Daniel Rentería Morales y Otros.
Expediente 404/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 404/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 22/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Daniel Rentería Morales y Otros.
- Daniel Rentería Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de julio de dos mil veintidós. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante cinco años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de cuadernos incidentales Según lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, en cuanto al original del incidente de suspensión es susceptible de depuración por haberse concedio la suspensión definitiva solicitada. Finalmente, el duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido. Notifíquese en lista y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de junio de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Incidental
Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de junio de dos mil veintidós. Vistos para resolver, los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 404/2022-IV, promovida por el Licenciado **********, quien aduce bajo protesta de decir verdad tener la calidad de defensor público federal de los quejosos ********** y **********, y Resultando Primero. Presentación de la demanda inicial. Mediante escrito recibido en este Juzgado, el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, el Licenciado **********, quien aduce bajo protesta de decir verdad tener la calidad de defensor público federal de los quejosos ********** y **********, promovió juicio de amparo en contra de la Cámara de Diputados, y otras autoridades, de quienes reclamó la expedición del Decreto de siete de mayo de dos mil veintidós, por el que se reformó y adicionó el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la aplicación del mismo en la causa penal que se les instauró, mediante la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Segundo. Tramitación del incidente de suspensión. En auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se admitió la demanda, se ordenó la tramitación de este incidente de suspensión, se solicitó informe previo a la autoridad responsable, la cual se llevó a cabo el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en relación con las autoridades que ya habían rendido su informe previo; mientras que, en relación con las demás autoridades la audiencia incidental se difirió para el día de hoy. Considerando Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Existencia del acto. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Director General adjunto del Diario Oficial de la Federación de la Secretaria de Gobernación, Director General adjunto del Diario Oficial de la Federación de la Secretaria de Gobernación, Secretaria de Gobernación y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, todos con residencia en la Ciudad de México, en sus informes previos, manifestaron que es cierto el acto reclamado. Tercero. Suspensión definitiva. Por la naturaleza jurídica de los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas en el considerando que antecede, consistentes en la expedición y publicación de la norma impugnada; se niega la suspensión definitiva, pues debe tenerse presente que en los juicios de amparo contra leyes, la materia de la suspensión es la ejecución o su aplicación, pero no aquéllas en sí mismas, ya que su constitucionalidad es materia del fondo del amparo mas no del incidente de suspensión. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia 221, sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página 3848 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Cuarta Sección -Suspensión en amparo contra leyes, que estatuye: LEYES, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EXPEDICIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS. No puede concederse la suspensión contra la promulgación y expedición de las leyes, si aquéllas ya se llevaron a cabo. Por lo tanto, es improcedente la suspensión definitiva respecto a la autoridad responsable y acto reclamado, precisados en el considerando tercero de esta resolución. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se niega la suspensión definitiva a los quejosos ********** y **********, en relación con los actos reclamados precisados en el resultando tercero. Notifíquese en lista y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de junio de dos mil veintidós. Informe previo Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, el informe previo rendido por la autoridad responsable Secretaria de Gobernación, con residencia en la ciudad de México; con su contenido dese vista a las partes para que estén en posibilidad de objetar su contenido, tal como lo dispone el artículo 140 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con el numeral 144 de la legislación en cita. Domicilio y delegados Por otra parte, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indican y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, se refiere en su informe. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. YMR/MJHC
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de junio de dos mil veintidós. Visto para resolver, el juicio de amparo 404/2022-IV, promovido por ********** y **********, por conducto de su Defensor Público Federal. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en este Juzgado el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, ********** y **********, por conducto de su Defensor Público Federal, promovió juicio de amparo contra los actos y autoridades señalados en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Derechos que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte quejosa estimó vulnerados en su contra los derechos previstos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 22 Constitucionales. Tercero. Tramitación y admisión de la demanda. En auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se admitió la demanda a trámite, se requirió su informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se reclama la aplicación de un precepto legal que tuvo lugar en esta ciudad, donde ejerce su jurisdicción este Juzgado. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, se precisa que la parte quejosa reclama: De las Cámaras de Diputados y Senadores, del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México, la expedición del Decreto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, se reclama la promulgación y la orden de publicación del mencionado Decreto. Del Secretario de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, se reclama el refrendo del mencionado Decreto. Del Director del Diario Oficial de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, se reclama la publicación del mencionado Decreto. Del Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez en su calidad de Juez de Control, en esta ciudad, se reclama la aplicación del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al imponerles como medida cautelar la de prisión preventiva, esto en la audiencia inicial celebrada en la causa penal 228/2022. Tercero. Existencia del acto reclamado. En sus informes justificados, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, el Secretario de Gobernación, así como el Director General adjunto del Diario Oficial de la Federación, aceptaron los actos reclamados, en el correspondiente ámbito de su competencia. Ahora bien, como se indicó en la audiencia constitucional, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, no rindió su informe justificado, ni se cuenta con constancia de que haya sido notificado del requerimiento relativo. Sin embargo, debido, por una parte, al sentido de esta sentencia, que se expondrá en el considerando quinto, así como a que los actos legislativos no están sujetos a prueba, sino que su existencia es un hecho notorio y su conocimiento es presupuesto de conocimiento del juzgador, desde el momento en que se publicaron a través del medio oficial correspondiente, esto en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles, de manera que el acto reclamado a dicha autoridad, consistente en la promulgación del Decreto reclamado, se tiene como cierta. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, del Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, Novena Época, con registro digital 191452, del rubro y texto siguientes: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Cuarto. Precisión especial. Es necesario precisar que en atención a que este juicio de amparo se promovió contra un ordenamiento legal de carácter general (indicado en el considerando segundo), con motivo del que la parte quejosa estima, fue el primer acto de aplicación con efectos en su ámbito de derechos, la técnica jurídica que opera en este asunto para su resolución, es la que se expone a continuación: En principio, se verificará si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que efectivamente concrete en perjuicio de la peticionaria de amparo la hipótesis jurídica controvertida, Si el acto de aplicación resulta ser el primero, deberá analizarse si en relación con el mismo se actualiza alguna causa de improcedencia, pues de ser así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y de la norma impugnada; y De resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, deberá analizarse la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas determinando lo conducente y únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a éstas, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 400, del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, jurisprudencia SCJN, compilación al dos mil, materia Constitucional, Séptima Época, con registro 900346, que establece: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. Así como la tesis de jurisprudencia 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, materia Constitucional, Novena Época, con registro digital 191311, del rubro y texto siguientes: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Quinto. Improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, esto conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en principio se determinan las causales de improcedencia que se actualizan en este asunto. I. Improcedencia del juicio de amparo respecto del refrendo y publicación del Decreto reclamado Respecto de los actos reclamados al Secretario de Gobernación y al Director General adjunto del Diario Oficial de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, consistentes en el refrendo y la publicación del Decreto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.) Del primero de los preceptos invocados, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, diversa de las descritas en su numeral 61; mientras que, del segundo precepto, se advierte que cuando se reclamen normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, únicamente tendrán el carácter de responsables en el juicio de amparo, cuando el quejoso impugne tales actos por vicios propios. En el caso, la parte quejosa reclama de las citadas autoridades, el refrendo y la publicación del Decreto reclamado, descrito en el considerando segundo; sin embargo, su impugnación no se realizó por vicios propios, es decir, con motivo de la intervención individual de esas autoridades en el proceso legislativo que culminó con la publicación de tales ordenamientos legales. De ahí que, en relación con el refrendo y la publicación de los Decretos reclamados, atribuida al Secretario de Gobernación y al Director General adjunto del Diario Oficial de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis aislada I.7o.A.374 A, que sustentó el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1411, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de 2005, materia Administrativa, Novena Época, con registro digital 178540, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. SI SE ATRIBUYE A UNA AUTORIDAD LA FALTA DE REFRENDO DE UNA LEY, Y NO SE HACEN VALER CONCEPTOS DE VIOLACIÓN TENDENTES A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHA CONDUCTA OMISIVA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Si la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del decreto por el que se creó o reformó una ley, señalando como autoridad responsable a una secretaría de Estado, a la cual atribuyó la falta de refrendo respectivo, pero no esboza razonamiento alguno para demostrar por qué tal conducta omisiva vulnera algún precepto constitucional; o en su defecto, que el decreto respectivo debió ser refrendado por el órgano del Estado al que se le imputa la omisión, y no por autoridad diversa, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso numeral 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita, debe declararse el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto en lo que a tal acto y autoridad se refiere, sin que tengan aplicación los diversos criterios sustentados por el Poder Judicial Federal, en el sentido que de proceder los argumentos de inconstitucionalidad de fondo de una ley, también debe concederse el amparo contra su promulgación, refrendo y publicación; lo anterior tomando en consideración que si el acto reclamado se hizo consistir en la no participación del procedimiento legislativo, consecuentemente, se debieron formular conceptos de violación específicos e independientes de las cuestiones de fondo propuestas. II. Improcedencia del juicio de amparo respecto del acto de aplicación Al respecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Conforme a dicha norma, el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos del acto reclamado, se hayan destruido de manera tal, que las cosas regresaron al estado que guardaban antes de que la situación que vulneraba los derechos de la parte quejosa, se presentara. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, materia Común, Novena Época, con registro digital 196820, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En el caso, la parte quejosa señaló como acto de aplicación del Decreto reclamado, específicamente del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la medida cautelar de prisión preventiva que les impuso el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez en su calidad de Juez de Control, en esta ciudad, en la audiencia inicial celebrada en la causa penal 228/2022, el siete de mayo de dos mil veintidós; lo cual así fue reconocido por el Juez responsable en su informe justificado, quien además remitió registro escrito, certificado, del contenido de dicha audiencia. Sin embargo, el propio Juez responsable, mediante oficio recibido en este Juzgado el siete de junio del año en curso, informó que a los aquí quejosos se les instauró procedimiento abreviado, como forma de terminación anticipada al proceso, por lo que el seis de junio del mismo año, se les dictó fallo condenatorio, el cual causó ejecutoria en la misma fecha, dando origen a los procedimientos de ejecución penal 356/2022 y 357/2022; asimismo informó, que los sentenciados materializaron el beneficio de la condena condicional que les fue concedido, para lo cual exhibieron la garantía fijada, por lo que, el propio seis de junio del año en curso, se ordenó su inmediata libertad por lo que a la causa penal 228/2022 y delito se refiere. Asimismo, el Juez responsable remitió copia certificada con firma digital, de la sentencia definitiva descrita, de la cual se advierte que efectivamente a los quejosos se les otorgó el beneficio de la condena condicional y al cumplir con los requisitos relativos, se ordenó su inmediata libertad, única y exclusivamente por lo que a la causa penal de referencia y delito ahí ventilado, se refiere; documento que cuenta con valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Esto es, la aplicación del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a través de la inicial imposición de la medida cautelar de prisión preventiva a los quejosos, dejó de surtir efectos, desde el momento en que en la sentencia condenatoria definitiva que se les dictó en el procedimiento abreviado, se les concedió el beneficio de la condena condicional, en virtud del cual se ordenó su libertad en los términos indicados en el párrafo que antecede; efecto que hubiera sido precisamente el ordenado en caso de que se hubiera concedido a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal en este asunto, esto es, ordenar su libertad mediante la desaplicación de dicha norma. De manera que, durante el trámite de este juicio de amparo los efectos del acto de aplicación de la norma reclamada, dejaron de existir, esto es, la situación que vulneraba los derechos de los quejosos, se destruyó, se insiste, tal como si se le hubiera otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo tanto, se estima actualizada la causal de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el acto de aplicación del Decreto reclamado, por lo que, de conformidad con el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal y la técnica del juicio de amparo expuesta en el considerando cuarto, se sobresee en este asunto, en relación con dicho acto de aplicación Ahora bien, no pasa inadvertido que el presente juicio de amparo se reclama la inconstitucionalidad del Decreto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, con motivo de su aplicación concreta en perjuicio de la parte quejosa, por tanto, no es posible desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su aplicación, acto éste, que en su caso, es precisamente el que causa perjuicio a los peticionarios de amparo, y no la disposición que tilda de inconstitucional por sí sola, pues la estrecha vinculación entre el ordenamiento de carácter general y el acto concreto de su aplicación impide examinarlo desvinculado. Por lo que, si el presente juicio de amparo se reclama la aplicación del Decreto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a los quejosos, la cual ha quedado sin efectos, acto respecto del cual se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, entonces, es evidente que se actualiza una causa de improcedencia en torno a la inconstitucionalidad de la norma impugnada, por lo cual, procede sobreseer en el juicio respecto a la misma. Bajo esa línea argumentativa, la procedencia del juicio de amparo está determinada por la existencia y características del acto de aplicación y contra el mismo, el juicio es improcedente; en consecuencia, también lo es respecto de las normas reclamadas al Congreso de la Unión y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, debido a la estrecha vinculación entre la Ley reclamada como el acto de aplicación, lo que impide examinar al uno prescindiendo del otro, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a las leyes reclamadas de inconstitucionales; por ello, se procede sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia por la norma tildada de inconstitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. En este contexto, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en el numeral 61, fracción XXI, del propio ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por ********** y **********, por conducto de su Defensor Público Federal, en contra de las autoridades y actos reclamados precisados en el considerando segundo. Notifíquese en lista. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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