Daniel Morales Hernandez

Expediente 970/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 23 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
970/2016
Año
2016
Actuaciones
23
Última actuación
24/04/2017

Partes del expediente

  • Daniel Morales Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintiocho de marzo al veinte de abril de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el juez responsable Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele los anexos I y II, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE DIECISEIS DE MARZO DE 2017 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de uno de marzo de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el trece de enero de dos mil diecisiete (fojas 265 a 281), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis emitido en contra de la parte quejosa dentro de la causa penal de origen. 2. Con libertad de jurisdicción dicte otra resolución subsanando los vicios de forma destacados en esta resolución, concretamente, esto es: a) Aplique las normas de previsión de las conductas delictivas y de sanción en atención a la naturaleza del ilícito imputado a la parte quejosa, es decir, la adecuación normativa tendrá fundamento en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delitos y en lo no previsto en la misma conforme a los ordenamientos aplicables supletoriamente. b) El proceso penal lo rija por las disposiciones contenidas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delitos, y en lo no previsto en la misma en los ordenamientos aplicables supletoriamente. c) Para el caso de que se haya decretado el cierre de instrucción y ordenado la suspensión del procedimiento en espera de que se resuelva el medio de control constitucional, una vez realizadas las acciones precisadas en los incisos anteriores, se deje también sin efectos el auto que declaró el cierre de instrucción para mantener abierta la etapa procedimental de instrucción, a fin de que las partes, a través de un plazo probatorio extraordinario, estén en posibilidad de ejercer su derecho de defensa, mediante el ofrecimiento de los medios de convicción que a su interés convenga en relación con la traslación normativa efectuada en el nuevo auto de plazo constitucional dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo." Resolución que el quince de febrero de dos mil diecisiete causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 305 a 308). Ahora bien, mediante oficio 687/2017/SRIA-PAR de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete (fojas 341 a 358), el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha en la causa penal 370/2013 de su índice, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, así como el diverso de veinte de febrero de dos mil diecisiete con el que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. - Asimismo, con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, aplicó las normas de previsión de las conductas delictivas y de sanción en atención a la naturaleza del ilícito imputado a la parte quejosa, es decir, aplicó como fundamento la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; por lo que, nuevamente resolvió la situación jurídica del aquí quejoso decretándole auto de formal prisión o preventiva por el delito de TRATA DE PERSONAS, EN SU MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, previsto y sancionado por los artículos 10, fracción III, 13, fracción IV, 40 y 41 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en relación con los diversos 9, párrafo primero, y 13 fracción VI del Código Penal Federal, cometido en agravio de las personas indicadas en dicha resolución de identidad reservada. - Del mismo modo, informó que en la causa penal 370/2013 de su índice, se encuentra en período de instrucción ya que no ha cerrado la misma, y les hizo del conocimiento de las partes que están en posibilidad de ejercer su derecho de defensa, mediante el ofrecimiento de los medios de convicción que a si interés convenga en relación con la traslación normativa efectuada en el nuevo plazo de término constitucional (foja 357 vuelta). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, en términos del artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito del quejoso Daniel Morales Hernández y, visto su contenido, se provee: Como lo solicita, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en los diversos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídase a su costa por quintuplicado copia certificada de las constancias que indica, por conducto de las personas que para tal efecto autoriza debiendo comparecer con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma), en el horario comprendido de las diez a las doce horas de los días hábiles, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    (CAPTURA AVISO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 01 DE MARZO DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Visto, agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, a través del cual manifiesta haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, pues remite copia certificada de la resolución emitida el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, dentro del proceso 370/2013, de su índice. En consecuencia, con el contenido del oficio de mérito y documentales anexas, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad responsable oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente cuyo rubro, texto y datos de localización en seguida se anuncian: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Época: Décima Época, Registro: 2007918, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 54/2014 (10a.), Página: 19)

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