Daniel Reyes Pérez
Expediente 637/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 637/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Daniel Reyes Pérez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el proveído de treinta de diciembre pasado dictado en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que el citado acuerdo ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por el inciso a) del punto vigésimo primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos décimo cuarto y décimo quinto del Acuerdo General Conjunto antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se tiene que el veinte del presente mes y año, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, a través de la circular CAP-3/2020, aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", determinando, en lo conducente, regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020), medida que tendrá vigencia del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021. En ese contexto, se precisa que de conformidad con el AG 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los trámites considerados como urgentes, son los siguientes: "Artículo 4. Deberán considerarse como urgentes, de forma enunciativa y no limitativa, los siguientes asuntos: I. Los asuntos competencia del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones. II. En materia penal: a) Ejercicio de la acción penal con detenido; b) Ejercicio de la acción penal sin detenido por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa; c) Diligenciación de comunicaciones oficiales y exhortos necesarios para que se resuelva sobre la situación jurídica; d) Solicitudes de orden de cateo e intervención de comunicaciones privadas; e) La calificación de detenciones; f) Las vinculaciones a proceso; g) Implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva; h) Determinaciones sobre extradición; i) Impugnación de determinaciones de Ministerios Públicos que promueva la víctima y que la jueza o el juez estime trascendentes para el ejercicio de sus derechos en el contexto de la contingencia; j) Procedimiento abreviado; k) Suspensión condicional del proceso; l) En el sistema penal tradicional, diligencias para recibir declaraciones preparatorias y actuaciones en el periodo de preinstrucción; m) En el sistema penal tradicional, resolución de incidentes innominados de traslación del tipo y desvanecimiento de datos; y n) Apelaciones contra autos de plazo constitucional que afecten la libertad de las personas, contra las determinaciones que impongan medida cautelar de prisión preventiva, y contra las resoluciones que se emitan en los incidentes y controversias previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, relacionadas con la libertad, salud e integridad física de las personas. III. En ejecución penal: a) Gestiones previas a la inminente compurgación de la pena; b) Actuaciones de trámite que puedan decidirse y acordarse por escrito y que permitan la resolución del expediente de ejecución; c) Resoluciones por escrito sobre peticiones de personas privadas de la libertad, si no existiere controversia entre las partes ni desahogo de prueba; d) Trámite para la determinación y ejecución de beneficios preliberacionales (libertad preparatoria, anticipada, condicionada y la sustitución o suspensión temporal de la pena) y los derivados de la Ley de Amnistía publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de abril de 2020; e) Asuntos relativos a condiciones de internamiento que versen sobre atención médica relacionada con el tercer escalón sanitario (hospitalización); f) Asuntos relacionados con segregación y tortura; y g) Planteamientos en torno a las afectaciones derivadas del Covid- 19 con motivo del internamiento. IV. En general, todas las demandas de amparo o acciones contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, malos tratos, tortura psicológica, segregación y demás prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; así como, las presentadas por falta de atención médica especializada de las personas privadas de su libertad en un centro de reclusión. V. En amparo civil: a) Amparos contra determinaciones sobre medidas cautelares, precautorias o de protección en casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres en general; b) Amparos contra determinaciones sobre pensiones alimenticias corrientes; y c) Amparos relacionados con actos que afecten el interés superior de menores de edad y que la jueza o el juez estime trascendentes para el ejercicio de sus derechos en el contexto de la contingencia. VI. Medidas cautelares en concursos mercantiles, ya sea que se trate de solicitudes o demandas nuevas, o los que ya estuvieran en trámite. VII. Declaración de inexistencia de huelga. VIII. Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. IX. En general, aquéllos que revistan tal carácter de urgencia conforme a las leyes que los rijan. Al respecto, es importante considerar: a) Los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual trasgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión y ramificaciones se apartan de las de un simple receso; y b) Los posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, destacando enunciativamente los relacionados con su salud. En el caso, la parte quejosa reclama específicamente la privación de la libertad fuera de procedimiento e incomunicación; de ahí que dichos actos se encuentran contemplados en la fracción IV del numeral en cita, por lo que se ordena continuar con la sustanciación del presente asunto. Por tal motivo, se ordena agregar a los autos el informe justificado que rinde el Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Agréguense a los autos los informes que sobre la suspensión de plano rinden las autoridades oficiantes, Agente del Ministerio Público, en ausencia del Fiscal de Distrito, Zona Norte, Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado y Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, denominaciones correctas de las señaladas por el quejoso como Fiscal, Zona Norte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua con residencia en Ciudad Juárez, Policía Ministerial de la Fiscalía General de la República, con sede en Ciudad Juárez y Policía Ministerial Investigado del Estado de Chihuahua, respectivamente; en atención a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones, a través de los cuales da cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado Federal en torno a la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa, en términos de los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene a la Agente del Ministerio Público en ausencia del Fiscal de Distrito, Zona Norte, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizando como delegados los que refiere, de conformidad con el artículo 9 y 28 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Registro y admisión de la demanda de amparo Vista la constancia actuarial de cuenta, se desprende que el quince de diciembre de dos mil veinte, ******* ratificó la demanda que se promovió en su favor por *******. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo. Incidente de suspensión Toda vez que el quince de los corrientes de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados, se estima innecesario aperturar incidente de suspensión. Audiencia constitucional Con fundamento en el artículo 115 de la ley en cita, se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del quince de enero de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De la audiencia constitucional se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por el juez y la secretaria en forma autógrafa o electrónica, o ambas, según las circunstancias; por tanto, al no ser indispensable la concurrencia personal de las partes a dicha audiencia, se les indica que, en caso de tener la intención de comparecer a la misma, lo deberán hacer por escrito que se presente en línea, expresando los alegatos que a su interés convengan, los cuales serán tomados en consideración en la fase procesal correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que si es solicitado o este juzgador lo estima pertinente se pueda ordenar que la celebración de la audiencia se lleve a cabo a través de videoconferencia, si se trata de un caso que se encuentre debidamente justificado, conforme al artículo 27 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y el diverso ordinal 19 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En el entendido que, este órgano jurisdiccional adoptará las medidas necesarias tendentes a garantizar que las personas justiciables tengan la posibilidad de participar en los actos procesales que se desahoguen mediante el uso de la videoconferencia, lo que será posible únicamente si todos los intervinientes se encuentran en igualdad de condiciones, para lograr su participación en la audiencia, de conformidad con el artículo 31 del Acuerdo en cita. Solicitud de informe justificado De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a las autoridades responsables que rindan informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio, según lo establecido en el párrafo tercero del artículo 117 de la legislación de la materia. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si dejan de rendirlos o bien lo hacen sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les sancionará con multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional ($8,688.00). Información reservada o confidencial Cuando las partes exhiban físicamente información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cuando se remita documento digitalizado o electrónico, de estimarse que respecto de alguna promoción o constancia deba guardarse sigilo, entonces se ordenará que se restrinja el acceso a esa porción del expediente electrónico, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Obligación de recibir oficios Se informa a la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en relación con este expediente se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto por el numeral 245 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional ($8,688.00). Información sobre causas de improcedencia Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción una multa de treinta unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de dos mil seiscientos seis pesos 40/100 moneda nacional ($2,606.40). Vista al agente del MP adscrito Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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