Daniel Omar Hernandez Sanchez

Expediente 198/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
198/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
04/07/2017

Partes del expediente

  • Daniel Omar Hernandez Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el cinco de junio de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del nueve al veintinueve de junio de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de mayo de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber desahogado el requerimiento formulado en auto de veinticinco de abril pasado y por ende haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de mayo de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, por medio del cual, en su carácter de superior jerárquico, informa las gestiones realizadas para que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo; de lo que queda enterado este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional, Rafael Pedro Sánchez Martínez para que dentro del término prudente de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, realizando lo siguiente: (.) SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional (Rafael Pedro Sánchez Martínez), una vez que cause ejecutoria la presente sentencia y se le requiera su cumplimiento: 1) Provea el escrito presentado por el quejoso Daniel Omar Hernández Sánchez, el treinta de enero de dos mil diecisiete, dentro del expediente de atención temprana NUAT 664/2016/UAT-4, en el que ofreció una prueba documental y solicitó que se le aplicaran medidas de protección para garantizar su seguridad y la de su familia; y, 2) Notifique al quejoso dicha determinación como en derecho corresponda, y remita las constancias que así lo acrediten. Sin que lo anterior signifique necesariamente que la mencionada autoridad tenga que acordar favorablemente las peticiones formuladas, pues en uso de sus facultades, podrá proveer, como en derecho proceda, lo que se le solicita, sin que el presente fallo implique en forma alguna, que la pretensión del agraviado sea legítima, fundada en derecho o procedente, como bien pudiera serlo, pero lo cual habrá de determinar al contestar el escrito, tomando en consideración lo expresado en esta sentencia. (.) De conformidad con el numeral 192, tercer párrafo de la ley de la materia, se requiere al superior jerárquico Fiscal General del Estado de Puebla, a fin de que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, ordene a la referida autoridad Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional, Rafael Pedro Sánchez Martínez dar cumplimiento en sus términos al fallo protector de que se trata y remita a este Juzgado de Distrito las constancias necesarias a efecto de constatar que dio la señalada orden; precisando que deberá hacer uso de todos las medidas e incluso sanciones que tenga a su alcance conforme a las disposiciones aplicables, a efecto de que su inferior cumpla con la ejecutoria del presente juicio de amparo. Apercibiendo a las citadas autoridades (responsable y superior jerárquico), que de no cumplir dentro de los términos que se señalan, o bien informar el impedimento que tengan para ello, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá a cada uno y por separado una multa equivalente a cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.. De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisas al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerles la multa con la que se les apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de sus cargos y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurren en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo.

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