Daniel Rodríguez Torres

Expediente 790/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
790/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
08/09/2016

Partes del expediente

  • Daniel Rodríguez Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo vigente, contra el auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, mediante el cual se tuvo desechó la demanda de amparo promovida por *******, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto VIGÉSIMO PRIMERO, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad. Por ende, conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello, haciendo constar en la carátula que el presente asunto no se trata de información reservada, de la prevista en el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no se opusieron a la publicación de su nombre y datos a que alude el artículo 3, fracción III, del ordenamiento legal invocado y que CONSTITUYE ARCHIVO RECIENTE, CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL Y DE VALOR JURÍDICO, NO CONSTAN DOCUMENTOS ORIGINALES, así como que es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados en el presente asunto, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto VIGÉSIMO PRIMERO, del Acuerdo General en mención, por lo que deberán conservarse. Por otra parte, no se actualiza lo previsto en el punto Vigésimo Tercero del Acuerdo en cita, el cual estatuye que no serán objeto de depuración o destrucción, hasta que no venza el plazo previsto en la normativa aplicable, las constancias de un expediente judicial que se hayan determinado como información reservada con motivo de las solicitudes de acceso a la información planteada una vez que en el asunto respectivo haya concluido. En efecto, en el presente expediente no existe información reservada o confidencial en términos de lo previsto en los artículos 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como del numeral 37 del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, de ahí que no tiene aplicación el precepto legal en cuestión. Finalmente, en virtud de que la parte quejosa no hizo manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase del conocimiento de las partes que la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, con el nombre y datos personales a que alude el artículo 3, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambas de la ley en mención. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por ******* en representación de *******, como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, expídasele las copias certificadas que refiere, autorizando para que las reciba al profesionista que indica, previa firma que por su recibo quede asentada en autos para debida constancia. Por otra parte, glósese únicamente como constancia el oficio que remite el Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua, toda vez que por proveído de veintinueve de agosto del año en curso, se desechó la demanda de amparo interpuesta por la parte quejosa. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.elsr

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. Agréguense a los autos los informes que sobre la suspensión de plano rinden las autoridades oficiantes, Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación en la Zona Norte, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte y Delegado Estatal en Chihuahua de la Procuraduría General de la República; en atención a sus respectivos contenidos, se les tiene dando cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado Federal en torno a la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa, en términos de los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, a través del informe que rinden. Por otra parte, vista la razón de veintisiete de agosto del año en curso, realizada por la Actuaria Judicial adscrita, en la que el quejoso, *******, ratificó la demanda de amparo promovida a su favor, únicamente en cuanto a los actos de incomunicación reclamados. Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, este órgano jurisdiccional procede a examinar el escrito de demanda, a fin de determinar la procedencia, o en su caso, la improcedencia del juicio. De conformidad con dicho precepto, para desechar una demanda de amparo sólo deberán concurrir los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia, y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya, así como de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, cuando se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, con independencia de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Este lineamiento constitucional impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales resolver los asuntos de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. A partir de esas premisas, quien resuelve considera que, en el caso se actualiza, de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del precepto legal invocado, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En la especie, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante comparecencia ante este órgano jurisdiccional de veintisiete de agosto del año en curso, *******, en representación de *******, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra actos del agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos con Detenido, con sede en esta ciudad y otras autoridades, a quienes les reclamó la incomunicación y malos tratos. Asimismo, por acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil dieciséis se concedió la suspensión de plano y se ordenó formar expediente bajo el consecutivo *******; se solicitó a las autoridades responsables los informes sobre la suspensión de plano. Al rendir su informe respecto de la suspensión de plano, las autoridades responsables indicaron que existió un acto privativo de la libertad, distinto de la incomunicación que fue reclamada por el quejoso, debido a que se le detuvo en un caso de flagrancia. Aunado a ello, informaron que aquél fue consignado ante el Agente del Ministerio Público respectivo, por la comisión de hechos que la ley considera como delito (daños, homicidio en grado de tentativa y contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos); asimismo, que a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintisiete de agosto del año que transcurre, se permitió al ahora quejoso designar defensor y, enseguida, se le permitió realizar una llamada telefónica con persona de su confianza, firmando de conformidad el ahora quejoso. Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas que anexó a su informe dicha autoridad, consistentes en diversas constancias derivadas de la carpeta de investigación *******; documentales a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Así, lo manifestado por las autoridades responsables resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesaron en sus efectos los actos reclamados, lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues al directamente agraviado, *******, con posterioridad a su detención, fue consignado ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada con Detenido de la Fiscalía responsable, donde se le permitió nombrar defensor y realizar una llamada telefónica; por ende, los eventuales actos de incomunicación alegados, cesaron en sus efectos, pues de las constancias remitidas se puede advertir que el impetrante del amparo contó con asistencia legal y tuvo la oportunidad de informar a la persona que él indicó, su situación de detención; en esa medida, se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues si el derecho jurídicamente tutelado en el presente asunto era la incomunicación personal del quejoso, al existir elementos de prueba que desvirtúan tal circunstancia, lleva a considerar que fue restituido en los derechos que se alegaron transgredidos en este juicio, debido a que el juicio únicamente versaría sobre los actos de incomunicación que alegó. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, se impone desechar, de plano, la demanda de amparo, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. No obsta para desechar la demanda, que la parte quejosa la hubiera ratificado, porque le improcedencia del juicio puede ser analizada en cualquier etapa del procedimiento, siempre que no haya causado ejecutoria la sentencia con la que culmine. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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