Daniel Mendoza Rodriguez

Expediente 219/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
219/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
25/09/2023

Partes del expediente

  • Daniel Mendoza Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Requerir acuse. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de tres de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo del presente juicio y se devolvieron las constancias consistentes en copias certificadas de la carpeta judicial administrativa 316/2022/TEH a la autoridad responsable 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de Sanciones de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla (Juan Jesús Gutiérrez Estrada), sin que obre en autos el acuse de recibo de dichas constancias. Por lo tanto, requiérasele a la autoridad responsable citada en el párrafo que antecede para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo, haciendo de su conocimiento que podrá hacerlo a través del correo electrónico oficial jdo3mp6cto@correo.cjf.gob.mx Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, por ser necesaria para la remisión de este al archivo físico. Notifíquese por oficio a la autoridad requerida y cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Admisión del recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio III-2044/2023 signado electrónicamente por la secretaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual informa que por auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por Liborio Cruz Hernández, en su carácter de defensor particular del quejoso Daniel Mendoza Rodríguez, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes; y, lo registró con el número de toca R-119/2023 de su índice; de lo que se toma nota, para los efectos legales a que haya lugar. Integrar al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por lista a las demás partes.

  3. Principal

    V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo 219/2023, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Liborio Cruz Hernández, defensor particular de Daniel Mendoza Rodríguez; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintitrés, mediante buzón judicial, y remitido el mismo día por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, a este Juzgado Tercero de Distrito de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Liborio Cruz Hernández, defensor particular de Daniel Mendoza Rodríguez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes (foja 3): "III.-LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. ABOGADO GERARDO GUTIÉRREZ GAYOSO, JUEZ DE ORALIDAD PÉNAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR, ORIENTE DE LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA, como ordenadora. IV.- ACTO RECLAMADO.- A) DE LA AUTORIDAD ORDENADORA RECLAMO: a) El AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO dictado dentro de la audiencia oral y pública con fecha nueve de febrero de dos mil veintitrés, en contra del señor DANIEL MENDOZA RODRÍGUEZ, dentro de la causa penal 316/2022/TEHUACÁN. La parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 19, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación de la demanda y trámite del juicio. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así, por auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, se radicó la demanda de amparo con el número 219/2023, y se admitió a trámite sin incidente de suspensión (fojas 13 a 21), se requirió informe justificado a la autoridad responsable, y se dio la intervención legal al agente del Ministerio Público Federal adscrito (foja 39). TERCERO. Parte tercera interesada. En cumplimiento al auto admisorio (fojas 13 a 21), se emplazaron con el carácter de terceros interesados a las siguientes partes: a) agente del Ministerio Público Adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres Subdirección Delegación Tehuacán Ana Karen González Valerdi, emplazada mediante oficio el siete de marzo de dos mil veintitrés (fojas 37 y 38), a quien se le tuvo apersonándose al presente juicio de amparo por auto de catorce de marzo del mismo año (fojas 76 y 77), y, b) L.G.G, víctima de identidad reservada, quien fue emplazada el diez de marzo de dos mil veintitrés (foja 75), y por auto de veintidós de marzo del mismo mes y año se le tuvo apersonándose al presente juico de amparo (foja 92). CUARTO. Cita para audiencia. En proveído de seis de marzo de dos mil veintitrés (fojas 13 a 21), se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, y su ejecución atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa esencialmente impugna: Del 1. Juez de Control, adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, Gerardo Gutiérrez Gayosso: a) El auto de vinculación a proceso pronunciado en su contra en audiencia de nueve de febrero de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta judicial administrativa 316/2022/TEH, por el hecho que la ley señala como delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 267, en relación con los diversos 13, 17 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la persona de iniciales L.G.G. TERCERO. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Al respecto el 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de Sanciones de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, Juan Jesús Gutiérrez Estrada, quien ahora conoce de la carpeta judicial administrativa 316/2022/TEH, al rendir el correspondiente informe justificado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo (fojas 50 y 51), refirió que es ciertos el acto reclamado, pues el anterior juez (Gerardo Gutiérrez Gayosso) emitió el auto de vinculación a proceso reclamado. Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con la reproducción de la audiencia correspondiente a su dictado, contenida en el DVD (disco versátil digital) -foja 65 Bis- que el juez de Control remitió en apoyo al informe justificado, con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, en relación con los diversos 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de cuyo contenido se advierte que en audiencia celebrada el nueve de febrero de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta judicial administrativa 316/2022/TEH: se vinculó a proceso al quejoso por el hecho que la ley señala como delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 267, en relación con los diversos 13, 17 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la persona de iniciales L.G.G.; cobra aplicación, en cuanto a la valoración de la videograbación de la audiencia celebrada en el procedimiento penal, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Dada la naturaleza jurídica del acto reclamado (auto de vinculación a proceso) esto es, que se trata de una determinación emitida dentro de un proceso judicial, se sigue, que la demanda de amparo en su contra debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo; lo anterior, dado que no se actualiza ninguna hipótesis de excepción al mismo. Se invoca en apoyo la jurisprudencia P./J 12/2015 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Así, tenemos que el auto de vinculación reclamado, se notificó personalmente durante el desahogo de la audiencia de nueve de febrero de dos mil veintitrés, notificación que surtió efectos el diez de febrero siguiente, conforme al artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales; de modo que, el plazo para la promoción del juicio de amparo transcurrió del trece de febrero al tres de marzo de dos mil veintitrés, sin contar los días sábado y domingo, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Por lo que, si la demanda de amparo que motivó el presente juicio se presentó el dos de marzo de dos mil veintitrés, mediante buzón judicial, se tiene que fue el día catorce del plazo de los quince días que contaba el quejoso para la presentación de la demanda de amparo, por lo que su promoción fue oportuna. Cobra aplicación, la jurisprudencia III.2o.P.137 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, LAS DETERMINACIONES QUE SE TOMEN EN LAS AUDIENCIAS ORALES SE TIENEN POR NOTIFICADAS EN ESE ACTO Y SURTEN SUS EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE. De los artículos 63, 82, fracción I, inciso a) y último párrafo, así como 84, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que las partes que asistan a las audiencias orales, así como quienes estaban obligados a acudir a ellas formalmente, deben tenerse por notificados en ese acto, de las determinaciones que ahí se tomen, sin necesidad de formalidad alguna, atento a los principios que rigen a los juicios orales, particularmente, los de inmediación, continuidad y concentración, y dichas notificaciones surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas, por lo que el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, debe computarse a partir del día posterior al en que surte efectos esa notificación, conforme a la ley del acto, como lo establece el numeral 18 de la Ley de Amparo." QUINTO. Procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para poder analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, que no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia, y este juzgado federal no advierte, de oficio, que se actualice alguna de las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo; luego, el juicio de amparo resulta procedente. Así mismo, acorde con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, la vía indirecta resulta procedente respecto del auto de vinculación a proceso impugnado, pues es de aquellos actos que causan perjuicio de imposible reparación, considerando que se afecta la libertad personal del gobernado, aunque sea de manera indirecta, ello, en la medida en que la prosecución del proceso requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad; de ahí que la vía indirecta es procedente. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 101/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El hecho de que a una persona se le vincule a un proceso penal implica una afectación a su libertad, al menos parcialmente, en la medida en que su prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad, pues se le obliga a comparecer en los plazos o fechas indicados las veces que resulte necesario para garantizar el seguimiento del proceso penal. Así, aun cuando dicha determinación no lo priva, en sí misma y directamente de su libertad personal, sí puede considerarse un acto que indirectamente lo hace, pues constituye una condición para someterlo formal y materialmente a proceso. Lo anterior, con independencia de que el nuevo sistema de justicia penal prevea diversas medidas cautelares, de coerción o providencias precautorias, distintas a la prisión preventiva, pues éstas tienen entre otras finalidades, asegurar la presencia del imputado en el juicio y garantizar el desarrollo del proceso, siendo la sujeción a éste lo que restringe temporalmente su libertad. Consecuentemente, al encontrarse ésta afectada temporalmente con el dictado de un auto de vinculación a proceso, es incuestionable que se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad contenido en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo y, atento a que se afecta un derecho sustantivo y que dicha afectación es de imposible reparación, procede en su contra el juicio de amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 114, fracción IV, de la mencionada Ley, el cual, además, puede promoverse en cualquier tiempo, al ubicarse en el caso de excepción previsto en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo." SEXTO. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia, no obstante haber sido integradas -algunas de ellas- con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, y con el decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno. II. Normas aplicables. La carpeta judicial administrativa de donde deriva el acto reclamado, se tramita conforme al sistema de justicia penal de corte oral y acusatorio. En consecuencia, los actos combatidos serán analizados con las disposiciones aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce y sus reformas; así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después de la implementación del sistema penal acusatorio, esto es, posterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho. III. Suplencia de la queja. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ya que el quejoso directo tienen el carácter de imputado, en el procedimiento penal origen del acto reclamado. SÉPTIMO. Estudio del auto de vinculación a proceso impugnado. En principio conviene apuntar que a efecto de analizar la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso reclamado, esta autoridad únicamente ponderará las cuestiones debatidas en la audiencia inicial, que constituyen la base en la cual se emitió la mencionada determinación del juez de control responsable y, que constan en los registros de audio y video almacenados en el disco versátil digital que la autoridad responsable remitió al rendir el informe justificado (foja 65). Así mismo, conviene apuntar que el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, se analiza a la luz de los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general' , de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Al respecto, la parte quejosa reclama en esta vía de amparo al 1. Juez de Control, adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, Gerardo Gutiérrez Gayosso, el auto de vinculación a proceso pronunciado en su contra en audiencia de nueve de febrero de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta judicial administrativa 316/2022/TEH, por el hecho que la ley señala como delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 267, en relación con los diversos 13, 17 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la persona de iniciales L.G.G. En principio, debe decirse que el hecho de que el artículo 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca los requisitos de fondo y de forma que todo auto de vinculación a proceso debe contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con lo previsto en el mencionado precepto; lo anterior, en virtud de que es necesario que ese tipo de actos reúna, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las prerrogativas de seguridad jurídica consagradas en la Constitución, entre otras, que conste por escrito, proceda de una autoridad judicial -competente-, se encuentre fundado y motivado y, que se dicte respecto de un hecho con apariencia de delito castigado con pena corporal, respetando las formalidades esenciales del procedimiento; cúmulo de derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un sólo artículo, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis XIII.P.A.30P, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, que establece lo siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías." En tal sentido, es oportuno indicar que, entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14, de la Constitución General de la República, está la relativa al debido proceso legal, que permite a los gobernados acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos de manera efectiva, en condiciones de igualdad procesal, así como ofrecer pruebas y obtener una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En otras palabras, el derecho al debido proceso legal se traduce en el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, es decir, al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en todo procedimiento (instrucción, defensa, pruebas y sentencia). Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto dicen: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Luego, el acto reclamado cumple con lo dispuesto en el artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de autos se advierte que la parte quejosa reclama la resolución en la que se le vinculó a proceso, emitida en su contra por el titular de un órgano judicial previamente establecido (1. Juez de Control, adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, Gerardo Gutiérrez Gayosso), en la carpeta judicial administrativa 316/2022/TEH, que se instruye en su contra por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 267, en relación con los diversos 13, 17 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la persona de iniciales L.G.G De las constancias no se advierte que se haya dado efecto retroactivo a ley alguna en perjuicio de la parte demandante. Además, por lo que hace a pronunciarnos respecto así se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, que al efecto prevén los artículos 307 a 315, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que, en lo que aquí interesa, disponen que el Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado. Así las cosas, una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión, o ratificado de legal su detención, el juez de control le preguntará al detenido si cuenta con defensor y en caso negativo, ordenará que se le nombre uno público, también le hará saber que puede ofrecer datos de prueba y acceder a los registros de la investigación, debiéndole informar además sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiesen informado con anterioridad; y, a continuación se procederá a realizar el control de la detención. El juez de control después de haber verificado que el gobernado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, ofrecerá la palabra al Ministerio Público para que formule imputación, para lo cual la representación social deberá exponer el hecho que le atribuye al justiciable, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del juez sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. Formulada la imputación, el juez de control preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo en su contra, es decir, le brindará la oportunidad de declarar en relación con los hechos que se le atribuyen. Una vez que el imputado haya emitido su declaración, o bien, manifestado su deseo de no hacerlo, el Ministerio Público solicitará al juez la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente para formular la solitud de vinculación a proceso. Antes de escuchar al representante social, el juzgador se dirigirá al gobernado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud de la fiscalía, es decir, le dará a conocer los plazos para resolver sobre su situación jurídica. En este punto, con fundamento en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se invoca como hecho notorio que el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, resolvió la contradicción de tesis 212/2016, en la que se estableció que: 1) La vinculación a proceso se debe pedir después de que se formuló la imputación y de que el imputado tuvo la oportunidad de contestar el cargo; y, 2) El plazo de setenta y dos horas establecido por el artículo 19 constitucional constituye un derecho fundamental, cuya ampliación procede única y exclusivamente cuando el imputado lo solicita, lo cual implica que tal extensión temporal debe operar a su favor y nunca en su contra. De dichas proposiciones, la Primera Sala concluyó por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso, no puede operar en su detrimento, ya que su finalidad es que tenga más tiempo para ejercer su defensa. Por consiguiente, la Sala consideró que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, deberá solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero de manera previa a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 de la Constitución General de la República -o a su ampliación- para que se resuelva su situación jurídica, pues sólo de esa manera la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiéndole al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que considere podrían desvirtuar la postura ministerial. De la contradicción de tesis referida, derivó la jurisprudencia 1a./J. 120/2017 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia Nación, el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, cuyo rubro y texto son: "VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO). De la lectura de los artículos 309 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales -de contenido similar a los numerales 280 y 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos abrogado-, deriva una duda legítima relativa a si la solicitud de vinculación a proceso debe formularla el Ministerio Público antes de que el imputado decida si se acoge o no al lapso de 72 horas para que se resuelva sobre su situación jurídica -o a su ampliación-, o si puede hacerse posteriormente, incluso, en la continuación de la audiencia inicial, una vez que hubieran sido recibidos los medios de convicción presentados por la defensa. Ahora bien, para resolver dicha duda, debe partirse de las premisas siguientes: 1) la vinculación a proceso debe pedirse después de formularse la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo; y, 2) el plazo de 72 horas como límite para la detención ante autoridad judicial, establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un derecho fundamental, cuya ampliación procede sólo cuando el propio imputado lo solicita, lo cual implica que esa extensión temporal opere a su favor y nunca en su contra. Así, dichas proposiciones constituyen la pauta interpretativa que permite considerar, por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso no puede operar en su detrimento, pues su finalidad es que tenga más tiempo para ejercer su defensa, tan es así, que el artículo 314 del Código Nacional establece la posibilidad, sólo para el imputado y no para el Ministerio Público, de incorporar durante ese lapso los medios de convicción que estime convenientes. Por lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resuelva sobre su situación jurídica, pues sólo así la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiendo al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial. En efecto, si el imputado o su defensor elige posponer la indicada resolución en aras del derecho de defensa, es lógico que esa decisión debe partir del conocimiento previo de las razones concretas por las cuales el representante social estima que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación acreditan la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues sólo así estará en condiciones de ofrecer los medios de convicción idóneos para desvirtuar la imputación; es más, de no seguirse ese orden, el Juez podría tener dificultades para calificar la pertinencia de los datos de prueba que la defensa pretende incorporar." Continuando con el estudio de las formalidades que habrán de observarse previo al dictado de un auto de vinculación a proceso, debe señalarse que salvo que el imputado solicite que sea en un primer momento de la audiencia inicial donde se resuelva su situación jurídica, el juez señalará día y hora para su continuación, la cual habrá de celebrase, dentro de las setenta y dos, o bien, dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado fue puesto a su disposición, esto último, sólo en el supuesto de que se haya solicitado la ampliación del término. La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido dentro del término constitucional. Desahogadas las pruebas ofrecidas por el imputado o su defensa, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima, si lo hubiera y, luego al imputado; y previo debate, el juez de control resolverá sobre la vinculación o no a proceso del imputado. En el caso concreto, de un análisis de las formalidades indicadas respecto del procedimiento seguido en la carpeta judicial administrativa 316/2022/TEH, previo al dictado del auto de vinculación a proceso combatido (para lo cual se reproduce el primer disco óptico que la autoridad responsable remitió en apoyo al informe justificado y que obra a foja 65 Bis), revela lo siguiente: 1. En audiencia celebrada el veintiuno de octubre de dos mil veintidós (fecha señalada para la audiencia de formulación de imputación), siendo las once horas con cuarenta y tres minutos, el juez de control declaró abierta la audiencia; y pidió se individualizaran las partes; primero lo hizo la representación social licenciada Ana Karen González Valerdi; luego, el asesor jurídico Fernando García Carrera, siguieron los defensores particulares del imputado: Jorge Esteban Vázquez y Diego Díaz Jiménez, quienes proporcionaron su número de cédula profesional; y por último se individualizó el imputado Daniel Mendoza Rodríguez; Luego, el juez de control preguntó a la administradora de sala si los datos proporcionados por los defensores fueron verificados, a lo que contestó que sí fueron verificados los datos de las cédulas proporcionadas. 2. A continuación, el juez preguntó al imputado si le habían dado a conocer sus derechos, a lo que respondió que sí; luego, le preguntó si nombraba a las personas que se habían identificado con anterioridad como sus abogados, a lo que dijo que sí, por lo que protestaron y aceptaron el cargo; y, por último, el juez de control le precisó al imputado que debía avisar cualquier cambio de domicilio, sino se le consideraría sustraído de la acción de la justicia. 3. Después, el juez de control señaló que el objeto de la audiencia derivaba de una orden de aprehensión cumplida; y dio el uso de la voz a la Ministerio Público. 4. En seguida, la Ministerio Público, formuló imputación en contra de Daniel Mendoza Rodríguez, por el hecho que la ley señala como delito de violación; en virtud de los siguientes hechos: "(.) Que el dos de julio de dos mil veintiuno, aproximadamente a las 17:45 horas llegó la ciudadana L.G.G. al local ubicado en calle Independencia Poniente, número 120, letra "A", colonia centro Tehuacán, Puebla, porque usted quien era su amigo, la había invitado a comer, por lo que ciudadana L.G.G entró al local, la ciudadana L.G.G, se quedó de espaldas y usted la brazo por la espalda con sus brazos rodeando todo su cuerpo, usted la cargo, así como la tenía abrazada por la espalda y comenzó a llevarla abrazándola hacia el fondo del local, ella comenzó a sentir mucho miedo porque usted nunca se había comportado así con ella, le pidió que la bajara y la soltara, que qué le pasaba y estando en el fondo de local, entre la cocina y el baño, usted la bajó y con sus manos la tomó de los brazos girándola hacia él, relegándola a la pared, en ese momento sintió mucho miedo y le volvió a preguntar que qué le pasaba, que qué estaba haciendo, usted la volvió a tomar de los brazos y la jaló, entre su miedo vio que usted tenía unos cuchillos grandes de chef encima de una vitrina y eso le dio muchísimo miedo, de lo que pudiera hacerle en ese momento ya que usted es mucho más grande que ella, pesa más que ella y los cuchillos estaban a la mano, usted tomó un cuchillo de la vitrina y le dijo no se iba a ir, ella empezó a llorar, usted soltó el cuchillo y la tomó de los brazos, ella se sintió aterrorizada al ver que no la soltaba de los brazos y no dejaba de mirarme, le volvió a preguntar qué hacía, que la soltara, qué te pasa, usted la miró sin decir nada, la soltó de los brazos al tiempo que puso sus manos en la pared a la altura de sus hombros y le dijo "L. te quiero mucho, no quiero que te vayas, no te vas a ir nunca". Ella llorando le preguntó que porqué decía eso, usted se enojó mucho y le gritó: no quiero que te vayas, al tiempo que con sus manos comenzó a tocarle los pechos, ella le dijo que no la tocara, usted la miró y le dijo: "no, hoy vas a ser mía", usted se agachó, se puso en concluyas, con sus manos bajo la blusa de tirantes y el brasier de la ciudadana L.G.G., ella lo empujó con su hombro, rápidamente subió su blusa y su brasier. Usted se levantó molesto y la tomó fuerte de los brazos y le dijo no te vas a ir, y volvió a agacharse y le volvió a bajar su blusa junto con su brasier, diciéndole deja de temblar L.; con sus manos ella le aventó su cabeza y le dijo que no, que no quería que la tocara, que la dejara ir; usted enojado puso su boca en su pecho izquierdo y succionaba su pezón, ella trataba de empujarlo con su mano derecha de su hombro y con su mano izquierda empujaba su cabeza diciéndole que se detuviera, que no le hiciera daño, usted se puso de pie, rápidamente ella volvió a subir su brasier y su blusa, usted se enojó mucho, ella intentó caminar a la puerta del local, usted la tomó fuerte de los brazos, estaba muy enojado, la jaló hacia su cuerpo, quedando de espalda a usted, usted volvió a decirle "te dije que no te vas a ir, yo no me voy a quedar así tú me gustas mucho y no me vas a dejar así", ella comenzó a llorar más fuerte, intentó alejarse de él para ir a la salida, pero usted la apretó de los brazos, la levantó cargándola de la cintura y camino hacia el baño. Al llegar al baño la bajó y la empujó contra el lavamanos, quedando de espaldas hacia usted, al soltarse, la ciudadana ciudadana L.G.G. se dio la vuelta llorando le dijo a usted que no le hiciera nada, que ella no quería, que estaba en su local del trabajo y ya se iba, usted le dijo "no L, ya te dije que tú no te vas a ir de aquí y dejarme así"; usted se acercó a ella, y con una de sus manos le desabotonó su pantalón y le dijo que no entiendes que te quiero, te quiero bien y tú no te vas a ir, la ciudadana L.G.G. le dijo que no le hiciera nada, que no quería, que la dejara ir, ella quitó las manos de usted de su pantalón, pero usted le apretó los brazos y le dijo "dije que no te vas a ir". Entonces, la volteó bruscamente y quedó de espaldas a él, como su pantalón ya estaba desabotonado usted le bajó el pantalón junto con su ropa interior, ella sintió como usted pegó su cuerpo al suyo, sintió que usted se agachó y recargó su cabeza atrás de ella, con su brazo izquierdo rodeó su cintura, la cargo y la empujó hacia el lavamanos, quedando su abdomen pegado al lavamanos y sus pies suspendidos en el piso, ella le volví a decir a usted que no lo hiciera nada, usted se pegó aún más y metió su pene en su vagina, usted comenzó moverse de adelante hacia atrás, ella le dijo que no que la dejara ir, ella trató de quitarse pero usted la sujetó fuertemente de la cintura, le empezó decir en repetidas ocasiones "L. sabes que yo te quiero bien me gustas, no quiero que te vayas de mi lado", ella dejó de moverse porque el baño es muy chico y usted no le escuchaba, sólo apretó los dientes por la impotencia de no poder hacer nada, usted estuvo así como tres o cuatro minutos, usted le dijo "ay L., me encanta tu cuerpo, me encanta", ella sintió que usted sacó su pene de su vagina, y sintió un líquido en su pierna derecha, usted la soltó y ella pudo poner sus pies en el suelo y con su espalda y codos lo empujó, se subió su ropa interior y su pantalón como pudo, giró quedando frente a usted y usted se estaba acomodando su playera dentro de su pantalón, después usted puso sus manos en la cara de ella y le dijo "nunca te vas a ir de mi lado", ella movió su cabeza para quitar sus manos y le contestó te dije que no Daniel, usted, se asomó hacía las mesas y la salida, después se quitó de la puerta, ella salió del baño, tomó sus cosas, le dijo a usted que ya se iba, usted la alcanzó y le dijo "me siento como esa canción que cantan ahora a las mujeres como va, ah sí, que no era tu culpa, en donde estabas, ni como vestías, no", ella le dijo a usted que ya se iba que abriera la puerta y la cortina, usted abrió la puerta pequeña del cancel y le dijo ni una palabra de esto a nadie, si no quieres que te pase algo, usted subió la cortina, en ese momento ella salió muy aterrorizada agachándose antes que terminara de subir la cortina y camino hacia la esquina pidiendo un pronto para irse". 5. Que tal hecho, refirió la Ministerio Público, encuadra en el hecho que la ley señala como delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 267, en relación con los diversos 13, 17 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla; en cuanto al grado de ejecución es instantáneo (artículo 17); la naturaleza de la conducta que se le atribuye es dolosa (artículo 13), vulnerando así el bien jurídico que es la libertad sexual de L.G.G; y, su intervención es título de autor material directo (artículo 21 fracción I). 6. Acto seguido, el juez de control preguntó al asesor jurídico y a la defensa si requerían alguna aclaración o precisión, a lo que ambos respondieron que ninguna; luego preguntó lo mismo al imputado, quien dijo que quedó clara la imputación. 7. A continuación, previa explicación del juez de Control al imputado, aquí quejoso, en el sentido de que tenía derecho a declarar o guardar silencio, le preguntó si quería hacerlo, a lo que respondió que se reservaba su derecho. 8. Luego, la representación social solicitó se vinculara a proceso al imputado, aquí quejoso, y expuso los datos de prueba para justificar la vinculación a proceso en su contra por su probable participación en los hechos que la ley señala como delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 267, en relación con los diversos 13, 17 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la persona de iniciales L.G.G 9. A continuación, el juez de Control preguntó al imputado, aquí quejoso, en qué momento quería que se resolviera su situación jurídica y, una vez que lo consultó con la defensa, respondió que dentro de las duplicidad del término (144 horas). 10 Luego, previa solicitud del Ministerio Público, se impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; y por último, se señaló fecha y horas para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso. 11. En audiencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, el juez de control declaró abierta la audiencia; pidió se individualizaran las partes haciéndolo de la siguiente manera: primero lo hizo la representación social licenciada Ana Kaen González Valerdi; luego, el asesor jurídico Fernando García Carrera, siguieron los defensores particulares del imputado: Jorge Esteban Vázquez y Diego Díaz Jiménez; y por último se individualizó el imputado Daniel Mendoza Rodríguez. 12. A continuación, el juez de control preguntó a la defensa si tenía datos o medios de prueba que ofrecer, a lo que respondió que no, que sólo expondría argumentos de no vinculación, y así lo hizo. 13. Luego, una vez que el juez de control dio el uso de la voz a las partes en cuanto a la solicitud de vinculación a proceso, haciendo sus objeciones y dándoles el derecho de réplica y contra réplica, declaró cerrado el debate, y resolvió la situación jurídica del imputado, aquí quejoso, y expuso los motivos y fundamentos de su decisión, y dictó en su contra auto de vinculación a proceso como probable autor material del hecho con apariencia de delito de violación agravada (Sic), previsto y sancionado por el artículo 267, en relación con los diversos 13, 17 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la persona de iniciales L.G.G. 14. Respecto al plazo de investigación complementaria, después de escuchar a las partes, la juez de control determinó tres meses, y por último concedió la expedición de copia del audio y video de la audiencia, finalizando la misma. De lo anterior se advierte, como ya adelantó, que se cumplieron las formalidades del procedimiento. Luego, de autos se advierte que Daniel Mendoza Rodríguez, a través de su defensor particular Liborio Cruz Hernández, promovió juicio de amparo indirecto, del que conoció este juzgado de Distrito, y que se radicó con el número 1224/2022, donde reclamo lo siguiente: Del 1. Juez de Control, adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, Gerardo Gutiérrez Gayosso: a) La imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso en audiencia de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta judicial administrativa 316/2022/TEH, por el hecho que la ley señala como delito de violación, previsto y sancionado por los artículos 267, en relación con los diversos 13, 17 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la persona de iniciales L.G.G. b) El auto de vinculación a proceso pronunciado en su contra en audiencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta judicial administrativa 316/2022/TEH, por el hecho que la ley señala como delito de violación agravada (Sic), previsto y sancionado por el artículo 267, en relación con los diversos 13, 17 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la persona de iniciales L.G.G. Del 2. Director del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla: c) La ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso en audiencia de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta judicial administrativa 316/2022/TEH, por el hecho que la ley señala como delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 267, en relación con los diversos 13, 17 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la persona de iniciales L.G.G. Así, mediante sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el trece de enero de dos mil veintitrés, por una parte se negó, y por otra, se concedió el amparo y protección a Daniel Mendoza Rodríguez, únicamente respecto del acto que reclamó por conducto de su defensor particular Liborio Cruz Hernández, al 1. Juez de Control, adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, Gerardo Gutiérrez Gayosso, consistente en el auto de vinculación a proceso pronunciado en su contra en audiencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta judicial administrativa 316/2022/TEH, por el hecho que la ley señala como delito de violación agravada (sic), previsto y sancionado por el artículo 267, en relación con los diversos 13, 17 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la persona de iniciales L.G.G., en virtud de lo establecido en el considerando octavo de dicha resolución y para los efectos precisados en el considerando noveno. Dicha concesión, fue otorgada para los efectos siguientes: "NOVENO. Efectos de la concesión. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Daniel Mendoza Rodríguez, para que la autoridad responsable 1. Juez de Control, adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, Gerardo Gutiérrez Gayosso, dentro de la carpeta judicial administrativa 316/2022/TEH, de su índice, una vez que la sentencia quede firme y se le requiera su cumplimiento dentro del plazo establecido para tal efecto, realice lo siguiente: a. Deje sin efecto el auto de vinculación a proceso reclamado; únicamente por cuanto hace al aquí quejoso. b. Emita otra resolución, en la que convoque a las partes al desahogo de la audiencia inicial, a partir de que cerró el debate plantado por las partes en la materia de la vinculación, para lo cual deberá verificar la citación de las partes. c. En la fecha señalada para la audiencia, una vez verificada la presencia de las partes, emita otra resolución en la que siguiendo los lineamientos establecidos en esta sentencia, y a partir de los argumentos planteados por éstas en las audiencias de veintiuno y veinticuatro de octubre de dos mil veintidós realice lo siguiente: 1. Con libertad de jurisdicción, motive el hecho que la ley señala como delito que tuvo por acreditado, y que fue materia de imputación por parte del Ministerio Público, o en su caso, señale si otorgó una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, caso en el que deberá hacerlo saber al imputado para los efectos de su defensa, como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 2. Resuelva la situación jurídica del quejoso; y, d. Remita las constancias con las que acredite lo anterior a este juzgado de Distrito." En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable el nueve de febrero de dos mil veintitrés, desahogó nuevamente la audiencia inicial dentro de la carpeta judicial administrativa 316/2022/TEH, a partir de que cerró el debate planteado por las partes en la materia de la vinculación, y después de llevar a cabo su individualización, declaró sin efecto el auto de vinculación a proceso dictado en audiencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, en contra de Daniel Mendoza Rodríguez, por el hecho que la ley señala como delito de violación agravada (Sic), previsto y sancionado por el artículo 267, en relación con los diversos 13, 17 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la persona de iniciales L.G.G. -acto reclamado-; y, En la misma audiencia de nueve de febrero de dos mil veintitrés, dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso Daniel Mendoza Rodríguez, por el hecho que la ley señala como delito de violación, previsto y sancionado en los artículos 267 con relación a los diversos 13, 17 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales L.G.G. Dicha resolución constituye el acto reclamado en esta vía de amparo. A continuación se efectúa el análisis del auto de vinculación a proceso combatido, al tenor de los requisitos previstos en el artículo 19 de la Constitución Federal, que establece: "Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Del precepto constitucional transcrito se obtiene que para el dictado del auto de vinculación a proceso es necesario satisfacer los requisitos de forma y de fondo, siguientes: 1. Deberá dictarse a más tardar a las setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro, si se solicita la duplicidad de plazo constitucional, contadas a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial (de forma). 2. La precisión del hecho que la ley señala como delito que se atribuye al indiciado, indicando el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de la conducta, que conlleva la fundamentación y motivación de lo anterior (de forma). 3. Que obren datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes, que establezcan que se ha cometido el hecho delictivo (de fondo); y, 4. Que de esos mismos datos de prueba se establezca la probabilidad de que el imputado cometió el hecho delictivo o participó en su comisión (de fondo). El primer requisito se satisface, pues la situación jurídica del imputado fue resuelta por el juez de Control responsable dentro de la duplicidad del plazo constitucional (144 horas), pues el imputado quedó a disposición de dicha autoridad judicial desde el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, y su situación jurídica se resolvió en primer lugar el veinticuatro del mismo mes y año, esto es, al día cinco del término de los seis con el que contaba el juez de control para resolver la situación jurídica del imputado. De modo que, el auto de vinculación a proceso reclamado se emitió dentro del término que prevé el artículo 19 de la Constitución General de la República que se duplicó. También se satisface el segundo requisito para el dictado de un auto de vinculación a proceso, ya que al emitirse el acto reclamado, se precisó que a Daniel Mendoza Rodríguez, se le atribuye el hecho que la ley señala como delito de violación, previsto y sancionado en los artículos 267 con relación a los diversos 13, 17 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales L.G.G; y, como se explicará más adelante (al estudiar la acreditación del hecho que la ley señala como delito), se le hizo saber el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de los hechos que se le imputan. Tocante al estudio del tercero y cuarto de los requisitos que quedaron precisados, relativos a exponer los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, tal como se determinó en la resolución reclamada, se encuentran satisfechos, por los motivos siguientes: Previo, a analizar si en el caso están satisfechos tales extremos (el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión), es necesario precisar que al resolver la contradicción de tesis 160/2010, en sesión de cuatro de mayo de dos mil once, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló, entre otras cosas, que de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A) del 20 de la Constitución Federal, a partir de la implementación sistema procesal penal acusatorio, con motivo de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, el Constituyente determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. De tal manera que, con la implementación del sistema procesal penal acusatorio, se introdujo al vocabulario jurídico, el término "dato de prueba", que conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 261, del Código Nacional Procedimiento Penales, es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado en su comisión. La precisión anterior resulta importante, pues de acuerdo a lo expuesto, el estándar de prueba para el dictado de un auto de vinculación a proceso, se redujo a la sola existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; de modo que, sobre esa base (datos de prueba) fue que el juez responsable dictó el auto de vinculación a proceso reclamado, y es la misma que habrá de considerarse en esta sentencia, para el análisis de dicho acto. En este sentido, esta autoridad comparte el razonamiento de la juez responsable, al haber considerado que los datos de prueba que relacionó la agente del Ministerio Público son suficientes, idóneos y pertinentes, para establecer razonablemente que se cometió un hecho que la ley califica como delito y que es probable que Daniel Mendoza Rodríguez, intervino en su ejecución. En relación con la existencia del hecho que la ley señala como delito, debe señalarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, en sesión de uno febrero de dos mil diecisiete, determinó que al dictarse un auto de vinculación a proceso, el juez de control no está constitucionalmente obligado a realizar un juicio de tipicidad, esto es, a comprobar el cuerpo del delito (elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica); sino únicamente a que una vez determinado de manera clara el hecho materia de la imputación, lleve a cabo un ejercicio tendente a establecer si esa conducta encuadra en alguna de las descripciones típicas que en abstracto describe la norma penal como delitos y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Derivado de ese ejercicio de encuadramiento a la norma penal, el juez deberá expresar de manera clara el delito, con sus respectivas agravantes, como parte de la clasificación legal de la conducta, independientemente de la metodología que elija para otorgar claridad y certeza a su determinación, en la que sí deberá dejar bien establecido el hecho imputado, las circunstancias propias de ejecución, así como el tipo penal aplicable, como consecuencia de un examen abstracto de adecuación de la norma penal al caso concreto. De la contradicción de tesis referida, derivó la jurisprudencia 35/2017(10ª.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de cinco de abril de dos mil diecisiete, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones 'comprobar' por 'establecer' y 'cuerpo del delito' por 'hecho que la ley señala como delito', las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de 'pruebas' ni se exige 'comprobar' que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado 'cuerpo del delito', entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Sobre esas bases, resulta pertinente indicar que en la especie se reclama un auto de vinculación a proceso emitido en contra de Daniel Mendoza Rodríguez, como probable partícipe en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violación, previsto y sancionado por el artículo previsto y sancionado en los artículos 267 con relación a los diversos 13, 17 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales L.G.G; el primer de los numerales indicados dispone: "Artículo 267.- Al que por medio de la violencia física o moral tuviere cópula con una persona sea cual fuere su sexo, se le aplicarán de diez a treinta años de prisión y multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización. Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. (.)" El juez de control responsable para tener por acreditada la existencia del hecho ilícito, tomó en cuenta los datos de prueba que relató la agente del Ministerio Público, al momento de formular la solicitud de vinculación a proceso, en audiencia de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, consistentes en: 1. Entrevista de la persona de identidad reservada de iniciales L. G. G., de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, realizada ante la representación social y en la que en lo conducente refirió: "(.) que tiene una relación de amistad con el ciudadano Daniel Mendoza Rodríguez, desde hace aproximadamente dos años, que en diversas ocasiones salía con Daniel ya que lo consideraba como un hermano, a veces acudía a comer a su local ubicado en calle Independencia poniente número 120 letra "A", colonia centro en Tehuacán, Puebla, que el día dos de julio del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las 08 horas con 28 minutos la ciudadana L. G. G., recibió un mensaje a través de la aplicación WhatsApp del número 222 711 61 47, en donde Daniel le invitaba un café en su local, por lo que ella le dijo que podía pasar saliendo del trabajo, Daniela le respondió que estaba bien que la veía en su local más tarde, que ese mismo día dos de julio de dos mil veintiuno, aproximadamente a las 17:45 horas llegó al restaurante "entre aromas y café" local que es del señor Daniel Mendoza Rodríguez, y está ubicado en calle Independencia Poniente, número 120, letra "A", colonia centro Tehuacán, Puebla, tocó la puerta del cancel, Daniel salió a recibirla diciéndole que pasara y al pasar el cancel del restaurante escuchó que Daniel bajó la cortina del local, no le pareció extraño porque ya era tarde y Daniel generalmente cerraba antes de las seis de la tarde, caminó escasos cuatro pasos hacia el interior del local, por el área de mesas, se quedó de espaldas y sintió que Daniel la brazo por la espalda con sus brazos rodeando todo su cuerpo, Daniel la cargo, así como la tenía abrazada por la espalda y comenzó a llevarla abrazándola hacia el fondo del local, ella comenzó a sentir mucho miedo porque Daniel nunca se había comportado así con ella, le pidió que la bajara y la soltara ella se molestó y le dijo a Daniel que qué le pasaba pero Daniel no le decía nada, estando en el fondo de local, entre la cocina y el baño, Daniel la bajó y con sus manos la tomó de los brazos girándola hacia él, relegándola a la pared, en ese momento sintió mucho miedo y le volvió a preguntar que qué le pasaba, que qué estaba haciendo, le dijo que la dejara, que no se sentía cómoda y él no le respondió sólo la volvió a tomar de los brazos y la jaló, entre su miedo vio que Daniel tenía unos cuchillos grandes de chef encima de una vitrina y eso le dio muchísimo miedo, de lo que pudiera hacerle en ese momento ya que Daniel es mucho más grande que ella, pesa más que ella y los cuchillos estaban a la mano, Daniel tomó un cuchillo de la vitrina y le dijo no te vas a ir, ella empezó a llorar, Daniel soltó el cuchillo y la tomó de los brazos, ella se sintió aterrorizada e impotente al ver que Daniel no la soltaba de los brazos y no dejaba de mirarme, le volvió a preguntar Daniel que haces, suéltame, qué te pasa, él la miró sin decir nada, la soltó de los brazos al tiempo que puso sus manos en la pared a la altura de sus hombros y le dijo L., te quiero mucho, no quiero que te vayas, no te vas a ir nunca, llorando le preguntó que porqué decía eso, él se enojó mucho y le gritó: no quiero que te vayas, al tiempo que con sus manos comenzó a tocarle los pechos, le dijo que no la tocara, Daniel la miró y le dijo: "no, hoy vas a ser mía", Daniel se agachó, se puso en concluyas, con sus manos bajo su blusa de tirantes y su brasier, ella lo empujó con su hombro, rápidamente subió, lo empujó de su hombro, rápidamente subió su blusa y su brasier, Daniel se levantó molesto y la tomó fuerte de los brazos y le dijo no te vas a ir, y volvió a agacharse y le volvió a bajar su blusa junto con su brasier, diciéndole deja de temblar L., con sus manos ella le aventó su cabe Daniel se agachó, se puso en concluyas, con sus manos bajo su blusa de tirantes y su brasier, ella lo empujó con su hombro, rápidamente subió, lo empujó de su hombro, rápidamente subió su blusa y su brasier, Daniel se levantó molesto y la tomó fuerte de los brazos y le dijo no te vas a ir, y volvió a agacharse y le volvió a bajar su blusa junto con su brasier, diciéndole deja de temblar L., con sus manos ella le aventó su cabeza y le dijo que no, que no quería que la tocara, que la dejara ir, Daniel enojado puso su boca en su pecho izquierdo y succionaba su pezón, ella trataba de empujarlo con su mano derecha de su hombro y con su mano izquierda empujaba su cabeza diciéndole que se detuviera, que no le hiciera daño, Daniel se puso de pie y ella rápidamente se volvió a subir su brasier y su blusa, Daniel se enojó mucho, ella intentó caminar a la puerta del local, Daniel la tomó fuerte de los brazos, estaba muy enojado, la jaló hacia él, la jaló hacia su cuerpo, quedando de espalda él, Daniel volvió a decirle "te dije que no te vas a ir, yo no me voy a quedar así tú me gustas mucho y no me vas a dejar así", ella comenzó a llorar más fuerte, intentó alejarse de él para ir a la salida pero Daniel la apretó de los brazos, la levantó cargándola de la cintura y camino hacia el baño, al llegar al baño la bajó y la empujó contra el lavamanos, quedando de espaldas hacia él, al soltarse ella se dio la vuelta llorando le dijo a Daniel que no le hiciera nada, que ella no quería, que estaba en su local del trabajo y ya se iba, Daniel le dijo "no L., ya te dije que tú no te vas a ir de aquí y dejarme así", Daniel se acercó a ella con una de sus manos le desabotono su pantalón y le dijo que no entiendes que te quiero, te quiero bien y tú no te vas a ir, ella le volvió a decir que por favor no le hiciera nada, que no quería, que la dejara ir, ella quitó las manos de Daniel de su pantalón pero él le apretó los brazos y le dijo "dije que no te vas a ir", entonces la volteó bruscamente y quedó de espaldas a él, como su pantalón ya estaba desabotonado Daniel le bajó el pantalón junto con su ropa interior, ella sintió como Daniel pegó su cuerpo al suyo, sintió que Daniel se agachó y recargó su cabeza atrás de ella, con su brazo izquierdo rodeo su cintura, la cargo y la empujó hacia el lavamanos, quedando su abdomen pegada al lavamanos y sus pies suspendidos en el piso, ella le volví a decir a Daniel que no lo hiciera nada, en ese momento Daniel se pegó aún más y metió su pene en su vagina, Daniel comenzó moverse de adelante hacia atrás, ella llorando le volvió a decir que no que la dejara ir, ella trató de quitarse pero Daniela sujetó fuertemente de la cintura, le empezó decir en repetidas ocasiones "L., Sabes que yo te quiero bien me gustas, no quiero que te vayas de mi lado", ella dejó de moverse porque el baño es muy chico y Daniel no le escuchaba, sólo apretó los dientes por la impotencia de no poder hacer nada, Daniel estuvo así como tres o cuatro minutos, Daniel le dijo "ay L., me encanta tu cuerpo, me encanta", ella sintió que Daniel sacó su pene de su vagina, y sintió un líquido en su pierna derecha, Daniel la soltó y ella pudo poner sus pies en el suelo y con su espalda y codos lo empujó, se subió su ropa interior y su pantalón, giró quedando frente a Daniel y él se estaba acomodando su playera dentro de su pantalón, después Daniel puso sus manos en la cara de ella y le dijo "nunca te vas a ir de mi lado", ella movió su cabeza para quitar sus manos y le contestó te dije que no Daniel, Daniel, se agarró del marco de la puerta del baño y se asomó hacía las mesas y la salida, después se quitó de la puerta, ella salió del baño, tomó sus cosas, le dijo a Daniel que ya se iba, Daniel la alcanzó y le dijo "me siento como esa canción que cantan ahora a las mujeres como va, ah sí, que no era tu culpa, en donde estabas, ni como vestías, no", ella le dijo a Daniel que ya se iba que abriera la puerta y la cortina, Daniel abrió la puerta pequeña del cancel y le dijo ni una palabra de esto a nadie, si no quieres que te pase algo, luego subió la cortina, en ese momento ella salió muy aterrorizada agachándose, antes que terminara de subir la cortina y camino hacia la esquina pidiendo un pronto para irse, él salió detrás de ella y le dijo no te vayas y ella le dijo que su pronto ya había llegado, por lo cual ella se sube el pronto y posteriormente le habla a su colega de nombre José Manuel Hernández Moro, quien le pregunta que pasó, por lo que ella responde que la violaron, espera su colega y le cuenta lo sucedido, su colega le dice que acudan a denunciar pero ella le dice que no quiere exponerse más a que la toque el médico legista ya que no quería que nadie la tocara.(.)" 2. Dictamen médico legal y forense psicofisiológico y ginecológico número 1347 de diecisiete de julio de dos mil veintiuno, realizado por el médico legista Saúl Darío Sánchez Villavicencio, con cédula profesional 871119 a la persona de iniciales L. G. G., quien en la exploración física refirió: "que está consciente en la constitución es delgada, conformación bien conformada, la talla es de 146 cm, el peso es de 50 kg, y por cuanto hace al área extragenital sin lesiones recientes al área paragenital no presenta equimosis, hematomas y no presenta laceraciones, sin datos patológicos, con buen desarrollo propios a su edad y sexo, por cuanto hace al área genital refiriéndose a los genitales externos periné y región anorrectal a la palpación manifiesta dolor, por cuanto hace a la vulva refiere que en el monte de venus con escaso vello púbico por depilación sin laceraciones, escoriaciones o equimosis, labios mayores y menores con ligera inflamación, los labios mayores bien desarrollados y cubriendo a los menores parcialmente, labios menores sin laceraciones o equimosis sin lesiones visibles, presencia de leucorrea blanquecina abundante, por cuanto hace al himen en cuánto a su forma, en forma semilunar, Introito vaginal presenta una equimosis de color verdoso con desgarros antiguos a las 3, 6 y a las 10 horas según la carátula del reloj, por cuanto hace a la vagina no valorable al útero no valorable y por cuanto hace a las características sexuales secundarias con incipiente desarrollo". En dicho dictamen se concluyó lo siguiente: "estado psicofisiológico depresivo y angustiosa, a la revisión ginecológica con el área extra genital, no presenta equimosis, hematomas y no presenta laceraciones y sin datos patológicos, en el área paragenital no presenta equimosis, hematomas y no presenta laceraciones sin datos patológicos, en el área genital no presenta equimosis, hematomas y no presenta laceraciones sin datos patológicos, por cuanto hace al himen con desgarros antiguos a las 3, 6 y a las 10 horas según la carátula del reloj." 3. Dictamen psicológico número 279/2021 de veintisiete de julio del año dos mil veintiuno, realizado por la perito en psicología Anel Franco Soriano, con número de cédula profesional 10320711, a la persona de identidad reservada L. G. G., en el que concluyó: "derivado de los hechos denunciados presenta afectación psicológica con indicadores principalmente de ansiedad severa, aislamiento, descontento, defensividad, miedo y rechazo su agresor, se siente en un ambiente restrictivo y de tensión, agresión reprimida, auto desvalorización, inseguridad, sentimiento de inadecuación e inferioridad, transmite sensación de encierro o incomodidad, situación que está modificando su modo y calidad de vida, refiere que no existe un perfil de rasgos o características únicas en relación a las víctimas de delitos de violación dado que no se puede homogenizar la respuesta a un evento traumático, asimismo que refiere que durante la valoración psicológica mantiene una postura corporal encorvada, evasiva por instantes al contacto visual, su tono de voz es medio, al narrar los hechos se nota triste, llora durante la entrevista, es accesible y colaboradora durante la valoración, por lo que del análisis de la conducta y versión de los hechos se desprende que lo que expresa de forma verbal es congruente con lo que expresa de forma no verbal, y sugiere tratamiento psicológico especializado"; y, 4. Inspección ocular realizada al lugar de los hechos de veintidós de julio de dos mil veintiuno, a las diecisiete horas, por los agentes investigadores Gastón García Zamora y José Porfirio Posada Sosa, ambos adscritos al centro de justicia para las mujeres en Tehuacán, a bordo del móvil B-429, quienes se constituyeron en el domicilio ubicado en calle Independencia Poniente, número 120 letra "A", colonia centro en Tehuacán, Puebla., y señalaron lo siguiente: "(.) que se trata de un bien inmueble de dos niveles, con fachada de color blanco, con marquesina de color azul, de la cual se aprecia una entrada a un restaurante de una puerta tipo portón, de color verde que mide aproximadamente 4 m por 3 m de alto, compuerta de cristal y ventana lateral de cristal, en la marquesina superior se aprecia un letrero que dice "Entre aromas y café", cuenta con banqueta de concreto y calle adoquinada y enfrente se aprecia un árbol." En tal virtud, este órgano de control constitucional coincide con el juez de Control en considerar que existen datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes para estimar que se cometió el hecho que la ley señala como delito de violación, pues del análisis libre y lógico de los antecedentes de investigación invocados por la representante social, los cuales se aprecian de manera conjunta, integral y armónica, con base en las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, es factible establecer que: a. Aproximadamente a las diecisiete cuarenta y cinco horas del dos de julio de dos mil veintiuno (circunstancia de tiempo), estando la pasivo en el local ubicado en calle Independencia Poniente, número 120, letra "A", colonia centro Tehuacán, Puebla, (circunstancia de tiempo), el sujeto activo la brazo por la espalda con sus brazos rodeando todo su cuerpo, la cargo, y la llevó al fondo del local, la pasivo vio que el activo tenía unos cuchillos grandes de chef encima de una vitrina, lo que le dio muchísimo miedo, ya que el activo es mucho más grande que ella, pesa más que ella y los cuchillos estaban a la mano, y el activo tomó un cuchillo de la vitrina y le dijo "no te vas a ir" y soltó el cuchillo y la tomó de los brazos; el activo se agachó, se puso en concluyas, con sus manos bajo su blusa de tirantes y su brasier, ella lo empujó con su hombro, y rápidamente subió su blusa y brasier, el activo la levantó molesto y la tomó fuerte de los brazos y le dijo no te vas a ir, y volvió a agacharse y le volvió a bajar su blusa junto con su brasier, diciéndole deja de temblar y puso su boca en su pecho izquierdo y succionaba su pezón; el activo se puso de pie y la pasivo rápidamente se volvió a subir su brasier y su blusa, e intentó caminar a la puerta del local, pero el activo la tomó fuerte de los brazos, y la levantó cargándola de la cintura y camino con ella hacia el baño (circunstancias de modo). b. Al llegar al baño la bajó y la empujó contra el lavamanos, quedando de espaldas hacia el activo, al soltarse, la pasivo L.G.G le dijo que no le hiciera nada, que ella no quería, que estaba en su local del trabajo y ya se iba, y el activo le dijo que no, "ya te dije que tú no te vas a ir de aquí y dejarme así", se acercó a ella, y con una de sus manos le desabotonó su pantalón y le dijo que no entiendes que te quiero, te quiero bien y tú no te vas a ir, ella quitó las manos del activo de su pantalón, pero éste le apretó los brazos y le dijo "dije que no te vas a ir" (circunstancias de modo). c. Entonces, la volteó bruscamente y quedó de espaldas a él, como su pantalón ya estaba desabotonado el activo le bajó el pantalón junto con su ropa interior, la pegó a su cuerpo, y agachó y recargó su cabeza atrás de la pasivo, y con su brazo izquierdo rodeó su cintura, la cargo y la empujó hacia el lavamanos, quedando su abdomen pegado al lavamanos y sus pies suspendidos en el piso, se pegó aún más y metió su pene en su vagina, y comenzó moverse de adelante hacia atrás estuvo así como tres o cuatro minutos, la víctima sintió que el activo sacó su pene de su vagina, y sintió un líquido en su pierna derecha, y la soltó, y ella pudo poner sus pies en el suelo y con su espalda y codos empujó al activo, se subió su ropa interior y su pantalón como pudo, giró quedando frente al activo quien acomodaba su playera dentro del pantalón, después el activo puso sus manos en la cara de la pasivo y le dijo "nunca te vas a ir de mi lado", y la activo movió su cabeza para quitar sus manos y le contestó te dije que no Daniel. La víctima le dijo al activo que ya se iba que abriera la puerta y la cortina, y así lo hizo y le dijo "ni una palabra de esto a nadie, si no quieres que te pase algo", y subió la cortina, en ese momento la pasivo salió muy aterrorizada agachándose antes que terminara de subir la cortina y camino hacia la esquina pidiendo un taxi ("pronto") para irse (circunstancias de modo). Por lo que, existen datos de prueba suficientes e idóneos para tener por acreditado que se cometió el hecho que la ley señala como delito de violación, en los artículos 267 con relación a los diversos 13, 17 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales L.G.G Luego, como bien lo indicó el juez de la causa, los datos de prueba relatados sí resultan suficientes e idóneos para tener por acreditada la existencia de una conducta que la ley describe como delito, así como la posibilidad de que el imputado participó en su comisión, en virtud de que, como se explicó, el estándar probatorio para la etapa procesal en la que se sitúa el acto reclamado es muy bajo y sólo se requiere de datos de prueba que permitan dilucidar las circunstancias antedichas. Así, para la etapa procesal en la que se sitúa el acto reclamado, se estima suficiente para tener por acreditado el hecho de violación, siendo que al tratarse de un hecho de realización oculta la narración de la víctima, como bien lo determinó el juez de control, es preponderante; así, que estuvo en lo correcto de tener por acreditada la existencia de una conducta que la ley describe como delito, con la entrevista de la víctima de iniciales L.G.G. Tiene aplicación al caso, por analogía, el criterio, sustentado, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "VIOLACIÓN, CÓPULA COMO ELEMENTO DEL DELITO DE. El elemento cópula que precisa el delito de violación queda plenamente acreditado con cualquier forma de ayuntamiento carnal, homosexual o heterosexual, normal o anormal, con eyaculación o sin ella, en la que haya penetración del miembro viril por parte del agente. Así se establece que el acusado introdujo el pene en la boca del menor ofendido, ello es suficiente para estimar presente la cópula." Entrevista de la víctima que junto con el dictamen médico del doctor Saúl Darío Sánchez Villavicencio, genera fiabilidad en cuanto a la que la víctima presentó himen con desgarros antiguos a las tres, a las seis y a las diez, según la carátula del reloj; y con el dictamen de Anet Franco Soriano, en el sentido de que hay afectación de índole psicológica, al presentar la víctima indicadores principalmente de ansiedad, aislamiento, que se encuentra a la defensiva, tiene miedo, rechazo, se siente un ambiente restrictivo de tensión, agresión, reprimida, auto desvaloración, inseguridad, sentimientos de adecuación, inferioridad, incomodidad y que todo esto ha modificado su modo y calidad de vida; y la inspección al lugar de los hechos, es suficiente, como bien lo señaló el juez de Control a efecto de actualizarse los elementos que integran el hecho delictivo de violación, y para determinar que se vulneraron en contra de la víctima los bienes jurídicos de la seguridad sexual y el derecho a una vida libre de violencia. Continuando con el análisis de los requisitos que deben satisfacerse para el dictado de un auto de vinculación a proceso, debe señalarse que el juez de Control correctamente estableció que existe la probabilidad de que Daniel Mendoza Rodríguez participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violación, en agravio de la persona de iniciales L.G.G. Tal extremo (probabilidad de que el imputado cometió o participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito), no es otra cosa más que la revelación de la posible identidad del autor del hecho que la ley señala como delito, bajo las formas de autoría o participación indicadas en el Código Penal. Sobre el particular, destaca el dato de prueba relativo a la entrevista de la víctima de iniciales L.G.G, que hace un señalamiento directo en contra del imputado, con quien sostenía una relación de amistad, y que con ausencia de voluntad de la agraviada realizó el acto sexual. Dato de prueba idóneo y suficiente para tener por acreditada la posible participación de Daniel Mendoza Rodríguez, en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violación, previsto en el artículo 267 con relación a los diversos 13, 17 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales L.G.G Por tanto, la información obtenida de los antecedentes de investigación, resulta suficiente para establecer, hasta el estadío procesal que se examina, la probable participación del imputado, aquí quejoso, en la comisión del hecho que la ley señala como delito delito de violación, acabado de indicar, y ello hace procedente el dictado del auto de vinculación a proceso en su contra, como bien lo determinó el juez de Control. En esa tesitura, como se ha expuesto, el juez de Control responsable correctamente estimó vincular a proceso al imputado Daniel Mendoza Rodríguez, ya que con los datos de prueba aportados, se acreditó, a título probable, que cometió, en calidad de autor material y directo, como lo establece el artículo 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, el hecho con apariencia de delito de violación, en agravio de la persona de iniciales L.G.G y que lo llevó a cabo con ánimo dolo directo de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del Código Penal para el Estado de Puebla. debido a que todos los hechos de identificación delictuosa de naturaleza sexual como la violación siempre se entienden ejecutados con ánimo doloso, y en el caso, el imputado quiso y aceptó el hecho descrito por la ley como delito, como bien lo sostuvo el juez de control responsable. Luego, es posible concluir que hasta el momento procesal en que se emitió el auto de vinculación a proceso impugnado, no se acreditó alguna excluyente de la conducta típica ni de extinción de la acción penal, como bien lo sostuvo el juez de Control responsable. Por todo lo anteriormente expuesto, los datos de prueba referidos son idóneos y suficientes para tener por acreditada la posible participación de Daniel Mendoza Rodríguez, en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violación, previsto y sancionado por el artículo artículo 267 con relación a los diversos 13, 17 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales L.G.G. No es obstáculo para lo anterior que la parte quejosa, vía conceptos de violación, hayan afirmado que el auto de vinculación reclamado emitido por el juez de Control responsable no se ajustó a derecho por los siguientes motivos: 1. Que el auto de vinculación a proceso es violatorio del principio de presunción de inocencia reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se acreditó el injusto penal, en concreto, la violencia física o moral, ya que no existen indicios razonados que justifiquen que el activo haya realizado dicha violencia física o moral, por lo que el juez de control se apoyó en meras conjeturas, sin fundamentarse en datos de prueba de cargo; y, 2. Que de los datos expuesto por el Ministerio Público, para tener por acreditado el hecho que la ley señala como delito de violación, previsto y sancionado en el artículo 267 con relación a los diversos 13, 17 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, en concreto, del dictamen ginecológico a la víctima, no existen lesiones externas que prueben que se haya ejercido algún tipo de violencia física en contra de la víctima, por lo que el juez de control emitió, en el auto de vinculación a proceso una opinión meramente subjetiva, sin respaldo alguno (cato de prueba). Los anteriores conceptos de violación son infundados, ya que contrario a lo que sustenta la parte quejosa, debe decirse que, para que se actualice la violencia física, como medio específico de comisión en el delito de violación, no se requiere de probar lesiones en el cuerpo de la víctima; sino sólo es necesario que el sujeto activo realice un acto o una serie de actos, ya sea a través del uso de su propia fuerza física, o a través de cualquier otro medio físico que, aplicado o suministrado al sujeto pasivo, tenga como consecuencia anular o neutralizar su posible resistencia, ello con la finalidad de cometer la conducta reprochada. Lo que implica, necesariamente, que el sujeto activo es quien debe ejercer la violencia física en el pasivo, y la misma debe ser desplegada con el propósito de anular o vencer su resistencia, ya que sólo en esas condiciones puede afirmarse que constituyó el medio idóneo para lograr el resultado típico; y en el caso, como bien lo argumento el juez de control el activo hizo uso de su propio cuerpo a fin de anular o vencer la resistencia u oposición del sujeto pasivo. Así, la conducta del activo en el sentido de que abrazó a la pasivo de espaldas, y la sometió por la fuerza de su cuerpo, pues el activo le bajó el pantalón junto con su ropa interior, la pegó a su cuerpo, y agachó y recargó su cabeza atrás de ella, y con su brazo izquierdo rodeó su cintura, la cargo y la empujó hacia el lavamanos, quedando su abdomen pegado al lavamanos y sus pies suspendidos en el piso, y pegarse aún más y meter su pene en la vagina de la víctima, comenzando a moverse de adelante hacia atrás, permiten acreditar la "probabilidad" de que aquél cometió o participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito, siendo la violencia física el medio idóneo para lograr su cometido. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 57/2008-PS, cuyos datos de localización, rubro y texto, son del tenor literal siguiente: "VIOLENCIA FÍSICA COMO MEDIO ESPECÍFICO DE COMISIÓN EN EL DELITO DE VIOLACIÓN. Debe señalarse que al hablar de violencia física o moral como medio específico de comisión en el delito de violación se está haciendo referencia a un elemento normativo de carácter cultural, ya que para comprender su contenido es necesario realizar una valoración del mismo, en virtud de que el legislador ha sido omiso en señalar qué debe entenderse. Ahora bien, a partir de la presunción de que el legislador es racional debe entenderse que en el caso del delito de violación, aquél no quiso emplear una definición cuyos límites materiales estuvieran definidos por la ley, al considerar que los gobernados podían adecuar su conducta a las normas aplicables sin necesidad de acudir a una definición legal previamente establecida. A partir de lo anterior, es que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que para que se actualice la violencia física, como medio específico de comisión en el delito de violación, es necesario que el sujeto activo realice un acto o una serie de actos, ya sea a través del uso de su propia fuerza física, o a través de cualquier otro medio físico que, aplicado o suministrado al sujeto pasivo, tenga como consecuencia anular o neutralizar su posible resistencia, ello con la finalidad de cometer la conducta reprochada. Lo anterior implica, necesariamente, que el sujeto activo es quien debe ejercer la violencia física en el pasivo, ya sea por sí o por una tercera persona con la que comparte su propósito delictivo y la misma debe ser desplegada con el propósito de anular o vencer su resistencia, ya que sólo en esas condiciones puede afirmarse que constituyó el medio idóneo para lograr el resultado típico. De acuerdo con lo anterior existen dos posibilidades para que se actualice la violencia física: 1) que el sujeto activo haga uso de su propio cuerpo o 2) que haga uso de un medio físico diverso; ello, a fin de anular o vencer la resistencia u oposición del sujeto pasivo y pueda concretar la conducta penada. Al respecto, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con las características de los medios utilizados, los resultados son diferentes, esto es, no produce el mismo efecto golpear a una persona, amarrarla o suministrarle un agente químico o biológico; no obstante lo anterior, estas conductas para que puedan ser consideradas constitutivas de la violencia física como medio específico de comisión en el delito de violación, necesariamente, deben provocar que el sujeto pasivo no esté en condiciones de repeler la agresión del sujeto activo. En este sentido, es importante destacar que la imposibilidad de oponer resistencia es una circunstancia de hecho generada por los actos llevados a cabo por el sujeto activo y que es irrelevante que use un mínimo de fuerza toda vez que el resultado que produce es el mismo, por la misma razón es irrelevante que el sujeto pasivo esté consciente de los actos violentos que el sujeto activo está realizando." La parte quejosa, refiere, también, vía conceptos de violación lo siguiente: 3. Que con relación al dictamen en psicología, la perito se basó en herramientas psicológicas (entrevista clínica, observación conductual, test de persona bajo la lluvia etc.) que "son proyectistas y como consecuencia de ello son subjetivas", pues no están estandarizadas para la población de México, para determinar la afectación emocional de la víctima; y, 4. Que el argumento del juez de control en el sentido de que la víctima presentó desgarros en himen, ello podría indicar que existió una relación sexual previa a los hechos, pues no existió un dictamen que determine que el activo haya abusado sexualmente de la víctima. Los referidos conceptos de violación se califica de infundados, ya que para acreditar el hecho que la ley señala como delito de violación, previsto por el artículo 267 del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, se requiere a) La acción de cópula; b) Que ésta se efectúe con persona de cualquier sexo sin voluntad del ofendido; y, c) Que tal acto se realice por medio de violencia física o moral. De ahí que, aunque en la causa de origen no se acreditara la existencia de la afectación de índole moral, en nada beneficiaría al activo si, en esta etapa procesal, se advierte que los diversos datos de prueba establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, tal como se determinó en el auto de vinculación reclamado; no siendo la afectación moral parte del hecho que la ley señala como delito de violación como se advierte de los elementos que han quedado señalados, sino únicamente la acción de cópula; con persona de cualquier sexo sin voluntad del ofendido; y que se realice por medio de violencia física o moral. Y con respecto a que la víctima presentó desgarros en himen, y ello podría indicar que existió una relación sexual previa a los hechos, pues no existió un dictamen que determine que el activo haya abusado sexualmente de la víctima; al respecto, debe decirse que es infundado porque lo que pretende la parte quejosa es que se juzgue a la víctima con base en estereotipos de víctimas de violencia sexual, en el sentido de considerar que sólo serán víctimas de violación, las que previamente prueben no haber tenido relaciones sexuales; lo que no puede permitirse en los órganos impartidores de justicia. La parte quejosa sigue diciendo vía conceptos de violación, lo siguiente: 5. Que la víctima en su entrevista menciona en repetidas ocasiones una cortina en el lugar de los hechos, pero en el dato de prueba consistente en la inspección ocular en el lugar de los hechos, se describió que a la entrada había una puerta tipo portón, de color verde que mide aproximadamente cuatro metros de largo por tres de alto, sin que se mencione en ningún momento la existencia de una cortina corrediza, por lo que el juez de control tuvo que restarle credibilidad a la declaración rendida por dicha víctima; y, 6. Que la víctima cae en contradicciones en su denuncia pues primero dijo que tenía cita con el dentista a las diecisiete horas, y luego señaló que llegó al lugar de los hecho a las diecisiete horas con cuarenta minutos, cuando ya había pasado la hora de ir al dentista y luego dice que fue al dentista y al salir llamó a su amigo José Manuel para que fuera por ella; pero en el dictamen en psicología refirió que al salir del dentista se dirigió al centro y habló con su colega y le contó lo sucedido, pero en la declaración del testigo José Manuel Hernández Moro dijo que, pasó a traer a la víctima cerca de la terminal del ADO, al otro lado de la calle donde sucedieron los hechos; lo que hace concluir que el juez de control emitió el auto de vinculación a proceso apoyándose en meras conjeturas sustentadas en creencias, suposiciones, con lo que se violó en contra del quejoso el principio de presunción de inocencia. Los anteriores conceptos de violación son infundados, porque en primer lugar el ministerio públicos sólo mencionó cuatro datos de prueba donde no incluyó la diversa entrevista de la víctima que refiere la parte quejosa ni la declaración del testigo José Manuel Hernández Moro, por tanto, no fueron tomados en cuenta por parte del juez de control; aunado a que las contradicciones en que pudiera incurrir la pasivo, respecto a la características del lugar de la agresión, no le restan credibilidad de la probable participación del sujeto activo´, pues fue señalado por ella directamente; además de que es comprensible, que las víctimas, después de un evento de índole sexual, unas recuerden exactamente el evento traumático y otras no. Además para la emisión de un auto de vinculación a proceso, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se exige la plena comprobación de la responsabilidad penal del gobernado, sino que únicamente debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la "probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". Esto es, para la emisión de un auto de vinculación a proceso, como el aquí reclamado, no se requiere el acopio de prueba perfecta de la responsabilidad del indiciado, sino sólo se exige acreditar la "probabilidad" de que aquél cometió o participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito y, esa probabilidad resulta de un indicio razonable, es decir, una buena razón, un dato de prueba que sometido al principio de contradicción no haya menguado su aporte. Por todo lo anteriormente expuesto, se tiene que el auto de vinculación a proceso reclamado, contrariamente a lo que refiere el quejoso, no entraña vulneración al principio de presunción de inocencia reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos instrumentos internacionales de los que México es parte, tales como los artículos: 8, punto 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14, punto 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; que en esencia establecen que a toda persona a quien se le imputa un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad. Ello, porque hasta este momento, en el particular, se han cumplido con los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable. En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia 1ª/J. 24/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de 'poliédrico', en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como 'regla de trato procesal' o 'regla de tratamiento' del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena." Además, en su caso, será en el dictado de la sentencia cuando se esté condiciones de valorar el material probatorio, de cargo y de descargo que se desahogue en la audiencia de juicio oral, y analizar conjuntamente los niveles de corroboración tanto de la hipótesis de culpabilidad que proponga el representante social, como la inocencia que alegue la defensa y verificar si dan lugar a una duda razonable que traiga como consecuencia la absolución. En efecto, hasta el momento, no existe un dato de prueba de descargo que pueda dar lugar a una duda razonable tanto cuando cuestionen la fiabilidad de los datos de prueba, o en el supuesto de que la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa esté corroborada por datos de prueba exculpatorios. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. Para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora." También es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO. Cuando en un proceso penal coexisten tanto pruebas de cargo como de descargo, la hipótesis de culpabilidad formulada por el Ministerio Público sólo puede estar probada suficientemente si al momento de valorar el material probatorio se analizan conjuntamente los niveles de corroboración tanto de la hipótesis de culpabilidad como de la hipótesis de inocencia alegada por la defensa. Así, no puede restarse valor probatorio a las pruebas de descargo simplemente con el argumento de que ya existen pruebas de cargo suficientes para condenar. En este sentido, la suficiencia de las pruebas de cargo sólo se puede establecer en confrontación con las pruebas de descargo. De esta manera, las pruebas de descargo pueden dar lugar a una duda razonable tanto cuando cuestionen la fiabilidad de las pruebas de cargo, como en el supuesto en que la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa esté corroborada por esos elementos exculpatorios. Así, la actualización de una duda razonable por cualquiera de estas dos razones impide considerar que las pruebas de cargo son suficientes para condenar." En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación acabado de estudiar, y al no advertir queja deficiente que suplir, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Amparo, PROCEDE NEGAR EL AMPARO Y LA PROTECCION DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN a Daniel Mendoza Rodríguez, respecto del acto que reclamó por conducto de su defensor particular Liborio Cruz Hernández, al 1. Juez de Control, adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, Gerardo Gutiérrez Gayosso, consistente en el auto de vinculación a proceso pronunciado en su contra en audiencia de nueve de febrero de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta judicial administrativa 316/2022/TEH, por el hecho que la ley señala como delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 267, en relación con los diversos 13, 17 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la persona de iniciales L.G.G. OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Finalmente, en términos de lo dispuesto en el séptimo párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, procede integrar la presente sentencia al expediente físico, por resultar indispensable para el impulso del asunto. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74 75 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Daniel Mendoza Rodríguez, respecto del acto que reclamó por conducto de su defensor particular Liborio Cruz Hernández, al 1. Juez de Control, adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, Gerardo Gutiérrez Gayosso, consistente en el auto de vinculación a proceso pronunciado en su contra en audiencia de nueve de febrero de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta judicial administrativa 316/2022/TEH, por el hecho que la ley señala como delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 267, en relación con los diversos 13, 17 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la persona de iniciales L.G.G., en virtud de lo establecido en el considerando séptimo de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por lista a la tercera interesada y, por oficio a la autoridad responsable, a la agente del Ministerio Público en su calidad de tercero interesada, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo resolvió y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante la secretaria Aída Araceli Ramírez Lozano, que autoriza y da fe. Doy fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) HORM/AARL. En la propia fecha se turnó el expediente a la Actuaría y se giraron los oficios correspondientes. Conste. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE). LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO 1) QUE LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE A LA ÚLTIMA DE LA RESOLUCIÓN DE TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DEL JUICIO DE AMPARO 219/2023 DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO, PROMOVIDO POR DANIEL MENDOZA RODRÍGUEZ, POR CONDUCTO DE SU DEFENSOR PARTICULAR LIBORIO CRUZ HERNÁNDEZ, EN EL QUE SE NEGÓ EL AMPARO EN RELACIÓN AL ACTO RECLAMADO, Y 2) QUE LA MISMA SE AGREGÓ AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (S.I.S.E), Y COINCIDE EN SU TOTALIDAD AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO E IMPRESO DE CONFORMIDAD CON LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE AMPARO, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2015 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS RELATIVOS A LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JUICIO DE AMPARO, LAS COMUNICACIONES OFICIALES Y LOS PROCESOS DE ORALIDAD PENAL EN LOS CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL. DOY FE. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE). LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO QUE EN LA MISMA FECHA EN QUE SE ENGROSÓ LA SENTENCIA QUE ANTECEDE SE ELABORÓ LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE CARÁCTER PÚBLICO EN LA QUE SE SUPRIMIERON LOS DATOS PERSONALES DE LAS PARTES, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 98, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 8 DEL REGLAMENTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY EN CITA. DOY FE. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE). CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26 BIS DEL ACUERDO GENERAL 12/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, SE HACE CONSTAR QUE LA HORA Y FECHA QUE APARECE EN LA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA DE LAS FIRMAS DEL JUEZ Y SECRETARIO DEL JUZGADO, PUEDEN NO COINCIDIR CON EL INICIO O CIERRE DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL; ELLO ATENDIENDO A LAS CONDICIONES E INTERMITENCIAS PROPIAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES, YA QUE ANTES DE FIRMAR ELECTRÓNICAMENTE PARA INTEGRAR LA RESOLUCIÓN AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, DEBE DARSE CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 5 Y 90 DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2015 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGULA LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS RELATIVOS A LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JUICIO DE AMPARO, A LAS COMUNICACIONES OFICIALES Y LOS PROCESOS DE ORALIDAD PENAL EN LOS CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, ES DECIR, DEBEN VERIFICARSE LOS DATOS QUE SE REGISTRAN, EL FUNCIONAMIENTO, INTEGRIDAD, LEGIBILIDAD, FORMATO Y CONTENIDO DEL ARCHIVO QUE SE INTEGRARÁ AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE).

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por Libni González Gutiérrez, en su carácter de tercero interesado; y, en atención a su contenido, se provee: Tercero interesado se apersona. En primer lugar, téngase al tercero interesado apersonándose al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar. Medios de comunicación no procesal. Téngasele señalando correo electrónico y número telefónico, únicamente para establecer contacto no procesal, en caso de estimarse necesario. Domicilio. Así mismo, téngase como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, para los efectos legales a que haya lugar. Autorizados. De igual manera, téngasele designando como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica (Fernando García Carrera, Tadiana Colmenares Pérez e Iliana Tonancy García Morales), ya que cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho, emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Alegatos. Finalmente, téngasele realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en la audiencia constitucional. Integración del expediente físico. El presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformado a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues la promoción se recibió físicamente. Notifíquese por lista a las partes.

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