Daniel Juarez Ruiz
Expediente 938/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 938/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 24/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Daniel Juarez Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 938/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Daniel Juárez Ruiz; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el mismo día a este juzgado de Distrito, Daniel Juárez Ruiz solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Oral Acusatorio Adversarial en la Región Sur-Oriente, con sede en Tecamachalco, Puebla y otras autoridades. El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 1, 16 y 20, apartados A y B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Auto de radicación y prevención de demanda. Por acuerdo dictado el primero de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 938/2021; y, previno al quejoso para el efecto de que precisara: el nombre del juez de control responsable, la denominación de las autoridades ejecutoras, y la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Tercero. Escrito aclaratorio de demanda. Mediante ocurso recibido el ocho de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Partes Comunes del edificio sede de este órgano jurisdiccional, el promovente de amparo desahogó la prevención formulada en proveído de primero de octubre de dos mil veintiuno, y por auto de once del mismo mes y año se le requirió para que ratificara la firma del indicado escrito. Cuarto. Admisión de la demanda. En ese sentido, por auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional, previa ratificación de la firma contenida en el escrito de desahogo de prevención, tuvo al quejoso desahogando la prevención que le fue formulada; y, admitió la demanda de amparo -con incidente de suspensión-, requirió los informes justificados a las autoridades responsables y dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Quinto. Cita para audiencia. En acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se señalaron las nueve horas con veintiséis minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos atribuidos a autoridades ordenadoras de esa materia, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso Daniel Juárez Ruiz reclama a las autoridades ordenadoras y ejecutaras que se precisan en el cuadro del considerando siguiente: 1. La orden de aprehensión dictada en su contra; y, 2. La ejecución de la citada orden. Tercero. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe Autoridades ordenadoras. 1 Francisco Javier Martínez Castillo, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Sur-Oriente, con sede en Tecamachalco, Puebla. Negó. Autoridades ejecutoras. 2 2. Agente Investigador Titular de la Unidad de Apoyo Policial de Tepeaca, Puebla. Negó 3 3. Jefe de Grupo adscrito a la Unidad de Apoyo Policial Tecamachalco de la Fiscalía de Investigación Regional. Negó 4 4. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Negó Las referidas autoridades responsables negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna de la parte quejosa que desvirtúe dichas negativas, no obstante que se le dio vista con los informes de ley por autos de veinticinco, veintiséis, veintinueve de octubre, y cinco de noviembre de dos mil veintiuno; de ahí que no existan los actos reclamados. Consecuentemente, al no existir los actos reclamados a las autoridades responsables, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio. Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 63 fracción IV, 65, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por el quejoso Daniel Juárez Ruiz, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto, agréguese a los autos el sobre devuelto por el Administrador de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial Siglo XXI, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, que contiene el oficio 508.2, de diez de noviembre de dos mil veintiuno, dirigido a la autoridad que la parte quejosa señaló como "Titular de la Unidad de Investigación de Tepeaca, Puebla", con la leyenda "Rehusado por agente en guardia y MP 2 y 4 turno". Por lo tanto, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo, en esta fecha se tiene por hecha la referida notificación, con los efectos legales a que haya lugar. Tiene aplicación por su contenido la tesis cuyos datos de localización, texto y rubro que a continuación se citan: "NOTIFICACIONES POR CORREO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. DEBEN TENERSE POR HECHAS AUNQUE NO EXISTA RAZÓN EN AUTOS DE LAS PARTICULARIDADES DE LA NEGATIVA A RECIBIR EL OFICIO QUE LAS CONTIENE. Conforme a lo previsto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros perjudicados se harán por oficio, con la circunstancia de que si tienen su domicilio en el lugar del juicio, éste se les entregará en su oficina principal por el empleado del juzgado, quien, además, recabará recibo en el libro talonario, cuyo principal agregará a los autos y asentará en ellos la razón correspondiente; y si tienen su residencia en otra localidad, el oficio se les notificará por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. Asimismo, de acuerdo con el artículo 33 del mismo ordenamiento, las autoridades están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, so pena de que de no hacerlo se tendrá por hecha la notificación relativa, debiendo el actuario del juzgado asentar constancia respecto del nombre de la autoridad con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio. Ahora bien, de la interpretación sistemática de ambos dispositivos se concluye que la razón de entrega del oficio de que se trate, o de la negativa de la autoridad de recibirlo, según corresponda, no tiene que elaborarse cuando la notificación se practica por correo pues, por un lado, la ley invocada al establecer esa forma de notificación no dispone que, en este caso, deba levantarse razón de ese evento; y, por otro, porque los dispositivos destacados, al referirse a la razón que debe elaborar "el empleado del juzgado" o "actuario", evidentemente aluden al caso de cuando la autoridad tiene la misma residencia que la del juzgado que ordena la notificación, pues sólo así es jurídicamente posible que el funcionario se constituya en el domicilio de la autoridad a practicarla, no así cuando radica fuera de su jurisdicción. Por otra parte, los artículos 1o., 2o., 4o. y 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, y 1o., 31, 32 y 33 de su reglamento, que regulan las bases conforme a las cuales debe practicarse la notificación por correo, tampoco establecen que deba asentarse razón respecto de la negativa de la autoridad a recibir el oficio en el que se contiene la notificación. Por ende, atendiendo a las anteriores consideraciones, basta que obre agregada a los autos la pieza certificada del oficio, en la cual la oficina del Servicio Postal Mexicano haga constar la negativa de la autoridad a recibirlo, para considerar, sin mayor requisito, que la notificación surtió plenos efectos legales conforme al artículo 33 de la Ley de Amparo." Notifíquese por lista a las partes.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil veintiuno. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la demanda de amparo presentada por Daniel Juárez Ruiz, por su propio derecho, auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno (suspensión provisional); informes previos rendidos por las autoridades responsables que así lo hicieron, y autos en que se tuvieron por recibidos. A lo anterior, el juez de Distrito, acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que el secretario certifica que las partes no ofrecieron pruebas. A lo anterior, el juez de Distrito, acuerda: Téngase por realizada la certificación secretarial que antecede, con lo que concluye este periodo. A continuación, abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no exhibió pedimento. A lo anterior, el juez de Distrito, acuerda: Se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 938/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Daniel Juárez Ruiz, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo determinado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión solicitado por Daniel Juárez Ruiz, por su propio derecho, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables 1. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Oral Acusatorio Adversarial en la Región Sur-Oriente, con sede en Tecamachalco, Puebla, Francisco Javier Martínez Castillo, y otras autoridades. En la misma fecha, se requirió el informe previo a las autoridades responsables; se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas, previa reserva, se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados es atribuido a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: - Las órdenes de aprehensión y detención, libradas en su contra; así como su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye el acto reclamado -que quedó precisado en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden. Autoridad responsable. Sentido del informe. 1 Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Oral Acusatorio Adversarial en la Región Sur-Oriente, con sede en Tecamachalco, Puebla, Francisco Javier Martínez Castillo. Niega 2 Titular de la Unidad de Investigación de Tepeaca, Puebla. Niega 3 Jefe de Grupo adscrito a la Unidad de Apoyo Policial Tecamachalco, de la Fiscalía de Investigación Regional. Niega 4 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Niega CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. Las autoridades responsables citadas en el recuadro que antecede, al rendir sus respectivos informes previos negaron la existencia de los actos que se reclaman. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución del acto reclamado. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Lo anterior, sin que pase inadvertido para el suscrito juzgador lo referido por la autoridad responsable 1. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Oral Acusatorio Adversarial en la Región Sur-Oriente, con sede en Tecamachalco, Puebla, Francisco Javier Martínez Castillo, al rendir su informe previo, en el sentido de que en dicho órgano jurisdiccional se cuentan con las carpetas judiciales administrativas 23/2020/Tecamachalco, que se inició a solicitud de la representación social, quien solicitó se librara citación para formulación de imputación en contra de Daniel Juárez Ruiz, por el hecho con apariencia de delito de violencia familiar, en agravio de Ana María Rosas Machorro, y la diversa 25/2020/Tecamachalco donde se solicitó la citación en contra de Ana María Rosas Machorro, por el hecho con apariencia de delito de violencia familiar, cometido en agravio de Daniel Juárez Ruiz; de las cuales indica se decretó el archivo temporal por inactividad del Agente del Ministerio Público. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Daniel Juárez Ruiz, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa -debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita-; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable: 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tecamachalco, Puebla, Francisco Javier Martínez Castillo, en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. A fin de dar margen a lo anterior, es decir, que transcurra el término previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que el quejoso se imponga del contenido del informe justificado de cuenta, procede diferir anticipadamente la audiencia señalada para las nueve horas con veinte minutos del nueve de noviembre próximo, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa. Al respecto, es de invocarse la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese por lista a las partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.
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