiz e Ignacio Andrade Rentería. Información de la que se toma conocimiento y será tomada en consideración al momento de resolver el presente asunto. SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. ?????? Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. SECRETARIO. Se hace constar que en este asunto únicamente obra la documental que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, remitió en apoyo de su informe justificado, consistente en copia de la carpeta administrativa, así como un disco compacto que contiene constancias relativas a la causa penal 575/2020; documental que obra por separado en un tomo de prueba y que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención su propia y especial naturaleza. SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Al no haber más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. SECRETARIO: Se hace constar que únicamente la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado hizo manifestaciones en esta vía. SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo IX-232/2021, promovido por José Refugio Rodríguez Nuñes, en cuanto defensor particular de los quejosos Daniel Rubio Ruiz e Ignacio Andrade Rentería, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, José Refugio Rodríguez Nuñes, en cuanto defensor particular de los quejosos Daniel Rubio Ruiz e Ignacio Andrade Rentería, promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman violados. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 1, 2, 3, 4, 9 y 29, punto 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los numerales 1, 2, 6, 7, apartados 1, 2 y 8, numerales 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ??????? TERCERO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de quince de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por la autoridad señalada como responsable, registrándose la misma con el número de expediente IX-232/2021; se solicitó de la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo su diferimiento en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. Ahora bien, en virtud de que en términos de lo dispuesto por en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó al secretario Leonel López Pérez, para fungir como Juez, será éste quien con tales funciones dicte en este asunto la resolución que en derecho proceda, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 17/2020 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 16, del Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el registro digital 2022487, que dice: "SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la forma en que un secretario en funciones de Juez de Distrito debe justificar que actúa con tal carácter al dictar sentencias, llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala basta con que el secretario mencione que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que para la Segunda Sala es necesario que en la sentencia se transcriba el documento que autoriza al secretario para fungir como Juez de Distrito. Criterio jurídico: La calidad de secretario en funciones de Juez de Distrito al dictar una sentencia, se justifica cuando éste menciona en la antefirma de la resolución que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para actuar con ese carácter. Justificación: La sola manifestación de esa autorización goza de la presunción de certeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para autorizar al secretario del juzgado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en la ausencia del titular, y dichas actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública. Lo anterior se refuerza en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta última, no prevén mayores formalidades para el ejercicio de tal encomienda; esto, sin menoscabo de que el quejoso, en su caso, pueda demostrar la ilegalidad de tal actuación."; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política ??????? de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad en materia penal con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/20001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en: 1 Publicada en el Tomo XI, Abril de 2000, página 32, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. ? La resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, dentro de la causa penal número 575/2020, de su índice, en la que vinculó a proceso a los quejosos, por los delitos de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y Posesión de cartuchos de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, en esta ciudad, se advierte que es cierto el acto reclamado consistente en la resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, emitida dentro de la causa penal número 575/2020, de su índice, en la que vinculó a proceso a los quejosos, por los delitos de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y Posesión de cartuchos de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, del Apéndice de 2011, Quinta Época, bajo el registro 1002815, que a la letra dice: ?????? "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior encuentra sustento además, en la tesis de jurisprudencia número 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente2: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con las copias certificadas de las actuaciones que integran la causa penal 575/2020, de su índice, que remitió en apoyo a su informe justificado; documentales que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º. CUARTO. Causas de Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como lo sustentado por la jurisprudencia 158, publicada en la página 262, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de 2 Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, registro IUS 917812 amparo, por ser esta cuestión de orden público en el juicio de garantías". También la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenida en la página 553, bajo el número 814, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Bajo esa óptica, este órgano jurisdiccional estima que respecto del acto reclamado en el presente juicio de amparo a la autoridad señalada como responsable, se advierte la actualización de la casual de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." De acuerdo con el numeral antes transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial cuando hubiere operado un cambio de situación jurídica por el que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ???????? En efecto, la causal invocada se actualiza cuando por actos posteriores dentro del procedimiento natural, hubiera cambiado la situación jurídica del quejoso, de tal manera que los actos y las violaciones impugnadas deben considerarse irreparablemente consumadas, ya que de emitirse el pronunciamiento dentro del juicio de amparo se afectaría esa nueva situación. Al respecto surte aplicación el contenido de la jurisprudencia VI.1o. J/57, dictada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 139, Tomo VIII, Agosto de 1991, Novena Época, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación, registro 222078, cuyos rubro y texto establecen: "SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley." Así, se tiene que los elementos que determinan el sobreseimiento en el juicio de amparo por cambio de situación de jurídica, son: a) Que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en estricto sentido, fiscal o agrario); o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado; c) Que en el mismo procedimiento, sobrevenga otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; d) Que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo; y, e) Que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último. Al respecto, ilustran por las razones sustanciales que expone la Tesis 2a. CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, número de registro 199808, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse ??????? consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Ahora bien, en el presente asunto, se reclama la resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, dentro de la causa penal número 575/2020, de su índice, en la que vinculó a proceso a los quejosos, por los delitos de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y Posesión de cartuchos de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. No obstante lo anterior, mediante oficio J2/1112/2021, del día veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien actúa con carácter de Juez de Control, informó lo siguiente: "Le comunico que en audiencia intermedia celebrada hoy, se autorizó el procedimiento abreviado, se dictó sentencia condenatoria a 1.DANIEL RUBIO RUÍZ e 2. IGNACIO ANDRADE RENTERÍA, por el delito de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA y FUERZA AÉREA, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; así como el diverso de POSESIÓN DE CARTUCHOS PARA ARMAS DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción I, en relación con el artículo 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; conductas que atribuyó a los imputados a título de dolo directo y en grado de autores materiales, en términos de los artículos 9, párrafo primero y 13, fracción II, del Código Penal Federal, en la que se determinó lo siguiente: Sanción Quantum Privativa de la libertad y Pecuniaria Se impuso a los sentenciados la pena de: DOS AÑOS, ONCE MESES DE PRISIÓN, (con abono los días que se ha afectado su libertad personal por motivos de los hechos de esta causa penal, esto es desde el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno); y MULTA DE CUARENTA Y CINCO UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, equivalente esta última a $3,397.05 (tres mil trescientos noventa y siete pesos 05/100 moneda nacional); ello, tomando en consideración que la Unidad de Actualización y Medida en la época en que ocurrieron los hechos concernientes a la presente causa penal." En virtud de ello, no es posible decidir sobre la constitucionalidad o no del auto de vinculación a proceso emitido por el propio Juez responsable en la causa penal 575/2020, sin afectar la nueva situación jurídica del justiciable, al haberse emitido ya la sentencia definitiva correspondiente, ya que se ha creado un nuevo estatus jurídico diferente que priva ahora la libertad personal de los quejosos de manera permanente. Por lo que, existe autonomía entre el acto reclamado y la resolución final emitida en el procedimiento penal de origen, de modo que éste puede subsistir con independencia de que el combatido ???????? en el juicio de amparo pudiera ser ilegal; pues los quejosos ya ha sido sentenciados. Bajo esas consideraciones, al haberse emitido la resolución definitiva en el procedimiento de origen, es incuestionable que se generó un cambio en la situación jurídica de los quejosos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, visible en la página 5981, del tomo VI, Agosto de 2020, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA CUALQUIER CUESTIÓN INHERENTE A LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, SE ACTUALIZA CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL PROCESO PENAL NATURAL, SIN NECESIDAD DE ESPERAR A QUE ÉSTA CAUSE ESTADO. El dictado de un fallo absolutorio en un proceso penal destruye totalmente los efectos y consecuencias de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que origina un cambio de situación jurídica que da lugar a la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el que se haya reclamado cualquier cuestión inherente a dicha medida cautelar, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, sin que sea necesario para estimarlo así, esperar a que la sentencia absolutoria en cuestión cause estado, pues aun cuando fuera recurrida mediante apelación, el resultado de esa impugnación de ninguna manera podría retrotraer la resaltada mutación. Ello, pues de no prosperar el recurso y, por ende, confirmarse el fallo absolutorio o, en el supuesto contrario, de prosperar el recurso y, en consecuencia, emitirse una sentencia condenatoria, el cambio de situación jurídica sería validado, al quedar a todas luces superada la situación de preso preventiva o cautelarmente que regía previo a la emisión del fallo absolutorio, y adquirir estado la respectiva calidad de sentenciado con condena. Asimismo, en el supuesto de que el aludido recurso prosperara y el resultado fuera la reposición del proceso penal, cobra aplicación lo previsto en el artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que las medidas cautelares subsisten únicamente en caso de que se recurra una sentencia condenatoria, hasta que ésta cause estado, de lo que se colige que dicha subsistencia no opera tratándose de la emisión de sentencias absolutorias; por tanto, como se dijo, el dictado de este tipo de fallos destruye total e incondicionalmente los efectos de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que conduce a que las violaciones que puedan atribuirse en la imposición o revisión de dicha medida cautelar, queden irreparablemente consumadas para efectos de la procedencia del juicio de amparo." En atención a lo expuesto, al actualizarse la causal improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, en concordancia con la fracción V del 63 del mismo ordenamiento legal, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, respecto del acto reclamado. De modo que al decretarse el sobreseimiento en esta controversia constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, toda vez que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo. Es orientador al criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto: Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla ??????? cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por José Refugio Rodríguez Nuñes, en cuanto defensor particular de los quejosos Daniel Rubio Ruiz e Ignacio Andrade Rentería, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Andrés Leyva Mercado, Secretario que autoriza. Doy fe.

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