Daniel Rodríguez Tapia

Expediente 108/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
108/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
24/06/2019

Partes del expediente

  • Daniel Rodríguez Tapia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve (foja 101), en la cual se negó la protección de la Justicia Federal, en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de depuración. Asimismo, luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. El presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte tercero interesada de la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve que dice: Sentencia Visto para resolver el juicio de amparo 108/2019-IV, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el dieciocho de febrero de dos mi diecinueve, turnado a este juzgado el día hábil posterior, *******, promovió demanda de amparo contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, Fiscal de Distrito en la Zona Norte, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad y Fiscal General del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, de quienes reclamó lo siguiente: V.- ACTO RECLAM ADO.- De las autoridades señaladas como responsables Ordenadoras, reclamo la Orden de Aprehensión supuestamente decretada en mi contra, y de las autoridades señaladas como responsables ejecutoras, reclamo al cumplimiento que pretender dar a dicha Orden de Aprehensión, en caso de existir. Segundo. Derechos fundamentales que el quejoso estimó vulnerados. El quejoso señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de veinte de febrero de dos mil diecinueve (foja 7), se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se trata de un acto en materia penal, que fue dictado por una autoridad que realiza sus funciones en el territorio en el que este juzgador ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo , de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que el quejoso reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: a) Del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: - La orden de aprehensión emitida en su contra. b) Del Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, Fiscal de Distrito en la Zona Norte, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, así como del Fiscal General del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre - La ejecución de dicha orden de aprehensión. Tercero. Existencia de los actos reclamados. El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos (fojas 16 a 58), Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte (foja 59), Fiscal de Distrito en la Zona Norte (foja 62), agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos Patrimoniales (fojas 62 a 72), con sede en esta ciudad, así como el Fiscal General del Estado de Chihuahua (foja 91), con sede en la ciudad del mismo nombre, en sus denominaciones correctas, adujeron que los actos que les fueron reclamados son ciertos. Lo anterior se corrobora de las constancias que remitió el Juez responsable anexas a su informe con justificación, de las que se desprende que, efectivamente, el dieciséis de febrero de dos mil diecinueve, a las quince horas con cuarenta minutos, previa solicitud del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos Patrimoniales, libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, por los hechos señalados en la ley como constitutivos del delito de fraude. Tales constancias, poseen valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es el propio Juez de Control responsable. Ante lo anterior, resulta innegable la existencia de los actos reclamados a las autoridades responsables. Cuarto. Procedencia. Ya que las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni el que suscribe advierte que se actualice alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Quinto. Examen constitucional del acto reclamado. Resulta oportuno acotar que en este asunto, debería operar la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, por tener el quejoso el carácter de inculpado, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo ; empero, el único concepto de violación esgrimido resulta infundado, como se demostrará más adelante y no hay deficiencia de la queja que suplir de conformidad con el numeral aludido. Dicho lo anterior, como se estableció en el considerando segundo, el quejoso reclamó del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, la orden de aprehensión que emitió en su contra. Lo anterior, debido a que el quince de febrero de dos mil diecinueve, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, le solicitó la emisión de dicha orden de aprehensión en contra del aquí quejoso y otras personas, ante su probable participación en el delito de fraude cometido en perjuicio de la persona de nombre *******, aquí tercero interesado, y el peligro de que se dieran a la fuga, en virtud de que aquéllos tienen aparentemente su domicilio en la Ciudad de México. A partir de las señaladas circunstancias, el dieciséis de febrero de dos mil diecinueve, el Juez de Control responsable dictó la orden de aprehensión únicamente en contra del aquí quejoso, en la que determinó que obraban datos de investigación que permitían establecer la existencia de hechos constitutivos del delito de fraude específico, previsto en el artículo 223, fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua y la probabilidad de que el ahora quejoso haya participado en su comisión, en perjuicio de *******. Contra esa determinación, el quejoso formuló la demanda de amparo que dio origen a este expediente y argumentó, en esencia, que al dictar la orden de aprehensión, la responsable violó el contenido de los artículos 14 y 16 Constitucional, al ordenar su privación de la libertad, sin colmar los requisitos establecidos en dicho numeral. El único motivo de disentimiento plasmado por el quejoso, resulta infundado. Para evidenciar lo anterior, es pertinente señalar que el párrafo primero, del artículo 16 de la Constitución Federal , establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Asimismo, establece que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido. Como se aprecia, dicho precepto prevé la obligación para toda autoridad, de fundar y motivar sus determinaciones, esto es, expresar detalladamente los motivos que produjeron la emisión de la misma y los preceptos legales en que la apoye, los cuales deben ser coherentes entre sí. En el caso, de los antecedentes narrados en líneas precedentes, así como de las constancias que se recibieron, relativas a la causa penal *******, de su índice, se advierte que la responsable ordenó la aprehensión del quejoso en términos de los numerales 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a petición del agente del Ministerio Público, por la comisión de hechos que la ley considera como delito de fraude. Al respecto, es de precisarse que el artículo 141 del Código procesal aludido, uno de los numerales en que el Juez de Control apoyó su determinación, establece ciertos requisitos que deben colmarse para librar una orden de aprehensión. Dicho artículo, es del contenido siguiente: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. (.) De la intelección de dicho numeral se desprende que para la emisión de la orden de aprehensión se deben cumplir los requisitos que a continuación se apuntan: I. Que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. II. Que el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión; y, III. Que exista la necesidad de cautela. Por supuesto, además de las referidas exigencias, deberá vigilarse, en su caso, que dicha determinación judicial no infrinja algún derecho constitucional contenido en diverso precepto. Aunado a ello, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, ya señalado, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan los derechos de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz los derechos fundamentales de la persona, tutelados en la Constitución Federal. Ello, dado que podrían darse los casos siguientes: a) Que en la orden de aprehensión se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso. b) Que la orden fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. c) Que las autoridades jurisdiccionales, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al Ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense. d) Que la orden de captura no estuviere fundada y motivada. Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la jurisprudencia 225, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 166, Tomo II, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del registro 904206, que estatuye: ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al Ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que pudieren formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna. Entonces, solo mediante el cumplimiento de esos requisitos, se podrá justificar la emisión de una orden de aprehensión. Dicho lo anterior, contra lo sostenido por el quejoso, la orden de aprehensión librada en su contra sí reúne los requisitos establecidos para su libramiento, como se demostrará a continuación. I. Que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. El primero de los requisitos se encuentra plenamente satisfecho. Ello se desprende, en primer término, de la solicitud de orden de aprehensión en contra de ******* y las personas de nombre *******, ******* y *******, formulada el quince de febrero de dos mil diecinueve por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, recibida a las dieciséis horas con diez minutos de esa fecha por el Juez de Control responsable (foja 18), de la que se colige: SOLICITO QUE SEA AUTORIZADA ORDEN DE APREHENSIÓN EN CONTRA DE LOS IMPUTADOS DE NOMBRES *******, *******, ******* Y *******, FUNDANDO MI PETICIÓN EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 141 FRACCIÓN III, 142, 143 Y 311, TODOS ELLOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE IGUAL FORMA MOTIVANDO MI PETICIÓN EN BASE A LOS DATOS QUE HA REUNIDO ESTE MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN QUE ACREDITAN LA EXISTENCIA DE UN HECHO DELICTIVO IDENTIFICADO POR NUESTRO CÓDIGO PENAL COMO FRAUDE GENÉRICO, LA PROBABILIDAD DE QUE LOS IMPUTADO QUE SE REFERIRÁN MÁS ADELANTE INTERVINIERON EN LA COMISIÓN DEL HECHO QUE SE LES IMPUTA EN LA PRESENTE ORDEN EN LA CALIDAD DE COAUTORES, EXISTE LA NECESIDAD DE CAUTELA POR LAS RAZONES QUE EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE SE SEÑALA, Y QUE SE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE NUESTRA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY. HECHO: QUE EN FECHA 05 DE ENERO DEL AÑO 2019, APROXIMADAMENTE A LAS 20:00 HORAS, EN EL HOTEL DENOMINADO ******* UBICADO EN LA AVENIDA ******* (.)*******,*******, ******* Y *******, ENGAÑARON A LA VÍCTIMA *******, OBTENIENDO DICHOS IMPUTADOS UN LUCRO INDEBIDO PARA UN TERCERO, SUFRIENDO LA VICTIMA UN QUEBRANTO PATRIMONIAL DE ******* (.) REGISTROS DE INVESTIGACIÓN: 1. QUERELLA DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2019, PRESENTADA ANTE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL POR ESCRITO POR LA VÍCTIMA ******* (.). (.) (Sic). De lo previo se desprende que el ocho de febrero del año en curso, el aquí tercero interesado compareció ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, y presentó querella en contra del aquí quejoso y otras personas, por su probable comisión en el delito de fraude, cometido aparentemente en su perjuicio el cinco de enero del año en curso. Asimismo, la orden de aprehensión motivo del presente juicio de amparo, fue librada por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, según se desprende de las constancias que integran la causa penal *******, de su índice, con motivo precisamente de la querella presentada por *******, en contra del aquí quejoso. II. Que el agente del Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. Como aspecto previo, es conveniente señalar que las bases primarias para la emisión de la orden de aprehensión están contenidas en los artículos 16, 19 y 21 de la Constitución Federal, las cuales es importante tener presentes conforme al sistema procesal penal acusatorio y oral a que se refiere la Constitución. El texto de las disposiciones constitucionales referidas, en lo conducente, es el siguiente: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.) Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. (.) Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a los policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. (.) Del contenido de los preceptos transcritos se advierte en lo que nos concierne, que a) el Ministerio Público tiene la facultad constitucional de investigar y perseguir los delitos, y b) en la solicitud de la orden de aprehensión de una persona, la autoridad judicial deberá tener conocimiento de que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, para resolver sobre la solicitud de la orden de aprehensión, el Juez de Control responsable se apoyó en los artículos 141, quinto párrafo, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismos que son del siguiente tenor: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público. De la anterior reproducción, se colige, en lo que nos ocupa, que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público podrá, previo cumplimiento de diversos requisitos legales, solicitar al Juez de Control el libramiento de la orden de aprehensión. Para tal efecto, el Ministerio Público debe realizar una clasificación jurídica de los hechos, en la que se especificará el delito atribuido, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad se reclasifique. En tal solicitud, el Representante social debe realizar una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes, así como exponer las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo 141 precitado. Por su parte, el Juez de Control se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud de orden de aprehensión. Las anteriores premisas permiten establecer que, en el caso, se encuentra satisfecho el segundo requisito para la emisión de la orden de aprehensión, esto es, que el agente Ministerio Público responsable haya expuesto las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo 141 precitado, es decir, que obran en la carpeta de investigación datos que establecen que se ha cometido el hecho que se configura como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. En efecto, la solicitud de orden de aprehensión en contra de ******* y las personas de nombre *******, ******* y *******, formulada el quince de febrero de dos mil diecinueve por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, se desprende que, entre otras cosas, expuso las razones por las que consideró que se cometió el hecho tipificado como fraude, y que existe la probabilidad de que el aquí quejoso haya participado en su comisión, enunciando una serie de medios de convicción que le permitieron arribar a tal conclusión: SOLICITO QUE SEA AUTORIZADA ORDEN DE APREHENSIÓN EN CONTRA DE LOS IMPUTADOS DE NOMBRES *******, *******, ******* Y *******, FUNDANDO MI PETICIÓN EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 141 FRACCIÓN III, 142, 143 Y 311, TODOS ELLOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE IGUAL FORMA MOTIVANDO MI PETICIÓN EN BASE A LOS DATOS QUE HA REUNIDO ESTE MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN QUE ACREDITAN LA EXISTENCIA DE UN HECHO DELICTIVO IDENTIFICADO POR NUESTRO CÓDIGO PENAL COMO FRAUDE GENÉRICO, LA PROBABILIDAD DE QUE LOS IMPUTADO QUE SE REFERIRÁN MÁS ADELANTE INTERVINIERON EN LA COMISIÓN DEL HECHO QUE SE LES IMPUTA EN LA PRESENTE ORDEN EN LA CALIDAD DE COAUTORES, EXISTE LA NECESIDAD DE CAUTELA POR LAS RAZONES QUE EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE SE SEÑALA, Y QUE SE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE NUESTRA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY. HECHO: QUE EN FECHA 05 DE ENERO DEL AÑO 2019, APROXIMADAMENTE A LAS 20:00 HORAS, EN EL HOTEL DENOMINADO ******* UBICADO EN ******* (.)*******,*******,******* Y *******, ENGAÑARON A LA VÍCTIMA *******, OBTENIENDO DICHOS IMPUTADOS UN LUCRO INDEBIDO PARA UN TERCERO, SUFRIENDO LA VICTIMA UN QUEBRANTO PATRIMONIAL DE ******* (.) LO CUAL OCURRIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: LA VÍCTIMA RECIBIÓ UNA LLAMADA UN DÍA ANTES DE LOS HECHOS 2019 PARA QUE SE PRESENTARA EL 05 DE ENERO DE 2019 DICIÉNDOLE QUE LLAMABAN DE ******* Y ******* QUE SE HABÍA GANADO UN PREMIO POR SU EXCELENTE MANEJO CREDITICIO, POR ELLO QUE ESE MISMO DÍA (.) A LAS 20:00 HORAS, EN EL HOTEL DENOMINADO ******* (.) ACUDIÓ LA VÍCTIMA DE NOMBRE ******* ACOMPAÑADO DE SU PAREJA ******* (.) ESTANDO EN EL LUGAR LOS IMPUTADOS DE MÉRITO LE OFRECIERON UN PAQUETE TURÍSTICO A LA VÍCTIMA REFERIDA, TENIENDO CADA UNO DE LOS IMPUTADOS UNA FUNCIÓN DIFERENTE PARA APARENTAR QUE ERAN UNA EMPRESA QUE SÍ FUNCIONABA REALIZANDO ESE TIPO DE ACTIVIDADES Y HACEN QUE LA VÍCTIMA PAGUE POR UN PAQUETE TURÍSTICO O VACACIONAL LA CANTIDAD DE *******, EL CUAL INCLUÍA DESCUENTOS EN AVIONES, HOTELES Y OTROS SERVICIOS, CON DIFERENTES DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES PAGANDO CON SUS TARJETAS DE CRÉDITO (.) REFLEJÁNDOSE EL PAGO A LA MORAL ******* FIRMANDO UN SUPUESTO CONTRATO LA VÍCTIMA CON ******* APARECIENDO LA DIRECCIÓN DE LA SUPUESTA AGENCIA DE VIAJES EN ******* (.). REGISTROS DE INVESTIGACIÓN: 2. QUERELLA DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2019, PRESENTADA ANTE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL POR ESCRITO POR LA VÍCTIMA ******* (.). 3. TESTIMONIAL CON FECHA 12 DE FEBRERO DE 2019, PRESENTADA ANTE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL POR *******, QUIEN MANIFESTÓ "QUE ACUDO ANTE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL PARA DAR TESTIMONIO DE LOS HECHOS QUE PRESENCIÉ SOBRE LOS HECHOS QUE DAN PIE A ESTA CARPETA (.)". 4. RECONOCIMIENTO DE PERSONAS CON FOTOGRAFÍA A LOS IMPUTADOS DE MÉRITO POR PARTE DE LA VÍCTIMA *******, REALIZADOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD INVESTIGADORA DE DELITOS PATRIMONIALES, EN FECHA 08 DE FEBRERO DE 2019, IDENTIFICANDO LA VICTIMA A *******, COMO UNA DE LAS PERSONAS QUE LOS ATENDIÓ Y SE ENCONTRABA SENTADA EN EL ESCRITORIO DEL HOTEL, *******, COMO QUIEN ESTABA A UN LADO DE LA SEÑORITA DEL ESCRITORIO Y TIENE CALVICIE, *******, COMO EL QUE LES DIO TODA LA INFORMACIÓN Y ******* COMO QUIEN LE DIO A FIRMAR EL CONTRATO. 5. OBRA DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: CONTRATO NÚMERO ******* CON MEMBRETE DE ******* (.) A NOMBRE DE ******* COMO USUARIO Y/O TURISTA CONSISTENTE EN 4 FOJAS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2019 Y DONDE APARECE EL MONTO DE LO PAGADO POR LA CANTIDAD DE $******* COMO PRECIO DEL PAQUETE DE COMPRA (.). 6. OBRA DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: UNA CARTA DE BIENVENIDA QUE EL ENCABEZADO FICE ESTIMADO SOCIO Y TRAE DIRECCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MEMBRETE DE *******. (.) CON EL NOMBRE DE ******* Y EL NÚMERO *******. 7. OBRA DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: ANEXO 01, DESTINO, MÉXICO E INTERNACIONALES, CON MEMBRETE DE ******* (.) 8. OBRA DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: DOS CARTAS DE AUTORIZACIONES, LA PRIMERA CARTA DE AUTORIZACIÓN DE FECHAS 05 DE ENERO DE 2019, DEL TARJETA HABIENTE *******, EN EL CUAL LA PRIMERA TEXTUALMENTE DICE POR MEDIO DE LA PRESENTE RECONOZCO Y AUTORIZO EL CARGO QUE SE ESTÁ HACIENDO A MI TARJETA DE CRÉDITO (.) 9. OBRA DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: UN DOCUMENTO CON LA LEYENDA POR MEDIO DE ESE CONDUCTO NOS PERMITIMOS OTORGARLE UNA CORTESÍA DE HOSPEDAJE POR 3 DÍAS Y 2 NOCHES CON DESTINO DE PUERTO VALLARTA O CANCÚN (.) CON MEMBRETE DE ******* DE FECHA 05 DE ENERO DE 2019 10. OBRA DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: UN DOCUMENTO CON LA LEYENDA POR MEDIO DE ESE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE SUS PERIODOS VACACIONALES SERÁN DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES (.) CON MEMBRETE DE ******* DE FECHA 05 DE ENERO DE 2019 11. OBRA DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: UN DOCUMENTO CON LA LEYENDA POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMAMOS QUE USTED PODRÁ ALCANZAR HASTA EL 25% DE DESCUENTO EN LOS SERVICIOS TURÍSTICOS (.) 12. OBRA DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: ENCUESTA ELABORADA EN HOJA MEMBRETADA POR ******* (.). 13. OBRA OFICIO NÚMERO *******, DE FECHA 28 DE ENERO DE 2019, DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR SUBDELEGACIÓN CHIHUAHUA (.) QUIEN INFORMA A LA REPRESENTACIÓN SOCIAL (.) HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO Y RESPETANDO LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LA CUAL NOS IMPIDE PROPORCIONAR LOS DATOS EXACTOS (.) LA SUBPROCURADURÍA (.) NO HA PODIDO REALIZAR LAS GESTIONES INHERENTES A LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS, YA QUE NO SE HA PODIDO LOCALIZAR A DICHOS PROVEEDORES EN LOS DOMICILIOS (.). 14. OBRA DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: DIVERSAS PUBLICACIONES DE LA PRENSA DE DIFERENTES FECHAS CON NOTAS SOBRE FRAUDES COMETIDOS POR LA EMPRESA ******* (.). 15. OBRA DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: LA IMPRESIÓN DE LA PÁGINA DE LA FISCALÍA DE CHIHUAHUA DONDE ALERTA SOBRE AGENTA DE VIAJES FANTASMA FECHADO EN 20 DE ENERO DEL 2019, ES DECIR 4 DÍAS ANTES DE QUE LOS DETUVIERAN (.). 16. OBRA DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN COPIA CERTIFICADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DEL OFICIO *******, DE FECHA 25 DE ENERO DE 2019 (.). 17. OBRA DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN OFICIO ******* ELABORADO POR EL COORDINADOR DE LA UNIDAD INVESTIGADORA DE DELITOS PATRIMONIALES (.) EN DONDE SE INFORMA LAS DIVERSAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN QUE TIENEN LOS IMPUTADOS (.). 18. OBRA DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN COPIAS CERTIFICADAS DE LAS DIVERSAS QUERELLAS PRESENTADAS EN ESTA UNIDAD QUE TIENEN RELACIÓN CON LOS IMPUTADOS Y CON LA EMPRESA ******* (.). (.) Para acreditar que se cometió el hecho tipificado como delito de fraude, y que existe la probabilidad de que el aquí quejoso haya participado en su comisión, el Representante social consideró que en la carpeta de investigación existían datos que permitían establecer la existencia de hechos que se encuadraban en el delito de fraude, previsto en el artículo 223, fracción II, ambos del Código Penal del Estado de Chihuahua, que estatuye: Artículo 223. A quien por medio del engaño o aprovechando el error en que otro se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero, se le impondrán: (.) II. Prisión de seis meses a tres años y de noventa a doscientos cincuenta días multa, cuando el valor de lo defraudado exceda de cincuenta pero no de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, consideró que existía la probabilidad de que el ahora quejoso haya participado en la comisión de esos hechos, en perjuicio de *******, aquí tercero interesado. A la luz de esos preceptos, el Juez responsable se pronunció sobre los elementos planteados en la solicitud y determinó que de los datos que fueron puestos bajo su conocimiento, era posible establecer la existencia de hechos configurativos del referido delito. Primero, debido a que consideró de la redacción normativa del ilícito en mención y los antecedentes de los que se impuso, que fueron integrados los elementos de tal delito, a saber: a) Que el sujeto activo se haga ilícitamente de alguna cosa o alcance un lucro indebido en provecho propio o de un tercero y; b) Que el medio de ejecución empleado por el sujeto activo sea el engaño o el aprovechamiento del error en que se encuentre el pasivo. Lo anterior, toda vez que de los antecedentes que fueron hechos de su conocimiento por el agente del Ministerio Público, se desprende que: 1. Que el cuatro de enero de dos mil diecinueve, el aquí tercero interesado, *******, recibió diversas llamadas telefónicas por parte de *******, para informarle, a través de la persona que lo contactó, que se había hecho acreedor a un premio en virtud de su buen manejo crediticio, por lo cual fue citado a acudir a una junta informativa a verificarse el día siguiente a las veinte horas, en el hotel denominado *******, en esta ciudad. 2. El día cinco de enero de dos mil diecinueve, el tercero interesado acudió a dicho hotel acompañado de su esposa ******* y fueron recibidos por una señorita (*********************), a quien mostró las tarjetas de crédito por virtud de las cuales había ganado el premio. 3. Al lado de dicha persona, se encontraba un sujeto del sexo masculino, de estatura mediana, *********************, quien lo dirigió con otro sujeto, de nombre *******. 4. La persona de nombre ******* (a quien describe de *********************) le ofreció una membresía, con un costo de cincuenta mil quinientos pesos ($*******), a través de la cual obtendría diversos descuentos en aviones, hoteles y otros servicios, con diferentes destinos nacionales e internacionales. 5. La victima dijo firmar un contrato con ******* y cubrir el monto de la membresía con dos tarjetas de crédito, en cuyos recibos aparecía la moral denominada *******. 6. El veintidós de enero del año en curso, dijo comunicarse a los teléfonos que le fueron proporcionados, con la finalidad de adquirir diversos vuelos, sin poder enlazar la llamada. 7. El veintiséis de enero de dos mil diecinueve tuvo conocimiento por diversos medios de comunicación, de un fraude por parte de una empresa turística. Asimismo, el agente del Ministerio Público responsable relacionó diversos medios de convicción, parte de los cuales fue transcrito líneas arriba, entre los que destacan: 1. La testimonial de la esposa del aquí tercero interesado, a quien le constan los hechos por sí misma, al haberlo acompañado al hotel ******* a la reunión informativa. 2. Reconocimiento del aquí tercero interesado de *******, como una de las personas que los atendió y se encontraba sentada en el escritorio del hotel, *******, como quien estaba a un lado de la señorita del escritorio y tiene calvicie, *******, como el que les dio toda la información y ******* como quien le dio a firmar el contrato. 3. Contrato ******* celebrado entre ******* y *******, de fecha cinco de enero de dos mil diecinueve y donde aparece el monto de lo pagado por la cantidad de ******* como precio de la membresía; una carta de bienvenida y diversos cupones de descuentos y cortesías. 4. Diversas publicaciones de la prensa de diferentes fechas con notas sobre fraudes cometidos por la empresa *******. 5. Impresión de la página web de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, donde se alerta a la población sobre *******, de veinte de enero de dos mil diecinueve, cuatro días antes de que los detuvieran. 6. Oficio ******* elaborado por el Coordinador de la Unidad Investigadora de Delitos Patrimoniales donde informa las diversas carpetas de investigación que tienen los imputados ya aludidos. 7. Copias certificadas de las diversas querellas presentadas, que tienen relación con los imputados y con la empresa *******. De lo anterior, el Juez responsable determinó la probabilidad de que los indiciados hayan cometido el hecho que se les atribuye; empero, respecto a las personas de nombre *******, ******* y *******, acotó que ya que se encuentran en prisión preventiva y debido a que el periodo se prorrogó por seis meses, no existe posibilidad de que se evadan de la acción de la justicia, por lo que negó la orden de aprehensión respecto a ellos. Por lo que hace al aquí quejoso, ante la probabilidad de su participación del hecho delictivo que le fue atribuido, concatenando los medios de prueba ofrecidos por el agente y los razonamientos que fueron vertidos, dictó la mencionada orden de aprehensión. Asimismo, expuso las razones especificas respecto a las cuales consideró que se había cometido el delito de fraude, e hizo relación de ello respecto de la probabilidad de que el aquí quejoso y las otras personas ya indicadas, hubieran participado en su comisión, para lo cual fundamentó su determinación en los numerales ya señalados; es decir, expresó detalladamente las razones por las cuales tomó su determinación e indicó las hipótesis normativas aplicables al caso concreto, tanto las relativas a los elementos del delito de fraude (223, fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua), valoración de pruebas (artículos 264 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales), las relativas al mandato de aprehensión (artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 141 a 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales), como la necesidad de cautela (168 y 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales). Sobre estas bases, a juicio de quien resuelve, se encuentra justificado el segundo de los elementos que la legislación procesal exige para la emisión de la orden de aprehensión, esto es, que el Ministerio Público haya anunciado que obran en la carpeta de investigación datos que establecen que se ha cometido ese hecho y que sí exista la probabilidad de que el acusado lo haya cometido o participado en su comisión. III. Que exista la necesidad de cautela Finalmente, es necesario establecer que otro de los requisitos para la emisión de la orden de aprehensión, en el caso, lo constituye la necesidad de cautela. Cabe precisar que, si bien la redacción de la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que podrá librarse orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela, lo cual parece indicar que quien debe advertir dicho elemento es el Ministerio Público, lo cierto es que debemos entender que el mandato va dirigido a la autoridad jurisdiccional penal, debido a que: a) La autoridad que resolverá y, en su caso, emitirá la orden de aprehensión es el juez penal y no el Ministerio Público, b) Bajo la lógica del sistema penal acusatorio, cuando el Ministerio Público dirige peticiones a la autoridad jurisdiccional lo hace en calidad de parte procesal y no de autoridad. Conjuntamente con lo anterior, el Juez de Control debe atender lo estipulado en el numeral 168, fracción I, del citado Código Nacional, que establece: 168. Peligro de sustracción del imputado. Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga; (.) En el caso a estudio, al analizar la necesidad de la medida de cautela, la Juez de Control consideró lo siguiente: Por lo que respecta a que la presencia de ******* se pueda ver demorada o dificultada, ello se justifica con diversos datos de prueba, en los que se advierte que no cuenta con arraigo en esta ciudad, ya que ante distintas autoridades manifestó tener su domicilio en el Estado de México; aunado a las declaraciones de ******* y *******, se aprecia que el domicilio que le proporcionaron a la víctima en ese lugar, les manifestaron que no estaban abiertas al público y, el otro, no existe. De todo lo anterior, se advierte un evidente indicio para arribar a la conclusión, de que se encuentra presente la presunción de que el referido indiciado se sustraiga de la acción de la justicia. Por lo que la necesidad de cautela, como lo es la presente Orden de Aprehensión, se encuentra justificada. Entonces, en su estudio de la necesidad de la medida de cautela, la Juez de Control estimó que el quejoso podía abandonar esta ciudad u ocultarse, toda vez que de los diversos medios de prueba que le aportó el agente del Ministerio Público responsable, se desprende que éste no cuenta con arraigo en esta localidad, sino que tiene su domicilio en la Ciudad de México y/o en el Estado de México , por lo que determinó la existencia de la posibilidad de que se sustrajera de la acción de la justicia. Ello, efectivamente, pues como se colige de los medios de prueba que tomó en consideración, ofrecidos por el agente del Ministerio Público responsable, el aquí quejoso y las diversas personas a quienes se les atribuyó el delito de fraude en las carpetas de investigación *********************, primero, señalaron tener su domicilio únicamente en la Ciudad de México, y posteriormente, dijeron que en dicha ciudad y en el Estado de México. En efecto, se estima colmado también dicho requisito, toda vez que ciertamente existía un riesgo latente de que el quejoso buscara sustraerse de la acción de la justicia, al no tener su residencia en esta ciudad y al haber referido residir en la Ciudad de México y posteriormente, en el Estado de México. Así, la consideración plasmada por la autoridad responsable en su mandato de captura se estima correcta, porque las razones que tomó en consideración para justificar la necesidad de cautela, a juicio de quien resuelve, revelan que se satisfacen los elementos que le exige la Ley para determinar una orden de esa naturaleza; de ahí que, en este aspecto, la orden de aprehensión reclamada no lesione los derechos del quejoso. En las relacionadas condiciones, desestimado el concepto de violación expresado, sin que se advierta deficiencia de la queja que deba ser suplida, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Negativa que se hace extensiva respecto de la ejecución de la orden de aprehensión reclamada a las diversas autoridades responsables, al no impugnarse por vicios propios. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******, hoy treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte del Fiscal General del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que con esta fecha se encuentra señalada la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, el informe con justificación de mérito, no se agregó con ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional, para que, las partes, tengan cabal conocimiento de dichas constancias y puedan ofrecer pruebas y formular alegatos conforme a sus intereses convengan. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y se señalan las nueve horas con veinte minutos del catorce de mayo de dos mil diecinueve, para dar margen a lo anterior. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia número P./J. 54/2000, sustentada por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia Tesis: 2a./J. 21/2008, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 253/2007-SS, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, y la cual es visible en la página 590 del Tomo XXVII, febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. - En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Incidental

    INTERLOCUTORIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Vistos para resolver el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 108/2019-IV, promovido por *******, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad y otras autoridades y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, *******, promovió demanda de amparo, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, con incidente de suspensión, contra los actos y autoridades siguientes: a) Del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos: - La orden de aprehensión dictada en su contra, dentro de la causa penal *******, por el posible delito de fraude cometido en perjuicio de Jorge Carrasco Polanco. b) Del Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, Fiscal de Distrito en la Zona Norte, del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos Patrimoniales, todos con residencia en esta ciudad y Fiscal General del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre (todos en sus denominaciones correctas): - La ejecución de la orden descrita. SEGUNDO. Tramitación del Incidente de Suspensión. Se admitió a trámite la demanda y se ordenó la tramitación de este incidente donde se solicitó su informe previo a las autoridades responsables y se señalaron día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo el veintisiete de febrero del año en curso, difiriéndose respecto de la autoridad foránea para el día de hoy. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues los actos reclamados tienen ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe previo el Fiscal General del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre (foja 33), aceptó la existencia del acto que le fue reclamado. Por lo anterior, se tiene como cierto el acto que le fue atribuido a dicha autoridad. TERCERO. Se concede la suspensión definitiva. Respecto de la suspensión definitiva solicitada, toda vez que se encuentran reunidos los requisitos que señala el artículo 128 de la Ley de Amparo, a saber: que la suspensión sea solicitada por el agraviado y, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Entonces, se concede la suspensión definitiva para los efectos siguientes: - Como el delito de que se trata es uno que no implica la prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo, se imponen, a la parte quejosa, como medidas de aseguramiento las siguientes: 1. Deberá comparecer de manera física y personal ante el juez de su causa para la celebración de la audiencia inicial, debiendo el quejoso acreditar ante este juzgado a más tardar el día siguiente de su comparecencia ante la autoridad judicial correspondiente, el cumplimiento de dicha medida de aseguramiento; 2. Deberá comparecer de manera física y personal también ante el juez de su causa y ante esta autoridad de amparo, cuantas veces le sea exigido. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis III.2º.P.267 P (9ª), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 1762, del Libro I, Octubre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que estatuye: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SI AL OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN, EL JUZGADOR DE GARANTÍAS IMPUSO COMO MEDIDA DE EFECTIVIDAD QUE EL QUEJOSO COMPARECIERA ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA A PONERSE A DISPOSICIÓN, PARA LA CONTINUACIÓN DE ÉSTA, ESA COMPARECENCIA DEBERÁ SER FÍSICA Y PERSONAL, NO ASÍ VIRTUAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 138 DE LA LEY DE AMPARO). No puede tenerse por cumplido el requisito de efectividad impuesto para el otorgamiento de la medida suspensional, consistente en ponerse el quejoso a disposición del Juez de su proceso para el seguimiento del mismo, cuando no hay una presentación física y personal del procesado, ya que procesalmente, al reclamarse una orden de aprehensión, y ponerse materialmente a disposición del Juez que la emitió, con ese solo hecho se da automática apertura a la etapa de preinstrucción del proceso penal, en la que necesariamente debe ser tomada la declaración preparatoria del inculpado, por lo que su presencia material y personal, no así virtual, es indispensable e ineludible para colmar ese requisito fijado, pues aun ante la imprecisión en cuanto a la finalidad de esa comparecencia ante el juzgador de su causa, para que surta efectos la suspensión concedida, esa prevención debe ser entendida como una determinación con tendencia a que la concesión de la suspensión no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del propio artículo 138 de la Ley de Amparo, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio entre el interés particular del agraviado que solicita amparo en contra de un acto que afecta su libertad personal y el interés de la sociedad en general, pues a pesar de que el segundo párrafo del citado precepto no establece expresamente que la comparecencia del quejoso ante el juzgador de su causa tenga por objeto que rinda su declaración preparatoria, la reflexión que se hace en cuanto a la necesidad de continuación procesal de la causa, lleva a concluir que la rendición de la inquisitiva es precisamente la finalidad buscada, toda vez que al ser dicha declaración parte de la preinstrucción, resulta necesaria para la continuación del proceso seguido en contra del quejoso, quien no puede quedar eximido de rendirla por gozar de la suspensión, sin perjuicio de que el inculpado, por su voluntad, en uso de su garantía de defensa, se abstenga de rendir su preparatoria. 3. En términos del artículo 168 de la ley de la materia y tomando en consideración que el quejoso es omiso en precisar las circunstancias del caso, la situación económica en que vive actualmente, a cuánto asciende la reparación del daño, a fin de no poner la suspensión fuera de su alcance, y que por el momento no se cuenta con algún otro dato para su determinación, el que suscribe, estima prudente fijar al quejoso una garantía por la cantidad de $*******, la que deberá exhibir ante este juzgado de distrito, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley. Si opta por póliza de fianza, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este Juzgado; debiendo señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones. La vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del presente juicio. En su defecto, si opta por billete de depósito, éste contendrá entre otros, los siguientes requisitos: nombre del depositante, en el rubro correspondiente al concepto: "para garantizar la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa" (nombre del garante por el que se exhibe el billete), en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 108/2019; y, en el rubro de autoridad: "Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua". La presente medida surte efectos a partir del momento en que se pronuncia el presente acuerdo, no obstante que sea recurrido por las partes, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo. Asimismo, conviene precisar que la presente medida cautelar continuará surtiendo sus efectos hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que en su caso se dicte en el expediente principal, ello, aunado a los requisitos previamente indicados. También debe precisarse que esta medida cautelar no surte efecto si la orden reclamada obedece a un acto diverso del reclamado, dictado por el juez responsable o de distinta autoridad o si la parte quejosa es sorprendida en flagrante delito. Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por *******, para los efectos precisados en el considerando tercero de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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